Por María Cristina Prudant

Las fake news (noticias falsas), como es sabido, destruyeron la candidatura de Hillary Clinton. Eso es lo que se supo en principio, pero ahora con la investigación del fiscal especial Robert Mueller, se conocen los detalles de la operación Laktha como se le denominó en Rusia. Todas la miradas apuntaban a que Donald Trump se coordinó con el Kremlin para dañar a Hillary, pero Mueller , con su investigación, ha destapado la fábrica de las fake news y acusado a 13 ciudadanos rusos y tres entidades del mismo país por interferir en las elecciones de 2016.

 Nunca antes las redes sociales estuvieron más contaminadas que durante la campaña presidencial en Estados Unidos en 2016. Ahora se sabe que  el Proyecto Laktha, empleaba a cientos de personas y creó desde San Petersburgo una inmensa red dedicada a la intoxicación política que actuaba en EEUU.

 Las empresas implicadas (Internet Research Agency LLC, Concord Management and Consulting y Concord Catering) estaban ubicadas en San Petersburgo. Pero a través de una red de compañías subsidiarias y tapadera, operaban tanto en Rusia como en otros países. Financiados con “millones de dólares”, sólo Internet Research Agency empleaba, según el FBI, a “cientos de personas”.

Entre ellas figuraban especialistas en la creación de personalidades ficticias, utilizadas para sembrar sus mensajes sin ser descubiertos.

Todo empezó en 2014

Organizada como una gran empresa, a partir de 2014 Internet Research Agency empezó a centrar sus esfuerzos en Estados Unidos. Dos años después, ya tenía a 80 personas trabajando en el proyecto estadounidense. La recolección de datos en tierras americanas era frecuente.

El escrito de Mueller señala que, en algunos casos, los acusados se hicieron pasar por ciudadanos estadounidenses para actuar desde las redes sociales y páginas web locales y llevar a cabo una “guerra de información” encaminada a generar “desconfianza hacia los candidatos y el sistema político en general”.

“Este escrito debe servir de recordatorio de que la gente no siempre es quien parece ser en Internet. Conspiradores rusos trataron de promover la discordia en Estados Unidos y socavar la confianza pública en la democracia. No podemos permitir que triunfen”, señaló el número dos del Departamento de Justicia, Rod Rosenstein.

Para ocultar sus huellas, la maquinaria rusa operaba desde ordenadores estadounidenses. Apoyada en esta plataforma, siempre según el FBI, generaba cientos de cuentas en redes sociales (Facebook, Instagram y Twitter) que en apariencia eran de ciudadanos de EEUU.

“Con nombres robados, cuentas de banco fraudulentas y documentos de identidad falsos, se hacían pasar por estadounidenses, que abogaban o censuraban a determinados candidatos, abrían páginas web y creaban comunidades con ciudadanos ajenos a lo que ocurría”, señala el Departamento de Justicia.

Los ejecutores se sumergen

En el operativo también se incluía la recluta de estadounidenses para que, como activistas de base, desarrollasen actividades políticas y participasen en protestas. Estos norteamericanos, según el FBI, desconocían que estaban tratando con rusos.

Por ejemplo, poco después de las elecciones convocaron el mismo día en Nueva York una manifestación a favor y otra en contra del recién elegido Donald Trump. El objetivo era, no tanto apoyar a un candidato, como generar malestar y erosionar la confianza en el sistema político.

Trump sigue siendo investigado

Cuando las investigaciones del fiscal especial empezaron a saltar a la luz, los cerebros de la red se asustaron. La publicación en prensa de informaciones sobre esta granja de fake news, llevó a uno de sus promotores a comunicarse con sus pares y trasladarles sus miedos. “Hemos tenido una pequeña crisis aquí, el FBI ha reventado nuestra actividad, así que estamos borrando huellas”, escribió.

La acusación presentada por el equipo de Mueller incluye ocho cargos. El de conspiración para engañar a Estados Unidos alcanza a todos los imputados. Luego también se incluye fraude bancario, robo y suplantación de identidad. Ningún ciudadano estadounidense ha sido acusado.

Todo lo relacionado con Trump en esta trama rusa está quedando en segundo plano, pero no por eso olvidado ya que el fiscal especial sigue investigando a todos los que trabajaron con él y buscando si hubo conexión o no entre los equipos del Presidente estadounidense  y los rusos.

