Por Mario López M.
Una torpeza de principio a fin. Un ministro del Interior, ejerciendo de vicepresidente, no dijo la verdad frente al país. Tampoco lo hizo el Intendente en la región. Un niño de solo 15 años los dejó de embusteros. Y nadie responde políticamente.
A Carabineros no le bastó con el “montaje” del caso Huracán, ahora intentaron engañar a todo el mundo con un burdo relato que terminó desmoronándose por inconsistente. La responsabilidad del mando llegó hasta por ahí, Soto resultó indemne.
Como en el mejor tiempo de la dictadura, el Gobierno justificó lo injustificable. Un asesinato cruel, sin sentido, que terminó con La Moneda y Carabineros buscando desacreditar a la víctima y amparando a los criminales.
Cuesta creer que se trate solo de una “equivocación” o que las autoridades civiles fueron “inducidas al error” por las mentiras de parte de la institución. El gobierno no solo ´validó y respaldó’ el actuar de la policía uniformada, sino que descreditó a la víctima, Camilo Catrillanca, faltando a la verdad reiteradamente.
Más cuesta creer que sacando solo al Intendente se podrán reconstruir las confianzas. La responsabilidad política en serio, debió llegar más arriba, al propio ministro, que actuó de manera precipitada y poco criteriosa, generando una crisis innecesaria, solo gatillada por la torpeza.
Mentira tras mentira
“Catrillanca tenía antecedentes penales por receptación”, aseguró el intendente Luis Mayol, lo que fue rápidamente repetido por todas las autoridades y parlamentarios de la derecha, pauteados por La Moneda para tener un relato coherente que buscaba justificar el crimen. Aun si hubiera tenido tales antecedentes -que no existían, pues si bien estuvo detenido, una jueza declaró ilegal la detención -, ¿se justificaba matarlo, estando desarmado?
“Fue identificado por el piloto de uno de los helicópteros como el individuo que se bajó de uno de los carros robados y se subió al tractor”, aseguraron dando pábulo a imputarle un delito que no estaba acreditado. Luego el ministro de Justicia reconocería que se cometieron imprudencias, como imputarle hechos falsos. ¿Acaso policías altamente especializados, con armas de servicio, superiores en número al comunero y al niño que le acompañaba, con tanquetas, helicópteros, no eran capaces de capturarlo con vida?
Sebastián Piñera hizo ostentación de los equipos del Comando Jungla cuando lo presentó frente al país como una fuerza de “pacificación”, mostrando las famosas cámaras adheridas al casco como evidencia registral. Primero dijeron que habían entregado a fiscalía las grabaciones -incluso La Segunda así lo tituló-, luego, negaron el hecho y justificaron que por la premura del llamado del que habrían sido objeto los policías no les habría dado tiempo para llevarlas. ¡Qué coincidencia! No tardaría en acreditarse la verdad: sí hubo al menos una cámara que grabó los hechos, pero fue desmontada y borrada la memoria que había registrado el crimen.
De capitán a paje
Un contundente tuit del ex fiscal Carlos Gajardo desnudó en pocos caracteres el actuar de las autoridades en este vergonzoso suceso: “Día 1: Intendente informa que Catrillanca participó del robo y que tenía antecedentes. Día 2: Detención ilegal del menor. Día 3: Ubilla declara que evaluación de Jungla es positiva. Día 4: Hermes Soto explica por qué no hay cámaras del Gope. Hoy: Todo era mentira. Borraron videos”, escribió.
El Intendente de la Araucanía, Luis Mayol, y el vicepresidente Andrés Chadwick al menos desinformaron a la ciudadanía, haciéndose eco irresponsable de los dichos no acreditados e incongruentes de los policías. “Carabineros tiene derecho a disparar”, justificó la ministra Cecilia Pérez, dando por hecho la existencia de un enfrentamiento. Por eso es inexcusable que se haya entregado al Intendente y no se haya hecho efectiva la responsabilidad de quien creó la crisis, el ministro Andrés Chadwick.
“El reconocimiento del vicepresidente Chadwick, respalda lo que hemos dicho. Gobierno asumió, sin cuestionar, tesis de Carabineros en asesinato de Camilo Catrillanca. Falta de credibilidad daña la reconstrucción de confianzas. Responsabilidad no sólo es policial, sino también política”, espetó en redes sociales el senador Alejandro Guillier, quien de paso llamó al Intendente Mayol a renunciar, quien llegó a asegurar no solo que Catrillanca había participado del ilícito, sino que además dijo que estaba seguro en 99,9% que esta vez no era un montaje al estilo “Huracán”. Luego trató de negar sus dichos.
