Por María Kovacz

La senadora y presidenta de Demócratas, Ximena Rincón, abordó su postura sobre la reciente gran ola de homicidios en nuestro país y la crisis de seguridad que enfrentamos. Además hace hincapié en la necesidad de acciones más contundentes por parte del Gobierno en materia de seguridad.

Desde su posición, ha exigido seis puntos para fortalecer la seguridad, incluyendo la declaración de estado de excepción constitucional en la Región Metropolitana y en aquellas regiones que no han visto mejoras en este ámbito. Aunque el Gobierno ha aprobado 10 leyes relacionadas con seguridad, la senadora destaca que aún quedan más de 50 propuestas sin atender, mientras que el 90% de los chilenos se sienten inseguros según los datos del propio Gobierno.

En conversación con Cambio21, Ximena Rincón plantea la importancia de convocar al Consejo de Seguridad Nacional para escuchar la opinión de diferentes actores involucrados en el tema. Respecto al plan Calle Sin Violencia, la senadora considera que si bien puede haber una disminución de homicidios, esto no es suficiente y señala la necesidad de tomar medidas más efectivas y colaborativas. 

Sobre la ola de homicidios ocurrida en nuestro país las últimas semanas ¿Cuál es posición senadora?

Nosotros venimos diciendo hace tiempo que la primera acción que debe tomar el Gobierno es en materia de seguridad. Hace ya un buen tiempo que venimos exigiendo medidas de seguridad más fuertes.

Al inicio del Gobierno se presentaron algunas medidas en marzo del 2023, pero consideramos que son insuficientes. En los documentos que hemos elaborado, planteamos seis puntos para fortalecer la seguridad. Pedimos que se declare el estado de excepción constitucional para la Región Metropolitana y las regiones que no han visto mejoras en términos de seguridad.

Esto lo planteamos en abril del 2022 y en noviembre del mismo año, a través de una moción, convocamos al Consejo de Seguridad Nacional. Lamentablemente, el Gobierno del Presidente Gabriel Boric no ha tomado medidas suficientes y solo ha aprobado 10 leyes de las más de 60 propuestas en el ámbito de seguridad. Según los datos del propio Gobierno, el 90% de los chilenos se sienten inseguros, lo cual es algo que nos preocupa profundamente.

¿Entonces, considera que el sistema de estado de excepción para la Región Metropolitana sería parte de la solución?

Sí, lo pedimos en abril de 2022. Creemos que el estado de excepción no puede ser la solución final. Cuando tienes una situación saturada de crimen organizado y de violencia inimaginable en las calles, necesitas poner la pelota en juego. Para eso se puede usar el estado de excepción como una herramienta, pero esto es solo una más de muchas medidas que se deben tomar.

Por eso consideramos importante convocar al Consejo de Seguridad Nacional, para que no solo se escuche la opinión del Presidente de la República, sino también de los distintos actores involucrados en el tema de seguridad.

¿Cómo evalúa el plan Calle Sin Violencia, considerando la disminución de homicidios en el 2023 en comparación al año anterior?

Las cifras oficiales muestran una disminución de homicidios, pero no podemos quedarnos solo con eso. Tenemos un grave problema en materia de inseguridad y la curva no es descendente.

Creemos que el Gobierno quiere taparse los ojos y hacer como que lo que está haciendo funciona, pero la realidad es que vamos cada vez mucho peor. Aquí debemos dejar de lado la ideología y trabajar de manera colaborativa para tomar medidas efectivas.

También se ha hablado del apoyo del Presidente Boric hacia Carabineros. ¿Cuál es su opinión al respecto?

Es un tema complejo. Por un lado, vemos que el Presidente muestra públicamente su apoyo a Carabineros, lo valora y se declara defensor de la institución en conferencias de prensa. Pero, por otro lado, el mismo Presidente Boric ha indultado a condenados por delitos contra los derechos humanos de las personas y contra los propios carabineros, lo cual crea una dicotomía difícil de entender. No se puede pedir apoyo a Carabineros y al mismo tiempo indultar a quienes cometieron delitos graves. Es contradictorio y genera confusión en la ciudadanía.

¿Y sobre las pensiones de gracia que entregó el Gobierno a varias personas entre ellos uno que había cometido un homicidio, un crimen?

Indignante y vergonzoso, parece un chiste de mal gusto. ¿Una pensión vitalicia para un asesino? ¿Dónde está el mérito en eso? Este gobierno no solo es desprolijo e irracional, sino que cruza límites inaceptables. Presidente, ¿Quién responde por esto?