Leal es sociólogo, master en Historia de la Filosofía, doctor en filosofía, académicoo de la Universidad Mayor y ha sido docente en diversas universidades chilenas y europeas, autor de libros y ensayos.

Recibió el Premio Italia por su aporte a la difusión y análisis del pensamiento político italiano. Ha sido Presidente de la Cámara de Diputados

 

Esta crisis es muy profunda porque tiene su origen en el fracaso del modelo económico neoliberal y, a la vez, del régimen político postdictatorial que ha estado siempre condicionado por una Constitución ilegítima que estableció por años poderes fácticos que convivieron y subordinaron el sistema democrático y que solo con la reforma del 2005 fueron, en parte, eliminados pero siguieron sobreviviendo a través de los quorum constitucionales que han hecho imposible el cambio institucional y otras reformas estructurales sustantivas.

 

El modelo económico ha sobrevivido a las reformas sociales que diversos gobiernos han llevado a cabo en estos 30 años y que ha permitido acompañarlo de correcciones y de políticas públicas que han contribuido a disminuir la pobreza, modernizar el país en diversas áreas, garantizar el crecimiento económico y generar una movilidad social como nunca antes en la historia de Chile.

 

Sin embargo, ello se ha hecho sin alterar la matriz del modelo, por lo cual el crecimiento económico que ha devenido en una concentración de la riqueza, bajas remuneraciones, un sistema de salud público de mala calidad y sin recursos para atender a los millones de chilenos de FONASA, un alto costo de la vida y daños medioambientales que afectan la calidad de vida de la población y destruyen el ecosistema, con abusos a la población por parte de  grandes empresas que son funcionales al aumento de sus utilidades, con un Estado subsidiario incapaz de sancionar los abusos y de contener las desigualdades, con bajas tasas de impuestos para las grandes empresas y los más ricos, con el endeudamiento generalizado de la población y la mantención de institutos típicos del neoliberalismo como las AFP y las ISAPRES que entregan pensiones miserables a todos su cotizantes y coberturas discriminatorias que no cubren, pese al costo de los planes, las prestaciones de salud privada.

 

Ello explota socialmente ahora porque se ha deteriorado el crecimiento económico del país, han resultado ilusorias las elevadas expectativas anunciadas en particular por este gobierno y ha crecido la incertidumbre en la población de seguir ligando su progreso a través de los mecanismos del mercado. Un sector importante de las capas medias descubre la vulnerabilidad del modelo en el cual ha hecho sus apuestas y se vuelca a las protestas cuando percibe que las instituciones no dan respuesta a las incertidumbres de la población.

 

Como bien señala la Fundación Sol en sus informes, Chile ha generado mucha riqueza y su economía ha registrado altas tasas de crecimiento en estas últimas décadas. Sin embargo, mientras el 1% de las personas de mayores ingresos concentra el 33% de los ingresos que se generan en un año  y las 1.800 personas más ricas, registran un ingreso mensual “por persona” en el hogar donde viven de casi $600 millones ($2.400 millones en un hogar promedio de cuatro integrantes), al mismo tiempo el 50% de los trabajadores gana menos de $400 mi líquidos, al 50% de los pensionados por vejez edad reciben una pensión menor a $150 mil y se registran casi 11,5 millones de endeudados (a pesar de que la fuerza de trabajo alcanza a 8,5 millones de personas) y 4,6 millones de deudores morosos que no pueden pagar las cuotas. El modelo está quebrado y una situación de inequidad de esta magnitud tarde o temprano generaría unas protestas sociales generalizadas.

A ello se acompaña, por parte de la ciudadanía, una profunda desconfianza y separación con las instituciones, gobierno, partidos, órganos de representación parlamentaria, a los cuales la población atribuye un alto grado de desprestigio y responsabiliza directamente de no hacerse cargo de la desmejorada realidad que viven los chilenos.

 

Tal como ocurre en otros lugares del mundo, puesto que las convulsiones sociales tienden a ser globales, en un momento se conjunciona el estado de ánimo de las sociedades y un hecho, en nuestro caso el alza de los pasajes del metro y la evasión de los torniquetes, sirve de detonante de grandes movilizaciones sociales que se caracterizan por su transversalidad, dado que la incertidumbre no reconoce ni se deposita en solo sector de la sociedad, y porque el malestar se representa a si mismo y no admite liderazgos, interlocutores, voceros, ni convocatorias tradicionales, sino que, como fenómenos autoregulados y coordinados a través de las redes sociales se autoconvoca sin mediación y sin necesidad de representantes de ninguna naturaleza.

 

Son expresiones de movimientos postmodernos, que surgen en la sociedad postindustrial que ya no tiene el anclaje social e ideológico del pasado y que coloca de relieve el descontento de individuos que generan un tipo de “comunidad de la indignación” con una alta repercusión, que sobrepasa a la elite política y social  cuestionada y sin que ella pueda ejercer ningún tipo de conducción ni de intermediación, frente a quienes ocupando directamente los espacios públicos, y colocan una multiplicidad de demandas sociales y políticas a las cuales el mundo político no ha dado respuesta por largos años.

