Por Mario López M.

Presiones desde el mundo político que no fueron defendidas por el Fiscal Nacional, a quien se hace responsable del daño ocasionado a la institución junto otros persecutores que integran la jerarquía de ese organismo, como Manuel Guerra y Pablo Gómez, sacuden al Ministerio Público.

Ley mordaza, tomas de decisiones al margen de los canales que corresponden –como el perdonazo a SQM o el acuerdo con Moreira-, así como la incomodidad causada en los grupos de elite con poder fáctico, terminaron de pasarles la cuenta y transformarlos en incómodos para el sistema.

“Uno siente una desazón, porque las acciones que ha emprendido pareciera que no sirvieron de nada. Pero después de la desazón no puede venir el sentimiento de derrota. Nosotros los ciudadanos, comunes y corrientes, nunca podemos resignarnos a la corrupción, nunca nos podemos resignar a la impunidad. Los ciudadanos tenemos la labor, el deber de no resignarnos a los casos de deshonestidad o seremos ‘cómplices pasivos’ de la corrupción”, dijo la abogada Marisa Navarrete a Cambio21, a propósito de la salida de los fiscales Gajardo y Norambuena, quienes se vieron obligados a renunciar al Ministerio Público como consecuencia de experimentar desde la dirección del organismo, que se les había quitado el piso en la persecución de la corrupción, instalando impunidad y desigualdad ante la ley.

Navarrete, entonces abogada del SII, sabe bien de qué habla, pues fue ella la que entregó a Carlos Gajardo todos los antecedentes que dieron origen a estas causas que remecieron al país. Partió como una investigación por fraude tributario y terminó enjuiciando a la clase política y empresarial chilena.

Ya fuera del Ministerio Público, con más independencia y sin “ley mordaza” con que se intentó acallar a los persecutores ante la prensa y la opinión pública, el hasta hace poco fiscal Carlos Gajardo, se ha preocupado de ir respondiendo una a una las dudas que han rodeado estos casos (Penta-SQ;-Corpesca y otros) y sobre todo el por qué estima que la impunidad parece ser el más seguro destino para esas causas. También ha dejado claro quién es uno de los principales responsables: “Abbott no dimensiona la gravedad que tiene para la democracia que estas conductas terminen sin reproche penal”, dijo junto a Pablo Norambuena al dejar el organismo. El Fiscal Nacional, Jorge Abbott, esta vez guardó silencio. No había nada que negar.

Tanto va el cántaro al agua…

Si bien Gajardo ya había sufrido varios intentos por desestabilizarlo (Alberto Ayala, Sabas Chahuán, Pablo  Gómez, Manuel Guerra y el mismo Jorge Abbott) y algunos hasta lo sacaron de ciertas causas, fue el pasado 12 de enero donde la salida se precipitó, cuando el fiscal de la zona oriente, Manuel Guerra llegó “a un acuerdo de salida alternativa con Iván Moreira y a la semana siguiente renunciamos. No fue algo que estuviéramos pensando previamente. Desde el 2015 que la defensa del senador estaba pidiendo esa salida alternativa y el fiscal nacional de esa época, Sabas Chahuán, permanentemente rechazó esa opción. Esa decisión fue sorpresiva, lo novedoso era que el Ministerio Público accediera”, señala Gajardo.

Siempre tuvieron la convicción que esa causa llegaría hasta el final, por la cantidad de delitos y por la cantidad de empresas que aparecían girando dinero: “pensamos que la fiscalía iba a instar por una sanción penal en ese caso. Cuando se concreta el ingreso de ese escrito al tribunal, nosotros ya no podíamos continuar desarrollando nuestra labor como fiscales”, señala Norambuena. Y es que si bien siempre supieron que las penas para los delitos que perseguían eran bajas, existieron a lo menos tres casos que ellos estimaron se llegarían a condenas efectivas: Iván Moreira, Pablo Longueira y Jaime Orpis.

No fue lo único que los impulsó a renunciar: “a eso se suma también al reproche penal en la causa espejo y hermana de Penta, que es el caso SQM. Ahí también el fiscal Pablo Gómez da una suspensión condicional a la persona jurídica de la empresa SQM. Esas dos decisiones daban cuenta de un giro radical en la política de persecución que tenía la fiscalía hasta ese momento y que iba a repercutir en las decisiones que en el futuro deban tomarse y que iban a favorecer a otra serie de imputados de todo el abanico político (…) Esas decisiones de la jerarquía de la fiscalía nos hicieron renunciar”, reconoce Gajardo. Era imposible seguir. “El camino que se escogió por las actuales jerarquías de la fiscalía fue el de no buscar dicha sanción, lo que es una renuncia inaceptable en mi concepto como hombre de derecho”, replica Norambuena.

