Por Mario López M.
Tras casi cuatro años desde que se destapara la denuncia del denominado caso “Milicogate”, que implicó el robo de más de siete mil millones de pesos desviados a los bolsillos de militares y proveedores confabulados desde los fondos reservados del cobre, comienza a acreditarse la participación de altos mandos en la estafa.
Escondido entre la “operación Huracán” y la sustracción de la pequeña Emmelyn, el procesamiento de un general (r), Héctor Ureta Chinchón, pasó casi inadvertido. Casi, porque los hechos en que se le imputa haber tenido participación directa son solo la punta del iceberg del millonario desfalco que desnudó una máquina de defraudar al interior del Ejército, que salpica a otros altos mandos.
Hasta ahora, solo habían caído mandos medios y clase dentro de la institución, muy lejos de quienes tenían la labor de ejecutar los tres niveles de control al interior de la institución en su relación con civiles proveedores: el organismo que ordenaba la compra, el que fiscalizaba que ella fuera acorde a las políticas institucionales y la encargada de fiscalizar que lo que se pagaba correspondía a la gestión o bienes transados.
El general Héctor Ureta era parte de esa triada, junto con el general Jorge Salas y el general Miguel Muñoz, cada uno a cargo de los filtros de control que no se ejercieron. Bastaba que uno de ellos hubiera operado de acuerdo con las normas del protocolo para que el robo de miles de millones de pesos no se hubiera ejecutado de la manera impune que hasta hoy se mantiene.
Que no sepa la mano derecha…
Un grupo de los funcionarios de la División que comandaba el general Héctor Ureta, el Estado Mayor de la División de Mantenimiento del Ejército (Divam), habían sido detenidos en el marco de la investigación. Entre ellos sus más cercanos, todos de baja graduación y a quienes se les imputó estar vinculados al millonario fraude. Entre ellos los suboficiales Claudio González Palominos, Miguel Escobar y la cabo primero Millaray Simunovic. A ellos se suman Juan Carlos Cruz y Clovis Montero, el rostro más visible del mega robo.
Por su parte estaba la unidad que comandaba Miguel Muñoz, quien fuera director de Logística del Ejército y posteriormente, en el periodo crítico del fraude, lo ascendieran a general de división y a cargo del Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF). Luego, en 2013, fue promovido al grado de jefe del Estado Mayor General del Ejército. A él se le imputó la ausencia de control que pudo evitar los desvíos de fondos.
El general Jorge Salas, en tanto, también tuvo a su cargo el Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF), donde se concentró el millonario fraude. Esa unidad era la responsable dentro del Ejército de controlar los saldos correspondientes a la Ley Reservada del Cobre. No existió tal fiscalización o, de haberla, esta fue inapropiada. Se le imputa la responsabilidad de haber diluido los controles de la División de Mantenimiento. Él negó que hubiera dado la orden de no revisar facturas. Igual a la situación de Muñoz, la justicia militar en 2017 lo sobreseyó dejando sin efecto el procesamiento que había sido dictado en su contra.
No fue un documento o factura, no fue una ocasión, fueron centenas y hasta más de mil los pagos indebidos. El que ordenaba el pago sabía o debía saber, el que fiscalizaba no lo hizo o no podía menos que saber y el que pagaba era parte del mismo sistema que por desidia o negligencia inexcusable generó un fraude al Estado.
"Ureta permitió el fraude de $1.783 millones"
Así lo imputó en el procesamiento del general (r) del Ejército Héctor Ureta Chinchón, la ministra Romy Rutherford, quien de paso ordenó la aprehensión del mencionado oficial.
“En el caso aparecen indicios suficientes para estimar, en el presente estado procesal, que el inculpado Héctor Ureta a lo menos consintió, toleró o permitió que otros oficiales del Ejército, que se encontraban bajo su mando, defraudaran al fisco”, consigna el fallo.
Este es el primer “triunfo” del Consejo de Defensa del Estado (CDE), que hace pocas semanas había reiterado la necesidad de encausar por fraude al fisco a este militar y a otros, pero donde solo obtuvo –por ahora-, este auto de procesamiento. La misma magistrada desechó otro procesamiento, dictando un “no ha lugar por ahora, sin perjuicio de lo que se pueda resolver evacuadas las diligencias”.
Ureta, al momento de los ilícitos, se desempeñaba como jefe del Estado Mayor de la División de Mantenimiento del Ejército, pasando luego a ser comandante de la División de Mantenimiento del Ejército. En ese periodo “se tramitaron y pagaron gran parte de las facturas falsas investigadas en relación con los proveedores Fuentes Quintanilla y sus empresas Inversiones y Comercio Capellán y Repuestos Automotrices Ltda. y Waldo Pinto Gaete”, dice la resolución judicial.
Según Clovis Montero, los fondos reservados del cobre que fueron defraudados suman “aproximadamente 5.000 millones de pesos”, gastados sin supervisión alguna de la Contraloría General de la República. “Nunca nadie revisa nada”, dijo Montero. Los montos según la investigación, superan los $7.800 millones.
La versión de Ureta
En la declaración que prestó en tribunales, Ureta afirmó que “como general dio cuenta de la situación del fraude al fisco y que quienes robaron la plata son personas que actualmente se encuentran en la calle”. También aseguró que “no sabe quiénes son; personas que estaban encargadas de llevar cuadratura del dinero correspondiente de la Ley del Cobre en el Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF) y no lo hicieron; y a su vez generales que debieron controlar, y que no lo hicieron”, argumentó.
“Hay todo tipo de responsabilidades, tanto legales, administrativas y de mando”, insistió Ureta en esa oportunidad. “A la División de Mantenimiento no le robaron”, recalcó, sugiriendo el problema en los otros fiscalizadores.
Con antelación, a través de un mail masivo dirigido a sus pares, el general disparó al alto mando institucional del millonario fraude a Ley Reservada del Cobre. “En el Ejército existía una red de personas que desde diferentes lugares entregaban facturas (ideológicamente falsas) al personal del Comando de Apoyo a la Fuerza”, denunció Ureta, en un periodo que iría entre los años 2010 y 2014. Producto de las investigaciones, se pudo determinar que parte de esos fondos de todos los chilenos fueron gastados en lujosos viajes, caballos, fiestas, prostitutas y en el casino.
“De las más de 1.200 facturas falsas, actualmente en investigación por parte de la Fiscalía Militar, no existe ninguna de ellas que haya sido tramitada para pago por los diferentes organismos y jefaturas de la División de Mantenimiento”, refutó Ureta.
“Otro aspecto que deseo dejar claro es que estos hechos fueron descubiertos de una manera totalmente fortuita, totalmente por casualidad, mientras se realizaba un trabajo sobre las actas de recepción de los documentos contables y no por un control”, escribió el retirado oficial.
¿Quiénes debían llevar el control de estos cobros en el CAF? ