Por Mario López M.

A pesar de los desmentidos del ministro de Defensa, para quien no hay descontrol en el Ejército, los hechos demuestran que el nivel de desorden al interior de la institución armada. El propio general Martínez lo señaló de manera muy clara: “Un ejército sin disciplina es una horda de gente muy peligrosa”.

El nulo control del ministro de Defensa, Alberto Espina, con lo que sucede al interior del Ejército, quedó de manifiesto cuando se enteró “por la prensa” que uniformados, en servicio activo, vendían armamento a narcotraficantes. No fue lo único.

Tampoco -en estricta justicia-, es el único que, ostentando ese cargo, ha sido pasado por alto por una institución que, al parecer, se manda sola. El “milicogate” es la prueba fehaciente que, durante años, de manera absolutamente institucionalizada e incluso burocratizada, los altos mandos del Ejército lucraron a costa del erario fiscal.

Y nadie hizo nada.

De patito feo a…

El “Tacnazo” a finales del gobierno de Eduardo Frei Montalva, tuvo un eminente objetiVo aspiracional en materia económica para la institución. El regimiento Tacna, en pleno centro de la ciudad de Santiago, se acuarteló por demanda de mejores en las condiciones de los uniformados. también tenía fines políticos. Por decenios, los gobiernos democráticos postergaron la atención de los institutos armados, tanto en armamento, infraestructura y personal.

Llegado el golpe de Estado, con Pinochet en La Moneda, las condiciones cambiaron radicalmente. No solo estaban en la plenitud del poder, sin control, sino que además manejaban la asignación de los recursos del país. Los tres elementos marcarían con fuego y sangre la historia patria.

El poder omnímodo del dictador, no contaba con contrapeso. No existía un Congreso, el Poder Judicial se negó a cumplir su rol y la Contraloría, no controlaba nada. La riqueza del Estado, constituida entre otros por las empresas estatales y semifiscales, había sido expoliada y entregada a precio vil -cuando se cobraba-, a empresarios asociados al poder. Quedaba el presupuesto nacional y ya existía, desde tiempos de Carlos Ibáñez del Campo, la Ley Reservada del Cobre. Era cuestión de “amononarla” y la tarea estaba terminada. Sobraban ahora los fondos.

No se mueve una hoja…

La fatídica frase de Pinochet que acreditaba el sumun del poder político y armado bajo su mano, no solo se aplicó durante la dictadura. También impregnó toda la transición, hasta hoy. El dictador golpeó la mesa de la democracia en muchas oportunidades, algunas más conocidas que otras. El poder civil, limitado por una Constitución espuria y por un quorum legislativo distorsionado por la presencia de senadores designados, rápidamente se sometió a respetar las reglas del juego que se le impuso y, en la medida de lo posible, pudo avanzar en algunas materias sensibles de DDHH y libertades políticas.

La democracia seguía secuestrada y, como en el síndrome de Estocolmo, el secuestrado terminó identificándose con su secuestrador o al menos justificando algunas cosas, quedando “auto secuestrado”, cuando ya no existían las mismas condiciones de antes. Quizás en el último tiempo en materia política lo más representativo de ello sea la conducta del último exministro de Justicia de la Nueva Mayoría, Jaime Campos, quien temeroso de las consecuencias fue incapaz de firmar el decreto que cerraba Punta Peuco.

En materia pecuniaria, ningún gobierno metió mano para devolver las empresas sustraídas al Estado, como SQM, o para fiscalizar el tremendo presupuesto de las FFAA. Que artículos secretos de la Ley Reservada del Cobre, que hasta hace muy poco se conocieron, que ministros de jarrón que nunca golpearon la mesa, sumado a cantos de sirena provenientes del mismo Ejército, como la promesa del “nunca más” pronunciada por el entonces Comandante en Jefe del Ejército, Emilio Cheyre, “relajaron” a nuestras autoridades que hicieron vista gorda a las irregularidades e ilícitos.

Que no se diga que no se sabía…

Las autoridades políticas de al menos los últimos seis gobiernos, supieron o debieron saber de la existencia de los fraudes. En algunos casos hay acreditación que sí sabían, como el affaire del ex Contralor General de la República, Ramiro Mendoza, que en 2011 informó al entonces ministro de Defensa, Andrés Allamand, por escrito, de la existencia del fraude denominado “pacogate”, sin que ninguno de los dos hiciera nada al respecto. Es más, callaran.

Otros, como el ministro actual, Alberto Espina, se termina informando “por la prensa” de los negocios encubiertos de personal militar bajo su mando. Si no se respetan a los civiles ni estos se respetan a sí mismos, ¿para qué informar de estos entuertos? Sería ser “delator” de los compañeros de armas. Mejor lavar la ropa sucia en casa, pareciera ser la lógica tras este silencio cómplice solo comparable con los pactos de silencio en materia de DDHH.