¿Y no era “los niños primero”?
M.P.C. (15) que acompañaba a Catrillanca al momento de su ejecución ilegal fue un testigo abonado de los hechos. Ilegalmente detenido y acusado de receptación de vehículos, fue amenazado y torturado por la policía, según se acreditó judicialmente. No bastó para acallarlo. No solo dijo que no eran parte del ilícito que supuestamente investigaba un comando antiterrorista, sino que además que vio al policía que disparó, que podría identificarlo y -todavía más-, que uno de los policías sí portaba la cámara y que se la sacó, cambiando la tarjeta.
¿Qué justificaba las torturas, sino que el ánimo de amedrentar y silenciar al menor? El niño declaró desde el principio cómo habían ocurrido los hechos: “Cuando dimos vuelta el tractor, avanzamos hacia adelante y carabineros dispara: estábamos de espalda. Había uno de ellos con cámara. Él fue el que disparó” (…) Luego, asegura, los policías se subieron a una tanqueta: “Ahí dentro, un carabinero se sacó la cinta de grabación, la guardó. Puso otra cinta en la cámara y comenzó a grabar”. No conocíamos sus dichos, aseguraron en La Moneda.
“Nosotros estábamos en la casa de Marcelo, con Camilo, y luego salimos hacia la casa de Camilo en La Romana. Nos pillamos que estaba cortado el camino y tratamos de pasar por un atajo, cuando nos encontramos con Fuerzas Especiales a pie. Ellos aparecieron de repente apuntando, aparecen 20 FF.EE. de infantería y comenzaron a disparar a quemarropa”, relató la misma noche de los hechos a la abogada del INDH que lo entrevistó en la comisaría donde lo llevaron detenido.
“Ellos estaban disparando a nuestras espaldas, primero balines de goma, pero de repente mandó como a cuatro o cinco disparando al aire y hacia nosotros, ya que las balas rebotaban en el tractor. Camilo iba manejando y me grita ‘agáchate’, me agacho y miro hacia la izquierda y veo que está botando una cosa amarilla por la nariz. Paré el tractor, me bajé con los brazos en alto y grito ‘le dieron, le dieron’(…) Cuando estaba esposado, va un carabinero por detrás y me pega con la UCI (sic), viene otro por detrás, al que le decían coronel, y me pegó nuevamente. Me pegan un ‘paipe’ (golpe de mano en la cabeza) y me golpean con la puerta de la tanqueta y me suben”.
Un informe del INDH establece que el niño fue atado con esposas de plástico y recibió puntapiés propinados por efectivos policiales. “Cuando me detienen, a Camilo lo bajan del tractor y se gritaban ‘la mansa cagaíta, p’a qué chucha se pusieron a huevear’”, revela M.P.C, según consigna el informe. El fiscal designado, Roberto Garrido, ya lo tiene en su poder, al igual que las declaraciones del niño y las de los miembros del GOPE que participaron de los hechos que terminaron en el asesinato.
Ni Piñera salva
Desde el primer minuto el Presidente Sebastián Piñera, que se encontraba en gira en el exterior, nunca dejó de respaldar a Carabineros y a sus subalternos, el intendente y el ministro del Interior, su primo. “(…) ratificamos deber de Carabineros de perseguir delitos y su derecho a defenderse cuando son atacados”, dijo vía tuit, avalando los dichos policiales, que resultaron falsos. También ratificó que Chadwick “cuenta con mi total confianza”.
Solo cayó Mayol para evitar en el despeñadero en las encuestas, que tanto preocupan a Piñera. Hasta que la DC anunció la macusación constitucional, Mayol estaba asegurado en su puesto, luego del anuncio falangista La Moneda optó por entregar al ahora exintendente.
Eso no quita que el primer responsable de la instalación del Comando Jungla en la Araucanía es del propio Piñera. El ministro Alfredo Moreno, que ha visitado cuanto medio de comunicación ha podido para tratar de salvar el llamado “Plan Araucanía”, reconoció que hay que “reafirmar la necesidad imperiosa de continuar el camino fijado por el Presidente. El Presidente ha puesto el capital político, los recursos del Estado, del gobierno, desde el primer momento”.
