Por Mario López M.

A medida que se van conociendo los pormenores del cuestionado acuerdo Corfo-Soquimich, crecen las reacciones desde distintos frentes que intentan detener el acto que estiman inconstitucional y una afrenta a la soberanía. Recursos judiciales y hasta querellas criminales en camino.

La resolución judicial que acogió la proposición de la Fiscalía encabezada para estos efectos por el persecutor Pablo Gómez, en orden a suspender condicionalmente la investigación y eventual sanción en contra de Soquimich por los casos de coimas a funcionarios públicos para obtener prebendas legislativas en su favor, no ha puesto fin a las acciones administrativas y judiciales que buscan revertir el cuestionado beneficio, que estiman improcedente e inconstitucional, estando en juego el interés superior del país y siendo la fe pública el bien jurídicamente protegido y que ha sido vulnerado vía cohecho por la empresa de Ponce Lerou.

Tampoco la calle ha dicho su última palabra y ha comenzado a movilizarse, en espera de marzo, que se avizora muy candente.

Corfo-SQM y el perdonazo de Gómez

Para que SQM pudiera obtener la ampliación de contrato hasta 2030 y el aumento de las cuotas de explotación del litio de hasta 216 mil toneladas más, era imprescindible que no tuviera con el fisco ningún litigio pendiente. Pero habían dos causas pendientes.

Una, la penal por el financiamiento ilegal de la política y que estaba a cargo de Gómez y en donde estaba formalizada la investigación en contra de la empresa. Habiendo hechos que causaban convicción –entre ellos confesiones de sus propios ejecutivos-, se esperaba una condena que podía llevar hasta a la disolución de esa empresa. Una segunda causa en contra de SQM era la iniciada por Corfo y que buscaba dejar sin efecto el contrato hasta 2022, porque la empresa de Ponce Lerou había engañado al fisco, sobreexplotando el litio y pagando menos al Estado.

En cosa de días ambas causas llegaron a abrupto término. El fiscal Gómez, por una parte, se desistió de investigar y sancionar y ofreció salida alternativa a la empresa a cambio de una mísera multa tres millones y medio de dólares, cuando lo que está en juego son 77 mil millones de dólares y, por otro lado, Corfo puso término a su juicio arbitral, llegando a un acuerdo que aumentaba hasta 2030 el derecho de explotación del litio a SQM y ampliaba el número de toneladas a producir. Pero el cuestionado “negociado”, no está aún amarrado.

Más que derecho al pataleo

“Desde luego se encuentra pendiente que el propio CDE determine, como lo sugirió la abogada de ese organismo (María Inés Horvitz) al término de los alegatos sobre la aprobación de la salida alternativa para SQM propuesta por el fiscal Gómez, una apelación en contra del perdonazo que favoreció a la empresa de Ponce Lerou ante la Corte de Apelaciones. Todavía está dentro del plazo (15 días). Ello sumado a que aún –que yo sepa-, no se ha tomado razón por la Contraloría”, dice a Cambio21 el abogado Roberto Mayorga, quien ha patrocinado varias causas administrativas para revertir lo que estima una “pérdida de soberanía” para Chile.

“A lo anterior se suma el acuerdo de mayoría de la Cámara solicitándole a la Presidenta Michelle Bachelet que paralizara el tema. Esas son señales importantes. Cómo no va a ser importante que se pase a llevar con este acuerdo disposiciones legales que no permiten suscribir contratos al Estado con empresas que están judicializadas, como denunció el propio semanario Cambio21. ¡El acuerdo sería nulo de derecho público! Soquimich se encuentra con una causa penal abierta mientras no esté ejecutoriada o a firme, y además existe una ampliación de querella criminal que presentó el propio Consejo de Defensa del Estado, ampliando la querella original”, reclama el catedrático.

Ad portas de la audiencia de suspensión del procedimiento, el Consejo de Defensa del Estado amplió efectivamente la querella criminal en contra de dos empresas relacionadas con SQM: Soquimich Salar y SQM Nitratos, imputándolas como partícipes del delito. La ampliación de la querella fue proveída por el tribunal y remitida a la fiscalía, sumándose así al libelo original presentado en diciembre de 2016. Si bien la medida no interrumpió la suspensión, sí dejó abierta la causa contra SQM y, por lo mismo, debiera inhibir que se consume el acuerdo.

