Oh I'm just counting

Le van a salir caros los pasajes a Felipe Larraín. Imputado por corrupción. Por Mario López M.

• No se trata de un error involuntario, tampoco de una simple falta de prolijidad, es bastante más grave lo que se le imputa al aún ministro de Hacienda. Se le acusa de malversación, un delito contra la probidad cometido en su calidad de empleado público, al aplicar a usos propios los caudales a su cargo.

Por Mario López M.

En Chile, a pesar de poseer una baja penalidad el delito que se dice habría cometido Felipe Larraín, esto es, uso indebido de fondos públicos, se trata de un ilícito que la doctrina considera una conducta de corrupción. Nuestra legislación penal distingue cinco figuras denominadas por la ley como malversación, entre ellas la que persigue la querella criminal por distracción o desfalco, delito expuesto en el artículo 235 del Código Penal, interpuesta por un particular en contra “de los funcionarios del ministerio de Hacienda que resulten responsables del delito”.

“¿Qué explica que un ministro -que, a juzgar por su declaración de patrimonio, no tiene problemas de dinero- haya empleado recursos públicos para asistir a una reunión de ex alumnos de Harvard?”, se pregunta el columnista Carlos Peña, rector de la UDP. Esa misma consulta le hará a Larraín el Ministerio Público a través de la fiscal Ximena Chong, cuando sea interrogado como imputado en la causa criminal que se tramita ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago.

Ni pitonisos

La acción que asumió el hasta ahora ministro, propia de un dueño de fundo medieval respecto de los bienes de sus inquilinos, es tan grave como la explicación frívola (pueril, la llama Peña) que ha intentado hilvanar Larraín para justificar lo injustificable. La otra posibilidad, pensar que los chilenos son tontos y no se dan cuenta que se usaron fondos públicos para un viaje privado, sería impresentable. “A cualquier otro funcionario le podrían hacer un sumario y destituir de sus labores”, dijo el diputado PS Manuel Monsalve a Cambio21.

El viaje del secretario de Estado a la ciudad de Boston entre el 11 y el 16 de abril de 2018 y en la que asistió (un día) a la reunión anual de los exalumnos de la Universidad Harvard,  tuvo un costo para el erario público de $ 4.175.334 por concepto de pasaje y $ 991.860 por concepto de viático, totalizando $ 5.167.194.

El titular de Hacienda ha dicho que “la austeridad no significa que los ministros nos tengamos que quedar encerrados en Chile”, lo que es cierto, pero lamentablemente para él no aplica en este caso, pues como asegura Peña, “es obvio que la invitación no fue en su condición de ministro. Y ello, por la sencilla razón de que se le formuló, y él la recibió, antes de que lo fuera”.  

Monsalve, va más allá: ¿Acaso es parte de las funciones de un ministro ir a un encuentro con ex compañeros de universidad? No nos parece que sea así”, y agrega que recibió la invitación por parte de la universidad “hace nueve meses, cuando no era ministro de Estado”.

“Ni clarividentes ni adivinos”, acotó Peña.

A confesión de parte…

Si ya estaba acreditado que Larraín había sido invitado a participar en el encuentro de ex alumnos antes de ser siquiera anunciado que ocuparía el cargo de ministro de Hacienda e incluso ratificada la invitación antes de ser formalmente secretario de Estado, otro hecho vino a dejar establecido que el uso de los dineros públicos fue ilegal, como lo expuso el exministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre: “Yo creo que hubo un error de juicio sin duda alguna, que se agrava cuando se dice 'vamos a esperar que la universidad reembolse', porque por qué tiene que pagar el fisco si la universidad va a reembolsar. Además, después dijo el ministro `también podría reembolsar la diferencia`. Esto es privado o es público”, cuestionó.

Devolver el dinero, sea por Harvard o por Larraín o en parte uno y en parte otro, no hace más que transformar al Estado en un “prestamista”, rol que claramente no tiene. “Cómo es posible que una casa de estudios que no tiene convenio con el Estado chileno pueda entregarle dinero. No es posible hacer ese tipo de transferencia”, ratificó a este medio el diputado Monsalve.

Su par, el diputado Leonardo Soto‏, recalcó: “El ministro de Hacienda Felipe Larraín sabe que lo sorprendimos en un acto ilegal. Diga lo que diga, si devuelve dinero es porque teníamos razón: su viaje fue privado y nunca debió utilizar recursos públicos. Seguiremos fiscalizando todo acto contrario a la probidad”.

Otros dos senadores intervinieron en el entuerto. El RN Manuel Ossandón llegó a pedir (en vano) a Sebastián Piñera que no avalara el hecho y que no firmara el decreto –de manera tardía-, justificando el hecho. Otro senador que repasó al ministro fue el excandidato presidencial Alejandro Guillier, quien en su cuenta de Twitter, estampó: “Esperando el avión que me llevará a Antofagasta leo los diarios y me entero que, en el fondo, el ministro @felipelarrain le pidió la plata prestada al Estado mientras Harvard le paga el pasaje. Insólito. ¿No tendrá tarjeta de crédito el ministro?”. 

El crimen si paga, aunque poco

Habiendo restituido el dinero el ministro está enterado que administrativamente ante la Contraloría, donde lo llevaron diputados socialistas, evitará el Juicio de Cuentas y eventualmente la acción penal dispuesta por el Estado en su contra por el reintegro. Pero ello no podrá evitar que el Contralor General de la República deba pronunciarse acerca de si es lícito usar fondos públicos, de todos los chilenos, para fines propios, independiente que los haya devuelto. Si usted se apropia de dineros de la empresa en que trabaja y que tenía a su cuidado para gastarlo en sus propios asuntos y una vez descubierto los devuelve, ¿no le pasará nada?

También se rebaja el aumento de sanción penal que castigaba el ilícito con pena de presidio mayor en sus grados mínimo a medio (desde cinco años y un día a diez años), quedando solo circunscrita a “inhabilitación especial temporal para el cargo u oficio en su grado medio y multa de diez al cincuenta por ciento de la cantidad que hubiere sustraído”.

Sin embargo, de acuerdo con el abogado Luis Mariano Rendón, querellante particular, debe “procederse a la formalización y posterior enjuiciamiento y condena de los que resulten responsables en calidad de autores, cómplices o encubridores del delito”.  

Lo que parece evidente es que Larraín y el gobierno han pagado ya un alto costo político, pues el ministro ha perdido toda credibilidad cuando promueve planes de austeridad y toda confianza en que maneje los fondos cuantiosos de la Nación con la clara separación de los propios.

El columnista de derecha Héctor Soto, reconoce que “La Moneda fue desbancada del control de la agenda pública (…) por la imprudencia del viaje a Boston del ministro de Hacienda, invitado a una reunión de exalumnos de Harvard y financiado con recursos públicos”.

Larraín no solo ha sido vapuleado desde la oposición. Su par de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, le lanzó un misilazo: dio a conocer que también viajó a Estados Unidos a reunirse con sus ex compañeros, pero pagó sus propios pasajes y pidió días administrativos. Fue un golpe en la zona de flotación de Larraín.

El otro misil provino nuevamente desde el PS. Una nueva presentación ante Contraloría demuestra que el viajero ministro no declaró su pertenencia al Alumni Council de Harvard, de acuerdo con la ley 20.880, ocultando un conflicto de interés. De paso, incluyeron también al ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, acusándolo de negligencia por no firmar el decreto para que los ministros vayan en comisión de servicio al extranjero, que debía darse con 20 días de anticipación.

 La molestia en la derecha con Larraín es secreto a voces.