A ello se agrega, una profunda desconexión entre los sentimientos y la subjetividad de la sociedad y la del mundo político en general y la del empresariado. Mientras la elite política  y empresarial creía vivir en un oasis y buscaba hacer retroceder conquistas alcanzadas durante la administración de Bachelet, en la sociedad se anidaba contemporáneamente la indignación que finalmente hizo explotar la caldera dejando descolocada a la elite política en general y cambiando definitivamente la apreciación que el país ha tenido sobre sí mismo. Es la mayor revuelta histórica que ha vivido Chile contra la soberbia, la autoreferencialidad de quienes detentan el poder político y económico y contra los templos del neoliberalismo cuyo ciclo se ha agotado completamente.

Es evidente el que junto a los millones de chilenos que se han movilizado pacíficamente en este mes de protestas, hay también grupos que ideológicamente se expresan a través de la violencia con sus propios objetivos. A lo anarquistas, trozkistas y otros grupos antisistemicos estas movilizaciones les crean la posibilidad de operar en los bordes de ellas llevando a cabo enfrentamientos con la fuerza pública, incendios y destrucciones a objetivos marcados como símbolos del poder y cuya destrucción encaminaría a la destrucción del sistema. Junto a ellos, y seguramente más masivamente, operan especialmente en los saqueos, grupos delictuales, soldados narcos, expresiones de las garras bravas, para los cuales las movilizaciones ciudadanas son una oportunidad para saquear y destruir.

 

Pero también operan cientos de jóvenes que con facilismo llamamos “lumpen” para los cuales la democracia, la equidad, las reivindicaciones, no significan nada porque se han criado muchas veces sin familias propias, entrando y saliendo de los centros de acogida y para los que el Estado ausente socialmente de sus vidas solo existe como factor represivo. Son aquellos a los que el modelo ha segregado, los ha puesto completamente fuera de la sociedad y de los frutos del crecimiento.

 

Sin embargo, la violencia de estas semanas no puede ser leída solo ni principalmente como un fenómeno policial. Es necesario una lectura sociológica, antropológica que nos lleva a una constatación  dramática del Chile que hemos construido: hay una violencia social extendida de quienes se rebelan desde los márgenes y que claramente deben ser considerados como promotores pero también como víctimas de una sociedad violenta, de una institucionalidad en el fondo carcelaria, como las llamaría Foucault, que los castiga, los vulnera, los mantienen excluidos y no les brinda oportunidades. Un dato dramático: el 50% de los jóvenes detenidos en Valparaíso durante las protestas han pasado por el Sename.

 

Es el mayor acuerdo suscrito desde el inicio de la transición puesto que permite terminar definitivamente con la ilegítima Constitución impuesta por Pinochet, que ha divido a los chilenos por 40 años, y crear una Nueva Constitución con plebiscito de entrada que da paso a una Convención Constituyente y un plebiscito que se pronuncia sobre el texto elaborado por Convención. Es decir, por primera vez en la historia de Chile tendremos una Constitución elaborada con consulta activa a la ciudadanía.

 

Derogar la Constitución de Pinochet es una condición para crear una nueva convivencia. La actual Constitución encierra al país y a sus fuerzas políticas y sociales en el pasado pero además nos condena a vivir dentro de un marco jurídico de un mundo que ya se fue, no solo es ilegítima es además anacrónica con el mundo complejo del siglo XXI y cuanto antes terminemos con ella será beneficioso para el país, expresará una liberación de una camisa de fuerza que ha limitado el desarrollo de Chile en estos 30 años. Los países necesitan tener un núcleo ordenador y un norte común y ello lo entrega una Constitución plenamente democrática.

 

Considero un error que tanto el PC como sectores del Frente Amplio se restaran de este diálogo y del acuerdo creyendo que no fructificaría o bien temerosos de ser sobrepasados por el izquierdismo o tratando de subirse al carro de las movilizaciones de las cuales están ausentes, como los demás partidos, en sus orígenes, en sus características y en su esencia.

No han comprendido que tanto el diálogo como el acuerdo son frutos de las grandes movilizaciones ciudadanas, que habrían sido imposibles sin él y las objeciones que hoy plantean, y que carecen de veracidad y otras son simplemente infamias contra el acuerdo, dañan la necesidad de que todas las fuerzas democráticas nos volquemos a trabajar, - en el plano legislativo para que la convención incorpore la paridad de género, la presencia de representantes de los pueblos originarios elegidos de manera especial y garantías para que los independientes puedan presentarse en listas como tales y hacer plenamente competitivas sus opciones – y en el plano político a asegurar el triunfo de Apruebo y de la Convención del 100% de representantes elegidos.

 

La ultraderecha hará de todo por mantener la Constitución Pinochetista, habrán maniobras para reinterpretar el acuerdo, como lo planteado en estas horas por Allamand, y por reducir el espacio democratizador de la Convención. Hay que derrotar política y electoralmente a quienes quieren mantener a Chile atado a la nostalgia y a la herencia dictatorial y construir las bases jurídicas de una nueva República que nos comprenda a todos.

