Por Mario López M.

La ministra Cecilia Pérez lo excusó diciendo que “es un problema de hace diez años, que está zanjado”. Pero donde no está prescrito es en Estados Unidos, lugar en que se ejecutó parte del presunto delito que un exejecutivo de BanChile denunció y en el que involucró, con grabaciones, al actual Presidente.

Parlamentarios decidieron poner los antecedentes a disposición de autoridades estadounidenses. De abrirse investigación en ese país en contra del empresario y actual mandatario, las penas que arriesga son altísimas, porque allí sí se valora la fe pública como un bien jurídico a proteger.

En Chile se sabía que la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) había multado a Sebastián Piñera por “no abstenerse” de usar información privilegiada en la compra de acciones de LAN, en perjuicio del mercado que perdió igualdad de condiciones en una operación comercial en la Bolsa. También se conocía que existía una grabación que daba cuenta de la transacción, pero sobre la cual -hasta ahora-, nadie había develado su contenido ni que tanto comprometían al entonces empresario.

Francisco Armenet, exgerente de la corredora de BanChile, que dice tenerlas en su poder, detonó una bomba en pleno salón presidencial en La Moneda y cuyas esquirlas saltaron hasta Estados Unidos. El gobierno -y especialmente la derecha-, sintió el golpe.

No se trataba de reabrir un caso cualquiera de los muchos flancos que en materia de probidad tiene el Mandatario, como el Banco de Talca, Exalmar, Dominga u otros, que sí están zanjados, sino de uno cuya ejecución involucra a otro país donde la penalización está vigente, pues no ha prescrito y aún faltan casi 10 años para que eso suceda.

Mejor pagar que “pagar”

La Superintendencia resolvió multar a Sebastián Piñera Echeñique, entonces propietario y director de LAN Airlines S.A, por haber infringido la prohibición de comprar acciones que la Ley del Mercado de Valores impone a las personas que cuentan con información privilegiada. La multa fue por UF 19.470 ($363 millones de la época), por la operación mediante la cual adquirió, a través de la sociedad Santa Cecilia S.A., un total de tres millones de acciones de la empresa, por las que el 6 de julio de 2007 pagó $9.840 millones.

Lo multaron porque, en su calidad de director al momento en que realizó la compra, conocía en detalle los estados financieros de esa sociedad, los cuales no eran de dominio público. Ante la sanción, pudo apelar, pero en ese caso los antecedentes habrían escalado a los tribunales de justicia, que debían resolver si era aplicable o no la sanción y, eventualmente, perseguir los delitos asociados a ella.

Piñera prefirió reconocer los hechos y no quiso que se siguiera investigando, pagó la multa -la que hoy equivaldría a unos $600.000.000, total-, que era en muy inferior a las utilidades que obtuvo por la pasada, que duplicaron con creces lo que gastó, y menos peligroso que si se seguía investigando.

“Está pagando su indefinición” entre ser político o empresario, le enrostró la entonces senadora Evelyn Matthei.

También se molestó con él por no recurrir a tribunales el entonces presidente de la UDI, Hernán Larraín -hoy ministro del propio Piñera-, quien aseguró que “son los tribunales los que debieron haberse pronunciado y por eso que hubiese sido lo mejor que Sebastián Piñera (…) hubiese ido a los tribunales porque así esta materia se abría disipado por un organismo independiente, terminando con cualquier sospecha”.

Las cintas

El entonces superintendente de Valores, Guillermo Larraín, dijo recientemente que “nosotros sabíamos que existía una grabación de ese tipo. Yo no la tuve a la vista en su minuto, así que no sé exactamente lo que contiene y, por lo tanto, no puedo pronunciarme sobre lo que dice”, reconoció.

Francisco Armenet, en una entrevista en televisión, fue el encargado -hace solo unos días- de poner nuevamente en el tapete el problema de Piñera, la grabación, que dijo tener en su poder, un CD con más de 3 horas de grabaciones diálogos entre el actual Mandatario y los ejecutivos.

¿Pero qué podrían contener, que afectan tanto a Piñera? Armenet dio algunas pistas de aquello. La Superintendencia, tras una rebuscada palabrería, lo sancionó por “no haberse abstenido” en la compra, a pesar de tener conocimiento previo que el resto del mercado desconocía, lo que es una ventaja injusta e ilegal.

La sanción debió ser por “usar información privilegiada”. La diferencia no es solo semántica, es de contenido legal, pues la última figura conllevaba sanciones penales en Chile y en especial en Estados Unidos, lugar en que se cometió buena parte del ilícito.

