En efecto, en el Proyecto de Ley del Presidente Sebastián Piñera, conocido como reforma de pensiones, los controladores de las AFP se juegan el libre acceso a 1150 millones de dólares aproximadamente y, de paso, el mayor control sobre los cerca de US 230 mil millones que representan ya nuestros ahorros en el sistema privado de pensiones.

 

Lo anterior es posible, pues lo que de verdad interesa a los dueños de las AFP, en el dicho proyecto de ley, es obtener la rebaja a la mitad del actual encaje del 1% y mantener, en lo posible en exclusiva, la administración por el mayor tiempo posible del actual 10% de cotizaciones previsionales. Lo primero les generaría cerca de US 1.150 millones de libre disponibilidad; y lo segundo un mayor control de los cerca de US 230 mil millones que representan nuestros ahorros previsionales.

 

El “encaje”, a que refiere el artículo 37 del DL 3.500, es una reserva de plata a que están obligadas por ley las AFP y que hoy equivale al 1% de los fondos de pensiones que administran. Su objeto es resguardar con esas platas la rentabilidad de nuestros fondos cuando dicha rentabilidad es inferior a un promedio “X” para toda la industria. En otra columna podríamos analizar en detalle este último punto, pero para los efectos de la presente baste saber que por este sólo concepto el conjunto de la industria acumula cerca de UD 2.300 millones a los que quiere y pactó ya acceder con el Gobierno, obviamente mediante un lobby no transparentado y, muy probablemente, pre campaña presidencial.

 

Por esa razón el Gobierno ha insistido, una y otra vez, en bajar el actual 1% de encaje a sólo un 0,5%, lo que significa, en un total de cerca de US 230 mil millones de ahorro previsional, pasar de una garantía de cerca de US 2300 millones a una de no más de US 1150 millones, recursos que podrán ser liberado por los dueños de las AFP y sacados del sistema de garantía a su entera libertad.

 

El argumento del Gobierno para fundamentar tal propuesta no es otro que la necesidad y conveniencia de una mayor competencia en el sistema, competencia que un encaje tan alto resentiría, pues constituye una barrera de entrada para nuevos actores.

 

No hay que ser muy perspicaz para plantear que si faltan actores y competencia (que por cierto faltan), por qué no se establece un encaje bajo para los nuevos actores con la obligación de gradual aumento del mismo para, en un plazo razonable, llegar al régimen actual del 1% ?

 

Tal pregunta no encuentra respuesta, pero si el total silencio de la autoridad o argumentos de segundo orden y poco peso. Lo cierto es lo que hemos afirmado: van por la rebaja del encaje para disponer de esas platas y ello es una de las monedas de cambio para aceptar no participar del nuevo 5% de cotización, aumento que el mismo proyecto de ley establece de cargo del empleador y de administración exclusiva de un ente público aún no del todo claro.

 

Por otra parte, si la rebaja del encaje fuere el camino para aumentar la competencia, cómo explica el Gobierno que habiendo sido el encaje inicialmente de un 5%, su rebaja (sideralmente mayor) a un 1% no generó antaño esa mayor competencia que se sostiene una rebaja como la hoy propuesta sí generaría ?

 

Nuevamente no habrá respuesta y, en lo posible, esperan que nadie recuerde que el encaje era originalmente mucho mayor y que operaba bajo condiciones muy diferentes a las actuales.

 

Pero no conformes con el debilitamiento irresponsable del encaje, Piñera entrega a las AFP un premio aún mejor: el control en exclusiva y por el mayor tiempo posible de los cerca de US 230 mil millones que acumulan los fondos de pensiones de los chilenos. Y para ello la clave es aceptar no entrar en la administración del adicional 5% de cotizaciones, pero siempre que se mantenga el control sobre lo que ya se está administrando en exclusiva, idealmente sin nuevos actores y restringiendo los fondos a traspasar a los afiliados mediante diversas fórmulas.

 

Limitar el acceso a los excedentes de libre disposición y a la jubilación anticipada, mantener la tasa de interés técnico de retiro programado (TITRP) en sede administrativa regulatoria y por debajo del promedio del mercado y no modificar una tabla de mortalidad impropia, que castiga a los pensionados, son las principales herramientas para lograr lo anterior.

 

Esa y no otra es la razón por la que el súper de pensiones sigue proyectando TITRP cada 3 meses por debajo del mercado, y donde sólo el año recién pasado el casi 8% de rentabilidad del Fondo E casi triplica la dicha tasa de interés de re cálculo de las pensiones de la modalidad retiro programado. Y esa y no otra es la razón por la que se hará todo lo posible por mantener y acrecentar las aberrantes restricciones al retiro de ELD y a la jubilación anticipada y para no ceder a la presión de revisión de las tablas de mortalidad.

Queda aún por ver si el Presidente Piñera y su Gobierno podrán consolidar su plan este año 2020, pues hasta el estallido social del 18 de octubre al menos el segundo de los objetivos había sorteado los obstáculos de comisiones, y todo indicaba que al igual que la reforma tributaria lograría pasar el de la sala de la Cámara de Diputados. Mal que mal habían y aún subsisten 230 mil millones de poderosas razones para lograr el objetivo.