Por Mario López M.

Nadie duda que tanto el propio Presidente como sus ministros apoyan fervientemente la instalación de ese y otros proyectos en la zona cercana al santuario de la naturaleza de los pingüinos de Humboldt, a pesar de que ya se encuentra rechazado por no cumplir con las normas medioambientales.

Una fallida mediación del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta a cargo de su presidente, un excandidato de RN al Parlamento, producto de que la administración Piñera se bajó del acuerdo, dejó al descubierto una intrincada trama de subterfugios para no perder los US$300 millones ya invertidos.

Se visualizaba como el primer problema –a días de asumir el mando-, con el que chocaría Sebastián Piñera, dada su cuestionada intervención al margen de la institucionalidad cuando desbancó a otro proyecto en esa misma zona -la franco-belga Barrancones- para favorecer justamente a Minera Dominga que, como se sabría más tarde, pertenecía en buena parte al propio mandatario y su holding y por el cual al menos duplicó su inversión.

El proyecto había sido legalmente rechazado, pero la empresa recurrió al Tribunal Ambiental buscando declarar la ilegalidad de los actos administrativos, lo que de manera inédita le permitiría reposicionarlo. Más inédita fue la fórmula implementada por el mentado tribunal, que quiso sentar a las partes en una cuestionada mediación.

“Eso es una muy mala señal, puesto que un tribunal tiene el deber de fallar conforme a derecho y, en ese sentido, no dar señales de ningún otro tipo”, dijo la abogada Pilar Moraga, profesora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, cuestionando que “cómo podemos poner a dos partes, que es la autoridad ambiental y un privado, a acordar si un acto fue ilegal o no y establecer acuerdos sobre eso”.

“Me parece que es muy complejo que el ministerio acepte estar en una mesa de conciliación cuando lo que se va a conciliar es respecto de un acto administrativo que emana del propio ministerio de Medio Ambiente (Comité de Ministros). Asumir una eventual ilegalidad de un actuar del propio ministerio me parece que es un tema súper delicado y, en ese sentido, lo más razonable era no sentarse en la mesa a negociar”, dijo la profesional a la prensa.

¿Cuidando la “institucionalidad”?

Pero se aplicó muñeca política y la ministra de Medio Ambiente, Marcela Cubillos, apareció declarando que el Gobierno no participaría en el proceso de mediación judicial debido a que “el objeto de lo que se alega por parte de la empresa es la ilegalidad de un acto administrativo”.

Para rematar, agregó que declinaban participar en el proceso de conciliación, porque “la prioridad es fortalecer la institucionalidad ambiental, las etapas de participación previa, los análisis técnicos que se hagan”, dejando la resolución a un tribunal que ya adelantó posición al llamar a conciliación en un tema ya resuelto e incluso elaborando las bases de la misma.

Con ello le dejan la mesa servida a Andes Iron, la empresa dueña del proyecto y de propiedad del “choclo” Carlos Délano, íntimo amigo de Sebastián Piñera.

Claro que no deja de llamar la atención que el fundamento haya sido “cuidar la institucionalidad”, pues justamente ella se quebró a propósito de la llamada telefónica del propio Piñera, siendo Presidente -algo absolutamente inédito-, para decirles a los franco-belgas que debían bajarse, a pesar de cumplir con la ley.

Muy distinto a Dominga que, igualmente sin contar con apoyo de la gente del sector y ambientalistas, no ha dado cumplimiento a la ley ambiental ni proporcionado –oportunamente-, planes de mitigación al daño ocasionado. Incluso varios planes entregados por la empresa tenían datos erróneos o que no contemplaban manejo de residuos, entre otros cuestionamientos que dieron lugar a que la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo y el Comité de Ministros rechazaran su implementación.

Conciliación a medida

La decisión estratégica del gobierno de no ser parte de la mediación judicial echó por tierra una salida pactada entre las partes, situación increíble, porque negociar un decreto a firme dictado por la autoridad competente en un proceso de violación a normas medioambientales, rompía la institucionalidad.

