Por Mario López M.

Es fácil escudarse en el “sistema” como el único culpable. Pero ese sistema tiene instituciones y nombres, que muchos callan por temor o conveniencia. No es fácil identificarlos, sin embargo se caracterizan por algo: ineficiencia o negocio.

Jueces que se excusan en no tener competencia, funcionarios que abusan de su “poder”, fiscales que perdieron la sensibilidad y se enredan en cuestiones procesales, técnicos que intermedian pero que no tienen ninguna formación para asumir la tarea tan difícil de determinar el futuro de un niño o niña, pero igual lo hacen, abogados maniatados por mecanismos sacramentales que perdieron el foco de lo que realmente importa, el interés superior del niño y otras anomalías, como la falta de control o fiscalización, forman una cofradía misteriosa y poderosa, donde el interés del dinero no ha estado ajena.

Pero resultaría injusto radicar el problema exclusivamente en el sistema operativo de la justicia de familia. Nuestros legisladores son también parte de él. Leyes dictadas entre cuatro paredes, de espalda a la realidad que viven miles de familias, han permitido que todo lo anterior ocurra.

Los cuidados del sacristán mataron al señor cura

Ha sido tal la maraña de mecanismos que buscaron los legisladores para proteger a los niños, tal el esfuerzo por que nada se les escapara, que terminaron olvidando justamente a los más desprotegidos: los niños abusados sexualmente.

Quisieron evitar que un padre o madre usara a los hijos como moneda de cambio de mejoras económicas, rencillas personales o venganzas por abandono. Quisieron que no faltara la imagen paterna o materna, que ninguno perdiera de vista que el hijo o hija no era culpable de la separación y que necesitaba de ambos. Pero no lo lograron, al menos, no respecto de los niños abusados sexualmente por alguno de los progenitores, pues a ese respecto, el vínculo es imposible o al menos muy improbables de lograr.

Quisieron castigar a los padres o madres que negaban el acceso a los niños –y que los hay, los hay- con el cambio de cuidado personal, pero metieron a todos en un mismo saco y generaron un espiral de abusos más graves que los que pretendían cautelar.

Si una madre, por ejemplo, se niega de manera habitual e injustificadamente a que el padre pueda ejercer su derecho a un vínculo de relación directa y personal (visitas), desde luego el perjudicado es el hijo o hija, además del otro progenitor. Lo que no repararon es que si esa negativa es por abusos sexuales justamente del que pretende tener acceso al niño, entonces la negativa no puede ser sancionada. Pero hoy lo es, sin importar el porqué de la negativa.

¿Y el Estado? Bien, gracias

Como siempre el Estado suele ser contestatario a las demandas o problemas sociales. En año 2004 el llamado caso “Sakarach” y la existencia de poderosas redes de pedofilia en nuestro país generaron tal estupor público, que se buscó la manera de generar mecanismos de representación jurídica a niños y sus familias que no contaban con los recursos económicos para contratar un abogado que los representara en los procesos penales, los llamados Programas de Representación Jurídica (PRJ).

En materia de juzgados de familia, comenzaron en paralelo a operar los curadores ad litem, abogados encargados de la representación del interés de los niños cuando estos colisionaban con el interés de los padres.

Sin perjuicio del trabajo realizado por unos y otros, las falencias continúan y el acceso a la justicia por parte de las víctimas abusadas sexualmente sigue siendo una quimera que solo alimenta la impunidad, además de agrandar cada vez más la brecha entre ricos y pobres al momento de acceder a la justicia.

También entraron en escena las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ). Exceso de trabajo, falta de especialidad, conflictos de competencia entre tribunales que se supone debían colaborar entre sí, engorrosos mecanismos de periciales y ausencia de control, entre otras causas, dejaron aún más en indefensión a las víctimas.

