Por Mario López M.

Un recurso de protección y la dictación de una orden de no innovar resuelta por la Corte de Apelaciones de Rancagua dejó en evidencia una grave situación en el manejo de las licitaciones públicas en la cuprera y, específicamente, en la división El Teniente.

Aumentos de plazos de licitaciones ya vencidas, exclusiones unilaterales consideradas arbitrarias e ilegales, adjudicaciones a empresas que presuntamente no cumplirían con los requisitos legales, encienden las dudas acerca de la transparencia de los procedimientos que afectarían fondos públicos.

“Este proceso de licitación, como todos aquellos que se desarrollan al interior de las Divisiones de Codelco Chile y especialmente las que desarrolla la gerencia de Abastecimientos y de Servicios de El Teniente, se hacen en la más absoluta opacidad. Nunca se sabe quiénes son los que pasan la calificación técnica requerida, cuáles son las ofertas económicas que se presentan no obstante son entregadas todas al unísono. En definitiva, el manejo de los fondos públicos, que debería obedecer a reglas de probidad y transparencia, simplemente no se cumple, generando mantos de dudas e incertidumbres innecesarias y que muchas veces, simplemente, generan legitimas dudas respecto de su legalidad y licitud”, dice un recurso judicial que fuera acogido a trámite.

Extrañas conductas

No se trataba de una licitación más de aquellas que ya había logrado ganar en Codelco la empresa Maximiliano González y Cía. Limitada, en relación a servicios de seguridad industrial. Durante cerca de quince años prestaron servicios a diversas divisiones de la cuprera y a la gran minería. De hecho, actualmente desarrollan en El Teniente un contrato licitado denominado “Servicio de Mantenimiento de los Sistemas Contra Incendio DET”.

Los buenos servicios de la compañía, reconocidos incluso por la misma minera, los motivaron a presentarse en otra licitación, esta vez denominada “Servicio de Mantenimiento de los Sistemas de Protección Contra Incendio Codelco Chile División Teniente”. Allí comenzarían a encontrarse “con una serie de dificultades e irregularidades”, aseguran, lo que los llevó a presentar el recurso ante la Corte.

El contrato que ya se había sido adjudicado la empresa con fecha 28 de marzo de 2017 era de una duración de cinco años. Sin embargo Codelco -de acuerdo con los documentos tenidos a la vista por Cambio21- al momento de la firma cambió unilateralmente las condiciones. Según Codelco, “el proceso llevado a cabo no se habría ajustado a sus necesidades”, con lo que disminuyó “unilateralmente el plazo del contrato de cinco años a nueve meses, lo que no se adecuó con las Bases de Licitación”, establece la presentación judicial.

Dudosa justificación

El motivo esgrimido por la minera estatal para reducir el plazo original fue “la entrada en vigencia de una normativa denominada NCC-40, lo que en definitiva determinaba que el proceso debía realizarse observando dicha norma”.

Lo extraño para la empresa de seguridad, es que “dicha norma entró en vigencia el 01 de diciembre de 2016, fecha previa a la adjudicación del contrato ya que, durante el proceso de licitación, Codelco, ratificó expresamente el plazo de cinco años del contrato, con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la NCC-40”. Luego, alegan, no les sería aplicable la presunta irregularidad. “Recién empezaban las extrañas conductas”, sostienen.

Tanto así que el 28 de febrero de 2017 “se nos pide presentar una oferta mejorada que considere la drástica reducción de plazo a nueve meses, dándonos plazo hasta el 6 de marzo de 2017 para presentarla, y se nos adjudica el día 10 de marzo de 2017. No obstante el evidente perjuicio que significó la reducción del plazo de contrato licitado, nuestra representada accedió a tales nuevas condiciones, considerando la calidad de socio estratégico, con el objeto de seguir contribuyendo, colaborando y de trabajar en equipo, entendiendo que apremiaba aplicar la nueva normativa y que esta tendría un impacto considerable en los recursos”, reclama el recurso de protección.

En tales condiciones “y convencidos de que el nuevo proceso de licitación incorporaría las normas referidas, mi representada aceptó participar en un nuevo proceso de licitación denominado ‘Servicio de Mantenimiento de los Sistemas de Protección Contra Incendio Codelco Chile División Teniente’, cumpliendo, según los certificados acompañados en esa causa, todos los requerimientos planteados en el nuevo proceso de licitación”. De acuerdo con los plazos, la licitación debía estar resuelta al término del periodo de los nueve meses. Ello no ocurrió así.