Para la abogada Pilar Moraga, el intento de conciliación fue “lamentable”, ya que “al abrir esa etapa de posible acuerdo, el tribunal dejó ver su interés de avanzar en la aprobación del proyecto”.

Así lo dijo hasta la propia ministra Cubillos: “Lo queremos corregir por la vía legal, por la vía de las potestades más bien institucionales y no por esta vía, o si no corremos riesgos de que haya mucha mayor incertidumbre en los proyectos, porque a la larga cualquier proyecto puede pensar que la judicialización lo va a terminar a ayudar en una negociación directa y, por lo tanto, todas las etapas anteriores pueden perder bastante fortaleza”.

“Para nosotros la conciliación era un proceso en sí mismo nefasto (…) Por honor a la decencia y a la institucionalidad que representa Cubillos, el proyecto debería seguir rechazado”, dijo el director de Greenpeace Chile, Matías Asún a la prensa.

También se pronunció la directora ejecutiva de Oceana, Liesbeth van der Meer: “lo que hizo la ministra era lo más precautorio de hacer (…) Sin embargo, el mensaje que también da es que se retrotraiga el proyecto y nosotros lo que apoyamos es que el proyecto sea rechazado definitivamente por el tribunal”.

Pero el no hacer “nada”, en materia de derecho, implica algún tipo de acción, porque en este caso le entregó la facultad a un tribunal pro proyecto para que resolviera el tema y así terminar con las manos limpias. “Es un paso interesante de parte de la ministra, pero todavía no marca su posición y queremos saber si se mantendrá al margen, silenciosa, o si efectivamente va a tomar partido y va a defender las decisiones de la propia institucionalidad ambiental”, dijo Asún.

Las movidas tras la bajada del gobierno

No solo fracasó la conciliación, sino que además se abre un plazo de 30 días para que el tribunal dicte la sentencia, aunque se estima que este se pronunciará a más tardar el 30 de marzo, determinando si fue o no ilegal el acto administrativo.

Tres son los jueces, entre los que destaca el presidente del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, Daniel Guevara, de reconocida militancia derechista, aunque para postular a senador (antes lo hizo a diputado en lista RN), renunció a su partido y lo hizo como independiente de derecha, pero no fue electo. 

Él fue justamente el autor de la sui generis movida de la conciliación, idea que dice haber fraguado a partir de un seminario organizado por El Mercurio y Valor Minero.

 Pero no es esta la única circunstancia que se dio de manera especial y que favorece a Dominga.  El propio Presidente de la República, Sebastián Piñera, ocupando el derecho que tiene de sacar a doce jefes de servicios que llegaron a sus puestos por vía de concurso de la Alta Dirección Pública, descabezó el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), que es un actor determinante en el proyecto. Esa movida fue el día anterior a que el Tribunal Ambiental llevara a efecto la que sería la frustrada mediación.

El nuevo Director del SEA que reemplaza a Juan Cristóbal Moscoso es Hernán Brücher Valenzuela, abogado, con un claro perfil político cercano a la derecha; tanto, que en la anterior administración piñerista fue seremi de Medio Ambiente en Valparaíso entre 2010 y 2013.

 “Para el Presidente Sebastián Piñera es fundamental fortalecer la gestión del Servicio de Evaluación Ambiental y para ello ha designado un titular altamente calificado y con liderazgo en la materia”, dijo Cubillos.

Ya antes el propio Piñera había prometido el cambio, porque buscaba justamente destrabar, en sus dichos, los proyectos de inversión que el SEA y la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo mantenían sin aprobar por no cumplir las normas ambientales.

La “mesa servida” para el “choclo” Délano

Qué duda cabe que con la posición del ministerio de no intervenir en la causa judicial,  respaldando la posición que el Comité de Ministros había adoptado acerca de Dominga, se beneficia a Andes Iron. Sume a ello un tribunal encabezado por un juez que es ferviente derechista y pro proyecto (de otra manera no se entiende su afán por llevar a un acuerdo a las partes contra un acto administrativo a firme), y el descabezamiento del SEA, con el nombramiento de otro destacado operador político con la misión de destrabar para aumentar la inversión. Negocio redondo.

