Por Mario López M.

Una herida abierta la constituye la desaparición de más de 1.200 compatriotas cuyo paradero aún se ignora. Pero donde esa llaga sangra con más fuerza es en el caso de aquellas mujeres que llevaban un hijo en sus vientres al momento de ser secuestradas.

Algunos de esos niños no alcanzaron a ver la luz del día, fueron masacrados junto a sus madres antes de nacer. Otros se sospecha que sí sobrevivieron, pero se ignora dónde están. También existió, por razones económicas, una red de adopciones ilegales. Hoy los tribunales indagan estos casos.  

Al menos 5.000 mujeres sobrevivientes de prisión política en dictadura sufrieron agresiones sexuales. De ellas, 3.400 declararon ante la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, cuyo informe dedica una sección completa a la brutalidad sexual ejercida contra las mujeres presas. 316 de las afectadas reconocieron expresamente haber sido violadas. Cambio21 conoció casos de mujeres que quedaron embarazadas como consecuencia de las violaciones de que fueron objeto. El destino de los hijos fue diverso.

Trescientos siete casos de menores de edad asesinados se registraron por la Comisión de Verdad y Reconciliación en 1991. Muchos se encuentran en las listas de detenidos desaparecidos. Algunos, con el tiempo, aparecieron sepultados ilegalmente en fosas comunes. Otros de manera accidental, permitiendo descubrir no sólo qué les sucedió, sino quienes fueron sus asesinos.

Un crimen acallado

Nuestra sociedad hasta hoy ha invisibilizado estas tragedias. ¿Pudor? ¿Protección a las víctimas? ¿Complicidad? Cuál sea el motivo, desde enero del presente año el juez Mario Carroza ha iniciado una silenciosa pero exhaustiva investigación sobre la sustracción de menores centrada en los años de la dictadura. Incluso más allá de los casos de mujeres abusadas en prisión política. Producto de nuevas denuncias interpuestas ante tribunales, la investigación abarca hasta el año 2000.

Al parecer en nuestro país el secuestro de niños, como un método represivo no fue generalizado, como aconteció en Argentina o en Uruguay. No solo se sospecha del secuestros de hijos o hijas de prisioneras políticas, algunas hechas desaparecer o asesinadas. También se ha podido acreditar que las condiciones de esa época permitieron el actuar de verdaderas bandas delictuales dedicadas a “sustraer” niños para enviarlos al extranjero con fines económicos. Así consta de libelos judiciales patrocinadas por el abogado del Instituto Nacional de Derechos Humanos Pablo Rivera, quien que ha presentado denuncias a nombre de las madres.

También se sospecha que de conocerse el Informe Valech, mantenido hasta hoy en secreto, muchos que participaron de la dictadura cívico-militar temen que se conozca su colaboración o silencio culpable. Son los mismos que dicen defender la vida del que está por nacer y que callaron y callan por los crímenes cometidos contra niños, algunos que ni siquiera alcanzaron a nacer.

Los “hijos de la Patria”

La ex presa política, Nieves Ayress, relató a Cambio21 que tras pasar por diversos centros de torturas donde fue abusada sexualmente, llegó en marzo de 1974 al Centro Penitenciario Femenino del Buen Pastor: “El mes de abril me di cuenta que estaba embarazada, y esto lo confirmó un doctor de apellido Mery, un médico militar que ejercía en la Universidad Católica, y quien me dijo que yo debiera estar orgullosa de tener un ‘hijo de la patria’. Mi embarazo causó gran controversia (…) Un grupo de esposas de militares vino a visitarme, y me prometieron la libertad si yo no hacía más declaraciones sobre mi embarazo y mi tortura, y hasta me amenazaron con quitarme mi hijo una vez que naciera”, recuerda.

Las religiosas a cargo del lugar “ofrecían ayudarme a pedir permiso para un aborto. Era muy duro para mujer aceptar el estar embarazada producto de una violación, en mi caso era aún más terrible por lo que vivía a diario (…) Yo estaba muy mal físicamente, y si me hacía un aborto clandestino en la prisión me podía morir, y por tal motivo decidí tener el hijo. Después de haber sobrevivido meses de tortura y detención, no les iba a dar el gusto a los militares de morirme. Sin embargo, a fines de abril o mayo, comencé a tener mucho dolor en el vientre, y a perder coágulos de sangre. Aborté en forma espontánea. No recibí atención médica durante la pérdida, salvo de las compañeras presas del área médica”, relató a nuestro medio.

