Foto: La ministra de Transportes Gloria Hutt
Por María Kovacz F.
La ministra de Transportes, Gloria Hutt, confirmó el arriendo de cuatro terminales para el Transantiago por más de $68 mil millones y aseguró que el negocio se hizo en base a “precios del mercado”. Este será por nueve años, y son cuatro terminales, que son de propiedad de las empresas Alsacia y Express.
En octubre del año pasado, el mayor operador que ha tenido Transantiago desde su inicio, en 2007, dejó de prestar servicios en el sistema. Es la empresa colombiana Alsacia, cuyo contrato venció en esa fecha y cuyos recorridos fueron reasignados a otras firmas, cambios que se terminaron de aplicar este verano.
La compañía era la peor evaluada en índices de calidad, además de contar con una polémica historia con el Estado, al que incluso tiene demandado en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial.
Aunque la empresa ya está fuera del sistema, todavía cuenta con propiedades relacionadas al negocio: los terminales de micros, conocidos como "garitas".
El negocio de Alsacia
Sin embargo, una vez más la empresa está en la polémica. Si bien tiene demandado al Estado esto, no implicó que fuera el propio Estado quien le ofreciera el negocio del año.
La ministra de Transportes, Gloria Hutt, confirmó el arriendo de cuatro terminales para el Transantiago.
Cifra “escandalosa y excesiva” como la calificaron algunos parlamentarios, pero que a juicio del Gobierno, está acorde a los “precios del mercado”. El terminal más grande de 82 mil metros cuadrados, ubicado en Maipú, costará cada año más de $3 mil millones.
Basado en la tasa comercial -realizada por una empresa en 2016 a esos terrenos- lo que realmente debería pagarse es un monto cercano a $19 mil millones. Con los nuevos montos, el Estado pagará más de tres veces el valor de esos terminales, en relación a su avalúo fiscal.
La ministra de Transportes, Gloria Hutt, aseguró que estos arriendos debieron concretarse para salvaguardar la continuidad del sistema y la operación de los servicios.
Los términos del contrato
De acuerdo con el Directorio de Transporte Público Metropolitano (DTPM), la duración de nueve años se debe a que garantiza que las infraestructuras sean entregadas "a las empresas que se adjudiquen, por un período de cinco años, la operación de estos servicios en la futura licitación".
Afirma que los terminales son entregados a las firmas que se quedaron con los recorridos reasignados y que estas son las responsables de "asumir los costos de implementación y de operación que requieran", y que "esto no implica mayores costos al sistema y tampoco implicará alzas de tarifa al usuario".
Añade que "el arriendo de estos terminales permitió que los actuales servicios mejoren sus índices de cumplimiento".
En tanto, en la licitación anterior se había fijado, analizado por Hacienda, un tope máximo en el caso de tener que arrendar un terminal, que sería de 0,037 UF por m {+2}.
En el DTPM, sin embargo, aseguran que los valores "no son comparables, ya que este tipo de bienes van adquiriendo mayor plusvalía cada año".
Al respecto, el secretario técnico del proceso del gobierno anterior, Eric Martin, dijo que "se debería saber, desde Hacienda, cuáles fueron los antecedentes que se proveyeron para justificar la duplicación del valor que el Estado está dispuesto a pagar, porque llama la atención que frente a la austeridad se esté dispuesto a pagar esto. Más cuando se considera que había terrenos alternativos".
Añade que "los precios, aun pagados por las firmas, de alguna forma se transfieren al sistema porque este se encarece".
Foto: Diputado Jaime Mulet
Desde la Cámara piden investigación
Dados los antecedentes, la bancada de diputados del Partido por la Democracia buscará que la secretaria de Estado sea citada a la Comisión de Transportes para detallar estos contratos. Lo mismo en el caso del Senado, como confirmó quien preside la instancia, el militante de Renovación Nacional, Francisco Chahuán.
Aunque, no es primera vez que la ministra Hutt es citada al Congreso para transparentar los montos relacionados a la cartera. En diciembre del año pasado debió concurrir para referirse al traspaso de $ mil millones al Transantiago.
El ex subsecretario de Transportes, Carlos Melo, criticó que el Gobierno no cuente con un plan para enfrentar este tipo de contingencias.
El Ministerio de Transportes no realizó una tasación de estos terrenos, pero se consideró precios de mercado de corredores inmobiliarios, y en las bases del frustrado proceso licitatorio del gobierno anterior, se estableció un pago límite de 0,037 Unidades de Fomento por metro cuadrado. En este negocio, este año comienza a pagarse 0,097 UF por metro cuadrado.
La cartera explicó que estos arriendos serán financiados porque dejará de pagar el ítem de terminales a las operadoras, que a partir de la próxima licitación, no serán de propiedad de las empresas. Además se descartó un impacto en las finanzas del sistema.
