Fin a 35 años de impunidad: conozca a los asesinos de Eduardo Frei Montalva

Agentes, médicos y traidores bajo las órdenes del dictador ejecutaron un crimen que por años confiaron que era perfecto. La fuerza de Carmen Frei, hija del exmandatario, obligó a investigar, lo que permitió dilucidar el monstruoso y cruel asesinato.

Por Mario López M.

“La verdad tiene su hora para Frei (...) Nunca en la historia de Chile se había visto una cosa similar, nunca en la historia de Chile un Presidente había sido asesinado”, dijo Eduardo Frei Ruiz-Tagle al conocer la acusación que recae en la causa que por más de 35 años ha mantenido impune el magnicidio del Presidente Eduardo Frei Montalva, su padre.

Carmen Frei: la fuerza de la convicción

Las sospechas que con tesón y decisión mantuvo en tribunales por casi trece años Carmen Frei, también hija del líder DC, dieron los resultados. Es cierto, los acusados son solo seis partícipes del crimen, entre civiles y militares, traidores y conspiradores, pero faltan otros, sea que ya no están, como el principal instigador, el dictador Augusto Pinochet, sea que sus nombres siguen siendo ocultados. “Les pido nuevamente que entreguen información. El juez sabe que la hay y que no la quieren entregar. Nos parece que, para hablar de nunca más, si piden perdón, que lo hagan diciendo qué pasó. Por qué tanto odio”, denunció la exsenadora.

“Lo lamentable es que, a diferencia del crimen del dirigente sindical Tucapel Jiménez, en que alguien confesó haberlo cometido, en este caso el hermetismo de los involucrados ha dificultado llegar a establecer todas las responsabilidades, en especial de aquellos autores intelectuales tras el magnicidio. Es más, el Ejército no ha entregado toda la documentación que obra en su poder y que sí existe. Lo mismo el Hospital Clínico de la Universidad Católica, que por años ocultó la autopsia ilegal que se practicó a mi padre, en donde hasta hoy recién se supo que aún existen en ese lugar vísceras que no se han puesto a disposición de la investigación”, dijo a Cambio21.

Más de 50 tomos, varios cuadernos separados, cientos de testimonios que van desde los propios acusados a exagentes de la represión como Mariana Callejas, la mujer de Michael Townley -uno de los químicos de la DINA-, dos exhumaciones del cadáver del exmandatario y decenas de peritajes, llevaron al ministro Alejandro Madrid a dictar acusación por el homicidio del presidente Eduardo Frei Montalva.

La causa rol 7.981- B Tomo L 50 alcanza a Patricio Silva Garín y Luis Becerra Arancibia, Raúl Lillo Gutiérrez como autores del homicidio, y a Pedro Valdivia Soto, como cómplice. También se acusa a Helmar Rosenberg Gómez y Sergio González Bombardiere, los médicos de la Universidad Católica que de manera subrepticia e ilegal embalsamaron el cuerpo para ocultar las huellas del magnicidio, en calidad de encubridores.

Se confirma: enfermeras encubiertas

Cambio21 dio a conocer hace ya más de un año que un grupo de enfermeras –que en realidad eran agentes encubiertas de los órganos represivos de la dictadura-, eran intensamente buscadas con retratos hablados por su participación en el crimen. La acusación ratifica las denuncias, así como su participación. Varios testimonios de trabajadores de la Clínica Santa María, dan cuenta de la intervención de ellas.

La enfermera María Elena Zamorano Soto, por ejemplo, dice que el 6 de diciembre de 1981, cuando ya habían comenzado a inocularse sustancias químicas al exmandatario, al tomar su turno de las 12:00 horas al concurrir a la habitación de Frei Montalva éste estaba sin la enfermera externa y se encontraba “sudoroso, descompensado, la presión baja, el suero estaba fuera de la vía venosa y su cama impregnada con sangre, había perdido mucha sangre”.

Esa solo fue una de las varias situaciones que permitieron, de acuerdo con la acusación, “la introducción paulatina de sustancias tóxicas no convencionales, por la aplicación de un producto farmacológico no autorizado, denominado ‘Transfer Factor’ y por la ocurrencia de diversas situaciones anómalas, que pudieron ser disimuladas como inadvertencias o negligencias que paulatinamente deterioraron su sistema inmunológico y facilitaron la aparición de bacterias oportunistas, tales como las denominadas ‘proteus vulgaris’ y ‘candida albicans’, que resultaron ser la causa final de su muerte y dieron la apariencia que su deceso ocurrió por complicaciones derivadas de las intervenciones quirúrgicas a que fue sometido, haciendo imperceptible la intervención de terceros en su fallecimiento”.

