Por Alfredo Peña R.

El Presidente Boric anunció un Pacto Fiscal por el Desarrollo, que fue antecedido por un intenso y amplio diálogo político del ministro de Hacienda Mario Marcel con gremios empresariales como la CPC y los diversos gremios PYMES y con diversos sectores políticos -incluido los parlamentarios DC- donde acogió diversas propuestas que fueron la base de este pacto anunciado en cadena de tv presidencial.

La senadora Yasna Provoste lideró varias reuniones con el ministro Marcel sobre una mayor recaudación fiscal, agenda de crecimiento, más probidad en el uso de los recursos públicos y otros temas. De estos anuncios y la reacción de los diversos sectores políticos conversó en exclusiva con Cambio21.

¿Cúal fue la motivación de los parlamentarios DC para ser protagonistas de este Pacto por el Desarrollo que impulsa el ministerio de Hacienda? 

El país está viviendo un preocupante estancamiento económico desde hace años. Este primer semestre tenemos una caída del Imacec de -1%, ha aumentado el desempleo, caen los ingresos del trabajo en el 40% más vulnerable.
Se requiere ampliar la mirada. Chile tiene un problema social que significa financiar nuevos beneficios y políticas sociales como la PGU, disminuir las listas de espera, mayor seguridad en las comunas por ejemplo con mayor recaudación fiscal permanente; pero también se requiere una agenda de desarrollo y crecimiento y también una agenda de probidad 3.0 que evite a futuro lo que ha pasado en el ministerio de la Vivienda y Gobiernos Regionales.

Chile requiere un acuerdo político que sea una hoja de ruta que nos una para trabajar en favor del desarrollo, progreso y equidad social y eso es un Pacto por el Desarrollo, así se lo planteamos al ministro Marcel quién acogió nuestra visión.
Seguiremos reiterando que hay urgencia en tener una Agenda de Desarrollo y Crecimiento y nos preocupa tantos obstáculos políticos que está colocando la derecha conservadora.  

¿Pero la crítica transversal de los economistas es que a este gobierno no le importa mucho el crecimiento?

Lo importante para la DC es que el ministro de Hacienda acogió nuestra propuesta de que debe existir un plan de reactivación del crecimiento y del desarrollo del país. No nos podemos acostumbrar a una economía que no crece o crece apenas 1% o 2%. Así no generamos equidad social ni tampoco fortalecemos la democracia.

El país debe aprovechar la oportunidad que nos da la transición energética que aumentará la demanda mundial por litio, cobre e hidrogeno verde. Se anuncia la política del litio, con un eje en la alianza público-privada, pero se hace muy poco para implementar y concretar esa cooperación que se traduzca en nuevos centros de producción del litio.

En la región de Atacama los distintos actores están disponibles de ser protagonistas de este desarrollo del litio, pero se requiere que Codelco acelere su conversación con los actores privados, con los pueblos originarios y con las autoridades regionales para avanzar en producir más litio. En el sector energético debemos resolver los problemas y el stress que están viviendo las empresas de energías renovables.

Para reactivar la economía, a su juicio, ¿qué se debe hacer en forma urgente y rápida?

Hemos leído los anuncios del pacto y valoramos que haya un capítulo especial para los temas de crecimiento y desarrollo, y en especial valoramos que se haya recogido nuestra propuesta de identificar cinco áreas prioritarias para la diversificación productiva y se pongan metas a cumplir al año 2026. Lo decimos porque también nos preocupa el retraso de la Corfo en implementar el programa de diversificación productiva sostenible que tiene $155 mil millones para este año y al 30 de junio solo ha ejecutado 1,2%. Así con estos retrasos no se avanza en reactivar la innovación ni menos se avanza en la diversificación productiva.

Confiamos que estas iniciativas pro desarrollo se puedan implementar en un ambiente de acuerdos transversales y esperamos que así ocurra.

“CHILE NECESITA UNIRSE PARA SALIR DEL ESTANCAMIENTO ACTUAL”

¿Es viable políticamente esta discusión en este clima de división y desconfianza que representan las fuertes críticas de la UDI y de la ultra derecha?

