Una investigación que compromete al Presidente Sebastián Piñera, quien estaría involucrado con la cadena de casinos Enjoy, fue denunciada por la periodista Alejandra Matus, hecho que explicaría el interés del Gobierno por permitir el funcionamiento de estos lugares de entretención.
Piñera, según Matus "tendría negocios con la red de casinos Enjoy, empresa que estaría siendo beneficiada por el Gobierno, a través de la Superintendencia de Casinos de Juego", según una acusación que habría realizado la asociación de casinos hace unas semanas.
Un informe de la Comisión Investigadora del Congreso, concluyó que la Superintendencia de Casinos "en vez de resguardar el interés público en la fiscalización de casinos Enjoy, adoptó numerosas medidas para favorecerlo y evitar que se ejecuten las boletas que garantizaron sus promesas incumplidas. El informe está ahora en manos de Contraloría", explicó Alejandra Matus.
Pero eso no sería todo, ya que la situación más grave denunciada por la periodista radicada en Estados Unidos quedó en evidencia luego de que se preguntara: "¿El Presidente Sebastián Piñera tiene intereses comprometidos en la delicada situación por la que atraviesa la familia Martínez, propietaria de los casinos Enjoy? La respuesta es sí", afirmó Matus
Una línea directa entre los intereses económicos del Presidente Sebastián Piñera y Enjoy S.A. se manifiesta a través de BTG Pactual, entidad que administra 2 millones de dólares de su fideicomiso ciego. En tanto, los hijos del Presidente Piñera le encargaron a la misma empresa administrar 247 millones de dólares de su patrimonio en Inversiones Santa Cecilia, el holding familiar", continuó la periodista.
Faltas a la probidad y denuncia ante la Contraloría
El abogado Luis Mariano Rendón interpuso una denuncia en la Contraloría General de la República (CGR) para que el organismo fiscalice la conducta del mandatario.
Para el candidato a constituyente, la relación del Piñera con Enjoy “significa una violación a lo dispuesto en el artículo 64 de la ley N° 19.653 sobre Probidad Administrativa, que señala que vulnera especialmente el deber de probidad administrativa, N° 6”.
La ley expresa que eso es “intervenir, en razón de las funciones, en asuntos en que se tenga interés personal o en que lo tengan el cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive. Asimismo, participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que le reste imparcialidad”.
