Por Mario López M.

Un mal entendido principio de inocencia hasta que no se demuestre los contrario, ha causado un grave daño al país, la justicia y a las instituciones otrora mejor evaluadas, Carabineros y el Ministerio Público.

La tibia reacción de La Moneda, que no ha ejercido su autoridad de exigir la responsabilidad de mando del director de la policía uniformada, ha generado una ola de sospechas que recaen en los últimos estertores del gobierno.

En las narices del general mientras fue director de la Dipolcar se robaron $26.700 millones. También se desviaron a sobresueldos gastos reservados que él debía controlar. Ahora se le acusa de sembrar pruebas falsas. ¡Hasta Cuándo!

Pensar que la responsabilidad del general director de Carabineros Bruno Villalobos viene solo del caso Huracán, es no entender lo que realmente hay de fondo en esto, una grave crisis de credibilidad en la justicia, de autoridad y de mando y, por qué no decirlo, de vergonzosa impunidad.

Parece inconcebible que permanezca en su puesto a pesar del grave y profundo daño que han causado a su institución y al país. La disputa que tiene enfrentados a Jorge Abbott y Bruno Villalobos se pudo haber evitado hace mucho tiempo si el poder político al que ambos debieran estar subordinados en cuanto a su responsabilidad de mando, la hubiera hecha efectiva oportunamente.

¿Es culpable?

En nuestro país se ha venido imponiendo con fuerza en las últimas décadas –que incluso consagra de manera absoluta nuestro derecho penal-, la tesis que una persona es inocente hasta que no se demuestra lo contrario. Válido y universal.

¿Pero sin límites o excepciones?

Esa es una discusión que no solo se da en la academia sino que se da día a día en diversos ámbitos. Los jueces de familia son capaces de entregarle un niño o niña a un padre acusado de abusos sexuales a su hijo o hija, porque aducen que no existiendo condena definitiva, sigue siendo inocente, aunque se le esté juzgando. La misma razón hasta hoy, como nos recuerda el articulista Carlos Peña, es la que ha esgrimido Sebastián Piñera para no cuestionar la conducta de sus ministros y subsecretarios acusados y formalizados por hechos de corrupción: “no han sido condenados, son inocentes hasta eso”.

Idéntica excusa que utilizó el Papa con el obispo Barros y la que esgrime el ministro del Interior, Mario Fernández con Villalobos: “Esperemos la verdad judicial, no adelantemos juicios, no es culpable de nada aún”. Válido si se le mira solo desde el punto de vista de su propia acción, pero inaceptable argumento si se le mira de la responsabilidad de dichos personajes en el ejercicio de su mando o funciones.

El incombustible

A Villalobos no se le cuestiona –por ahora- que él personalmente haya sido culpable de manipular pruebas en el caso Huracán. Tampoco porque se haya él apropiado de parte de los 26.700 millones de pesos del fraude denominado “pacogate” que se desarrolló mientras él era jefe de inteligencia de Carabineros. Menos se le imputa que se haya apropiado de todo o parte de los gastos reservados de Carabineros que se mal usaron o desviaron a bolsillos de verdaderas mafias al interior de la institución siendo él ya director de la misma.

Es cierto que él se reunió en La Araucanía con los fiscales para entregarles personalmente los “informes de inteligencia” que daban cuenta de intercepciones a redes sociales y teléfonos de aquellos comuneros mapuche a los que se les imputaba ser autores de reiterados ilícitos y que sirviera para formalizarlos y encarcelarlos en primera instancia y que más tarde la fiscalía cuestionara acusando que fueron manipulados, sembrados en los teléfonos de los imputados, lo que perjudicó la causa infectando de muerte la investigación.

También es cierto que se le ha acusado por el general (r) Flavio Echeverría de que Villalobos siempre estuvo al tanto del desvío de fondos de gastos reservados al pago ilegal de sobresueldos al interior de Carabineros: “Las declaraciones del general Bruno Villalobos –que acusó de delincuente a Echeverría-, están absolutamente teñidas del interés que él tiene de desacreditarlo, para que no se le de crédito al mal uso de los gastos reservados. Lamentablemente él es parte del conflicto que se está investigando”, denunció el abogado del ex jefe de Intendencia policial. El propio Echeverría dijo ante fiscales que Villalobos, “sabía lo que estaba ocurriendo”. En la misma línea declaró el coronel (r) Jaime Paz.

