Oh I'm just counting

Álvaro Elizalde, presidente del Partido Socialista a Cambio21: Piñera no escucha a la gente y hay una sensación de desgobierno

Por María Cristina Prudant
 
El senador socialista, Álvaro Elizalde cree que el gobierno no ha dimensionado la profundidad  del malestar ciudadano y por ende no empatiza con los problemas que arrastran desde hace años los chilenos. En tal sentido,  afirma que le gustaría ver al Presidente Piñera, más empoderado, como  un líder dando respuestas a las demandas ciudadanas porque de lo contrario va a continuar el malestar y eso provocará nuevas movilizaciones.
 
Cuando se cumplen dos meses del estallido social. ¿Cuál es el balance que usted hace de los hechos acontecidos?
El estallido social que ha tenido lugar en nuestro país en las últimas semanas representa una oportunidad de cambios que la sociedad chilena reclama que deben ser impulsados. Ha permitido visibilizar un enorme descontento generalizado respecto de una situación de abusos y enormes desigualdades que caracterizan a nuestro país. Es más ha sido la expresión de la lejanía o divorcio entre el sistema político y la ciudadanía, toda vez que nuestras instituciones no han dado respuesta oportuna a las demandas ciudadanas durante mucho tiempo.   
 
Los derechos humanos son el talón de Aquiles del gobierno, ¿cree usted que se debe rectificar en esta materia sobre todo cuando todos los informes de organismos internacionales son lapidarios en esta materia?
 El gobierno cree equivocadamente que lo que está ocurriendo en Chile es solo un problema de orden público, no han dimensionado la profundidad del malestar ciudadano. Ha habido, lamentablemente violaciones a los derechos humanos. Eso nos debe avergonzar como sociedad. Pensamos que esto era parte de un pasado superado, lamentablemente en estas semanas se han producido hechos que generan indignación y por eso, desde el primer día, le hemos manifestado al gobierno que la fuerza pública debe concentrarse en detener a quienes cometen delitos y no en reprimir las manifestaciones pacíficas. La criminalización de la protesta social a través de propuestas legislativas, no es la forma de resolver el problema de fondo. Se requiere aquí recoger las demandas ciudadanas e impulsar una ambiciosa agenda antiabusos que represente una señal potente ante los chilenos y chilenas de que las cosas van a cambiar para mejor.
 
 ¿Cuál es la evaluación que hace usted del desempeño de carabineros. A su juicio han violado los derechos humanos? 
 Los informes de los organismos internacionales indican que en Chile se han producido violaciones graves  los derechos humanos, y por tanto, es evidente que el actuar policial no ha sido siempre en el marco del Estado de Derecho. Esto último es fundamental para nuestra sociedad, dice relación con nuestra historia reciente, dolorosa como fue la dictadura, pero sobre todo dice relación con la forma en que construimos convivencia fundada en el respeto irrestricto de los derechos fundamentales. Por eso, el gobierno debe adoptar todas las medidas para que cese en cualquier forma las violaciones a los derechos humanos en nuestro país. Adicionalmente, se deben determinar las responsabilidades penales  que todos consideramos no deben quedar en la impunidad.
¿Le parece bien los primeros anuncios del general Rozas sobre algunos cambios en la institución o para variar es un poco de maquillaje para tapar los puntos negros?
 Lamentablemente, las respuestas que ha dado el alto mando de carabineros han sido tardías, como tardías han sido también las respuestas que ha dado el propio gobierno. Los primeros días le planteamos al gobierno, por ejemplo, la necesidad de poner fin al uso indiscriminado de balines, que debía ordenarse de forma inmediata fin al uso de balines o perdigones para reprimir la protesta. No se nos escuchó y las consecuencias fueron nefastas y muchas personas perdieron incluso sus ojos.
 
Y la repuesta de carabineros ha sido también tardía, más aun el director, hace un par de semanas señaló internamente que nadie iba a ser sancionado en carabineros por las malas prácticas. Ha tenido que rectificar su conducta  y hace poco ha planteado que los sumarios están indicando que ha habido casos de violaciones a los derechos humanos. Por tanto, aquí debe haber un compromiso institucional, del gobierno, en primer lugar, y la propia institución para poner fin a estos hechos que todos condenamos.
 