Contra la corriente

“Norambuena y Gajardo han hecho un esfuerzo considerable por nadar en contra de la corriente, lo que se vio venir cuando aparecieron las causas de financiamiento de la política, tuvieron muchas cortapisas, como las del SII que fueron bastante graves (…) Ellos han hecho un tremendo esfuerzo y hablo como ex fiscal, cuando uno se involucra en un caso esperaría que al menos se le preguntara sobre el término de la causa, estando claros que es una facultad del Ministerio Público, del fiscal a cargo, pero había algo más, era cómo respondemos como Fiscalía a estos graves casos de corrupción que han azotado a nuestro país. Cuando uno tiene convicciones y está luchando en contra la corrupción, hace que se tomen decisiones de esa naturaleza”, dijo Navarrete a nuestro medio.

¿Cómo entender que no se siga adelante con una causa en que hasta la Corte Suprema les había dado el visto bueno? Nunca se nos dio una razón técnica. Contábamos con un fallo del pleno de la Suprema que por mayoría había desaforado al señor Moreira. Con eso, estábamos habilitados de seguir adelante con el proceso, pedir medidas cautelares, acusar al senador, buscar una sanción penal. Hasta hoy, no hay antecedente, fundamento racional ni lógico para que el Ministerio Público haya renunciado a la búsqueda de esa condena. Fue un acto injustificado que se contradice con todo lo que se hizo en el caso Penta durante esos años. Una salida alternativa implica un sobreseimiento definitivo y la inexistencia de un reproche penal en conductas graves desplegadas por un parlamentario”, reflexiona Gajardo.

“Lamentablemente, con esta decisión pareciera que la jerarquía de la fiscalía se enmarca más bien en esta política de acotar las investigaciones que en su momento enarboló el actual fiscal nacional, Jorge Abbott, al momento de postularse y ya asumido el cargo. Ante esto y con todo el dolor que nos significó no podíamos seguir siendo fiscales”, señala Norambuena. Y no es solo eso, pues como se recordará, justo antes de postular, Abbott envió un claro mensaje a la clase política cuestionada por casos de corrupción. “los delitos investigados en el caso Penta y SQM, no tienen una trascendencia mayor desde el punto de vista penal”, dijo. Fue la antesala de la impunidad que se concreta hoy. No se podía seguir en contra de la corriente.

Abbott con el timbre y la campanilla

La promesa de que “la fiscalía iba a ser más prudente, que si no había querellas del SII no se podía seguir investigando”, terminaron por ser ciertas. Los fiscales Jorge Abbott, Manuel Guerra, Pablo Gómez pareciera que se han quedado con el timbre y la campanilla. La justicia parece haber sido definitivamente reemplaza por la impunidad. Como recordara Gajardo, a días de asumir Abbott la Fiscalía Nacional,  “los primeros días de diciembre de 2015, la primera decisión que tomó fue sacarnos al fiscal Norambuena y a mí del caso SQM. Nosotros dejamos, al segundo día de haber asumido el fiscal nacional, de participar en el caso SQM. A partir de ese momento no volvimos a tener ningún tipo de vinculación con él. Nunca”.

No fueron las únicas denuncias: De manera directa denunciaron que a petición de las bancadas de la UDI y RN, el presidente del Senado (s) por entonces, Guido Girardi, pidió mediante oficio al fiscal nacional “rapidez en la tramitación del caso del senador Moreira, obviando la prohibición legal que tienen los parlamentarios de inmiscuirse en investigaciones que estén en curso”.  Abbott nada dijo ni defendió la independencia del Ministerio Público. “Aquí lo que hubo fue una presión contenida en un oficio y respecto de esa presión no hubo comentario, ni respuesta de parte del fiscal nacional”, señaló Norambuena.

“La renuncia de los fiscales Gajardo y Norambuena, dos fiscales de comportamiento impecables y extraordinariamente eficientes, sin dudas es un golpe grave al sistema judicial  chileno, porque ellos renuncian por la impunidad en que quedan las platas políticas por el caso Penta, que fue el origen para poder conocer por parte de la sociedad toda la corrupción que afectaba a la clase política y que con el tiempo se comprobó cómo los legisladores financiados por estas empresas, a quienes respondían eran a sus financistas y no a sus electores y llegamos al extremo de casos de legisladores que ingresaban proyectos o hacían indicaciones de acuerdo con los que las empresas les decían textualmente a través de correos”, señaló a nuestro medio la diputada del PC, Carmen Hertz.