No se respetaron los plazos

Grande fue la sorpresa cuando al vencimiento de este plazo de nueve meses Codelco le solicitó a la empresa “la suscripción de una modificación de contrato, respecto de la misma licitación ya referida, por una ampliación de plazo de dos meses. Sin que a esa fecha se hubiese resuelto el segundo proceso de licitación, extendiéndose ahora por once meses nuestros servicios en el contrato original, es decir el plazo de término de contrato fue el 30 de abril de 2018”, relata el recurso.

Así las cosas, “el nuevo proceso se encuentra fuera de todos los plazos previstos en la licitación preparada por Codelco, manteniéndonos en una situación de incerteza e inseguridad que no se justifica ni resulta razonable atendida la magnitud de los contratantes ni de los contratos en discusión. Esta licitación aún se mantiene en ‘proceso’, pese a que, conforme a las Bases de Licitación, ya venció la vigencia de los plazos de las ofertas, perdiendo validez el proceso de licitación, sin que a la fecha se nos haya entregado información que permita retroalimentarnos mínimamente”, denuncia la empresa que se declara afectada de manera grave por la indeterminación.

Nuevamente Codelco pediría ampliar el plazo del contrato, algo de suyo irregular. No solo eso, “se nos solicita por parte de una representante de Abastecimiento de Codelco, que hagamos una nueva estimación de costo por la ampliación de uno o dos meses, situación que solo viene a ratificar lo atípico de este proceso”, reclaman los recurrentes.

Lo peor estaba por venir. Con fecha 19 de abril de 2018 Codelco envió a la empresa una solicitud de prórroga de validez por la licitación, dado que todos los plazos se encontraban ya vencidos y “por lo tanto hoy nos encontramos con ofertas no válidas”. 

“O prorroga o pierde”

Algo así fue la amenaza que Codelco dio como ultimátum a la empresa. “Con fecha 27 de abril del año en curso, se nos expresa por Codelco que esta licitación era un proceso convencional regido por la voluntad de las partes y que ‘si un proponente no concede la prórroga, implica que su oferta expiró y como no fue su intención renovarla, se entiende que decidió auto excluirse del proceso, el que seguirá adelante con quienes sí estuvieron de acuerdo en prorrogar la vigencia de sus respectivas ofertas’, velada amenaza de que si no accedíamos a validar un proceso a ojos vistas no válido, seríamos excluidos unilateralmente de la licitación”, plantea la empresa recurrente a la Corte de Apelaciones.

Más allá de las alegaciones de la empresa acerca de la ilegalidad y arbitrariedad de las actuaciones viciadas, al aumentar plazos de un contrato cuando este ya perdió su vigencia y que en caso alguno se habían respetado ni las bases ni las disposiciones legales que regulan estos procedimientos para resguardar la transparencia y objetividad de dichas contrataciones, Codelco los excluyó unilateralmente, cuestión que tampoco correspondería, pues “en la etapa de evaluación de las propuestas no contempla la alternativa de excluir a uno de los participantes por no prorrogar su oferta”, reclaman.

“Lamentablemente, entendemos que la amenaza se hizo realidad. En efecto, aún no tenemos respuesta a nuestra carta de fecha 4 de mayo de 2018 –en que piden no ser excluidos y ratifican su voluntad de participar de la licitación, indicando que lo que correspondería es una nueva licitación-, y lo que es peor, el martes 15 de abril, aparentemente, el Comité de Contratos de División El Teniente (Cocodet), habría aprobado y comunicado la noticia de que licitación se la adjudicaban a Sercoing Ltda., confirmando nuestras peores sospechas sobre este irregular proceso”.

Respuestas pendientes

¿Cómo pudo Sercoing adjudicarse la licitación de Codelco?  La respuesta requiere algo de historia. A la llegada de Nelson Pizarro como presidente ejecutivo a Codelco (2014),  no lo hizo solo. Entre los profesionales y asesores que le acompañaron en el aterrizaje en la minera, un nombre viene a colación: Luis Lodi Johnson, quien en ese entonces se desempeñaba como gerente de riesgos de la minera Lumina Copper. La nueva autoridad lo designó como “Gerente Corporativo de Seguridad y Salud Ocupacional de Codelco”.