El senador José Miguel Insulza, quien fuera también ministro del Interior, reconoció que desde el retorno a la democracia “las Fuerzas Armadas y Carabineros se han mandado solos”. Brutal confesión, pero que es lo más cercano a la verdad sobre la materia. ¿Miedo? ¿Desidia? ¿Imposibilidad real para oponerse? Un poco de todo y de todo un poco.

Quizás la frase del general Martínez cuando compareció ante la ministra en visita Romy Rutherford, para ser interrogado acerca de sus cuestionados dichos, muestren la profundidad de la "independencia" que reclama de la civilidad el Ejército: "Este es un problema del Ejército y el Ejército tiene que resolverlo", respondió. O sea, ¿no existe sometimiento al poder civil? Pero para Espina y el gobierno, eso no importa, todo está bien.  Les da lo mismo que incluso se premie a quienes han cometido actos de corrupción institucional, como el caso de los militares ascendidos a pesar de estar involucrados en el Pacogate.

Cero vergüenzas.

“Durante los últimos 30 años, los escándalos de contrabando y fraudes que involucran a miembros del Ejército se han sucedido como un ruido blanco que no termina de sobresaltar a la institución. Ha habido de todo: desde tráfico de armas, malversación de caudales en la compra de tanques, hasta fraudes millonarios con los fondos de la Ley Reservada del Cobre y con los viáticos para oficiales”, señala el columnista Oscar Contardo.

“Frente a estos escándalos, el rol de cada uno de los ministros de Defensa de los gobiernos sucesivos ha sido poco más que encogerse de hombros y manifestar su total apoyo a la institución. Lo mismo sucede con los ministros del Interior cuando han debido enfrentar los fraudes que se cometen en Carabineros y los abusos en el uso de la fuerza que acaban en crímenes”, plantea.

Ha habido aisladas responsabilidades de los involucrados perseguidas judicialmente. Menos aún las asumidas, pues siguiendo el esquema que impusiera la UDI respecto de los casos de corrupción, solo se trata de “errores involuntarios”. Donde no ha existido ninguna responsabilidad, es en materia política. Un ministro que reconoce que sus subalternos le mintieron o no lo informaron, pasándolo de largo, debe renunciar.

¿Apernados?

No se entiende cómo, luego de filtrarse el audio del Comandante en Jefe del Ejército, ante 1900 oficiales y suboficiales, reconociendo la existencia de graves irregularidades e ilícitos al interior de la institución que, se supone, maneja y controla, siga en su puesto.

Más todavía, no se entiende cómo no renunció, al ser reprendido públicamente por el ministro de Defensa, quien le reclamó no haber sido informado y la gravedad de sus acusaciones que involucraron en presuntos fraudes a la Armada y a la Aviación, cuyos ilícitos asociados -y aparentemente aislados-, hasta hoy, solo rememoran respectivamente los casos Fragatas y Mirage”.

“En resumen: el comandante en jefe del Ejército le ocultó a su superior civil información sobre graves delitos, la que sí compartió con 1.900 de sus subordinados en dos reuniones masivas. Y mintió sobre el involucramiento de oficiales en estos delitos: o en su discurso (¡dos veces!) o en su posterior explicación pública”, señaló el periodista y columnista Daniel Matamala. Y es delicadamente cierto.

Dientes y muelas

Hay un aspecto de la alocución del general Martínez a sus subordinados que ha pasado -o se ha dejado pasar-, sin reparar en su contenido. Los dichos, que rayan en la deliberación, respecto al sistema previsional actual de los militares. Hoy, por cada peso de ahorro propio de un militar por concepto de cotización previsional, el resto de los chilenos aportamos nueve pesos más. Así, los oficiales en retiro reciben jubilaciones promedio de $2.300.000 y muchas, como el mismo Martínez reconoció, que sobrepasan los 6 millones de pesos mensuales.

El llamado de Martínez a los uniformados, fue que debía “defender con dientes y muelas” ese privilegio de que no gozan los civiles. ¿Cómo defiende con “dientes y muelas” un uniformado, que porta armas y poder de fuego frente a la civilidad? ¿A qué se refería Martínez con esa amenaza? "No hay ruido de sables", diría Martínez luego en el Parlamento. No importa, el ministro de Defensa le bajó el perfil y aquí, una vez más, no ha pasado nada.

