Por Mario López M.

Las doctoras Carmen Cerda, anátomo patóloga y profesora de Medicina Legal, y Laura Börgel, médico toxicólogo, ambas peritas judiciales, confirmaron que el ex Presidente de la República fue envenenado por talio y gas mostaza, declaraciones que fueron realizadas en el plenario de la investigación por el asesinato del ex mandatario.

Lo envenenaron durante tres meses, con bajas dosis por vía endovenosa. Para perpetrar el crimen, le retiraron la protección, introdujeron en su entorno agentes encubiertos y médicos y enfermeras no autorizados lo inocularon. La infección habría comenzado mediante apósitos infectados intencionalmente.

Uno de los médicos de la CNI confesó “haber ingresado a la habitación del ex Presidente Frei el día 8 de diciembre de 1981, cuando sufrió el shock séptico que resultó fatal más tarde. Lo embalsamaron a escondidas, le extrajeron órganos, los ocultaron y trataron de borrar evidencias. No lo lograron, dice la acusación.

Ya en la etapa final del juicio por el crimen del Presidente Eduardo Frei Montalva, las pericias, testimonios y otros medios de pruebas han comenzado a rendirse. Entre los primeros se encuentran las declaraciones de las doctoras y peritas judiciales Carmen Cerda y Laura Börgel, quienes, tras estudiar los restos del exmandatario, llegaron a una cruda conclusión científica: fue asesinado.

Concluyentes pericias

La doctora Börgel concluyó “que el ex Presidente don Eduardo Frei Montalva presentó exposición a Talio y MS (mostaza sulfúrica) en los últimos tres meses previos a su fallecimiento. Esta exposición fue a dosis bajas, por vía endovenosa, como la más alta probabilidad y con potenciación entre los dos xenobióticos, lo que determinó efectos de daño celular y del DNA, expresado en compromiso multisistémico, alteraciones en la capacidad de los linfocitos de defenderse de gérmenes oportunistas, lo que determinó su muerte por un cuadro séptico”.

Por su parte, la doctora Aguilar, al ser interrogada acerca de “¿cuál fue la forma médico legal de muerte?, responde: Los productos químicos hallados en las muestras -presencia de dos sustancias tóxicas combinadas-, no se corresponden ni con los alimentos, ni con los medicamentos que recibió el Sr. Frei Montalva durante su hospitalización”.

Para ella, es posible establecer que las sustancias nocivas “le fueron administradas, al menos, en tres ocasiones diferentes. Debido a ese tipo secuencial y simultáneo de suministro, el efecto de los productos se potenció, haciendo posible que, con menores dosis, el efecto final fuera igualmente mortal, más aún cuando –como se ha dicho– no se realizó algún examen de carácter toxicológico para confirmar o descartar la presencia de alguna sustancia extraña en el organismo del paciente”.

El 22 de diciembre de 2004 el tribunal y peritos abrieron el ataúd. En su interior se observó el cadáver del ex Presidente, “que se encuentra esqueletizado y a la simple observación externa no se divisa la existencia de piel y partes blandas del organismo. Con la colaboración de las peritos toxicóloga y anátomo patóloga designadas”, se procedió “por parte de la primera, a tomar muestras de restos que corresponderían al riñón, pulmón derecho, cerebro y cabello. La segunda perito, procede a tomar muestras de la piel del muslo, del tórax y del abdomen, de tela adhesiva desconocida que se encuentra adherida a la pelvis (…) restos encefálicos adheridos al hueso craneano y el fémur izquierdo. Manifiesta la doctora Sra. Carmen Cerda que el esqueleto está completo pero desarticulado y que el cráneo no fue objeto de una autopsia médico legal”, se lee en el expediente.

La lenta agonía

A fines de 1981 Frei “consultó a un grupo de médicos acerca de la factibilidad de someterse a una operación para remediar una hernia gastroesofágica que lo afectaba y que no le permitía llevar una vida normal. Se le recomendó la cirugía y determinó hacerlo en la Clínica Santa María el día 18 de noviembre de 1981. A cargo del equipo actuó el cirujano Augusto Larraín Orrego.

La intervención se realizó “con pleno éxito”, Frei “fue remitido a una habitación de pensionado y después de unos pocos días, fue dado de alta a su domicilio y en este, luego de transcurrido un tiempo, comenzó a sufrir molestias que hicieron necesario que el día 4 de diciembre de 1981 fuera nuevamente trasladado al establecimiento asistencial antes señalado y sometido a una nueva intervención quirúrgica”.