Grandes multas

 El periodista Abraham Santibañez señala que, últimamente en Europa “buscan algo que realmente pueda técnicamente parar las noticias falsas.  En Francia lo que han hecho es poner altas multas a los medios, los periodistas que caen en errores como el fotoshop y crean falsas noticias reciben multas siderales. En Chile eso podría llevar a la quiebra a los medios sobre todo en regiones”

 Santibañez apela a que “ojalá hubiera otro tipo de fiscalización Salvo la autoregulación ética. También la educación del público es importante puesto que, a la gente le dan una noticia y que en vez de distribuirla y hacerla correr hay que verificarla”.

 “Me parece que en el caso chileno donde hay más problemas de este tipo es en la farándula y el deporte. Pero es algo que habrá que tener presente” subrayó.

A juicio de Santibañez  “no cabe duda de que la primera responsabilidad reside en la facilidad con que las redes sociales recogen y multiplican informaciones no comprobadas. Es un proceso facilitado por la falta de discernimiento del público.

El periodista aboga porque en nuestro país surjan verdaderas herramientas que impidan la propagación de las noticias falsas.

 WhatsApp

En esta aplicación,  que tanto éxito tiene entre sus usuarios,  también están buscando la  forma de evitar las noticias falsas. Se ha manifestado que esta es una de sus prioridades a la hora de hacer mejoras en la aplicación.

Estos han venido implementando varias acciones visibles e invisibles para controlar las llamadas fake news. La primera es poder catalogar un mensaje como spam con lo que se puede frenar su difusión.

Otra de las medidas es bloquear las cuentas que envían muchos mensajes por minuto, que generalmente son “bots”  difundiendo virus a través de links o documentos adjuntos. Además, se revisa la red a través de la cual se están enviando los mensajes y si algún servidor recibe muchas notificaciones como spam puede llegar a ser bloqueada.

También logran evidenciar que un contenido no es confiable si es enviado de forma masiva desde distintos países y por un mismo usuario. De lo que no queda duda es que los usuarios deben usar estas redes de forma responsable y tener el criterio suficiente para establecer si vale la pena compartirlo evaluando quién se lo envía el contenido que tiene.

Las democracias amenazadas

La proliferación de noticias falsas se percibe cada vez más como una preocupación creciente para las democracias. Sin embargo, las medidas propuestas por Alemania y Francia para combatirlas también podrían representar un nuevo riesgo para estas sociedades.

Según consignan medios extranjeros episodios desconcertantes como el triunfo del Brexit y la victoria de Donald Trump llevan detrás campañas sucias de desprestigio y de terror cuyo peso en la decisión final es imposible de ignorar.

Alemania dio el primer paso. La Bundestag aprobó un proyecto de ley, el año pasado,  que obliga a las redes sociales a eliminar el contenido falso y de odio de sus plataformas o enfrentarse a pagar cuantiosas multas. La ley, conocida como “NetzDG” (por su abreviatura en alemán), entró en vigencia el primero de enero y desde entonces sus resultados no han estado exentos de fuertes críticas provenientes de los dos lados del espectro político alemán.

Todo se inició por un tuit islamofóbico de la parlamentaria del partido de extrema derecha Alternativa por Alemania (AfD) Beatrix von Storch, en el que tildó a los árabes de “hordas bárbaras de musulmanes dispuestas a violar en grupo”. Cuando la denunciaron, Twitter le suspendió temporalmente su cuenta, lo que la diputada calificó de ser “el fin del Estado de derecho”. A esto se le sumó también el cierre de una cuenta satírica, Titanic, que parodiaba el comentario de Storch, lo que encendió el debate. Por un lado, AfD aprovechó la situación para declararse víctima de censura y, por el otro, la gran crítica se concentró en delegar a compañías privadas de tecnología la potestad de decidir cuál información debía salir publicada y cuál no.

Por el mismo camino va el caso de Francia que, tras el anuncio de su presidente, Emmanuel Macron, de tramitar una ley para frenar la proliferación de noticias falsas, se convirtió en el segundo país en valerse de tácticas legales contra este fenómeno. Según el Presidente, el proyecto de ley se aplicará solo durante los periodos electorales y, entre otras cosas, les otorgará poderes a los jueces para eliminar la información, o al usuario o incluso la plataforma web que se valga de mentiras para “sembrar las dudas sobre el sistema democrático”.

Sin que el Parlamento haya aprobado la ley, ya genera una gran polémica.