¿Cómo se explica que se adopten medidas y la policía no las respete. Ya no lanzan perdigones a los ojos de las personas, sin embargo les  tiran bombas lacrimógenas en la cabeza o rostro con graves consecuencias para las personas ya hay varios casos comprobados?
 Aquí existe, en primer lugar, un problema en la formación de carabineros y por tanto se requiere una modernización institucional que adecúe su actuar al Estado de Derecho, siempre cumpliendo la norma de nuestro ordenamiento jurídico y en segundo lugar cumplir con plena conciencia de lo que representa el respeto irrestricto a  los derechos humanos, pero existe además una falencia evidente por parte del gobierno que no ha dictado las instrucciones necesarias para que el actuar de carabineros se dé en el marco de la ley existe por lo tanto una responsabilidad política del gobierno, la misma responsabilidad política que hizo valer el Senado respecto del ex ministro del Interior del gobierno durante los primeros días de la protesta.
 
¿Considera usted lógico que autoridades entreguen información respecto a quienes quemaron el Metro, provocando todo tipo de dudas en tal sentido?
El Presidente acostumbra a señalar que enfrentamos un enemigo poderoso y que tiene antecedentes de que grupos extranjeros han actuado en los hechos acontecidos en nuestro país, pero hasta ahora no ha dado ningún antecedente concreto, más aún el propio fiscal a cargo de la investigación ha señalado que esa no es una hipótesis que cuente con elementos para darle veracidad. Por tanto, aquí es importante que, al margen de los hechos violentos, que todos condenamos y que deben ser por cierto sancionados, hay un descontento en la ciudadanía y lo que corresponde es que el sistema político en su conjunto y el gobierno en primer lugar, nos hagamos cargo de estas demandas dando respuestas, que se solucionen los problemas que afectan a las personas  tales como salud, remuneraciones, pensiones solo por citar algunos ejemplos.
El Gobierno llega siempre tarde
 
¿Usted cree que la violencia desatada tras la crisis es organizada, con tecnología de punta que buscaba incendiar el país como dijo Piñera en entrevista a una cadena radial española?
Si el Presidente tiene antecedentes en la materia debe entregarlos a la justicia a quien le corresponde determinar la forma en la cual se han producido estos hechos violentos que, reitero, todos condenamos, es a la justicia. Ha habido muchas declaraciones pero hasta ahora no se ha entregado ningún antecedente concreto. Y  más aún, hay discursos previos al 18 de octubre, en que Sebastián Piñera hace referencias a que estamos enfrentando un enemigo poderoso y eso da cuenta de su tesis que Chile está en guerra, que está muy lejos de la realidad.
 
Lo que ha habido aquí es una manifestación generalizada, muy amplia de ciudadanos ante los abusos que son inaceptables. Pero algunos grupos pequeños han tomado ventaja de estos hechos para cometer actos de violencia que, obviamente deben ser sancionados, pero lo importante aquí es hacerse cargo de la demanda ciudadana y darle respuestas satisfactorias.
 
También dijo en esa entrevista que su gobierno (de Piñera) respondió a la crisis con una "potente agenda económica porque escuchó a la gente con humildad?
No es la humildad la que caracteriza al Presidente, y la respuesta que ha planteado sigue siendo insuficiente. Las respuestas del gobierno suelen ser  tardías e insuficientes y por eso no generan la sensación en la opinión pública de que, efectivamente hay un cambio, un giro en la conducción del gobierno para dar respuestas a las demandas ciudadanas. Creemos que es imprescindible abordar una agenda social antiabusos y esta agenda debe ser potente en sus medidas para que los chilenos perciban que hay una señal clara de que las cosas van a cambiar...
¿Qué opinión tiene usted del Presidente Piñera en la actualidad en el marco de la crisis social?
La verdad es que los graves desaciertos del gobierno han generado una sensación de desgobierno. Como ya he señalado sus respuestas son muy tardías. A mí me gustaría ver un Presidente más empoderado, con mayor empatía, con capacidad de escuchar para dar respuestas a la ciudadanía. Creo que, lamentablemente el Presidente Piñera ha estado muy lejos de eso. Sin duda que eso no es una buena noticia para los desafíos que tenemos como país y sobre todo ante las demandas ciudadanas que deben ser respondidas con iniciativas claras que enfrenten los abusos y las desigualdades.
 
¿Cree usted que puede haber un rebrote de las grandes movilizaciones producto de la falta de respuestas concretas del gobierno?
Sin lugar a dudas que, si el gobierno y todo el sistema político no está a la altura de las demandas ciudadanas, obviamente el malestar se va a prolongar y pudiera generar movilizaciones muy masivas como las que hubo en las primeras semanas cuando se generó este conflicto. Por eso, creo que es imprescindible para superar la brecha entre sistema político y la ciudadanía dar respuestas claras.
 