¿Triunfó la impunidad?

“Aquí se ha impuesto la tesis de Abbott, de la razón de Estado, una suerte de eufemismo para la impunidad, respaldando la idea que había que cerrar los casos rápidamente, una tesis que se ha impuesto en este caso como un golpe de impunidad y termina triunfando la impunidad, por ahora”, señala a Cambio21 el abogado querellante en casos de corrupción, Mauricio Daza.

¿Quién podría asegurar ahora que otros involucrados en estos graves hechos de corrupción, como los dueños y operadores de Penta, Carlos “choclo” Délano y Carlos Lavín no pudieran favorecerse de la salida de los fiscales Gajardo y Guerra? “Quienes impedían que se llegara a un acuerdo con los imputados Délano y Lavín eran los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, y que terminaron renunciando al Ministerio Público. En este contexto, Manuel Guerra tiene la vía libre para negociar y pactar con las defensa de todos los imputados del caso Penta algún tipo de salida alternativa”, advirtió el abogado Daza.

Para Daza, este pronóstico “parece lo más probable si se considera que en un eventual juicio oral tendrían que ir a declarar como testigo el futuro Presidente de la República y uno de sus ministros, Sebastián Piñera por su relación con Pablo Wagner y Alfredo Moreno, que fue presidente del grupo Penta. Esto significa impunidad (…) que los procesos preventivos del sistema judicial quedan en nada, al mandar un mensaje a toda la clase política, en el sentido que al cometer hechos irregulares y reconocerlos públicamente no le pasara nada si se paga una suma fijada de común acuerdo con la fiscalía”, concluyó el profesional.

Gajardo, Norambuena y en su oportunidad Arias, han pagado un fuerte precio por oponerse a la impunidad. Pero quién más ha perdido es el país y la democracia, pues se deteriora aún más la confianza en sus instituciones. Cuando el Fiscal Nacional se niega a investigar la corrupción y pacta con ella salidas que terminan en verdaderos sobreseimientos, el mensaje a la clase política es claro: “Acuerdos para evitar juicios a políticos poderosos como Moreira, cuando cometen un delito; no es justicia, es impunidad”, señaló la diputada comunista Karol Cariola. En la misma línea el periodista Daniel Matamala escribió en su twitter: “Los fiscales Gajardo y Norambuena se atrevieron a investigar a los poderosos. Hoy tienen que renunciar. Gana -otra vez- la impunidad para los delitos de cuello y corbata”.

“Los molestosos fiscales”

El abogado Carlos Gajardo la tiene clara: “La explicación que me hago es que nosotros en la fiscalía nos transformamos en fiscales incómodos, que cuando teníamos investigaciones de este calibre adoptábamos decisiones sin tomar en consideración la calidad que pudieran tener los imputados”. También tiene claro que se sufrieron consecuencias por indagar a los poderosos. Entre ellas está el techo que se les puso en su posibilidad de ascender en la carrera funcionaria. Él mismo lo experimentó cuando intentó ser Fiscal jefe de la zona Oriente, justamente compitiendo con Guerra, que se quedó con el cargo.

Siente o está convencido Gajardo que algo similar le aconteció a la fiscal Ximena Chong, a cargo del caso Corpesca, que ni siquiera fue considerada en la terna para la fiscalía que se acaba de asignar por Abbott  al fiscal Xavier Armendáriz. “Tengo la impresión que los fiscales que se meten mucho a investigar este tipo de causas terminan siendo fiscales incómodos y eso les pasa la cuenta en algún momento. Creo que le pasó también a la fiscal Ximena Chong.”

“Luchamos e instamos para que tuviera plena aplicación el principio de igualdad ante la ley, y se ejerciera de manera efectiva la autonomía constitucional de la fiscalía (…) En nuestro concepto existía fundamento serio para acusar a los responsables de estos hechos (de corrupción) que afectan de manera grave al sistema democrático y, por tanto, para buscar su sanción penal”, señala Norambuena. Para Gajardo, esos acuerdos con salidas alternativas nunca debieron “estar disponibles para hechos tan graves como los que se están investigando y que, además, fueron cometidos, en la mayoría de los casos, por funcionarios públicos”.