Por Mario López M.

Cuando siguen apareciendo dineros sucios desde la minera no metálica a la campaña del candidato de Chile Vamos, los que ya rondan los $500 millones, desde su entorno se busca “limpiar” a Soquimich para que haga negocios con el Estado.

Los nombres de Julio Ponce Lerou, SQM y Sebastián Piñera han tenido más de algo en común en los últimos decenios: ser pragmáticos y estar asociados a casos de corrupción y al litio.

Las recientes boletas descubiertas que ligan –nuevamente- al ex Mandatario con dineros ilegales provenientes de Soquimich y dirigidos a su campaña electoral no parecen ser producto de la gran amistad que lo liga con el dueño de la minera no metálica; por el contrario, importantes diferencias comerciales de intereses los han enfrentado, como el caso Cascadas.

La frialdad en los negocios caracteriza a ambos magnates, quienes para perseguir sus objetivos no han trepidado en rozar –y según muchos, cruzar-, la delgada línea de lo ético y lo lícito.

Los dineros de SQM a Piñera

Julio Ponce Lerou, directa o indirectamente, transfirió a la campaña de Sebastián Piñera cerca de $500.000.000 entre 2009 y 2010. La Administradora Bancorp S.A., controlada por Bancard, propiedad del candidato derechista, entregó 16 facturas –ideológicamente falsas- a la SQM por un total de $340 millones. Vox Populi, también de propiedad del exmandatario, dio cinco facturas que suman $26 millones, según las querellas del SII, que tienen de paso formalizado al administrador de la campaña y exgerente de Bancard, Santiago Valdés, mano derecha de Piñera.

A lo anterior se suman los recién descubiertos $103.000.000 que proveedores de la campaña de Sebastián Piñera boletearon directamente a SQM y donde algunos de los partícipes han reconocido ante la fiscalía que tales servicios jamás se prestaron  a la minera sino que a la campaña del líder derechista.

El informe del estudio de abogados estadounidense Shearman & Sterling, contratado por la propia SQM, dio a conocer entre otros puntos que la empresa minera no metálica realizó tres rectificaciones tributarias ante el SII, por un total de 14 millones 747 mil 125 dólares en seis años. Entre ellos hay mil 425 pagos corregidos y 223 proveedores únicos. El documento abarca a casi todo el espectro político, pero la derecha se lleva la mejor parte y en ella las empresas o campaña de Piñera son los principales beneficiados. El estudio concluye además que ciertos pagos pudieron haber sido motivados por el deseo de tener la benevolencia de políticos hacia SQM.

El litio, la piedra del tope

Resulta legítimo preguntarse qué motivó tales millonarios pagos que Ponce Lerou hace a Piñera O, dicho de otro modo, ¿a cambio de qué se hicieron?  

Un hecho marcó de parte del gobierno del ahora candidato su relación con SQM. La concesión ilegal en 2012 que, vía licitación, adjudicó a la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), a través de un contrato de operación especial, la explotación por 20 años de 100 mil toneladas de litio. Hubo postulación de otros interesados y la oferta de la empresa de Ponce Lerou superó a sus contrincantes.

Hasta ahí todo parecía parte del juego del mercado, salvo por un par de detalles no menores. Por un lado SQM ocultó deliberadamente que no cumplía con los requisitos al tener juicios con el Estado, básico para poder postular a licitaciones, y por otro, que desde el gobierno el entonces subsecretario de Minería, Pablo Wagner, y la abogada exjefa jurídica de la esa subsecretaría, según dijo el fiscal José Morales, firmaron “un acta que consideramos ideológicamente falsa” que acreditaba que “SQM cumplía con las fases exigidas en la licitación”. En otras palabras, falsificación de instrumento público. Acuerdos con la fiscalía dieron salidas alternativas a ambos.

¿Fue el litio lo que quería conseguir Ponce Lerou? Es lo que la fiscalía investiga, sobre todo teniendo en cuenta que ha sostenido en todas las formalizaciones relacionadas con esa empresa que quienes cometieron cohecho –funcionarios públicos como el exsubsecretario Wagner o el exministro y senador Pablo Longueira-, beneficiaron a SQM, el uno mediante el acceso a una licitación ilegal que fue dejada sin efecto, el otro vía beneficios específicos relacionados con el proceso legislativo que ayudaba a la empresa y donde la redacción de normas fue efectuada desde la minera, en secreto.

