Foto: Diputada Catalina Pérez y su pareja Daniel Andrade, ambos militantes de Revolución Demócratica

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo informó la renuncia del Seremi del Minvu de Antofagasta, Carlos Contreras (RD), tras el reportaje donde se dio a conocer una serie de convenios suscritos entre dicha cartera con Fundación Democracia Viva por $426 millones de pesos, institución cuyo representante legal es Daniel Andrade (RD), actual pareja de la diputada Catalina Pérez (RD). La parlamentaria es también vicepresidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas. 

El ministerio señaló que «lamentamos la situación de duda que se ha generado por un convenio en particular en la Región de Antofagasta, suscrito por el secretario regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, Carlos Contreras, para atender la línea de trabajo de campamentos. Como ministerio hemos instruido siempre el resguardo administrativo de todo tipo de ejecución presupuestaria con diversos y rigurosos controles internos».

El caso explotó por un reportaje del medio digital antofagastino Timeline.

Junto con anunciar que se aceptó la renuncia del seremi Carlos Contreras «debido a las interpretaciones que la opinión pública pudiera hacer de dicho convenio como un posible conflicto de interés», se instruyó una investigación para «despejar dudas y establecer responsabilidades en la región sobre este tema», indica el texto.

El Caso

A principios de mayo, la asociación de funcionarios del Serviu envió un correo electrónico con una serie de cuestionamientos hacia el manejo de la Seremi de Vivienda de Antofagasta, encabezada por el militante de Revolución Democrática (RD), Carlos Contreras, foto arriba. Las quejas apuntaron a la marginación de las decisiones que el Equipo Asentamientos Precarios experimentó bajo esta jefatura, explicando que entre ambas instituciones no hay subordinación. También manifestaron su preocupación por la cantidad de profesionales contratados por la seremi sin existir respuesta al detalle de sus funciones; el pago en una sola cuota de $54 millones para el arriendo del inmueble de una fundación cuyo contrato no había sido entregado y advirtieron una situación compleja: convenios por $426 millones entre la Seremi de Vivienda y la fundación Democracia Viva, cuyo representante legal es Daniel Andrade, actual pareja de la diputada Catalina Pérez, ambos militantes de RD.

Según lo relatado por la asociación, los convenios fueron firmados por Andrade en octubre del año pasado, cuando éste había ingresado como asesor a la Subsecretaría de Defensa. El portal de Transparencia de esta última institución indica que en noviembre del 2022 su nombre aparece por primera vez bajo la modalidad de contrata. En los reportes de transferencia del Registro Central de Colaboradores del Estado figuran los convenios que tienen como receptor a Democracia Viva. El detalle en la ficha de institución privada del mismo registro señala que la fundación tiene domicilio en la comuna de Ñuñoa (Región Metropolitana) y su representante legal es el asesor de la Subsecretaría de Defensa.

El decreto del primer convenio con la Seremi de Vivienda fue realizado el tres de octubre del 2022 y asciende a 200 millones de pesos. El objetivo del aporte es “disponer la entrega de recursos para la implementación y ejecución de una intervención socio territorial para las familias de asentamientos precarios y en el territorio en el que viven, con el objeto de mejorar el estándar de habitabilidad en un corto tiempo, por medio de obras básicas de carácter transitorio y acciones comunitarias de fortalecimiento de capacidades en base a salubridad y seguridad”.

El siguiente convenio por 170 millones de pesos tuvo su decreto el 27 de ese mismo mes y era para “disponer la entrega de recursos para implementación y ejecución socio territorial para las familias de asentamientos precarios y en el territorio en el que viven”. El último convenio, con decreto el 19 de diciembre del 2022, fue por $56 millones para la “ejecución de diagnósticos socio territoriales – planes de intervención, plan de campamento preparado y acciones sociales y comunitarias en diversos campamentos en la Región de Antofagasta”.

Los cuestionamientos de los funcionarios apuntan a la red de relaciones y posiciones políticas que rodean estos contratos. El seremi de Vivienda es militante de Revolución Democrática y parte del círculo de hierro de la diputada, la misma afiliación partidista que tiene Andrade, quien ya era asesor de una subsecretaría en el momento de la firma de los convenios y además es pareja de la diputada Pérez, quien, como líder de RD en Antofagasta, estuvo entre quienes dieron el visto bueno para la lista de nombres propuestos para la composición del gabinete regional. En el correo, la asociación subrayó que en la administración anterior sufrieron daños por cuestiones políticas, un hecho que no permitirán que ocurra nuevamente.

Oficio a Contraloría
El medio regional Time Line contactó a la parlamentaria para saber si estaba en conocimiento de que la fundación Democracia Viva, con Daniel Andrade como representante legal, en dos meses se adjudicó tres convenios que superan los 400 millones de pesos con la Seremi de Vivienda de Antofagasta. “Aquí se hace referencia a un convenio suscrito entre un seremi y una fundación en el que yo no tengo absolutamente ninguna injerencia, participación o conocimiento específico”, declaró.

La otra consulta para Pérez fue si más allá de una cuestión legal considera que son legítimos los cuestionamientos porque su pareja, militante de RD, recibiera recursos para una fundación por parte de la Seremi de Vivienda, cuya jefatura también es militante de RD. “He decidido oficiar yo misma a Contraloría para despejar cualquier duda sobre la más absoluta legalidad y apego a los estándares de transparencia y probidad de este y cualquier convenio suscrito en la región, porque no voy a tolerar que algunos inescrupulosos con claros incentivos políticos busquen sembrar un manto de duda sobre mi gestión parlamentaria”, afirmó.