Hoy es un hecho de la causa que niños, niñas y adolescentes que han sido abusados sexualmente están siendo nuevamente vulnerados en sus derechos porque los tribunales de familia y las fiscalías no se han hecho cargo de que tales abusos no son susceptibles de acreditar con facilidad.

Allí, curadores ad litem, CAJ y PRJ se ven enfrentados a diario a serias dificultades para ejercer su labor proteccional, amén de sus falencias propias.  Sume a ello denuncias concretas que hablan de incentivos por juicios exprés que atentarían en contra de la propia justicia, la de los niños.

“Estamos solas”

“El punto inicial de todo esto es que los entes del Estado encargados de investigar delitos contra la infancia, y a su vez proteger (Fiscalía y Tribunales de Familia), no cumplen sus funciones, sino que, todo lo contrario, terminan transformando a víctimas en victimarios, luego de una persecución inhumana en contra de las madres que hemos intentado por todos los medios proteger a nuestros hijos”, dice una de las madres que ha se ha coordinado tras las denuncias en Cambio21 para llevar a las autoridades su demanda de justicia.

“En casi el total de los casos de abusos sexuales y violencia que afectan a menores de 14 años y sobre todo si son niños preescolares, la Fiscalía cierra en un plazo muy breve las investigaciones con una Decisión De No Perseverar, ya que tal como ellos mismos explican, el estándar probatorio para condenar un delito de esta naturaleza es muy alto, por lo que si se estima que un niño no puede sustentar un juicio oral, es mejor no perseverar para que no haya un Sobreseimiento Definitivo y para no exponer al niño al proceso Judicial. Esto luego de que los niños han sido entrevistados por fiscales y psicólogos de la Unidad de Víctimas y Testigos de las Fiscalías, periciados en el S.M.L, y expuestos a una larga pericia de credibilidad de relato (2 o 3 días), entre otras diligencias”, reclama Marisol.

“Al pasar a Tribunales de Familia, donde todas las madres hemos buscado protección para nuestros hijos, se da una realidad aberrante. ‘La presunción de inocencia’ del presunto agresor sexual”, recalca.

La sensación es que los fiscales “no les creen a los relatos de los niños, además de lapidarios prejuicios contra las madres; incluso se habla de ‘Ganancia Secundaria’. Es decir, el niño miente, porque la madre lo manipula para un beneficio personal”, explica, a la vez que reconoce que a muchas les resulta aberrante estar “sometidas a años de juicios, pericias, evaluaciones, persecuciones, amenazas, violencia institucional, órdenes de arresto. Muchas en algún momento han tenido que arrancar para no exponer a sus hijos, incluso han sido privadas de libertad”.

“Para que hablar de los tremendos gastos económicos de defensa, tratamientos psicológicos, pericias pagadas, multas. Además de ver las conductas sexualizadas de nuestros hijos o los miedos invalidantes que manifiestan, la pena, y el dolor de haber sido víctimas de algo que ni siquiera son capaces de entender, pero que les arrebata su alegría e inocencia. En definitiva, un desgaste físico, psicológico, emocional y económico que solo por el amor a nuestros hijos somos capaces de sobrellevar y, lamentablemente, muchas no resisten… ¿Esta es la ganancia secundaria?”, se pregunta.

No se escucha padre

Han pasado ya casi tres semanas desde que un grupo de madres se apersonó en la Cámara de Diputados. Tres semanas en que las y los parlamentarios presentes comprometieron sus esfuerzos en hacer justicia. Sin embargo de las buenas intenciones a las acciones existe una brecha dolorosa que se ha invisibilizado. No solo no se ven resultados, sino que no se miden las consecuencias.

En esas tres semanas cientos de madres y padres siguen sin acceso a sus hijos, en manos justamente de aquellos que los mismos niños han acusado de abusarlos. Cada día es una eternidad, cada día que pasa es un peligro para esos niños. “En Chile, las madres perdemos el cuidado personal cuando se hace una denuncia de abuso sexual o V.I.F. contra el progenitor, por incumplir el régimen de visitas con el agresor”, les explicó una de las madres a los parlamentarios presentes.

