Por Mario López M.

Menores han debido grabar los ataques sexuales para que se les crea. Aun así deben pasar por repetir mil veces lo vivido, exámenes denigrantes, incluso los cara a cara con sus victimarios en tribunales. Los tratan de mentirosos. Los revictimizan.

Solo el primer semestre de 2017 existen 10.554 denuncias por delitos sexuales. El 74% de ellos fue cometido contra menores de 18 años. El 85% de las víctimas son niñas. El 87% de agresores son hombres, el 84,7 pertenece a la familia.

Si hay algo más duro que un abuso sexual para una víctima, sobre todo un niño, es que no se le crea, se le estigmatice, se le someta muchas veces a vejatorias diligencias periciales, se le interrogue una y mil veces sobre detalles de los abusos, se le cuestione, se le tilde de mentiroso y, en definitiva, se le revictimice.

“No quiero ir”

“Me casé casi sin conocer a mí marido, embarazada mientras salíamos, pero había esperanzas, las que con el paso del tiempo se fueron diluyendo”. Primero la aisló, luego hubo violencia sicológica, más tarde física. En uno de esos episodios lo denunció policialmente, pero como muchas madres abusadas, no perseveró, hasta que la víctima de la violencia fue uno de sus hijos: “entonces dije: ‘a mi hijo no’, informándolo que lo había denunciado”, relata a Cambio21 Eloísa, madre de 2 niños.

El caso se judicializó y logró una orden de alejamiento del hogar. A partir de eso, los chicos cambiaron: “con la separación, mis hijos comenzaron a ser más expresivos, alegres y conversadores, ya no eran los niños callados y temerosos de antes, expresaban sus sentimientos y opiniones. Cuando les tocaba visitas con su papá, se negaban, llorando y gritando ‘no, por favor, no quiero ir’, pero los llevaba, a la fuerza. En varias ocasiones mis hijos se afirmaban de muebles puertas con sus manitos para no subirlos al auto y llevarlos donde el papá; debía sacar sus manitos de manillas de puerta forcejeando para llevarlos a las visitas,  lloraban”, recuerda la madre.

“Los llevé a terapia psicológica. Después de un par de meses la psicóloga me advirtió que había encontrado rasgos de abuso sexual en mi hijo mayor, en ese entonces de 4 años. ‘Realiza juegos sexualizados que no son propios de su edad’, dijo. No asimilaba lo que me decía (…) Un día me dice uno de ellos que no quiere ver al papá porque no le gusta el juego que éste le hace hacer”, dice Eloísa. La sicóloga le explicó que “ella tiene el deber ético de denunciar lo que pesquiso en la terapia y me dijo que si yo no denuncio el hecho lo haría ella”.

A la cárcel por protegerlos

Una nueva pericia a sus hijos determinó que existían “indicadores de abuso sexual, asociados a la figura del padre como agresor. Era un profesional que había sido perito forense del Ministerio Público, tenía experiencia”. Comenzó el calvario: “Al denunciar la fiscal no realizo peritaje psicológico de mis hijos por su corta edad. La única vez que lo entrevistó una fiscal, mi hijo no relato el hecho de abuso. A fines del año pasado la causa de abuso no perseveró (…) al no probar el delito, al padre le dieron visitas los fines de semana por medio con pernoctación y martes y jueves por medio”.

La psicóloga advirtió que no eran convenientes las visitas, “ya que había revelaciones graves en la esfera de la sexualidad”. Se informó en tribunales solicitando suspensión de ellas. También se abrió una nueva causa de violación bucal, que se está investigando. Aun así no se suspendieron las visitas.

“Como madre no las pude cumplir por proteger a mis hijos, temía que volvieran a ser abusados, hice todo lo posible por protegerlos. Un día, después de no haber cumplido por un mes y medio a las visitas, carabineros se llevaron a mis hijos a la fuerza, trasladándome a la cárcel de mujeres por seis días, con una orden judicial por haber incumplido las visitas”, relata Eloísa.

Luego, de manera escandalosa el tribunal le entregó “el cuidado provisorio al padre por 90 días y orden de alejamiento mía en el tribunal de familia. Hace unos días prorrogaron la medida por 90 días más”.

