La Contraloría General de la República ratificó expulsión del Presidente de la Asociación de Funcionarios de la Municipalidad de Lo Espejo y dirigente de la Fentramuch Jaime Sánchez Veloso.

 

Simultáneamente, en el Décimo Juzgado de Garantía se instruye una investigación penal en contra del acusado Sánchez Veloso.

 

La Segunda Contraloría Regional Metropolitana ratificó la determinación de destituir al funcionario Jaime, de dotación de la Dirección del Tránsito de la Municipalidad de Lo Espejo, por haber incurrido en cohecho al vender licencias de conducir fraudulentas.

 

Sánchez Veloso fue notificado el pasado miércoles 31 de julio, por lo que de inmediato no sólo dejó de ser funcionario municipal, sino que también perdió su cargo de presidente de la Asociación de Funcionarios de la Municipalidad de Lo Espejo, y dirigente nacional de la Fentramuch.

 

Los hechos denunciados en contra de Jaime Sánchez ocurrieron los días 30 de abril y 29 de julio de 2014, en dependencias municipales, cuando Rafael Bustamante Ponce le pagó 90 mil pesos, Paola Zúñiga Ponce le dio en dos ocasiones 150 mil pesos de parte de terceras personas y, finalmente, Armando Romo Godoy le canceló 200 mil pesos, a cambio de obtener sus respectivas licencias de conducir clase “B”.

 

A raíz de dichas denuncias se instruyó un sumario administrativo por presuntas irregularidades administrativas acontecidas en la Dirección del Tránsito, cuyo fiscal formuló sendos cargos el 6 de marzo de 2017 y 12 de octubre de 2018, por infringir el principio de probidad administrativa. Ante dicha situación, se dictó el decreto alcaldicio N° 1.585, que le aplicó la medida de destitución, el 3 de abril de 2019.

 

El afectado recurrió ante la Segunda Contraloría Regional Metropolitana, cuestionando tanto la legalidad del sumario incoado como el contenido de las drásticas medidas disciplinarias decretadas en su contra.

 

Sin embargo, tras analizar todos los antecedentes del caso, la Contraloría General resolvió ratificar la medida de destitución del funcionario Jaime Sánchez. “Ha quedado demostrado “que el sancionado tuvo un actuar negligente reprochable, motivo por el cual la medida que se le impuso finalmente –destitución- tiene correspondencia con la entidad del proceder imputado y que se encuentra debidamente comprobado”, reza textualmente el dictamen.

 

Finalmente, según la Contraloría el acusado tenía “el deber de observar una vida privada acorde con la dignidad de la función, ya que dichas conductas afectaron el comportamiento particular del recurrente como empleado, conllevando el desprestigio del municipio y una falta de lealtad debida a sus jefaturas, a sus compañeros o a la comunidad en los términos de la referida norma de la ley 18.883”.

 

Simultáneamente, en el Décimo Juzgado de Garantía se instruye una investigación desformalizada en contra del acusado, por el presunto delito de cohecho.