Una a lo anterior un nuevo Comité de Ministros, donde algunos de ellos se han declarado  partidarios de Dominga, como el de Economía, José Valente,  que de manera expresa apoyó a la empresa, incluso previo a su llegada a la cartera, y que anunció que su enfoque estará en promover una agenda de crecimiento y en agilizar la institucionalidad relacionada con la aprobación de proyectos.

Valente fue parte del directorio de la Universidad del Desarrollo y Penta Vida, empresas de Carlos Alberto Délano, quien está detrás de Dominga a través de Andes Iron. Incluso el ministro ya adelantó que no se inhabilitaría, pues dice no tener un conflicto de interés en la materia.

Alguien que antes también negó tener conflicto de interés fue el exsubsecretario de Minería de la primera administración Piñera, Pablo Wagner, quien fue formalizado por cohecho, justamente por haber recibido pagos de Penta por asesorías relacionadas con Dominga mientras estaba en el cargo.

Y también está formalizada la empresa Penta y su dueño, Carlos Délano, el mismo que estuvo detenido por el caso de corrupción asociado a dineros y política originados en Penta y quien es íntimo amigo –y socio muchas veces, incluido en la minera Dominga en su oportunidad-, de Sebastián Piñera.

Délano es hoy el propietario del proyecto de Andes Iron, que contempla la construcción de una mina de hierro y cobre en el sector de La Higuera, al norte de Coquimbo, y conlleva una inversión de 2.500 millones de dólares, de los cuáles ya se han gastado US$399 millones en los estudios y procesos previos.

¿Y ahora qué, tras la sentencia?

La sentencia se debe dictar a más tardar el 18 de abril y, sea cuál sea su resultado, ella es recurrible ante la Corte Suprema. Es altamente probable que se acoja lo solicitado por Andes Iron, lo que implicaría retrotraer el proyecto minero hasta el Informe Consolidado de Evaluación (ICE), lo que dejaría inmediatamente sin efecto la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) y, por lo tanto, lo resuelto por el Comité de Ministros. Así las cosas, la Comisión de Evaluación de Coquimbo debería volver a reunirse para calificar nuevamente el proyecto.

Si el fallo fuera adverso a la minera Dominga, esta podría recurrir a la Corte Suprema, pues en caso contrario quedaría a firme lo resuelto por el Comité de Ministros como última instancia. “Esperamos que el Tribunal Ambiental haga un trabajo muy acucioso y ojalá considere, más allá de los propios peritos que tengan, los aportes que hicieron durante la discusión del proyecto en la región de Coquimbo destacados científicos. Sus deliberaciones fueron muy decisivas en la resolución de Coquimbo. Creemos que acá hubo vicios en un comienzo, porque no se conocían los daños ambientales que generaba el proyecto”, dijo la senadora Yasna Provoste, que de paso manifestó sus aprehensiones a la persona de Guevara por su clara filiación política.

Para el exministro del Medio Ambiente y antecesor de Cubillos, Marcelo Mena, “las decisiones no cambian porque cambia el gobierno”. A él le cupo un importante rol en la decisión que adoptara el Comité de Ministros que él mismo encabezaba. Tras la bajada del gobierno de la conciliación, pidió “respeto por la institucionalidad ambiental” declarándose confiado en que la actual legislación respaldará la resolución de rechazo al proyecto minero, toda vez que el cambio de un ministro o de gobierno “no debería incidir. Las decisiones son técnicas, y no cambian porque cambia el gobierno. Los informes técnicos son los mismos”, dijo.

Quienes no se muestran así de seguros son los integrantes de Greenpeace Chile, pues para la organización el gobierno aprobará el proyecto Dominga por secretaría. Así lo afirmó su director, Matías Asun, en entrevista con Una Nueva Mañana, donde reafirmó las críticas a la administración de Sebastián Piñera luego de que decidiera bajarse del proceso de conciliación ante el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta por el cuestionado proyecto minero Dominga.