Estudian querella criminal contra Gómez

Lo claro para el abogado Mayorga es lo planteado por el CDE en el alegato de la suspensión del procedimiento: “La empresa SQM paga coimas a políticos para obtener ventajas. ¿Y cómo soluciona sus problemas? De la misma manera, pagando”, dijo de manera textual la abogada Luppi Aguirre en la audiencia judicial del 26 de enero.   

“Dicha imputación despierta fundadas sospechas sobre la rectitud en las actuaciones de Fiscalía Nacional en el caso Soquimich. Pienso que es razonable analizar la procedencia de una querella criminal, al menos contra el fiscal Pablo Gómez, a fin de que se investigue y clarifique si ha actuado únicamente velando por los altos intereses del Estado”, acota Mayorga, dejando abierta una eventual nueva arista penal en estudio.  

También envía un claro mensaje a quienes busquen aprovecharse de este acuerdo e invertir en SQM: “Tanto el Acuerdo Corfo-SQM como la suspensión del juicio han vulnerado claros preceptos de la Constitución. Ambos, dicho acuerdo y dicha suspensión, adolecen por consiguiente de nulidad absoluta de derecho público, de carácter imprescriptible. Bastará en cualquier futuro que quien tenga real voluntad y poder político pueda hacer valer dicha nulidad, sean quienes sean en esos momentos los accionistas de SQM. Es importante tener presente que dicha nulidad constitucional acarrea la confiscación de los bienes de la empresa infractora, esto es, sin indemnización de ninguna especie”, dice especificando que se vulneraron los Art. 19, N. 21, 15, 7 letra g de la Constitución.

Durmiendo con el enemigo

Una mezcla de modorra post elecciones, las esperadas vacaciones y la tirria que despierta en mucha gente todo lo que tenga que ver con “política”, permite que quienes manejan los hilos del poder hagan de las suyas sin que  nadie se entere y, de enterarse, lo más seguro es que no esté “ni ahí”. Así han pasado el caso Milicogate, Pacogate, financiamiento ilegal, salida de fiscales honestos, Exalmar y Dominga, Banco Mundial y tantas otras aberraciones, sin que nadie, hasta ahora, responda de los desaguisados.

Pero los abusos llegan a un punto en que se hacen intolerables y la somnolienta calle parece que comienza a despertar. Miguel Soto, coordinador nacional del movimiento “El litio para Chile”, calificó el acuerdo entre Corfo y SQM como “ilegítimo e inmoral”, ya que se ha hecho a espaldas de la ciudadanía y, además, no dejaría como principal beneficiado al Estado.

No es el único, pues Gonzalo Gutiérrez, ex participante de la Comisión Nacional del Litio del 2015 y actual miembro del Comité de Minería no metálica de Corfo, aseguró que el contrato no ayuda al desarrollo del país, ya que no agrega valor agregado al litio ni le da sustentabilidad a la minería, reclamando por la falta de transparencia de la operación.

Desde el movimiento estudiantil, Juan Pablo de la Torre, presidente de la Feusach, ha intentado varias acciones administrativas destinadas a detener el impugnado convenio. “No vamos a aceptar este acuerdo. Consideramos que el litio tiene que servir para financiar nuestros derechos sociales, educación, pensiones, salud y lo que ha pasado demuestra que la justicia no ha estado a la altura, porque no ha puesto en su lugar a los corruptos de Chile”, reclamó, asegurando que el litio será parte de la agenda estudiantil este año.

* Al cierre de esta edición se conocía la solicitud de Gómez de sobreseer a una serie de "boleteros" de políticos (58) ligados a casos de financiamiento ilegal. La razón esgrimida sería la prescripción. La pregunta que deberá responder este fiscal es ¿De quién es la responsabilidad de que prescribieran, si esto se conoce desde 2014?