Creo que para ser riguroso hay que señalar que el malestar que se expresa en estas movilizaciones tiene que ver con temas profundos no resueltos no solo por este gobierno sino en los 30 desde el retorno a la democracia, siendo, sin embargo, la derecha la mayor responsable que determinados cambios propuestos por diversos gobiernos no hayan sido aprobados con antelación.

El gran problema del Presidente Piñera y de su gobierno es la desconexión profunda con la sociedad. Viven entre ellos, en un mundo muy privilegiado y ello les impide percibir la profundidad de las separaciones existentes en Chile. Su límite intrínseco es percibir al país de manera distinta, con otro nivel de conciencia, de percepción, respecto de la subjetividad de la población.

 

Hasta el 18 de Octubre, Piñera y su gobierno estaba convencido que Chile era, como lo dijo, un “oasis” de progreso y libertad. Con la insistencia en la reconversión productiva demostraban que preferían cumplir con una promesa de campaña con el gran empresariado que retener para el Estado y el gasto social esos recursos. Hubo un completo inmovilismo del gobierno en los temas sociales y hasta arrogancia comunicacional de sus ministros, lo cual atizó, sin duda, el clima de descontento existente.

 

 

Desatada la enorme convulsión social, los errores del Presidente y del gobierno han sido mayúsculos. Lo primero, es haber creído que este era esencialmente un tema de seguridad pública, haber permitido una creciente represión de la fuerza pública, haber decretado un Estado de Emergencia con toque de queda y los militares resguardando el orden público, sin comprender el efecto simbólico que ello representa ante un país que vivió una cruenta dictadura de 17 años y cuyo recuerdo aún no cicatriza, declarar que el gobierno estaba en guerra, lo cual implicó un riesgo gigantesco que felizmente el propio Jefe de Plaza, el General Iturriaga, se encargó a pocas horas de desestimar diciendo “ yo no estoy en guerra con nadie”.

 

En definitiva Piñera, incluso hasta la noche del 12 de Noviembre, pensó en declarar un nuevo Estado de Emergencia lo que habría creado un cuadro de represión e inestabilidad política probablemente sin retorno. Felizmente primaron, dentro del gobierno, las opciones políticas y por primera vez desde el estallido inicial de las protestas, después de haber tenido semanas de protestas con millones de personas en las calles, el Presidente hace un llamado a la “Paz, la justicia social y Nueva Constitución”, que encamina hacia la política la salida a la crisis y establece la urgencia parlamentaria y de los partidos de generar un acuerdo para una Nueva Constitución.

 

Pero hay una grave responsabilidad del gobierno y del Presidente en la represión de la fuerza pública con decenas de muertos, miles de heridos y 230 jóvenes que han perdido parcialmente la vista por el uso de balines de la policía que debieran haber sido prohibidos desde el inicio. En estas semanas se han violado gravemente los derechos humanos – lo que será consignado mundialmente por todas las Agencias y Comités Internacionales - y en ello hay una responsabilidad no solo de Carabineros sino del Ministerio del Interior y del propio Presidente Piñera.

 

El Presidente Piñera perdió semanas en medio de las movilizaciones al no comprender la dimensión de la crisis y de las protestas, sin entender que ya no se podía gobernar como en pasado, y hoy sus mensajes a la opinión pública son irrelevantes,  ha perdido liderazgo, y yo espero que el Presidente gobierne, sin la altisonancia y dejando de lado la arrogancia, buscando que la Agenda Social y Constitucional avancen con rapidez y se concreten durante lo que resta de su mandato.

Es una contradicción inaceptable. Un gobierno democrático tiene el deber de garantizar el orden social pero en el pleno respeto a los derechos humanos. Queda en evidencia que Carabineros ha actuado con violencia excesiva y que se han violado reiteradamente los derechos humanos.

 

Es obligatorio analizar cómo Carabineros cumple con la función del orden público especialmente en condiciones de agitación social. Hay que entender que en estas semanas Carabineros está sometido a una presión sicológica y física extrema y ello es parte también de la forma como se organiza el control de la seguridad púbica que hay que revisar. 

 

Pero resulta evidente que hay códigos de comportamiento que no relevan el valor de los derechos de las personas, hay falta de formación técnica y ética que llevan a que marchas pacíficas sean reprimidas con violencia y haya ausencia o tardanza en reprimir los desmanes, en detener a quienes los propician y que debieran estar identificados si en Chile existiera un trabajo de inteligencia preventivo, civil y policial, a la altura de una sociedad tecnologizada. Se requiere un cambio profundo en la formación de los integrantes de la institución encargada del orden público y una renovación de sus procedimientos y protocolos.

 

Es imposible que, en estas horas de convulsiones, la opinión pública mundial, los medios, la ONU, no comparen, dado que hay una agitación social global, los resultados de la acción de las fuerzas del orden en Hong Kong, Barcelona, Quito, Bolivia y no lleguen a la conclusión que en Chile hay una mayor cantidad de personas fallecidas, heridos, víctimas dramáticas de  balines que han hecho perder la vista a más de 230 jóvenes y que la policía chilena sea sindicada como la que mayormente viola los derechos humanos en el enfrentamiento callejero a las protestas.