Lo más delicado es que darían cuenta que “operadores de BanChile Corredora de Bolsa le advirtieron a Piñera que no comprara más acciones de LAN, pues contaba con información privilegiada sobre sus movimientos bursátiles”. Que la operación que estaba haciendo era ilegal y que podría acarrearle consecuencias jurídicas.

Efectivamente, ese día, unas horas antes de la transacción, Piñera, en su calidad de director de LAN, había participado de la aprobación de los estados financieros y de la valorización accionaria que nadie excepto el directorio conocía. Consciente de que esa información conllevaba una inmensa ganancia solo en la pasada, compró las acciones.

Quiero tres millones, ¿no me escuchaste?

El libro del periodista Sergio Jara, titulado “Piñera y los leones de Sanhattan”, reproduce parte del diálogo que contendría el CD y que se habría producido el 24 de junio de 2006, un año antes de la sentencia: “Quiero tres millones, ¿No me escuchaste?”, dijo Piñera a Cristián Araya, jefe de operadores en BanChile en ese instante. “El gringo no quiere quebrar el paquete”, le contestó el ejecutivo. “Pero hagamos algo. Yo compro todo, los seis millones. Una mitad para mí y la otra para ti”, agregó.

“Pero, ¿cómo? ¿Eres mi competencia o el intermediador?”, habría respondido a su vez un molesto Piñera. “Te dije que el gringo no quiere quebrar el paquete. Yo pongo para tres millones y tú para los otros tres. ¿Entiendes o no? ¿Soy tu competencia o tu intermediador?”, habría contestado Araya. El negocio había concluido. Ambos habían ganado, el mercado y la fe pública habían perdido.

El “gringo”, sería Carlisle Wysong, quien sería manager de HBK, un fondo de inversión con base en Texas, Estados Unidos, que llevaba unos días vendiendo sus acciones de LAN a través de Banchile y Bear Stearns, su intermediario estadounidense. Mientras más se vendían acciones de LAN en pequeñas porciones, más bajaba el precio. La operación de un único comprador pararía e incluso revertiría aquello. Piñera era el hombre de la operación y él, conocedor de los secretos de la empresa y la revalorización accionaria que se venía, no trepidó en hacerlo. Todo vale, creyó.

Las repercusiones en Estados Unidos

Al haberse triangulado las operaciones, parte de ellas se efectuaron en Estados Unidos, específicamente en Nueva York, domicilio del vendedor -o la víctima- de la operación. Al estar radicado en ese país, permitiría que esa nación hiciera efectiva la responsabilidad penal de Sebastián Piñera. Así lo entienden juristas y parlamentarios. Algunos de estos últimos han asegurado que llevarán los antecedentes a la justicia estadounidense.

Las leyes, tanto en Nueva York como las federales que regulan el tema del uso de información privilegiada y delitos en contra de la fe pública, no solo sancionan fuertemente a quienes cometen esos ilícitos, sino que además mantienen la espada de Damocles por 20 años pendiendo de la cabeza de los “delincuentes de cuello y corbata”, como los denominó a propósito del caso la periodista Mónica Rincón.  

El propio Armenet calificó qué significa la operación de comprar acciones con información privilegiada: “quien la utiliza en beneficio propio, por ejemplo, comprando acciones, desde un punto de vista económico está robando, donde el ladrón es el que compra y la víctima es el que vende. Sí, así de simple. Existen aristas, pero el concepto base se puede explicar con peras y manzanas. Y, en realidad, ni siquiera se necesitan las peras, solo con las manzanas se puede explicar”.

La diputada del Partido Comunista Karol Cariola pidió mediante un proyecto de acuerdo en la Cámara que sea el propio Piñera quien solicite a Armanet que se den a conocer las grabaciones. “Lo emplazo a que sea él mismo quien le exija”, dijo la parlamentaria, quien precisó que los antecedentes del caso serán informados a través del Parlamento a las autoridades estadounidenses, ya que una ilegalidad de este tipo es posible de ser investigada hasta el año 2026 en ese país. Especificó que se harán llegar “no solamente a la comisión que regula el mercado financiero (Comisión de Bolsa y Valores), sino que también al Congreso de los Estados Unidos”.