En materia de pensiones por ejemplo, si se va establecer una cotización adicional de los empleadores, estos recursos no pueden terminar en las AFP o instituciones de similar naturaleza, mientras las pensiones mantienen sus bajos montos por décadas. Se requiere administrar estos recursos con criterios de solidaridad que permitan aumentar las pensiones ahora y no en muchos años más como plantea la propuesta del gobierno. Y así podríamos citar otros ejemplos. Creo que es fundamental estar a la altura de las demandas ciudadanas y ello requiere una ambiciosa agenda social.
 
De repente vemos a la derecha muy interesada en el proceso para una nueva Constitución, ¿será genuino ese interés o no es más que la necesidad que han manifestado de  que retorne la paz y el orden al país?
Independientemente de cuáles sean las razones por las cuales, un sector de la derecha que, siempre se opuso a los cambios constitucionales, hoy está disponible, creo que es importante que este proceso se lleve adelante. Chile merece una Constitución nacida en democracia. Una Constitución que nos represente a todas y todos, no como la Constitución actual que fue impuesta por la fuerza y representa la visión solo de un sector de la sociedad, declarando inconstitucionales las ideas de la gran mayoría de los chilenos y chilenas.
 
Creo que este es un proceso que debe ser profundamente democrático y por eso debe desarrollarse en forma tal que la diversidad de Chile esté debidamente representada en la convención constitucional o asamblea constituyente, para eso es fundamental participar en el plebiscito apoyando la opción del cambio constitucional y por cierto la alternativa de la convención constitucional.
 
¿Cómo ve usted el proceso constitucional  que se está desarrollando y su partido tiene muchas observaciones al respecto?
En primer lugar,  es necesario cumplir el acuerdo del 15 de noviembre y por tanto, aprobar la reforma constitucional que habilita el proceso constituyente, convocando a plebiscito en el próximo mes de abril. Pero, además hemos planteado que el proceso constituyente debe ser expresión de la diversidad en Chile, y por tanto es necesario avanzar en iniciativas tales como escaños reservados para los pueblos indígenas, paridad de género, competencia de los independientes en igualdad de condiciones y voto de los chilenos en el exterior para elegir en la convención constitucional. Creemos que estas iniciativas como otras que hemos planteado fortalecen el proceso constituyente y lamentamos que haya sectores del gobierno que, hasta el día de hoy se opongan a estas propuestas.
 
La acusación contra Chadwick es tan dramática como la muestra la derecha que amenaza con tomar alguna acción de tipo legal o usted cree que no había otra alternativa más que exigir la responsabilidad política del caso
 En Chile hemos vivido hechos inéditos, en nuestra historia de las últimas décadas. La pregunta es: ¿si ante las violaciones a los derechos humanos de la magnitud denunciada por los organismos de derechos humanos no procede la acusación constitucional, entonces cuándo procede? Es evidente que existe una responsabilidad política del gobierno en el manejo de la crisis, en las respuestas tardías en materia social que profundizaron el descontento y en no haber adoptado medidas enérgicas para evitar las violaciones a los derechos humanos.
 
En este contexto correspondía ejercer las responsabilidades políticas en quien fuera ministro del Interior al inicio de esta crisis, el ex ministro Chadwick, es eso precisamente lo que hizo el Senado. Un precedente muy importante para que en el futuro todos los ministros del Interior  tengan claro que deben velar por el respeto irrestricto a los derechos humanos como corresponde en toda democracia.
El Presidente no ha tenido capacidad de escuchar propuestas
 
A su juicio, quién tiene la mayor responsabilidad de darle soluciones a la gente para que sienta que realmente son escuchados?
 Estas respuestas deben provenir del conjunto del sistema político. Todos debemos tener disposición y voluntad de avanzar en propuestas sociales como demanda la ciudadanía, ello no obsta que el gobierno tiene la principal responsabilidad porque bajo el mando constitucional actual cuenta con más y mejores herramientas para dar respuestas a las demandas ciudadanas. Lamentablemente, el gobierno no ha estado a la atura y el Presidente no ha tenido empatía ni capacidad de escuchar las demandas ciudadanas para dar respuestas de fondo.
 
En la medida que eso no se haga realidad se va a mantener el descontento y por tanto, creemos que es imprescindible un cambio de actitud y sobre todo que las respuestas que se den en materia social   sean contundentes. Insisto, aquí se requiere un cambio de rumbo, cambio de mirada, el paradigma del neoliberalismo  ha hecho crisis en estas semanas y por tanto se requiere  dar respuestas bajo una mirada  distinta, bajo el concepto de un Estado de Derecho que protege a los ciudadanos cuando enfrentan vicisitudes o problemas en el camino de la vida y que otorga mejores herramientas para que todas y todos progresen.