Eloísa no los ha podido ver desde entonces, después de haber vivido toda la vida con ella. Informes de evaluación psicológica la declaran hábil como madre. “Ellos ahora tienen 4 y 5 años de edad, solo espero que en sus corazoncitos sepan que los amo mucho, que la mamá está y la volverán a ver. Ha sido muy traumático para ellos y siento que los tribunales han sido cómplices de las vulneraciones de mis hijos. He pedido ayuda, pero es como que no escuchan. Me pregunto qué sucederá cuando mis hijos, crezcan y me pregunten: mamá, ¿Por qué nadie hizo nada?”.

“El burrito”

No es el único caso. “Mi papi fue pololo con mi mami, ahora ya no veo a mi papi”, comienza su relato ante fiscalía Alberto, un chico de siete años. Declaró aquello a los cuatro años y desde ese momento también viene repitiendo lo mismo ante quienes le han interrogado. “Él hacía cosas feas, a mí. Yo hacía un juego con mi papi, el burrito, chupaba el burrito, después lo abrazaba, yo era el burrito, chupaba el cachete de la cara. Jugaba solo con mi papá. Jugaba en la cama de mi papi. Yo me ponía de guatita, mi papi se ponía en la cama, mi papi se ponía para arriba, yo me ponía en la guata de mi papi”, relata el menor.

“Mi papá andaba con short, nada más de ropa, no me acuerdo qué ropa llevaba. Cuando estaba en la guatita de mi papá le chupaba el cachete de la cara, le pegaba en el pirulo a mi papá, tenía forma de salchicha, de color como la mía, color de la piel. Tenía un agujero para que salga el pipí. El pirulo de mi papi era grande, y el mío más pequeño. El pirulo estaba hacia arriba. En el juego había que estar acostado, siempre jugábamos en la cama, yo me tenía que poner acostadito de guatita en la cama, y mi papá se ponía atrás mío, él se ponía pilucho y se le veía el culo, el culo es el poto. Mi papá me sacaba toda la ropa. Mi papá se hizo pipí en mi cara, era rosado, no era igual que mi pipí, porque el mío es amarillo, apretaba la guata. Mi papá ponía su pirula en mi potito”, es parte de la declaración.

“En noviembre del 2011, me separé de hecho de mi marido. Desde ese día él visitaba a nuestros hijos todos los días (también hay una niña de 7 años, víctima indirecta del agresor), en ese entonces Alberto tenía 4 años. A comienzos del año 2012 el padre de mis hijos me demandó en los tribunales de familia, por relación directa y regular, argumentando que yo no le permitía tener contacto con ellos, lo cual hacia a diario. A fines de nuestra convivencia mi hijo comienza a relatar hechos que podrían constituir abuso sexual, en los que el padre aparecía como autor. Luego comenzó a manifestar sintomatología como a defecarse y a volver a orinarse en la cama, además de una pena profunda al tener que separarse de mí, que yo atribuía a la separación matrimonial”, relata Marisol, la madre.

El comienzo del oscuro túnel judicial

“En el mes de noviembre de 2012, luego de denunciar varios juegos de connotación sexual y relatos de mi hijo, aconsejada por varios especialistas que lo habían tratado por su Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD), hice la denuncia en Fiscalía”, relata. Varias pericias tenidas a la vista por Cambio21 acreditaron que el menor era creíble, no inducido por la madre para mentir. Análisis del padre concluyeron que aquel no estaba habilitado para la tenencia, sugiriendo “suspender el régimen de relación directa y regular” (visitas) a los hijos, hasta que se terminaran los informes, basado en “el desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social, del niño”. En paralelo, la fiscalía no perseveraba en el procedimiento en contra del padre, como siempre, por la falta de pruebas concluyentes.

A pesar de la recomendación perentoria de profesionales, el tribunal optó por fijar visitas paternas. No estaba formalizado. La integridad de la familia era el fin, pues de no resultar ciertos los dichos del menor -razonó el tribunal-, se estaría afectando los derechos del padre a mantener una vinculación con sus hijos. Es más, Marisol fue obligada a llevar a su hijo e ir ella misma a terapias de revinculación: “Fue un proceso horroroso para mí y los niños”, relata a Cambio21.

Ante ello y siguiendo la instrucción de los profesionales que atendían a Alberto, afectado por los abusos y por llevar seis de los diez años de su vida en tribunales, la madre optó por negar un par de veces a los niños y no permitir visitas para no exponerlos a eventuales nuevos abusos. Fue sancionada por el tribunal. La jueza consideró que ella no cooperaba y optó por entregarle los niños a su padre, incluso negándole a ella todo tipo de visitas.