Rechazo al contrato Quien encabeza esta acusación contra la millonaria situación, es el diputado Rodrigo González (PPD) quien en conversación con Cambio21 planteó que “nosotros oficiamos a la comisión de Transporte, que está citando a la ministra para que dé cuenta de esta situación, porque resulta absolutamente inexplicable que se asigne una cantidad tan estrafalaria lo que son los 68 millones de pesos, no son una pequeñez para la compra de un terminal que en otras circunstancias su precio de compra era un tercio más barato que su arriendo, se va a pagar por ello entonces resulta muy inexplicable”
“Además se le pagará a una compañía que tuvo que salir del Transantiago por un mal servicio, sea aquella a la que le están comprando los terminales, esta situación es insólita, y la ministra tendrá que dar explicaciones porque además como regionalistas exigimos que hay una reducidad del gasto que se hace en lo que es el transporte en Santiago y no hay ninguna coherencia en eso, el gobierno está gastando sumas súper desproporcionadas en la instalación de Metro, en el Transantiago, en el tren a Melipilla, en distintos otros tipos de transporte y la verdad es que las regiones han quedado muy abandonadas en esto”, explicó el diputado.
Además destacó que “acá la ministra le está quitando el dinero para financiar la sustentación de los ascensores en Valparaíso, se hizo una inversión para remodelarlo, pero las privatizaciones están, que no se calcula el costo del mantenimiento y este se pondría sustentar con los fondos espejo del Transantiago si es que es considerado transporte público, pero no, entonces no se puede sustentar. Nos resulta una verdadera bofetada a lo que el Presidente anuncio en la cuenta pública, diciendo que quería ser el presidente de las regiones”.
“La ministra tendrá que dar una explicación de porqué hicieron la compra de ese terminal y porque hicieron trato directo, cuales son las razones de la cantidad de fondo y la forma de compra. Los terrenos podrían quedar para el Estado”, analizó González.
Para cerrar, agregó que “el tema del Transantiago es un verdadero tema de discordia, sin una solución adecuada, la razón que hay ahí son enormes y los costos son cifras exorbitantes, entonces es importante que el gobierno actúe”.
Sobre el tema, la diputada PPD Andrea Parra manifestó que el montó del arriendo es excesivo si se tiene en cuenta que las tasaciones de los cuatro terrenos -realizadas en 2016- arrojaron que en el caso de comprar se debería pagar por todos $18.906 millones.
"Acá hay varios aspectos que nos sorprenden, ya que además del alto monto de los arriendos, también llama la atención que este acuerdo sea realizado con Alsacia, empresa que dejó de prestar servicios en el Transantiago ya que era la peor evaluada en índices de calidad, además de que tiene demandado al Estado de Chile en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial. El tema es que todavía cuenta con propiedades relacionadas al negocio que son los terminales de micros", afirmó la diputada Parra.
La parlamentaria sostuvo que se le pedirá a la ministra Gloria Hutt que explique en la Comisión de Transportes el destino de estos fondos, agregando que se le enviará oficios de fiscalización para que se especifique estos montos.
Asimismo, la diputada precisó que “se requiere conocer con certeza en qué se están invirtiendo los dineros de los fondos espejo que maneja el Ministerio de Transportes, los que son alrededor de 330 millones de dólares”.
Foto: Diputado Rodrigo González
Mulet: Situación grave
Por su parte el diputado Jaime Mulet (PRI) enfatizó en que “es una situación grave, yo creo que el Estado está pagando por la vida del arriendo un valor altísimo, se hizo una negociación directa, creo que obviamente es un muy mal negocio para el Estado por lo que hemos visto, porque el valor de la renta del arrendamiento es prácticamente superior al de los terrenos”.
“Entonces, creemos que hay ahí una muy mala negociación y como miembro de la comisión de Obras Públicas y Transporte estoy pidiendo los antecedentes de esos contratos para investigar la situación, no descarto proponer una comisión investigadora”, planteó el parlamentario.
Además Mulet agregó que “la licitación que se frustró, que venía del gobierno pasado obviamente se instaló un escenario nuevo y creo que esa misma situación el gobierno ha ido avanzando a través de contrataciones y arreglos directos con las distintas empresas, y eso le ha restado transparencias del proceso, como la situación de los contratos de arrendamiento de los terminales”.
Puntualizó entonces que “a mí me interesa que haya más transparencia y me preocupa porque solo hay un tipo empresa, de una sola marca, y creo que falta mayor transparencia en este proceso. Yo por lo menos estoy pidiendo los antecedentes y una vez que los tenga determinó eso y propongo una comisión investigadora sobre estos temas”.