La traición

Entre los acusados, dos nombres llaman la atención: Patricio Silva Garín y Luis Becerra Arancibia. En común tienen no solo estar involucrados en el alevoso asesinato en calidad de autores, sino que además porque ambos sirvieron en algún momento bajo las órdenes del exmandatario. Uno fue subsecretario de Salud bajo su administración, el otro su chofer personal por muchos años. Ambos contaban con la confianza de la familia y jamás esperaron ser traicionados, como lo fueron, de acuerdo a la acusación.

Silva Garín se encontraba ligado al servicio de sanidad del Ejército desde 1955 y pasó a retiro en 1985 con el grado de coronel. También tuvo un oscuro paso por Capredena y se le imputa responsabilidad en las muertes del exministro José Tohá y del general Augusto Lutz, además de ser quien evaluaba a los prisioneros en el Estadio Nacional y determinaba quiénes podían resistir para seguir  interrogándolos. Tuvo a su cargo la segunda operación de Frei Montalva, la que generó el agravamiento del estado de salud del expresidente. Fue él quien dejó fuera del equipo médico al cirujano Augusto Larraín Orrego, que había participado en la primera intervención, bajo la excusa “de que este no habría podido ser ubicado, la cual resulta desvirtuada”, señala la acusación.

Se le acusa por “la deficiente y tardía realización de procedimientos quirúrgicos y tratamientos posteriores proporcionados al paciente”. Además, por no haber “advertido ni al paciente ni a su familia acerca de los riesgos que podría sufrir si se sometía a una operación en Chile, dado el conocimiento previo que tenía respecto de la actuación de los servicios de seguridad del régimen”.

El médico mantuvo en todo momento informado a Pinochet del estado de salud del exmandatario. Es el responsable de la aplicación del experimental ‘Transfer Factor’ de manera distinta a la dispuesta por el facultativo especialista en la materia.

El agente doble

Becerra Arancibia, por su parte, “desempeñó funciones de chofer del ex mandatario y posteriormente, una vez que éstas cesaron, mantuvo una permanente vinculación con el hogar familiar del Ex Presidente (…) sin embargo, en forma paralela al desarrollo de estas actividades, se desempeñaba como agente de la Central Nacional de Informaciones (CNI), manteniendo informado a este servicio de todas las actividades realizadas por el ex mandatario”, dice la acusación.

Otro agente, Enrique Gutiérrez Rubilar, confesó que “…cuando don Eduardo (Frei) viajaba al extranjero, nos enterábamos a través de un informante que al parecer era su chofer, quien informaba las oportunidades que lo trasladaba al aeropuerto y posteriormente cuando tenía que recogerlo a su regreso (…) el informante que indicaba los viajes que realizaría el ex Presidente Frei al extranjero, yo sé que esta persona al parecer era chofer del ex Presidente y se entendía directamente con Lillo, que tenía contacto con esta persona y estaba al tanto de lo que hacía Frei en esa época”, dijo al juez.

Carmen Frei recordaría a Cambio21 que durante la enfermedad e internación en la clínica Santa María del expresidente, Becerra permanentemente iba a preguntar acerca de la evolución de su estado de salud y una vez que murió colaboró recibiendo a las personas que venían a expresar sus condolencias. Lo que no sabían era que fue él quien advirtió de la operación a los servicios de seguridad y permitió que los órganos de inteligencia dispusieran que un contingente de sus agentes disfrazados de guardias, enfermeras y funcionarios se instalara en la clínica para preparar el atentado.

Los "supervisores"

Raúl Lillo, acusado como autor del magnicidio, era el agente de la CNI que coordinaba no solo a Becerra, sino que todos los seguimientos y escuchas a Frei. También fue  integrante de la Dirección Nacional de Inteligencia del Ejército (DINE) y “formó parte de una brigada encargada del seguimiento, control y análisis de las actividades opositoras que se realizaban por el Partido Demócrata Cristiano”, dice la acusación, sindicándolo como el segundo jefe de la unidad delictual.

