Foto: Subsecretario del gobierno de Piñera, Luis Castillo (pro UDI)

Por Mario López M.

Antecedentes que se registran en la causa acreditan que Hartmut Hopp, el segundo hombre de Villa Baviera tras Schäfer, fue compañero de estudios con dos de los acusados de encubrir el crimen, los médicos Rosenberg y González. También que era un asiduo del hospital, llevando biopsias para exámenes.

Luis Castillo, en la foto, el subsecretario que ha sido protegido por Sebastián Piñera, lo mismo que el hospital de la UC, están en la mira del juez y querellantes. Diligencias para mejor resolver apuntan a determinar sus grados de responsabilidad en el ocultamiento de los restos y evidencias de la autopsia ilegal.

En el marco del juicio criminal por el magnicidio del Presidente Frei Montalva, cuya sentencia está a punto de conocerse, han trascendido una serie de antecedentes que han terminado vinculando al Hospital Clínico de la Universidad Católica. Dos de sus facultativos -que se encuentran acusados de encubrimiento-, practicaron una ilegal autopsia al exmandatario y sustrajeron restos, ocultándolos por más de 20 años en el mismo edificio de la UC. Nunca se informó a la familia o a tribunales de estos hechos hasta 2003, en que tras allanamientos se supo qué había pasado y quiénes eran los médicos tras la autopsia.

También se ha conocido que quien fuera director clínico, el actual subsecretario de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud, Luis Castillo, confesó haber dado la orden de no entregar los antecedentes a menos que la familia o los tribunales lo pidieran, solo que ninguno de ellos sabían que estaban ocultos en ese lugar, por lo que se investiga su responsabilidad en una de las 16 órdenes de investigar dispuestas recientemente por el juez Alejandro Madrid como medidas para mejor resolver.

Un tercer vínculo de la UC no ha dejado de llamar la atención. Las extrañas relaciones que el enclave alemán Colonia Dignidad, donde se violaron gravemente los derechos humanos en dictadura, tenía por medio del doctor Hartmut Hopp, que se paseaba como Pedro por su casa en el hospital de la Católica con los médicos de esa casa de estudios, acusados del caso Frei.

Las pruebas de la conjura

Tanto Helmar Rosenberg como Sergio González, ambos patólogos acusados como encubridores en la causa por el homicidio de Frei, tenían algo en común con Hopp: hablaban en alemán con el ex segundo hombre de la Villa Baviera, mano derecha del pederasta Paul Schäfer, jefe de la mal llamada “Colonia Dignidad”. Otro hecho los vincula igualmente: el entonces abogado de medicina y de Canal 13, quien representa también a los médicos acusados de encubrimiento, es Pedro Doren, quien históricamente aparece patrocinando causas de los jerarcas del enclave alemán. También defendió a Hopp, procesado por la desaparición de personas desde ese lugar durante la dictadura militar.

No solo eso, dependientes en aquel entonces -enfermeras y auxiliares- que estuvieron bajo las órdenes de Rossemberg y González, además de médicos, compañeros de labores, también reconocieron ante el juez Madrid las relaciones que estos mantenían con Hopp - “inusuales”, “extrañas”-, en que el alemán y su mujer, Dorothea Witthahn, enfermera, vestida generalmente de delantal blanco, llevaban biopsias y realizaban los exámenes, al parecer gratuitos, en el Departamento de Anatomía Patológica de la UC.

Los primeros vínculos que hablaban de la relación del recinto hospitalario con Villa Baviera no emanaron primitivamente de la investigación del caso Frei. De hecho, la orden que da pie a la relación con el Mandatario está determinada en la investigación de otro crimen, el del químico de la DINA Eugenio Berríos. En ella se constató que el Hospital Clínico de la Universidad Católica había mantenido, por años, vínculos particularmente cercanos con la Colonia Dignidad.

Los venenos y biopsias

Hopp estudio medicina en la misma UC. Entre sus compañeros se cuentan al médico Helmar Rosenberg Gómez, uno de los acusados en el homicidio del ex presidente Eduardo Frei. Venía de haber cursado los primeros años de la carrera en Estados Unidos. Aquí fue recibido por el chileno como “un refugiado de Estados Unidos”, según declaró.