Qué pasa con la libertad de expresión

La prensa local ve las intenciones de Macron con desconfianza y las cataloga como un peligro inminente a la libertad de expresión que caracteriza a Francia. De ahí que esta “acción legal de emergencia”, como la calificó el mandatario, representa una amenaza mayor para las democracias que asegura defender.

Según el editorial del diario Le Monde, “este tipo de ambición legislativa, en un campo tan fluido y complejo como las tecnologías digitales y en un tema tan crucial como la libertad de prensa, es intrínsecamente peligroso”.

Según argumentan otorgarles poderes especiales a órganos del Estado, como un juez, centra la preocupación en torno a las facultades que tendría este funcionario para verificar una información sin atentar contra la diversidad de opiniones.

El secretario general de Reporteros Sin Fronteras, Christophe Deloire, afirmó que “ni el gobierno ni las empresas privadas deberían poder decir qué es verdadero y qué es falso. No tienen la legitimidad para hacer esto, y no tienen las herramientas”.

Entonces, ¿sobre quién debería pesar la responsabilidad de combatir la desinformación?

Desde que Facebook apareció en 2004, las redes sociales se mostraron como el espacio idóneo para conectar y acercar realidades de una forma antes impensable. Con las revueltas árabes de 2011, además, estas plataformas de internet se consolidaron como una herramienta democrática que facilitó el acceso a la información, posibilitó la libre expresión y generó escenarios alternos para participar.

Sin embargo, los eventos políticos de los últimos años demostraron que las redes sociales también fungen como el vehículo más rápido y efectivo para las fake news, lo que no solo contamina la deliberación pública, sino que también agudiza las diferencias y reduce el ejercicio del voto a decisiones basadas en mentiras y emocionalidades.

Ahora, si bien las estrategias de difamación no son un fenómeno particularmente nuevo en competencias electorales, la amplitud y la velocidad de la desinformación las hace tener una relevancia nunca antes vista en el contexto actual.

La forma en que Francia y Alemania están resolviendo la situación no es considerada la más adecuada porque hay elementos que son  muy delicados como la libertad de expresión.

De tal manera que la Comisión Europea decidió tomar cartas en el asunto y convocó a una comisión de 40 expertos para que evalúe el problema en cuestión. El Grupo de Alto Nivel (HLG por sus siglas en inglés), conformado por representantes de la sociedad civil, medios de comunicación, plataformas de medios sociales, periodistas y académicos, deberá empezar por definir qué es una noticia falsa y pasará a construir estrategias integrales para hacer frente a la problemática y a los interrogantes que genera.

Lo que más preocupa en Europa es que se esté instalando un precedente un tanto peligroso porque los gobiernos están exigiendo que las redes sociales sean quienes hagan de filtro ante las noticias falsas. Incluso amenazando con multas por cada día que una noticia falsa esté en la red social. Y Facebook ya ha tomado partido comenzando a filtrar noticias falsas en Alemania y en Francia.

Sin duda que no se le puede otorgar tanta importancia a gigantes como Google o Facebook para que  controlen el flujo de información que recibimos. Y en principio lo hacen por una causa justificada, detener la difusión de noticias falsas. ¿Pero quién impedirá que detengan noticias que no se ajusten a su visión como empresa, por ejemplo? ¿Quién vigila al vigilante?.

Noticias falsas acerca de Chile

Según una investigación hecha por El Mercurio, durante el 2017 las noticias falsas sobre Chile fueron vistas o compartidas 3,5 millones de veces en redes sociales.

Un ejemplo de ello es una publicación en Facebook  que consignaba: "Después de que veas este video, no querrás votar por Alejandro Guillier", la cual fue vista por 516.875 personas.

El video también fue enviado por mensajes de WhatsApp el día antes de las elecciones a una cantidad imprecisa de personas en Chile, desde por lo menos 50 números telefónicos registrados en Río de Janeiro y Sao Paulo, entre otras ciudades de Brasil.

Otro video con características parecidas, pero en contra de la ex candidata del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, también circuló el fin de semana pasado, y fue visto por 81.317 personas. También uno que asegura: "Se confirma que Sebastián Piñera tiene párkinson", el que ha sido visto 112.573 veces.

La investigación detectó 20 sitios web que crearon por lo menos 80 noticias falsas entre enero y noviembre de 2017, que fueron compartidas, vistas o leídas 3.507.083

Como ejemplo, Elaustral.digital, lacrema.la y datochile.com son tres sitios web que desde hace dos meses publican noticias políticas exageradas o falsas.