El negociado no ha terminado

Si alguien pensó que al ser descubierta la licitación ilegal del litio en el gobierno de Piñera que favorecía a Ponce Lerou ponía fin a esa espuria relación y que el asunto estaba concluido, comete un grave error. Ya se comenzó a preparar el terreno para implementar el negocio 2.0 en una eventual nueva administración del candidato derechista.

A pesar de los actuales litigios, arbitrajes y cargos existentes entre el Estado -Corfo (2), Superintendencia de Medio Ambiente (6) y la Comisión Chilena de Energía Nuclear (1), esta última por el menor pago que por años se imputa que Soquimich ha hecho al Estado de Chile-, ya comenzaron a lanzarse las vías de contactos para generar “un arreglo entre Julio Ponce Lerou y Sebastián Piñera”, como lo reconoce expresamente el medio derechista La Segunda, que sostiene que al ex Presidente “le conviene un acuerdo win-win entre SQM y el Estado”.

Según el vespertino, un  “ex ministro de Piñera, ligado al tema litio”, vaticina que “en algún momento tiene que zanjarse la ampliación de la cuota de extracción en el Salar de Atacama (que le permitiría aumentar la producción anual a la firma), por lo que la única posibilidad es lograr un acuerdo con SQM”, señala.

No es el único. Otro NN citado, esta vez un ex consejero de la Comisión Chilena de Energía Nuclear (Cchen), ente que fiscaliza la cadena de litio, afirma: “no me cabe duda que en un eventual gobierno de Piñera va a ser más fácil para SQM lograr un mejor trato”. Según otro NN, una ex autoridad fiscalizadora de la administración pasada, “lo lógico es que se extienda la cuota de extracción de litio a SQM…”.

Tres ilustres desconocidos, todos presuntamente ligados a Piñera y en un medio de comunicación que ha sido artífice de la campaña del exmandatario, comienzan a anticipar que el negocio del litio entre la eventual administración Piñera y SQM solo debió esperar algún tiempo, pero vuelve para enriquecer aún más a la empresa de Ponce Lerou, quien la obtuvo entre gallos y medianoche a vil precio del Estado y que “financió campañas políticas para protegerse”, según el autor del libro “Todo sobre Julio Ponce Lerou”, Manuel Salazar.

De protección a negocio

De acuerdo con Salazar, Ponce Lerou buscó seguridad de cara a la vuelta a la democracia: “Después de los 90 él sabe que tarde o temprano van a empezar a revisar cómo se quedó con Soquimich, cómo se hizo cargo de los salares donde está explotando el litio y para eso necesitaba protección y la consigue con dinero, financiando campañas políticas”. Pero ante la imposibilidad de actuar o la complacencia de las autoridades, el financiamiento no solo buscó defensa, sino que ahora nuevos negocios.

No era protección lo que pretendía, según la carpeta investigativa, cuando Patricio Contesse, su gerente general, se reunió en apenas dos días con siete políticos. El 19 de mayo de 2014 lo hizo con el entonces senador de la UDI Jovino Novoa, los diputados UDI Ernesto Silva y Javier Macaya y el alcalde Pablo Zalaquett, además de Carlos Ominami. El día 20 fue el turno de Pablo Longueira y Cristián Leay, ambos de la UDI.

El litio, en un comienzo un importante recurso que se exportaba sin manufactura, en bruto, se transformó en un importante recurso a partir de las baterías que le utilizaban en teléfonos, vehículos, etcétera. Por ello su interés, apenas llegada la democracia, de afianzar concesiones y, en pleno gobierno de Piñera, quedarse con la mayor tajada que le asegurara el 40% de su explotación mundial. Por ello ahora nuevamente vuelve a la carga con el pragmático beneplácito de Piñera, aseguran sus cercanos.

La frustrada jugada que quiere reeditar

La licitación del litio que se desmoronara al conocerse la falsificación del informe que favorecía a SQM buscaba entregarle a Ponce Lerou un contrato de operación especial, para la explotación por 20 años de 100 mil toneladas del recurso en los salares. Como se recordará, en ese momento se encontraban por una parte en la minera no metálica Hernán Büchi y en el ministerio de Minería Hernán de Solminihac, hermano de quien posteriormente asumiera la gerencia de SQM, Patricio de Solminihac, quien entonces era miembro del directorio de la compañía.