“La respuesta es fácil. La autoridad civil ‘no se mete’ ni con Carabineros, ni con las ramas de las Fuerzas Armadas. No se les incomoda, no se les cuestiona, no se les contradice y no se les fiscaliza”, señala la periodista y ex abandera del Frente Amplio a La Moneda, Beatriz Sánchez, quien se pregunta: ¿Cuándo vamos a discutir, sin siquiera cambiar, recién discutir, sus condiciones ventajosas de pensión y salud? Lo que significa un verdadero desangramiento para el Estado de Chile, mientras que para el resto de los chilenos la pensión básica llega a menos de 100 mil pesos. ¿Estamos en democracia o no? ¿Quién manda?”

Juez y parte

Así como por casi más de dos decenios las causas de DDHH en que aparecían involucrados en delitos de lesa humanidad uniformados o civiles que se asimilaron a vida militar, como los integrantes de la DINA o la CNI, eran “juzgadas” por los propios uniformados, sin que jamás se llegara a aclarar un caso o a condenar a un criminal, hoy la misma justicia militar “juzga” los delitos económicos en que aparecen involucrados militares.

Una de las más patentes demostraciones de aquello, en la actualidad, es el cierre del sumario ordenado por Contraloría General de la República, acerca de los sueldos y viáticos falsos que sobrepasan los 3.500 millones de pesos. Mediante resolución reservada N° 1585, el Ejército dio a conocer que ningún general tuvo responsabilidad al cumplir la orden emanada del excomandante en jefe Óscar Izurieta, el que autorizó pagos irregulares a militares que perdieron millonarios aportes depositados en el ilegal Fondo de Ayuda Mutua (FAM), creado en Coyhaique. En paralelo en Ministerio Público está investigando los hechos y el CDE ya se querelló.

La irregular forma de ahorro, que hace recordar la vieja “Cutufa”, pero esta vez en materia previsional, hizo crisis en 2006, y una gran mayoría de suboficiales, perdieron millonarios aportes. Allí aparece esta orden de Izurieta que buscaba paliar las pérdidas de los uniformados. Ella ordenaba devolver la plata a través de viáticos y contratos de trabajo, cuyas labores nunca se realizaron, o sea, ideológicamente falsos. ¿Le suena conocido? Este hecho se mantuvo hasta 2016, bajo la administración del general Humberto Oviedo, donde se regularizó.

Al mejor estilo de la mafia, el caso FAM ha llegado también a los tribunales con denuncias y querellas por presiones indebidas entre militares, para, supuestamente, exculpar al general Izurieta. Así lo denunció el general (r) Daniel Aberl, quien interpuso una querella criminal en contra del actual jefe de la justicia castrense, general (J) Felipe Cunich Mas, el que, de acuerdo al libelo, le prometió una recontratación si es que asumía la responsabilidad administrativa, en una investigación por el uso irregular de 180 millones, detectada por la Contraloría en el llamado caso FAM. ¿El objeto, según el querellante? “salvar” al excomandante en jefe Óscar Izurieta.

Este es el momento de los cambios

Para el presidente de la Democracia Cristiana, el exdiputado Fuad Chahín, es este el momento de proponer una reforma concreta a las FF.AA. y de Orden, que las aborde en detalle “desde el punto de vista de su dependencia y control político, pero también de su transparencia”.

La postura de ese partido es conformar “un equipo de trabajo para proponer una reforma profunda a las FF. AA y de Orden, pues no solo es importante investigar y criticar el absoluto descontrol que hoy les afecta, sino que es fundamental que recuperen la credibilidad necesaria”, dijo, agregando que “a nosotros como Democracia Cristiana nos parecen muy graves las declaraciones (del general Martínez), y muy grave el contenido de las mismas. Es inaceptable que existan miembros de las FF. AA que estén proveyendo de armas de fuego a los narcotraficantes. Y también nos parece inaceptable que las FF. AA -que no deben ser deliberantes- estén anunciando que defenderán con uñas y dientes un sistema previsional; que es claramente privilegiado respecto de los chilenos”.

A Chahín y la DC les parece que “también nos parece preocupante que en el Ejército –que es el responsable de la defensa de nuestro país-, exista este tipo de filtraciones. De alguna manera aquí hay una suerte de espionaje al Comandante en Jefe, a quien le graban sus intervenciones en el ámbito de lo privado y lo dan a conocer a los medios de comunicación. Esto da cuenta que aquí al parecer hay una pugna de poder al interior del Ejército, a la cual hay que ponerle atajo desde ya, pues se pone en riesgo la seguridad nacional. Estos hechos deben asumirse con mucha responsabilidad por parte del Gobierno”

En la misma línea el Presidente Piñera, anunció que promovería una “profunda” reestructuración a las FFAA. Lo anterior como consecuencia del nuevo escándalo asociado a la institución y la compra de pasajes aéreos con los cuales, tras cambiarlos de destino, se quedaban con la diferencia. Ello provocó la renuncia del “Número 2” de la institución, el ahora ex jefe del Estado Mayor John Griffiths, quien está procesado por fraude al fisco.