Esta vez cambió el equipo médico. Frei ya había sido objeto de envenenamiento mediante vendas infectadas. “La reintervención se realizó el día 6 de diciembre de ese año -vale decir, pasados dos días desde la fecha de su reingreso-, sin embargo el hecho de haber permanecido durante ese período en la habitación Nº401 del pensionado de la clínica demuestra que ella no se efectuó con la urgencia que el diagnóstico de una obstrucción intestinal aconsejaba y, a consecuencia de ella, se produjo la extirpación de una parte del intestino debido a que se encontraba afectado de una necrosis, lo que significó que debieron unirse las partes sanas de este órgano”, describe el expediente en su parte acusatoria.

Operado, fue nuevamente remitido a la misma habitación del pensionado, donde dos días después sufrió un shock séptico que motivó su traslado inmediato a la Unidad de Cuidados Intensivos. Médicos que en ese entonces pertenecían a la CNI y trabajaban en paralelo en la Clínica London de ese organismo represor y en la misma Clínica Santa María, junto a falsas enfermeras que en realidad eran agentes encubiertas, tuvieron acceso a Frei y comenzaron a intoxicarlo de manera paulatina.  

La CNI tras el crimen

Un testimonio es elocuente: “la enfermera Olga Ortíz Rojas, declara haber visto el día 6 de diciembre a una enfermera particular alrededor de las 10:45 horas trasladando hasta Rayos al ex Presidente y en el trayecto, al cambiarlo de camilla, se le rompió el guante con el contenido gástrico de la sonda nasogástrica, de lo que se percató cuando bajó a verlo de propia iniciativa y como estaba manchado debió cambiarle la ropa de cama, dejando la respectiva constancia en la hoja de enfermería terminando su turno a las 12:00 horas”.

Ello es ratificado por otro testimonio: “la enfermera María Elena Zamorano Soto declara que ese mismo día, a las 12:00 horas, cuando llega a desempeñar su turno que se lo entregaba Olga Ortíz, al concurrir a la habitación del ex Presidente, éste estaba sin la enfermera externa, se encontraba ‘sudoroso, descompensado, la presión baja, el suero estaba fuera de la vía venosa y su cama impregnada con sangre, había perdido mucha sangre’, llamaron a la enfermera de turno y al médico residente, quienes dispusieron su traslado a la UCI, sin que retornara al pensionado”.

Ya a esas alturas se había advertido al equipo médico y a la clínica que era probable que Frei “pudiera estar siendo envenenado, sin embargo, no obstante la gravedad de la comunicación, sólo se tomaron medidas para impedir el acceso de extraños a las dependencias donde estaba éste, sin que realizara ningún tipo de exámenes que pudieran determinar la efectividad de lo señalado anteriormente”.  

El doctor Pedro Samuel Valdivia Soto, uno de los acusados del crimen, fue descubierto en la pieza de Frei Montalva el mismo día de su agravamiento. Él médico fue denunciado por las enfermeras. Al no poder justificar su presencia, dijo que lo hizo a petición de enfermera María Larraechea Bolívar. Esta lo desmintió terminantemente.

Borrando evidencias

Valdivia Soto, “desde el mes de noviembre de 1976 hasta el año 1990, prestaba servicios en el centro médico de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y posteriormente en la Central Nacional de Informaciones (CNI), donde además de atender a los funcionarios de dichos servicios de inteligencia y sus familiares, debía asistir a los centros de detención a visitar a los detenidos, confeccionado una ficha médica con su individualización, diagnóstico y tratamiento”, según propia confesión.

Paralelamente se desempeñaba como médico residente de la Clínica Santa María, reconociendo que “ingresaba a las dependencias de la UCI (de la clínica Santa María) y preguntaba con relación al estado del enfermo Sr. Frei, sin que haya proporcionado al Tribunal una explicación satisfactoria al respecto”.

Justamente “el día del fallecimiento del ex mandatario, esto es el 22 de enero de 1982, se le informó el deceso al doctor Pedro Samuel Valdivia Soto, dada su calidad de médico residente y quedando él a cargo de la situación particular del cuerpo de don Eduardo Frei Montalva, situación que éste ha negado, señalando haberse encontrado ese día haciendo uso de su feriado”.

La hoja de la ficha médica correspondiente a la certificación de la muerte del ex mandatario desapareció misteriosamente. Sin embargo, un error de Valdivia lo delató. Ese mismo día aparece firmando el alta médica de una paciente suya de esa clínica, la testigo Domitila Bustos, a quién había intervenido quirúrgicamente en los días anteriores.