Efectivamente. Piñera se ha jugado personalmente por la vía paramilitar en la zona mapuche. Él se desplazó al sur para presentar la “policía antiterrorista” que operaría en las zonas donde se producen la mayor cantidad de atentados incendiarios. Fue en medio de un fuerte operativo durante una reunión de seguridad de la macrozona compuesta por las tres regiones -Bío Bío, La Araucanía y Los Ríos-, donde operaría el comando Jungla. Su base está en Temuco. El armamento y la infraestructura, incluyendo carros de combate altamente sofisticados, fueron destacados por el Mandatario, en una clara demostración de poderío militar, no policial.
Terrorismo de Estado
“La Araucanía no es Vietnam ni es la selva colombiana. En vez de entrenar efectivos policiales para la guerra, el presidente debería entrenar funcionarios para la paz y para el diálogo”, dijo en su oportunidad el senador por la zona Jaime Quintana, en respuesta a la instalación del Comando Jungla.
Otros desde la oposición vaticinaron que la irrupción militarizada podría terminar en catástrofe. No dejan de recordarse los dichos del también senador Manuel José Ossandón (RN) mientras era pre candidato presidencial en la derecha: “Si hay que meter balas, hay que meter balas al que sea terrorista”,
¿Qué hacía un comando altamente especializado en represión antiterrorista en la persecución de “delincuentes comunes”, como tildaron en principio el robo de tres vehículos? Hasta hoy nada justifica esa intervención. Tampoco se aclara quién dio la orden. ¿La Intendencia o el ministerio del Interior? ¿o fueron los propios policías los que optaron por intervenir?
La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, advirtió que hoy estamos ante un gobierno que ha legitimado como política pública el terrorismo de Estado, pero que ahora debe disolver el Comando Jungla y garantizar no sólo una investigación por la muerte de Camilo Catrillanca, sino además el debido proceso cuando esta se efectúe.
Las verdaderas responsabilidades políticas, ¿cuándo?
“Un hecho de esta gravedad no puede quedar impune ni quedar limitado a las responsabilidades del personal policial”, afirma una declaración de la Cátedra de DDHH de la Universidad de Chile. Habría que agregar que tampoco aparece suficiente dejar rodar solo al Intendente, a pesar de sus graves responsabilidades -o irresponsabilidades, para ser más exacto-. En una democracia seria debía responder además el general Hermes Soto y el propio ministro del Interior subrogante, y el en ese momento vive Presidente de la República.
“El asesinato de Camilo Catrillanca no es un hecho aislado ni fortuito ni de connotaciones delictuales, como se ha querido plantear, sino que es la materialización de una decisión política tomada por la autoridad civil de militarizar la actuación policial en territorio mapuche”, sostiene la declaración que también emana de la Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas, la Cátedra Indígena, y la Oficina de Equidad e Inclusión de la U. de Chile.
La nota agrega que “esta ha sido una política implementada por las autoridades gubernamentales desde hace años y que el actual Gobierno ha profundizado al tomar la desafortunada decisión de crear una unidad especializada en Carabineros con entrenamiento militar en Colombia (“Comando Jungla”)”.
“Un hecho de esta gravedad no puede quedar impune ni quedar limitado a las responsabilidades del personal policial que participó en los hechos que terminaron con el asesinato de Camilo Catrillanca, sino que se deben asumir las consecuencias políticas de la militarización del territorio mapuche”, concluyeron, dado que esto “es un imperativo mínimo para restablecer la legitimidad de la respuesta estatal en la zona y erradicar la violencia y discriminación étnica de que es víctima el pueblo mapuche”.
El diputado DC Raúl Soto dijo de manera concreta a quiénes, en su parecer, son los responsables políticamente de este montaje-entuerto, asegurando que “hay cuatro grandes responsables desde el punto de vista institucional y político: (Andrés) Chadwick, (Rodrigo) Ubilla, (Luis) Mayol y (Hermes) Soto. El resto es música”.
Desde el día mismo del cruel asesinato, diversos sectores en Santiago y regiones han ido saliendo a calles y plazas a protestar. También frente a La Moneda, lo que recrudeció después de saberse las mentiras tras el caso. Caceroleos piden las renuncias de los responsables, no solo de los carabineros involucrados o los mandos intermedios.
