La Fiscalía de Roma pidió reformar las sentencias en primera instancia y condenar a cadena perpetua a los 24 miembros de las juntas militares de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay acusados de la desaparición de italianos en la Operación Cóndor, el plan represivo ejecutado entre 1970 y 1980.

Los fiscales de Roma Francesco Mollace y Tiziana Cugini justificaron su petición en apelación asegurando que 23 italianos fueron asesinados en el marco de un "programa de exterminio abominable" y que todos los acusados son "responsables de todo de lo que se les acusa porque han sido ejecutores de muerte".

El juicio en primera instancia concluyó el 17 de enero de 2017 con la condena a cadena perpetua de los chilenos Hernán Ramírez y Rafael Ahumada, el uruguayo Juan Carlos Blanco, los bolivianos Luis García Meza y Luis Arce Gómez y los peruanos Francisco Morales Bermúdez, Pedro Richter Prada y Germán Ruiz Figueroa, mientras que el resto fueron absoluciones y seis sobreseimientos.

La lista de imputados ha ido menguando al morir algunos de ellos debido a su avanzada edad, los últimos, el dictador de Bolivia Luis García Meza, el ex primer ministro de Perú Pedro Richter Prada y el ex dictador uruguayo Gregorio Álvarez Armelino, encarcelado en su país desde 2007.

El resto de acusados son los chilenos Carlos Luco Astroza, el ex suboficial Orlando Moreno, el ex capitán Manuel Vásquez y el ex prefecto Daniel Aguirre. Mientras que la acusación al antiguo jefe de la Inteligencia chilena Pedro Espinozafue por el momento suspendida por problemas en las notificaciones.

La Operación Cóndor, ideada por el dictador Augusto Pinochet, coordinó la represión de la oposición política entre 1970 y 1980 por parte sobre todo de las dictaduras de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia.