En efecto, las AFP ya acumulan US 230 mil millones de nuestro ahorro previsional, cantidad más que poderosa a la hora de pensar en cualquier reforma a la industria sin escuchar con sumisa atención a esa industria. O como se escucha por ahí: “nada hay más poderoso que un millón de dólares, salvo por cierto dos millones de dólares”.

 

Así, comprenderán mis estimados lectores, poco o nada pesamos los cotizantes y todo los administradores de nuestras cotizaciones, al punto de existir hoy US 230 mil millones de poderosas razones para no tocar a esos administradores de nuestros fondos de pensiones y, como he titulado, sea el Gobierno del signo que sea.

 

Para no latear daré sólo dos grandes ejemplos de esas millones de poderosas razones.

 

En primer lugar, porque las AFP, al administrar nuestros ahorros de jubilación futura, deciden por la vía de las inversiones en bonos buena parte de la deuda pública del Estado de Chile, deuda que todos los Gobiernos requieren para cumplir sus programas  y compromisos y que, quieran o no,  reconozcan o no reconozcan, les captura totalmente en sus decisiones de regulación y fiscalización profunda que la industria previsional privada debiera tener a través de la superintendencia de pensiones, y de que la  carece absolutamente, al menos, en los temas esenciales y de  fondo.

Es precisamente lo anterior lo que antaño explicó las denomiandas fusiones truchas, ello para evitar el pago de millonarios impuestos a las AFP involucradas, contando con la asesoría ni más ni menos que del propio regulador y fiscalizador dicho.

 

Por la misma razón una intervención mayor del sistema está lejos de los intereses de los distintos gobiernos, pues de seguro ya antes de su asunción han negociado los términos de la relación futura con la industria, relación que no estará exenta del pacto de nuevos  beneficios para ella como hoy se avizora, por ejemplo, con el intento de reducción del encaje en un 50% por parte del actual Gobierno, reducción que ya en pretérita época fue, incluso, aún más drástica.

La segunda poderosa razón está en el entramado de intereses que esos US 230 mil millones representan en sí, lo que hace que las AFP tengan incluso la capacidad para instalar representantes directos en los espacios más importantes de definición legislativa y de políticas públicas claves para el sector. El caso más reciente es el de la hoy Ministra del Trabajo María José Zaldívar, hasta hace poco subsecretaria de dicha cartera, quien desde hace mucho está vinculada con la industria y cuyos argumentos de defensa del sistema la mantienen en la senda previamente trazada por dicho sector para su rol público en el ejecutivo actual.

Mal que mal US 230 mil millones de dólares no se encuentran en cualquier parte y menos dados por una legislación impuesta y otra de complemento sancionada posteriormente en democracia, legislaciones que les permiten a las AFP la administración y goce de ese tremendo capital, fruto del ahorro de los trabajadores de Chile, prácticamente a perpetuidad.

En efecto. La industria previsional privada logró, a principios de la década de los 80, pasar de tomar la administración, con estrictas regulaciones, de los fondos de pensiones, reservados a la esfera exclusivamente pública, a disponer actualmente de ellos casi sin restricciones para el financiamiento de los proyectos nacionales  e internacionales de los principales grupos económicos de Chile y del extranjero. Y en el camino han logrado reducir fuertemente sus riesgos y capitales de garantía que el sistema originalmente le imponía, argumentando los recursos con diversas modificaciones legales que año a año les garantizan ser, en la práctica, los verdaderos dueños de dicho importante y relevante capital.

Así las cosas, salvo un derrumbe financiero de magnitud extrema que ponga en jaque las permanentes buenas rentabilidades del sistema, no traspasadas por cierto a los afiliados, el único camino posible para romper el cerco e influencia impropia de las AFP y sus controladores, entre otros, las compañías de seguro extranjeras, es un espacio de discusión profunda y soberana respecto del objeto de esos recursos y el cumplimiento por ellos de su finalidad previsional originaria.

El debate constitucional venidero se constituye así en un camino y alternativa real, soberana, democrática y transparente para lograr lo anterior. De no acontecer ello seguirán existiendo US 230 mil millones de poderosas razones para no tocar a las AFP en Chile, manteniendo en la indignidad y miseria a millones de chilenas y chilenos que por su esfuerzo y trabajo merecen una retribución económicamente mayor humanamente más justa.