Pericias siquiátricas y sicológicas de la Universidad Católica y el IML solicitadas por el tribunal la declaran habilitada. “Otras señalan el ‘grave daño en la esfera de la sexualidad’ de mi hijo, indicando como único agresor a su padre. La curadora Ad-Litem (protectora de los menores) apeló porque se contravenían los derechos de mis hijos. Estamos en la Corte. Los tribunales no protegen, invisibilizan totalmente  lo vivido por los niños, nos arrebatan a nuestros hijos por haber cometido el grave delito de creer en ellos. La justicia entrega completa impunidad a los abusadores. Y aunque los niños vuelvan a revelar abusos, como madres nos dejan completamente atadas de manos para protegerlos”, denuncia Marisol.

Estadísticas de miedo

Aunque hay abusos sexuales que han sido cometidos por mujeres, las estadísticas son concluyentes: el 87% de los abusadores son hombres y el 84,7% (hombres o mujeres) pertenecen al entorno familiar. Por abuso sexual se entiende “la participación de niños, niñas o adolescentes, dependientes e inmaduros, en actividades sexuales que no están en condiciones de comprender, que son impropias para su edad y su desarrollo psicosexual, para las que son incapaces de dar su consentimiento y que transgreden los tabús y las reglas familiares y sociales”.

Hay otro abusador que revictimiza: el sistema judicial, perezoso, ausente de sensibilidad, incapacitado muchas veces, con anteojeras llenas de prejuicios, que perdió en general el norte sobre a quién se debe proteger.

El 74% de los delitos sexuales fue cometido contra víctimas menores de 18 años. 10.554 el primer semestre 2017. El 85% de las víctimas corresponde al sexo femenino, de acuerdo con fuentes del Ministerio Público. Menos de un 20% de delitos se denuncian.

Hace algunas semanas se conoció en Uruguay el caso de una menor de 10 años que terminó ocultando una cámara, donde grabó los abusos sexuales de que era objeto. En España, un grupo de menores terminó haciendo algo similar para grabar al padre de una de ellas, porque la jueza no le creía.

Primeras Reacciones

Frente a las denuncias, el senador Manuel José Ossandón dijo a Cambio21 que la Comisión de Infancia de que forma parte “tiene conciencia del problema y por ello se han jugado por aprobar que estos delitos sean imprescriptibles, porque muchas veces el menor no se atreve a contar y recién se desahoga después de 30 años, relatando lo que le hacían. Cuesta mucho comprobar estos delitos, no es como la violación. Hago un llamado a la gente a que denuncie, que pierda el miedo, porque por último, si no hay un resultado ahora lo puede haber en el futuro”.

Por su parte el diputado Fernando Meza, presidente de la Comisión de Familia, comentó a nuestro medio que “la fiscalía está siendo lenta y poco efectiva a la hora de buscar las pruebas necesarias para formalizar frente a estas acusaciones. Hay que exigirle al Ministerio Público que sea más acucioso a la hora de investigar. Igualmente debieran disminuirse los requisitos, no ser tan exagerados a la hora de proteger. Si el hijo o la hija denuncian un abuso, desde luego la protección al menor debiera estar ante todo. Hoy hasta que no está confeso el autor del abuso no se le formaliza, hay que legislar para evitar estos abusos”, concluyó.

El senador Matías Walker, integrante de la Comisión de la Infancia del Senado, expresó a Cambio21 que “la iniciativa de legislar sobre imprescriptibilidad de los delitos de abusos sexuales contra menores busca que las víctimas, que a veces demoran años en relatar el abuso porque no se le dieron las condiciones, por presión del grupo familiar o por razones económicas etc., siempre puedan denunciar. En el delito de abusos sexuales contra menores el paso del tiempo no puede ser sinónimo de impunidad. La prueba es muy difícil de producir porque no hay rastro físico, por ello se hace necesario mejorar la calidad y acceso a los peritajes. Por largo tiempo hemos bregado por terminar con las listas de espera en el Cavas, el SML y otras instituciones. También hay que verificar si los jueces están o no utilizando las medidas cautelares para evitar el abuso en contra de los niños”, concluyó.