A mayor abundamiento

¿Cómo es posible que el jefe de Dipolcar, la inteligencia de Carabineros a cargo del propio Bruno Villalobos nunca se diera cuenta o supiera que se robaron en sus narices 26.700 millones de pesos, el fraude más grande de la historia en Chile? Si esa es la inteligencia de nuestra policía uniformada, estamos muy mal.

¿Tampoco es responsable Villalobos que su institución se haya levantado en contra una resolución de un órgano del Estado que ordenaba entregar material que se estimaba parte de un eventual ilícito, no solo oponiéndose a que la PDI y Fiscalía retiraran computadores desde una comisaría sino que además ordenando que fuerzas especiales rodeara el lugar, fuertemente armados al mejor estilo del boinazo de Pinochet?

¿Y qué decir de las declaraciones oficiales de la institución –dichas por el general Blu- que de manera “deliberante” llamaron al juez de la causa a desestimar las peticiones de la fiscalía y además acusaron públicamente a esta de estar del lado de la delincuencia, violando el artículo 101 de la Constitución Política del Estado? Para qué vamos a agregar el tema del seguimiento que la fiscalía y la PDI denunciaron sobre el persecutor que denunció la “siembra” de pruebas falsas en la operación Huracán. Todo ello llevó a varios parlamentarios, entre ellos el diputado Leonardo Soto, a emplazar a la autoridad policial a “dar un paso al costado”.

La responsabilidad del mando

No es necesario que una autoridad pública sea personalmente culpable de un ilícito para que deba responder por los hechos que bajo su mando cometan subordinados a su mando. Es claro que tratándose de delitos propios responde el que los comete. Pero si el delito es cometido involucrando a la institución, responde el que delinque, pero también su superior por falta de control.

En los tres casos que se le imputan a Villalobos, el pacogate, el uso ilegal de fondos reservados para sobresueldos y ahora la presunta manipulación de pruebas para inculpar a comuneros mapuche, el entonces jefe de inteligencia de Dipolcar y hoy general director de carabineros, es responsable por los hechos de sus subalternos. Perdió la autoridad moral sobre ellos, permitió que se contaminara el mando al más alto nivel y no ha asumido ninguna responsabilidad en ello, causando de paso un grave daño a la credibilidad e independencia en este y otros casos policiales y judiciales.

Villalobos es responsable por los hechos de sus subordinados en ejercicio de sus funciones –independiente de los propios de haberlos-, y debe responder por ello. La manera de hacerlo es dando un paso al costado, renunciando, ya que el ejecutivo apegado al principio de inocencia no ha hecho nada al efecto de exigirle su responsabilidad de mando, destituyéndolo. La salida de vacaciones en medio del “huracán” no es sino la prueba palmaria que la responsabilidad del mando pesa nada, a la hora de responder.

El académico de Derecho Administrativo de la Universidad de Chile, Luis Cordero, dijo que “de acuerdo a la ley el responsable en carabineros de la disposición de los fondos públicos, cuya categoría tienen los gastos reservados es el general director, por ser el superior, el jefe de servicio”. La Ley Orgánica de Carabineros sostiene en su artículo 52 que son facultades del general director, entre otros, “el disponer la inversión de fondos que se destinen por ley a la institución”. El Artículo 50º de la misma norma señala que “Mando es el ejercicio de la autoridad que la ley y los reglamentos otorgan a los Oficiales y demás personal de Carabineros sobre sus subalternos o subordinados por razón de destino, comisión, grado jerárquico o antigüedad. Este se ejerce en todo momento y circunstancias y no tiene más restricciones que las establecidas expresamente en la leyes y reglamentos”.

Sume que el Reglamento Nº 7 de Servicios para Jefes y Oficiales, en su Artículo 1º, “confiere a los Oficiales de Carabineros en cada grado y empleo, las facultades que les son necesarias para el mejor desempeño de sus funciones, imponiéndole deberes y otorgándole derechos en los diferentes cargos que ocupen”. En los artículos 2º, 3º y 4º del mismo Reglamento, se establece los deberes sobresaliendo el número 1: “Asumir por entero las responsabilidades en las funciones que se desempeñen”.

¡Hasta cuándo!