Insistimos, Chile necesita unirse para salir del estancamiento actual. No podemos seguir en este ambiente de mediocridad y bajo crecimiento. Es urgente construir acuerdos mayoritarios en torno a los desafíos que han estado en la mesa como una mayor recaudación social, avances sociales con financiamiento permanente, agenda de desarrollo y crecimiento y más transparencia y más concursabilidad en la asignación de recursos públicos.
Es lamentable que algunos actores políticos como la UDI no quieran participar de acuerdos para levantar al país, parece que prefieren seguir en este ambiente de mediocridad y divisionismo que no le hace bien al país.
Por ejemplo, las pensiones siguen siendo bajas, en mayo pasado el promedio de las pensiones de mujeres es de $308.000 -incluida la PGU- lo cual es un monto bajo que requiere ser incrementado.

Necesitamos que se generen nuevos empleos, aumenten los salarios y eso requiere mayor crecimiento e impulsar nuevas actividades productivas, por eso es clave una agenda de desarrollo y crecimiento, también ya tenemos claros las debilidades y los perfeccionamiento que deben hacerse en los glosas y en articulado de nueva ley de presupuesto y esas soluciones requieren apoyos políticos transversales y es lamentable que la UDI prefiera seguir en la crítica, en la trinchera y no aporte a construir acuerdos para salir de esta crisis.

¿Qué cambios promoverán en materia de presupuesto para el debate de la ley para el año 2024?

Propusimos que adicionalmente este pacto transversal debe incorporar aquellas medidas que mejoren el uso de los recursos públicos -tanto de transferencia corriente como de capital- en la ley de Presupuesto 2024.

Propondremos más transparencia, más concursabilidad y mejores rendiciones de cuenta de las instituciones receptoras de fondos públicos en ley de presupuesto 2024. Se requiere un perfeccionamiento del artículo 23 de ley de presupuesto que establece la concursabilidad de las transferencias corrientes a instituciones privadas, este criterio debe extenderse a las transferencias de capital y así disminuir las asignaciones directas que se vieron incrementadas este 2023 en los Gobiernos Regionales, en el ministerio de Desarrollo Social, en el ministerio de la Vivienda.

En esta discusión de las platas irregulares entregadas a fundaciones, ¿qué otros requisitos le pondrán a estas entidades?

Creemos que se deben elevar los requisitos para las entidades receptoras de fondos públicos y por ello, propusimos transversalmente, junto a los senadores Edwards, Chahuan, Castro, Walker, crear un registro de beneficiarios finales de estas que sea el único registro. Eso garantizará que las instituciones privadas actúen con transparencia, sometidos a estrictos controles de un órgano fiscalizador como SII, lo que ayudará a tener mejores programas sociales y focalizados en las familias vulnerables y de clase media.

Las asignaciones directas deben estar identificadas en la ley de presupuestos en las partidas, programas y/o glosas presupuestarias, de tal modo que el Parlamento conozca previamente y apruebe con su votación las asignaciones directas en el campo de los Derechos Humanos, en Cultura y donde corresponda.

Esperamos que exista un trabajo prelegislativo sobre el articulado y las glosas de ley de presupuesto 2024 que se implemente en estas semanas previas al 30 de septiembre, para que avancemos en más transparencia y más concursabilidad con los fondos públicos de la ley de presupuesto 2024.

El Gobierno ha dado prioridad a la Pensión Garantizada Universal, PGU como la prioridad social que debe financiar la mayor recaudación fiscal. ¿Usted comparte ese criterio?

Creemos que la sociedad chilena debe tener claridad sobre las iniciativas que responsablemente se implementarán y como se financiarán de manera permanente o transitoria esos nuevos bienes sociales.
Creemos que lo urgente es llevar la PGU a $250.000, también financiar un potente plan de mejoramiento de la educación pública, invertir en más programas de seguridad y más vigilancia policial para que se implementen en la mayoría de las comunas, como también generar apoyo a iniciativas que apunten a la diversificación productiva y a la modernización de las Pymes, eso significará un mejoramiento importante de la calidad de vida en el país.
Sabemos que estos desafíos deben resolverse gradualmente, pero como país debemos consensuar las prioridades sociales que debemos abordar. Entonces restarse de este Pacto por el Desarrollo, es revelador de que el bien común no es central para esos actores políticos y sólo se busca seguir en la pelea política chica, donde se miran las próximas elecciones, se actúa mirando las encuestas y lamentablemente no se aporta a construir acuerdos para que el país recupere su capacidad de desarrollo.

Insistimos: un Chile con más equidad requiere un acuerdo transversal para reimpulsar ese desarrollo futuro.