De efectuarse el planificado acuerdo en un eventual nuevo gobierno de Piñera, este entregaría a Ponce Lerou el monopolio mundial de la producción del litio, no siendo en realidad un negocio para el país el que se explote el recurso natural y no se agregue un valor adicional. Entregarle la concesión a SQM negaría la posibilidad de que como país produjéramos productos manufacturados de litio, sobre todo considerando que este recurso no generará los mismos ingresos del cobre, por lo que resulta esencial darle valor agregado al mineral y crear así una industria basada en su explotación.

La pretendida nueva licitación solo busca ser una concesión encubierta. Por ello la simple multa que se busca cursar a SQM para “limpiar” a esa empresa para permitirle negociar con el Estado al ponerse fin a cualquier litigio, ya está siendo estudiada en sectores oficialistas que se aprontan, de ganar Piñera, a un nuevo escenario judicial o administrativo ante la Contraloría o reparos judiciales.

Caducidad pendiente

Parlamentarios han exigido al gobierno que proceda a caducar la concesión del litio actualmente en manos de Soquimich, luego que la Cámara de Diputados aprobara el Informe de la Comisión Especial Investigadora que analizó las irregularidades del contrato suscrito entre Corfo y SQM y que diera lugar a un litigio.

El documento de ahí emanado y que en enero pasado fuera aprobado por 60 votos a favor, 11 abstenciones y 24 en contra, dictamina que “el Proyecto (que vincula a Corfo con SQM) para la explotación del Salar de Atacama es, en estricto rigor, de propiedad del Estado de Chile a través de Corfo, quien ha invitado y finalmente se asoció a un empresa privada que garantizaba la mejor administración de dicho proyecto”.

la diputada DC Yasna Provoste, quien también votó a favor, subrayó que el año pasado Corfo solicitó el término anticipado del contrato con SQM para el proyecto en el Salar de Atacama, no solo por incumplimientos graves por pagos de arrendamiento, sino porque la empresa no generó los sistemas de supervisión o fiscalización.

“Somos, junto con Argentina y Bolivia en el bloque latinoamericano, los principales productores de litio, pero mientras estos dos últimos países han acometido proyectos para tener real injerencia en esta industria, nosotros estamos empezando a tratar de entender el presente y  futuro del litio”, dijo la parlamentaria DC.

¿Durmiendo con el enemigo?

Por años SQM ha venido creando las condiciones para hacerse de la explotación monopólica del litio. Para ees ha adquirido con bajo perfil derechos de agua y un sinnúmero de concesiones mineras en el Salar de Atacama. Ello, a pesar que tiene en su poder la explotación hasta el año 2030 y donde ya ha extraído cerca del 70% del máximo establecido para su explotación.

Actualmente y luego que en 2014 Corfo solicitara–en el marco de un primer arbitraje- el término anticipado del contrato con SQM, rechazando la conciliación propuesta por el árbitro Héctor Humeres (que debiera fallar a más tardar el primer trimestre de 2018), se interpuso una segunda demanda arbitral donde la Corporación de Fomento se cuestiona el contrato que establece las condiciones en que debe operar la minera no metálica para explotar litio en dicho salar.

Ahí se denuncia que SQM logró obtener para sí, y en perjuicio del proyecto en el Salar de Atacama, derechos de agua y concesiones mineras que hacen inviable la explotación del lugar a cualquiera que no sea esa compañía. Esto, ni en el mediano plazo ni cuando se terminen los contratos en 2030. También acusa que “ha solicitado y obtenido para sí pedimentos, concesiones mineras de explotación y mensuras, en terrenos perimetrales a las pertenencias mineras OMA, dentro del Salar de Atacama, y dentro de la comuna de San Pedro de Atacama. Se trata de derechos mineros comprendidos dentro del proyecto a que se refiere el 'Contrato de Proyecto'”.

Lo que busca la segunda demanda arbitral es que se restituyan estos derechos mineros y de agua y queden a nombre de Corfo.

Esta es la empresa con la que la pretendida nueva administración Piñera quiere negociar y a la que quiere ampliar plazos y mejorar condiciones de explotación.