“Durante el período de la internación del ex mandatario en el establecimiento asistencial, se realizaban reuniones periódicas con el objeto de mantener permanentemente informado al mando superior de la CNI acerca de la evolución del estado de salud del paciente y en ellas Lillo Gutiérrez demostraba poseer un conocimiento más profundo acerca de dicha circunstancias, superior al que era conocido por la opinión pública (…) También este agente, permanentemente, mantenía vinculación incluso encargándose de pagos en dinero por la información que le era proporcionada por informantes”, sostiene el ministro Madrid.

El otro agente, Pedro Valdivia Soto, médico acusado de ser cómplice en el homicidio, era un agente que “desde noviembre de 1976 hasta el año 1990 prestaba servicios en el centro médico de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y posteriormente en la Central Nacional de Informaciones (CNI), donde además de atender a los funcionarios de dichos servicios de inteligencia y sus familiares, debía asistir a los centro de detención a visitar a los detenidos”. Él fue quien ingresó reiteradas veces y de manera subrepticia a la habitación de Frei, según denunciaron enfermeras.

El día del fallecimiento de Frei Montalva era el médico residente y quien quedó “a cargo de la situación particular del cuerpo de don Eduardo Frei Montalva”, permitiendo “la presencia de médicos provenientes de otro establecimiento asistencial -Universidad Católica- que practicaron un ‘embalsamamiento’ al occiso, que no habría podido ser desconocida por quién ostentaba la calidad de médico residente de la Clínica Santa María”, lo que facilitó intentar ocultar el envenenamiento de Frei. 

Los “limpiadores”

Dos médicos de la Pontificia Universidad Católica -Helmar Rosenberg Gómez y Sergio González Bombardiere-, están acusados de embalsamar el cuerpo de Frei sin conocimiento ni autorización de la familia. El fin no era preservar al exmandatario, sino borrar las huellas del crimen. Los “limpiadores” se preocuparon de extraer órganos que hicieron desaparecer por años, algunos de cuyos restos fueron encontrados posteriormente en dependencias del Hospital Clínico de la UC.

Rosenberg mintió sobre el embalsamiento. Dijo que cumplía “una orden verbal del doctor Roberto Barahona Silva, catedrático del Departamento de Anatomía Patológica de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica, sin embargo, dicho profesor ya no se desempeñaba como Director de ese Departamento puesto que se había acogido a jubilación, encontrándose además gravemente enfermo”.

Ambos médicos dijeron que lo embalsamaron para preservarlo, sin embargo Madrid los desmiente: “si la finalidad era mantener el cadáver durante dos días en la Catedral de Santiago para que la población le rindiera un homenaje, no era necesaria la realización de un embalsamamiento, bastando sólo la utilización de una inyección conservadora, lo que es la práctica habitual en estos casos”.

El embalsamiento se realizó a la rápida, en la misma pieza de Frei: “resulta absolutamente inusual que el procedimiento se haya verificado en un centro asistencial que no contaba con las mínimas condiciones para ello, habiéndose realizado en la propia habitación donde se encontraba el cuerpo del occiso, sin contar con la ficha clínica de este, a pesar que en el propio Departamento de Anatomía Patológica de la Universidad Católica existía una sala de autopsias que era utilizada permanentemente”, consigna la acusación.

No solo eso, “de ninguna manera era habitual que un equipo médico y auxiliares del referido departamento concurriera a otro establecimiento asistencial para realizar algún procedimiento propio de su especialidad”, detalla Madrid. Todo irregular.

Suma y sigue: “Tampoco, el procedimiento de embalsamamiento contempla necesariamente la extracción de órganos (…) la necesidad de comprobar mediante una autopsia clínica la causa de la muerte, aparece en contradicción con la expedición anterior del correspondiente certificado de defunción, donde ya se indicaba cual era, a juicio del otorgante, la causa de la muerte”. Ello, además que “en todos los casos –de embalsamiento- se necesitaba solicitud del médico tratante y autorización escrita de la familia y junto a ello debe venir el historial médico o la ficha clínica”.

Nada de ello se hizo. “El resultado de la autopsia clínica  debió ser incorporado en un libro lo que tampoco ocurrió oportunamente, pues se ha declarado en autos que recién fue mecanografiado diez o doce años después de practicada esta”.