El mismo Rosenberg hizo trámites para que ingresara a la UC. “Una vez que Hopp se tituló como médico, concurría ocasionalmente al departamento (de anatomía patológica) para entregar muestras de biopsias. Desconozco si hubo un convenio con la Colonia Dignidad, ya que ellos atendían a personas indigentes y creo que en esa calidad se hacían las biopsias sin costo”, declararon testigos al juez Madrid, según el expediente tenido a la vista por Cambio21.

Coincidencia o no, otro de los compañeros de Hopp en la UC, de tercer a quinto año, es el otro procesado por el caso Frei, Sergio González Bombardiere, quien confesó policialmente que en la época en que él trabajaba con Rosenberg en el mismo departamento del Hospital de la UC, el lugar era frecuentado por el segundo de Paul Schëfer y su esposa, quienes llevaban muestras histológicas de pacientes del Hospital de Villa Baviera. Ello fue ratificado por enfermeras que los escucharon hablar en alemán y se lo confirmaron a Madrid.

Conocido es el vínculo de Hopp con venenos al interior de la Colonia Dignidad y su aplicación no solo en cobayos que obtenía del ISP, sino en disidentes al interior de la propia colonia o a presos políticos, muchos de ellos aún desaparecidos, como manera de exterminarlos. También haber probado en ellos el gas sarín, que la dictadura se esmeraba en fabricar y que sería utilizado luego para asesinar a opositores.

Otros varios murieron envenenados

Un hecho recuerda este tipo de situaciones. En la causa que terminó con la condena de Schäfer y otros criminales por la muerte del ex integrante de la DINA Miguel Ángel Becerra Hidalgo, asesinado al interior de Villa Baviera en 1974, el líder de la secta aseguró que cuando le dijeron que el agente había muerto por comer una manzana envenenada, ordenó que le llevaran los restos de la fruta y se la dio de comer “a las lauchas”, que murieron enseguida. Nunca se pudo precisar a ciencia cierta la causa del deceso de Becerra, aunque se sabe que fue intoxicado.

De hecho, la muerte de Carmelo Soria, el diplomático español; la del Conservador de Bienes Raíces Renato León Zenteno; la de otro exagente de la DINA acusado de entregar información acerca del destino de los detenidos desaparecidos, Manuel Leyton; la de los presos de la cárcel pública, en quienes se probaron los efectos del gas bulímico antes de aplicarlo a Frei Montalva, y la de dos peruanos en los que se experimentó las sustancias venenosas, dan cuenta que ratas y personas fueron caldo de experimento de los venenos que, desde Berríos a Hopp, se usaron para matar.

Una enfermera de apellido Castelli dijo al juez que la mujer de Hopp y sus acompañantes fueron llevando durante años las biopsias e interconsultas, hasta que Hopp fue detenido por las causas de DDHH en que está inculpado o ahora condenado. Todos los testigos concuerdan en que el alemán su mujer y otras personas que eventualmente les acompañaban se relacionaban de manera especial con Rosenberg y hacían lo que querían en el Hospital Clínico de la Universidad Católica, sin que hasta ahora esa casa de estudios haya explicado tan extraño vínculo.

Las diligencias que complican a Castillo

A pocas semanas de conocerse la inminente sentencia del juez que instruye la causa por el asesinato de Frei Montalva, dos hechos han marcado una nueva bitácora. Uno de los médicos acusados decidió recurrir al Tribunal Constitucional, de evidentes y marcadas decisiones pro derechistas dada su composición, con el objeto de que determine que el juez no puede fallar la misma causa que investigó, pues rompería la imparcialidad de los tribunales.

Madrid se apega al procedimiento que se aplica al caso y vigente legalmente, en que había un juez que instruía el sumario en que se investigaban los hechos y si procedía acusaba, en el plenario, hasta llegar a la sentencia de primera instancia. Sin embargo, el nuevo procedimiento penal separa ambas funciones y es de eso que se quiere aprovechar el recurso, sea para dilatar o echar abajo lo avanzado.

