Hoy se ha instalado en el país un debate nacional respecto a la educación sexista, agudizada por retrasos culturales que aún están arraigados en la sociedad, como es el machismo, la violencia sexual y la inequidad de género, donde las mujeres son las más afectadas.

 

Sin duda que compartimos las inquietudes de los estudiantes por resolver el problema de fondo y no sólo los casos particulares por denuncias de acosos sexuales y laborales. Pero, al mismo tiempo, nos preocupa profundamente que las expresiones de ese descontento se materialicen a través de manifestaciones que afectan directamente el funcionamiento de los planteles de educación superior.

 

Es parte del ejercicio democrático de nuestra sociedad expresarnos y aportar nuestras ideas de distintas maneras. Así ocurre hoy con una serie de marchas, paros y tomas estudiantiles que afectan a distintas universidades del país. Por supuesto que estamos de acuerdo con sus demandas, las que apuntan principalmente a la necesidad de desarrollar una “educación no sexista”. Pero no podemos compartir la forma en que las expresan. Nuestra prioridad siempre ha sido y será el diálogo.

 

Nunca dejaremos de insistir en que parte de la misión institucional de nuestros planteles estatales y públicos debe ser la formación de excelencia de los estudiantes. Por ello, nuestros esfuerzos deben concentrarse precisamente en asegurar la continuidad de sus estudios.

 

No olvidemos que el proyecto que fortalece las Universidades del Estado, pronto a promulgarse como Ley de la República, apunta precisamente en la línea de asegurar una mayor equidad de género en el funcionamiento de nuestros planteles de educación superior. De hecho, un punto en particular propone un equilibrio entre los derechos de víctimas e inculpados, en casos de denuncias por acoso sexual.

 

Desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y también desde el Ministerio de Educación, sus máximas autoridades han sido enfáticas al referirse a la necesidad de que todas las instituciones de educación superior cuenten con protocolos para enfrentar situaciones como el acoso sexual u otras relacionadas con cualquier tipo de abuso, especialmente aquellas que afectan directamente a las mujeres.

 

Como parte de nuestro espíritu democrático y en línea con un permanente trabajo modernizador, la Universidad de Santiago de Chile ha desarrollado en la última década una profunda reflexión en torno a estos temas. Desde 2007, hemos generado diversas instancias de diálogo y reflexión con la participación de todos los estamentos de nuestro Plantel.

 

Primero con la creación de Punto Focal de Género y hoy, como Área de Género, Equidad y Diversidad, hemos desarrollado simposios de tesis e investigaciones de pre y postgrado, iniciativas relacionadas con la No Violencia Contra las Mujeres, actividades artísticas, Diplomados y capacitaciones de género, tanto para estudiantes como para académicos.

 

A esto se suma la implementación, en marzo de 2017, del Protocolo de Política Institucional de prevención, sanción y reparación frente al acoso sexual, de género y otras conductas discriminatorias, con el objetivo de erradicar de nuestra Universidad ese tipo de violencia, así como velar por la dignidad de cada uno de los integrantes de nuestra comunidad universitaria. Pero debemos seguir avanzando.

 

Por ello, nos permitimos realizar una invitación a todos los estudiantes de este país, así como a los cuerpos directivos, académicos y administrativos de nuestras universidades, para concentrar nuestros esfuerzos en un trabajo conjunto y productivo, que nos permita dar pasos concretos hacia la solución de las problemáticas que aún están pendientes en el ámbito de la equidad de género universitaria.

 

En lo inmediato, todas las instituciones de educación superior debemos comprometernos con asegurar la protección de quienes denuncian, generar instancias de acompañamiento de las víctimas, así como agilizar los procedimientos en curso y acortar los tiempos de investigación.

 

Igualmente, lograr que los protocolos que ya existen y aquellos que están en proceso de elaboración sean más cercanos y fruto de una amplia participación de todas y todos quienes son parte de nuestras comunidades universidades.

 

Todo esto, sin descuidar la necesidad de que las denuncias que se presenten respecto de casos de acoso sexual, laboral u otras conductas condenables, sean realizadas de manera responsable, con el objetivo de optimizar los recursos de que disponemos y que los procesos avancen lo más rápidamente posible.

 

Asumamos el desafío de erradicar todo tipo de violencia de nuestras universidades, junto con fortalecer una cultura universitaria con una sólida y pertinente política de género propia de la educación pública. Nuestro compromiso y aporte con el desarrollo del país así lo requiere.