No hay certeza de cuántos niños nacieron producto de estas violaciones, sin embargo al menos dos casos han sido expresamente reconocidos por sus madres y cuyas identidades han sido resguardadas. Testimonios desgarradores de los hijos e hijas dan cuenta de fantasmas que les persiguen hasta hoy: “¿tendré los rasgos de quien violó a mi madre?”, se pregunta una de las hijas que nacieron producto de esa brutalidad, como consignó un Informe Especial, a cargo de la periodista Consuelo Saavedra: “Los hijos invisibles de la dictadura”.

Judicialmente se conoce el caso de un represor que inscribió a una menor a su nombre, el teniente Hernán Valle, DINA. En la oportunidad presentó dos testigos de la paternidad, Silvya Pérez y Hernán Blanche, quienes también aparecen ligados a organismos represivos. Tras inscribirla, la abandonó. La madre de la menor jamás fue consignada en actas o documento alguno. Valle se llevó a la tumba el secreto. La hija ha buscado por años saber quién fue su madre.

Llegaron embarazadas, nunca volvieron

Varias jóvenes embarazadas al momento de ser secuestradas, perdieron a sus bebés producto de las torturas. Reinalda Pereira, de 29 años y que estaba embarazada de 5 meses, fue detenida el 15 de diciembre de 1976. Fue asesinada junto al hijo que llevaba en el vientre en el cuartel Simón Bolívar. Así lo reconoció a Cambio21 Jorgelino Vergara, el mocito del director de la DINA,  Manuel Contreras, quien durante un tiempo fue asignado a ese centro de exterminio: “estaba embarazada, eso lo sabían los agentes y quienes la torturaron, tenía unos meses de embarazo esa pobre mujer, la mataron a golpes, esos fueron (Ricardo) Lawrence y (Germán) Barriga. A ella y al niño los molieron a golpes”, relató. Sigue desaparecida.

Otras, con un avanzado estado de gravidez, fueron hechas desaparecer y cuyos cuerpos y el de los hijos -presumiblemente nacidos en cautiverio-, jamás se han encontrado. El caso más cercano a esa realidad es el de Michelle Peña, una joven de 27 años, que se encontraba embarazada de ocho meses y medio al momento de su secuestro por la Dina. “Yo estuve aquí, Michelle Peña. Agosto de 1975”, escribió en una muralla de Villa Grimaldi. Faltaban solo 15 días para que diera a luz. El ejército dijo que la había lanzado al mar… pero nada se ha dicho aún sobre el destino del hijo que llevaba en el vientre…

Su madre, Gregoria, quien tenía en aquella época un local frente a las Fiscalías Militares indicó a Cambio21: “Michelle fue trasladada antes del parto al Hospital Militar y luego al Hospital de la Fuerza Aérea, en donde habría nacido su hijo. Yo conocía a muchos de los que allí trabajaban (…) en mi desesperación solicité a uno de ellos (que) me ayudara a buscarla. Días después me informó que Michelle estaba bien”.

El sargento 1° y enfermero del Ejército de la Brigada de Sanidad de la DINA Vicente Álvarez, en declaración policial realizada el 6 de junio del 2005, agrega otro dato: “a fines de junio (1975) llegó a la Clínica Santa Lucía una mujer, en avanzado estado de gravidez, a punto de dar a luz. Recuerdo que fue atendida por uno (…) de los doctores de la Brigada de Sanidad de la DINA que estaban en la clínica ese día”. Michelle, después de esa visita a la clínica de la DINA habría sido devuelta a Villa Grimaldi. Solo los secuestradores, torturadores y asesinos conocen toda la verdad.

No solo prisioneras

Según fuentes judiciales, la adopción ilegal de niños y niñas durante la dictadura, se estima en miles, la gran mayoría enviados al extranjero. Un testimonio que consigna Página12 de Argentina, señala que “El 9 de julio de 1977 (…) Margarita Escobar llegó a tener a su hija al hospital Paula Jaraquemada de Santiago. Alcanzó a ver a su bebé unos instantes antes de que se la llevaran. 40 años después, relata que durante horas nadie le dio información sobre su hija y que cada tanto la inyectaban para mantenerla dormida. ‘Cada vez que despertaba volvía a preguntar por ella, hasta que una matrona me dijo: tu guagua (bebé) nació muerta’. Pidió verla para darle un beso pero no la dejaron. Después de eso ‘nadie me dio ningún papel, me mandaron para la casa. No sé cómo llegué; estaba totalmente dopada’, recuerda”.

Hoy son cientos las madres que han iniciado el penoso y dramático camino de buscar a aquellos hijos e hijas. La ciencia y la tecnología han avanzado. ADN y redes sociales se han convertido en sus aliados en la búsqueda. Otro testimonio, esta vez de María Orellana, señala que en 1985 dio a luz a un niño al que llamó Cristián. “Alcancé a escuchar que era un varón; después me aplicaron una inyección y no supe más”, relata. Durante días pidió ver a su hijo pero nadie le dio respuesta hasta que le informaron que había muerto. Tampoco la dejaron verlo. “Quédate con el recuerdo de tu guagüita, va a ser muy cruel que la veas”, relata que le dijeron en el hospital.