De manera “coincidente” se trata de la misma unidad de la Dipolcar que fuera allanada la semana pasada por la PDI. Esa unidad está a cargo del capitán, Cristián Pérez Mancilla, quien aparece involucrado en las presuntas firmas falsas de informes periciales del caso Bombas, en 2012.  También es mera coincidencia que el hacker policial también tuvo participación con sus cuestionados informes en el caso del ataque a 29 camiones que tuvo lugar en San José de la Mariquina, el pasado 28 de agosto de 2017. ¿Y si también fue objeto de pruebas falseadas?

¿Por qué Villalobos no acató la solicitud de la fiscalía de efectuar al menos 24 diligencias orientadas a determinar la credibilidad de los informes de inteligencia –que ahora se sabe son obra de un civil hacker autodidacta- para dirimir el peso de esa prueba? Ellas están contenidas en un escrito presentado al Tribunal de Temuco por el fiscal de Alta Complejidad, Felipe González, donde se señala que existen 24 diligencias pendientes y que fueron solicitadas a la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada, en noviembre del año pasado.

Quien explica de manera didáctica y deportiva la situación es el diputado Soto (PS): Para él el caso Huracán y el millonario fraude en la institución, dejan en evidencia una falla “muy grave” que ocurre en la policía uniformada. “Si falla masivamente el área administrativa, también el área financiera, ahora también con delitos el área de operaciones policiales de Carabineros, ya es momento de que se cambie el entrenador. Ha demostrado el alto mando y el General Director no estar a la altura de los niveles que Chile necesita”, dijo.

Innecesario autogol

“Hasta ahora la postura del gobierno ha sido una brisa tibia: pedirle a Villalobos que retorne al país, al tiempo que el ministro del Interior tardó mucho en volver de su propio descanso. Mucho antes de que el Huracán llegara a La Moneda, ya era evidente que el general Villalobos no era la persona adecuada ni para enfrentar el mega fraude ni para hacer frente a esta nueva crisis. Porque, finalmente, lo que es claro es que su permanencia a la cabeza de Carabineros es insostenible”, disparó la periodista Mónica Rincón.

“Es difícil imaginar una situación más extraña que la del general Villalobos. Después de los desastres de la institución bajo su mando -fraudes varios cometidos bajo sus narices e imputación de otros- sigue en su cargo como si nada, sin recibir el menor reproche por parte del Gobierno”, dijo a su vez el columnista y rector de la UDP, Carlos Peña.

Redes sociales se alimentan y retroalimentan con elucubraciones fantasiosas a que da lugar la indefinición del Ejecutivo. “Algo debe saber del caso Caval, cuando se hizo la pericia de los computadores del hijo de la Presidenta”, señalan de manera mal intencionada detractores de Bachelet. Otros divagan en tórridas maquinaciones de poder que buscan desacreditar al gobierno. Ello no es solo producto de las mentes afiebradas que inventan complots, es también consecuencia de la inaceptable –aparente o no- inacción de La Moneda. Las solas explicaciones de que es necesario esperar que los tribunales se pronuncien en definitiva, demorará más tiempo del que le queda al actual gobierno.

En el intertanto, el país –y desde el extranjero- se mira con incredulidad cómo las dos instituciones que hace un año atrás eran las más prestigiadas en el reconocimiento de la gente, se enfrentan con graves acusaciones cruzadas de amedrentamientos y mentiras. Ministerio Público y Carabineros no merecen ser dirigidos por quienes han puesto el foco en peleas intestinas y lo han sacado de su fin último, la persecución de los delincuentes, desde la vía penal y judicial. Vergüenza es la palabra que quizás más identifica el actuar de estas instituciones en estos momentos.

Atrás y olvidados quedan los casos de los Carlos Gajardo, Pablo Norambuena, Ximena Chong o Emiliano Arias en el Ministerio Público o los anónimos carabineros que rechazan millonarias “coimas” y denuncian a los que buscan pervertirlos. Son esos los ejemplos que la ciudadanía espera de estas instituciones. Entrega y servicio público. Mientras Abbott y Villalobos comandan la lucha entre sus instituciones, los criminales que quemaron camiones, asesinaron a inocentes, robaron fortunas al país, sobornaron ministros y políticos, plantaron pruebas falsas o saquean la economía del país, siguen impunes.

Al cierre de esta edición el tribunal de garantía cerró la investigación de Huracán. Los comuneros fueron sobreseidos definitivamente y se caían las formalizaciones. Triste espectáculo de organismos públicos que dañó gente. ¿Quién manda a quién?