El médico autorizó que, de manera ilegal y subrepticia, otros dos acusados, los patólogos de la Universidad Católica Helmar Rosenberg y Sergio González practicaran un inusual -en esa clínica-, embalsamiento del cadáver de Frei.

El primero se justificó diciendo que había recibido órdenes verbales del doctor Roberto Barahona, del Departamento de Anatomía Patológica de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica. Sin embargo, este “ya no se desempeñaba como director de ese Departamento puesto que se había acogido a jubilación, encontrándose además gravemente enfermo, habiendo fallecido al poco tiempo de producida la muerte del ex mandatario”, sostiene el Juez.

González, en tanto, dijo que el inusual procedimiento utilizado en Frei tenía por fin “mantener el cadáver durante dos días en la Catedral de Santiago, para que la población le rindiera un homenaje”.

Para el tribunal, “no era necesaria la realización de un embalsamamiento, bastando sólo la utilización de una inyección conservadora, lo que es la práctica habitual en estos casos (…) También, resulta absolutamente inusual que el procedimiento se haya verificado en un centro asistencial que no contaba con las mínimas condiciones para ello, habiéndose realizado en la propia habitación donde se encontraba el cuerpo del occiso, sin contar con la ficha clínica de este, a pesar que en (…) la UC existía una sala de autopsias que era utilizada permanentemente”, detalla el expediente.

Certificaron la causa de muerte antes de la autopsia

No era habitual que un equipo médico y de auxiliares de la UC concurrieran a otro establecimiento asistencial para realizar algún procedimiento propio de su especialidad.            “Tampoco el procedimiento de embalsamamiento contempla necesariamente la extracción de órganos (…) La necesidad de comprobar mediante una autopsia clínica la causa de la muerte aparece en contradicción con la expedición anterior del correspondiente certificado de defunción, donde ya se indicaba cual era, a juicio del otorgante, la causa de la muerte”, detalla la acusación fiscal.

El tribunal realizó a la inspección personal del cadáver y comprobó que había órganos que no fueron extraídos y que tampoco el cuerpo se encontraba en buen estado de conservación, “lo que habría ocurrido si se hubiera realizado en debida forma el procedimiento de embalsamamiento, mediante la utilización de formalina”.

La doctora Carmen Cerda, declaró “que en la época en que ocurrieron los hechos existía consenso en la comunidad científica de que las sustancias empleadas en los procedimientos conservadores de cadáveres alteraban de tal modo los exámenes toxicológicos posteriores, que no debían utilizarse frente a una sospecha de intoxicación”. Esa fue la real causa del inusual embalsamiento, ocultar que había sido envenenado.

“El resultado de la autopsia clínica debió ser incorporado en un libro, lo que tampoco ocurrió oportunamente, pues (…) recién fue mecanografiado diez o doce años después de practicada esta”. La transcripción de la grabación del procedimiento fue hecha por la secretaria del Departamento, Carmen Barahona, quién declaró que “como no se hizo oportunamente, siempre se la solicitaba al doctor Rosenberg Gómez quién demoraba su entrega, debiendo mantener una hoja en blanco en el libro que anualmente se empastaba”.

Ni Rosenberg ni González “informaron a la familia las resultados del examen que practicó el primero de los nombrados y el segundo lo mantuvo guardado durante largo tiempo en un cajón de su escritorio, sin que ninguno de ellos informara en su oportunidad al Director del Departamento de Anatomía Patológica de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica, doctor Benedicto Chuaqui, donde se desempeñaban, respecto al procedimiento que habían realizado en la persona de un ex Presidente de la República”. Menos contaban con la autorización escrita de la familia para la autopsia y los otros requisitos que la ley exigía.

Los restos de personajes públicos, como Frei Montalva, debían estar guardados en el Departamento de Anatomía Patológica. Sin embargo y de manera irregular, “fueron guardados en bolsas plásticas las que ni siquiera fueron rotuladas”.

Cuarenta y ocho testigos de los querellantes y los acusados y las demás pruebas que no se han hecho desaparecer, se conocerán en estos ocho días. Luego vendrá la sentencia que marcará un antes y un después en el primer Magnicidio ocurrido en Chile.

Enfrentan la justicia en calidad de autores del delito de homicidio el médico Patricio Silva Garín, el chofer de la familia Frei e informante de la CNI Luis Becerra y el ex agente de la DINA Raúl Lillo. Como cómplice el médico Pedro Valdivia y como encubridores los patólogos Helmar Rosenberg y Sergio González.