No hay testimonios escritos en los hospitales de aquellos nacimientos o presuntas muertes, tampoco se les entregaron a las madres certificados de defunción o algún papel en que constara qué sucedió con esos hijos o hijas. Menos recuperaron sus cuerpos “No hay nada, es como si yo no hubiera pasado por ese hospital”, recuerda María.

De la barbarie a la esperanza

Tan brutal como real son los testimonios, algunos públicos y otros privados que conoció nuestro medio. A los casos que acontecieron en prisiones clandestinas en nuestro país en la dictadura y cuyos hechores fueron agentes del Estado, se suman otros, profesionales muchos que participaron de estas redes ilegales de adopción. Se trata de algunos médicos, matronas, asistentes sociales, religiosos, e incluso funcionarios de municipios u hospitales, que detectaban a madres vulnerables y luego sustraían a los niños o lograban bajo engaños que fueran dados en adopción.

“En general los casos tienen relación con madres de escasos recursos que dieron a luz a sus hijos o hijas y luego fueron engañadas por funcionarios de los hospitales respecto a que estaban muertos o enfermos o murieron con posterioridad y nunca más supieron de sus hijos”, señala el abogado Pablo Rivera. No existen registros oficiales que den cuenta de la cantidad de niños que han sido enviados al extranjero. Lo que sí se conoce, es que entre 1973 y 1987 se registraron 26.611 casos de adopciones en nuestro país, pero se ignora cuántos de ellos fueron llevados al exterior.

Nuevamente recurriendo a fuentes judiciales, se sabe que el magistrado Mario Carroza ha podido determinar que al menos 2.021 fueron adoptados en Suecia entre 1971 y 1992. Otros miles habrían llegado a Alemania, Francia, Italia, España, Holanda, Suiza, Estados Unidos, Uruguay y Perú. El valor pagado por cada niño, se señala, equivalía a entre tres mil y cinco mil dólares de hoy, unos $3.200.000.

Como se recordará, hasta 1988 la ley permitía borrar los orígenes de las familias biológicas de los niños entregados en adopción. “Hijos y madres del silencio”, es un sitio en redes sociales, específicamente en Facebook que reúne a cerca de 3.000 personas. Se trata de hijos que buscan conocer su origen biológico y madres que quieren reencontrase con hijos que les fueran sustraídos. Hay testimonios que dan cuenta de cerca de 90 casos de “reencuentros” gracias a la labor de la agrupación que ha puesto su empeño en que esto se haga público, incluso que se les permita acceder a archivos que hospitales u otras instituciones pudieran mantener.

Las redes sociales y los bancos genéticos internacionales hoy abren la posibilidad de poder determinar qué sucedió con esos niños y niñas. Es probable que muchos ni siquiera sepan que fueron adoptados. No solo no es tarea fácil dar con ellos sino que también resulta dramático que ese hijo o hija no quiera o no resista conocer esa realidad.

El caso Lejderman

Un caso ocultado por años sacudió a nuestro país no hace mucho tiempo. El llamado “Caso Lejderman” destapó una historia que involucró al ex comandante en jefe del Ejército, Emilio Cheyre, quien entregó de manera irregular a un menor a un convento. Era el hijo de un matrimonio de extranjeros asesinados en dictadura y que se encontraban desaparecidos.

Recién en 2006 se hizo público el relato de ese hijo que permitió conocer el destino del matrimonio Lejderman Ávalos y que enfrentó en un público cara a cara a Cheyre con el niño sobreviviente, ya convertido en un hombre. El general Emilio Cheyre fue además citado en la querella. Tanto él como el Ejército negaron conocimiento.

Una patrulla de militares dio con el lugar donde se encontraba el matrimonio Lejderman Ávalos en diciembre de 1973, en el norte del país. Huían con su hijo hacia Argentina perseguidos por militares. Ernesto, el hijo sobreviviente del matrimonio mexicano-argentino, tenía entonces solo dos años y medio. Fueron abatidos por una patrulla militar que los capturó y ejecutó de manera cruel. El niño fue llevado al regimiento donde estaba destinado el entonces teniente Juan Emilio Cheyre, quien lo entregó en un convento de monjas, desde donde sería más tarde rescatado por familiares del menor y llevado a Argentina.

Ernesto sobrevivió, conoció y relató su historia. Muchos otros niños y niñas quizás no las conocen y nunca lo sabrán. La justicia ha comenzado a abrir esas historias que muchos responsables no querrán que se sepan.