Por Alfredo Peña R.

El ministro de Salud, Enrique Paris, confirmó que los funcionarios vinculados a irregularidades en el arriendo de residencias sanitarias fueron desvinculados de manera momentánea, mientras se lleva a cabo el sumario respectivo de la Subsecretaria de Redes Asistenciales que dirige el ingeniero comercial Arturo Zuñiga (UDI).

Como se sabe, la situación se generó luego de una información que dio a conocer por el medio digital Interferencia, en donde se reveló que existía una denuncia en Fiscalía por un eventual conflicto de interés por un acuerdo alcanzado con familiares de Orlando Durán Ponce, militante de la UDI y que actualmente es jefe de la División de Atención Primaria y que llegó al ministerio en la administración de Sebastián Piñera.

Informaciones de distintos medios señalan que debido a estos y otros casos de posible corrupción, como otra residencia sanitaria esta vez en San Antonio perteneciente a la familia del subsecretario de Obras Públicas, Cristóbal Leturia (UDI), y también la compra sin licitación de miles de mascarillas por una suma cercana a los 800 millones de pesos a una empresa del hermano del ex alcalde de Providencia, ex agente de la DINA y ex militante UDI, Cristián Labbé, se ha señalado que está en duda que el subsecretario Arturo Zuñiga continúe en el cargo debido a este desorden administrativo e irregularidades en su subsecretaria.

El despido de los funcionarios de la División de Atención Primaria (DIVAP), D’angelo Iasalvatore Silva y Orlando Durán Ponce, se produjo recién este martes. A estos dos nombres se une un tercero que decidió renunciar. Todos pertenecen a la subsecretaría de Redes Asistenciales que dirige Arturo Zúñiga.

Incluso se están realizando análisis contables a todos los contratos con residencias sanitarias en el país y los antecedentes de las irregularidades ya fueron puestos a disposición de los tribunales de justicia por Enrique Paris. Los antecedentes ya llegaron a la Fiscalía Centro Norte por la comisión de eventuales delitos de fraude al fisco.

Al respecto, el ministro de Salud comentó que “estamos muy preocupados por ese tema, porque las residencias son muy fundamentales para el aislamiento“.

Por su parte, el subsecretario de Redes Asistenciales afirmó que “ni un sólo peso se ha pagado a la residencia respectiva” y que el sumario iniciado el pasado 29 de mayo pasó a manos de Contraloría