Para Pizarro, Lodi pertenecía “al reducido círculo de amigos” de quienes trabajaron juntos en la empresa Lumina Copper.

Las relaciones entre Sercoing, cuyo dueño mayoritario es Guido Cortés Órdenes, con Codelco, deja muchas interrogantes. Ya en 2013 se había adjudicado la licitación “Servicios de Mantenimiento de Seguridad contra incendios”, en Lumina Copper, Caserones, cuando el gerente de Riesgos de la minera era Luis Lodi Johnson.

A partir de allí ingresa al mercado y llega a Codelco. Los contratos que se adjudica provienen mayoritariamente del área a cargo de Luis Lodi Johnson, quien a su llegada a la cuprera cambió los protocolos de los Servicios de Mantenimiento de Sistemas Contra incendio y relacionados (brigadas contra incendio), los que estaban a cargo de las distintas Gerencias Divisionales. Hasta ese entonces, la Gerencia de Seguridad que comenzaba a comandar, tenía  un rol de mero auditor interno.

Desde su llegada, dichos servicios fueron centralizados a la gestión de la Gerencia Corporativa de Seguridad y Salud Ocupacional a su cargo, es decir, “esta Gerencia pasó a tener un rol de juez y parte en el desarrollo de los Servicios”, dice una fuente responsable a nuestro medio.

No fue el único cambio. También se modificaron  las Bases Técnicas en lo referido a los años de experiencia exigidos a las empresas postulantes a las licitaciones, bajando la barrera de entrada de cinco años de experiencia específica a tres. Dicho cambio favoreció, entre otras, a Sercoing, habilitándola para participar en las licitaciones de los servicios en las distintas Divisiones de Codelco.

Dudas razonables

Bajo la Gerencia Corporativa de Seguridad liderada por Lodi, llama la atención una empresa que se ha adjudicado contratos por servicios de mantenimiento en las principales divisiones de Codelco, por más de siete millones de dólares. Lo anterior no tendría nada de raro, excepto en que legalmente su capacidad de endeudarse no puede ser superior a seis veces su capital declarado. En este caso, declara un millón de dólares. Al momento de adjudicarse la licitación de El Teniente, ya contaba con otras dos adjudicaciones por US$7,1 millones, correspondientes a dos licitaciones: una en Chuquicamata por US$3,582 millones el año 2017, y otra de US$3,622 millones en la División Andina el mismo año.

Difícilmente dicha empresa pudo haber postulado en 2018 a la licitación de El Teniente, donde se adjudicó un monto aproximado de US$8,640 millones. En efecto, las adjudicaciones superan con creces los límites permitidos para endeudamiento por el mismo Codelco. De hecho, de acuerdo con los balances del 2016 y 2017 de la empresa en cuestión, que figuran en el registro de Codelco (Regic), esta aparece con un patrimonio de US$1,074 millones el año 2017 y US$1,103 el año 2016, contraviniendo las bases de licitaciones de Codelco para pre clasificar  en sus licitaciones públicas.

Lo anterior mira a cautelar tanto el respaldo financiero de las empresas como la competencia, agregando el requisito de que las empresas no podrán postular a licitaciones cuyo monto supere seis veces su patrimonio, incluido el monto remanente de los contratos vigentes con Codelco. Seguridad frente a falencias, mayor competitividad al participar más empresas y transparencia en la asignación de los recursos públicos es el objetivo. Más aun, la cuprera se reserva el derecho de solicitar garantías adicionales con las debidas justificaciones.

¿Qué pasó en este caso? Las respuestas no las entregaron Codelco ni la empresa al ser requeridas por Cambio21.

Las aprobaciones “excepcionales” de riesgo para la División, tanto técnicas, financieras y de relaciones laborales, recaen necesariamente en la Comisión Evaluadora que lidera la Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional. A mayor abundamiento, todos estos contratos pertenecen a la Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional a cargo de Luis Lodi Johnson. Los tribunales podrán aclarar qué sucedió en este caso. Por ahora, las interrogantes son válidas.