Pero el magistrado no se quedó de brazos cruzados y, si bien la causa está en estado de fallo, dados los últimos acontecimientos que vinculan al actual subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, con el ocultamiento de hechos, ordenó 16 diligencias para mejor resolver.

Entre ellas, pidió a la PDI investigar las facultades y obligaciones del director del Hospital Clínico de la UC, a partir de 2000, periodo en que estaba a cargo el actual subsecretario de Salud, fuertemente cuestionado por la familia del asesinado mandatario, por su complicidad al ocultar información acerca de la ilegal autopsia que intentó borrar evidencias del envenenamiento, lo que complicaría al protegido de la administración Piñera. 

Madrid determinó que Frei fue asesinado mediante la aplicación de Talio y Gas Mostaza en la Clínica Santa María en enero de 1982. Por ello ordenó incorporar al crimen de Frei Montalva las declaraciones de Hopp, a pesar de que se produjeron en relación a otra causa. Eso, más los antecedentes de testigos, fue uniendo cabos sueltos hasta armar la acusación que hoy que amenaza ampliarse a otros, autores intelectuales o encubridores del crimen.

Lo que complica a Luis Castillo es la orden impartida por Madrid a la PDI “con el objeto de precisar las facultades y obligaciones del director del Hospital Clínico de la Pontificia Universidad Católica, precisando que ellas se deben referir a aquellas existentes a partir del año 2000. Asimismo, se indicará quién desempeñaba dichas funciones entre los años 2000 y 2003”. El actual subsecretario de Redes Asistenciales, fue director del recinto desde 1996 a octubre de 2000, fecha en la que asume como director de la Red Salud UC.

El médico está confeso de haber ordenado no entregar nada sin mediar orden judicial. Lo que se determinará es por qué no informó a la familia o a los tribunales de que esos antecedentes estaban almacenados en la UC, sin que nadie supiera.

La UC en la mira

“Lo lamentable es que, a diferencia del crimen del dirigente sindical Tucapel Jiménez, en que alguien confesó haberlo cometido, en este caso el hermetismo de los involucrados ha dificultado llegar a establecer todas las responsabilidades, en especial de aquellos autores intelectuales tras el magnicidio. Es más, el Ejército no ha entregado toda la documentación que obra en su poder y que sí existe. Lo mismo el Hospital Clínico de la Universidad Católica, que por años ocultó la autopsia ilegal que se practicó a mi padre, en donde hasta hoy recién se supo que aún existen en ese lugar vísceras que no se han puesto a disposición de la investigación”, dijo a Cambio21 la ex senadora e hija del asesinado mandatario, Carmen Frei.

Solo en 2003, que se ordenó allanar el Hospital Clínico de la Universidad Católica ante la negativa de ese organismo a entregar los antecedentes completos y los restos de Frei Montalva que se ocultaron allí por más de 20 años, el juez Madrid pudo determinar quiénes fueron los médicos que practicaron el ilegal procedimiento de autopsia al cadáver. También se enteró de la existencia de los restos, muchos de ellos echados a la basura para ocultar el envenenamiento.

Hasta ahora no se habían dispuesto diligencias dirigidas a determinar el grado de participación del hospital en el crimen, en especial en la autopsia y el ocultamiento de evidencias a la familia y al tribunal, tanto como la eventual falsificación o destrucción de informes, entre ellos el de la propia autopsia, entregada por partes y en donde se dejan muchas de incógnitas.

¿Quién dio la orden de practicar la autopsia? ¿Por qué ella no fue informada a la familia? ¿Por qué se practicó en la misma pieza de la clínica Santa María y no en la UC y de acuerdo a protocolos? ¿Por qué se extrajeron los restos de Frei y ni siquiera se rotularon? ¿Por qué el protocolo de autopsia se encontraba -o se entregó- incompleto? Esas son solo algunas de las cosas que Madrid pretende dilucidar con estas diligencias.

Los vínculos de Hopp, Rosenberg y González están probados y confesos. También los de Villa Baviera y el Hospital Clínico de la Universidad Católica. ¿Cuál es el vínculo de Castillo en esto y el de la propia casa de estudios? Está por determinarse.

Foto: Hopp, Rosenberg y González