La situación para Piñera es compleja, dijo a Cambio21 el diputado Mario Venegas (DC): “Creo que es grave, pero no es una cosa novedosa en el sentido de que recordemos que él fue investigado por esa situación de información privilegiada, hubo otros episodios y en la plaza de los corredores él tenía fama de tener esa habilidad de comprar haciendo uso de información privilegiada, donde hacía muy buenos negocios. Era una práctica habitual entre muchos inversores y eso es una infracción a la ley; otra cosa es que no se haya podido probar y no haya habido voluntad para sancionar en el caso de Chile, pero entiendo que la ley es muy rigurosa en Estados Unidos y como estas operaciones de compra se hicieron con un grupo de inversiones norteamericano, efectivamente se sostiene que podría ser un problema serio con la justicia norteamericana”.

Hasta cuándo con la impunidad

El rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, cuestionó el que se mantengan en secreto las grabaciones “para proteger la función presidencial”, argumento del propio denunciante, Armenet: “¿Es correcto eso?, ¿será verdad que la privacidad presidencial y su prestigio protegen al Presidente Piñera frente a una información que podría revelar cierta debilidad moral suya?”, se preguntó el también columnista de El Mercurio.

“Las aptitudes para conducir los asuntos públicos, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que supone la jefatura del Estado, requieren cierto carácter moral, una cierta disposición a cumplir la ley incluso en perjuicio propio, algo que no resulta consistente con el empleo ilegal de información privilegiada. Cicerón, considerando un caso semejante, lo explica con claridad. No se trata de moralizar la presidencia en el sentido de exigirle virtudes excesivas a quien la ejerce, se trata simplemente de repetir lo que el Tribunal Europeo dijo del caso Mitterrand: la ciudadanía tiene derecho a conocer todos los actos que revelan las aptitudes y el carácter de quien conduce el Estado”, dijo acerca del caso Piñera.

“Si las cintas hasta ahora en custodia revelan una actitud inadecuada del ahora Presidente, si al oírlas se advierte, por ejemplo, que él desoye las advertencias de la corredora que le hacen ver que existía el peligro de estar empleando información privilegiada y así y todo ordena la operación, si se observa en esa cinta que el Presidente actuó desaprensivamente en sus deberes públicos (cumplir la ley es un deber público), es obvio que le conviene a la ciudadanía saberlo, porque de ahí en adelante podrá estar alerta frente a ese tipo de conductas, algo que ayudará al propio ejecutor de ella a que controle la pulsión que le llevó entonces a ejecutarla”, razonó Peña.

“Usar información privilegiada es jugar sucio. Es no ganar dinero con trabajo y talento sino haciendo trampa. Quienes así actúan son ‘lanzas de cuello y corbata’“, agregó el abogado, enfatizando en que “lo que está en cuestión es la confianza de la sociedad en el mercado y en las instituciones judiciales y democráticas. Un mercado donde si no se juega limpio los grandes arrasan una y otra vez con los más chicos”.

Las otras aristas de LAN

La empresa aérea le ha traído varios dolores de cabeza a Piñera y también el pago de millonarias multas.

De hecho, mantiene hasta hoy la calidad de “imputado” en Argentina en la causa que dirige el fiscal federal Ramiro González, quien formuló el requerimiento de instrucción. La denuncia es porque LAN, tanto ahí como en y Estados Unidos, habría realizado pagos para “disciplinar a los sindicatos”. La denuncia alcanza al actual presidente chileno Sebastián Piñera, junto con a Ricardo Jaime y a Julio De Vido, exministros y funcionarios públicos trasandinos, presos por estos hechos.

Piñera, interrogado, partió negando toda relación e incluso haberse reunido con estos personajes acusados de corrupción. Sin embargo, los hechos lo llevaron a cambiar al poco tiempo sus declaraciones y reconocer los encuentros, pero cambiando el objeto por el cual se habían entregado los dineros.

De acuerdo con el fiscal, se imputó a los ex funcionarios argentinos Ricardo Jaime y Julio De Vido, Manuel Vázquez, al chileno Ignacio Cueto y al ex directivo de LAN y luego presidente de Chile, Sebastián Piñera, al instar la acción penal en el marco de una causa por el presunto pago de “coimas”.

En Estados Unidos fue sancionada la empresa tras una negociación en que se reconocieron parcialmente los hechos: el chileno debió pagar 22 millones de dólares por la multa que le cursaron la Securities and Exchange Commission (SEC) y el Departamento de Justicia norteamericano por registrar de forma incorrecta los pagos (soborno a una autoridad de país extranjero) en la documentación contable de la compañía, infringiendo la normativa sobre prácticas corruptas (FCPA) que deben respetar las empresas que cotizan en la bolsa de Nueva York.