“Es vergonzoso y debería avergonzar a un país que los derechos de los más necesitados de protección se vean pisoteados en pro de defender una ideología patriarcal y misógina. Ante la duda, en caso de haberla, ha de ser el niño o niña quien debe ser protegido. Enviar a las niñas y niños a convivir con quien les maltratan y abusan, quienes les humillan y roban su infancia, es un delito de lesa humanidad y, como tal, debería estar contemplado. Lo que viene pasando en Chile con la infancia es tortura. Un crimen aberrante donde el Estado chileno está siendo cómplice activo”, les dijo a los parlamentarios, demandando actuaran con prontitud. 

“Es por esto que solicito a esta Comisión tomar conocimiento de estos hechos que relato y pido encarecidamente enfatizar en la protección de los niños y niñas de Chile sobre cualquier otro derecho. Me despido con el corazón apretado y compartiendo el dolor de muchas madres y niños de este país”, les dijo.

“Los tribunales de familia no protegen”

“La justicia chilena entrega completa impunidad a los abusadores. Y aunque los niños vuelvan a vivir y revelar episodios de violencia, como madres nos dejan completamente atadas de manos para proteger a nuestros hijos”, reclama Marisol, cuyo hijo le fuera arrebatado por tribunales por no dejar que el padre, acusado de abusos sexuales en contra del menor, accediera a él, sea en visitas o revinculación.

“Somos muchas las madres sufriendo este mismo dolor y todas las que he conocido en este camino de proteger a sus hijos de un padre agresor han pasado a ser ‘victimarias’, cuestionadas, menospreciadas por gente que no nos conoce y ni siquiera han visto a nuestros hijos, pero como son parte del Poder Judicial tienen más poder de decisión y derechos que la propia madre sobre sus hijos”, relata.

“Los tribunales de familia no protegen, incluso teniendo antecedentes de abusos sexuales y violencia en pericias e informes de profesionales, si no que invisibilizan totalmente lo vivido por los niños y luego de decretar sobre las madres protectoras varias órdenes de arresto, pago de multas, firmas mensuales en carabineros, evaluaciones, pericias y revinculaciones en centros privados establecidos por el tribunal de familia, además de por años estar expuestas en distintos tribunales de garantía y familia, finalmente nos arrebatan a nuestros hijos porque cometimos el ‘grave delito’ de creer en ellos, en su relato, protegerlos y hacer la denuncia correspondiente”, lamenta Marisol.

“Un  violador no puede ser padre”

Hoy, cientos de personas se han movilizado no solo poniendo en el tapete sus casos personales. Han llegado al Congreso, los medios, el poder judicial y hasta hay quienes se encuentran promocionando un proyecto de ley que busca evitar que un violador pueda, bajo el actual sistema, lograr el cuidado personal del hijo que engendró mediante la fuerza, violentando a la madre.

El caso puede parecer rebuscado, sin embargo existen precedentes en nuestro país que dan cuenta de hijos nacidos producto de violaciones. Suelen formar parte de la cifra negra, aquella que no llega a tribunales. Durante la dictadura nacieron niños producto de atentados sexuales que agentes del Estado ejecutaron contra mujeres, las que optaron por quedarse con ellos y callar para proteger a los niños, inocentes de la barbarie.

En Estados Unidos ya existen precedentes. Se trata de Christopher Mirasolo, quien violó a una niña de doce años en Michigan, dejándola embarazada. Bastó una prueba de ADN para acreditar la paternidad, luego de lo cual la Justicia local dictaminó que la paternidad corresponde a los dos: al violador y a su víctima. No solo eso, el juez ordenó agregar el apellido de Mirasolo a la partida de nacimiento del menor y, también, entregó al hombre la dirección del domicilio de la mujer, quien vive en Florida con su hijo, que ya tiene ocho años.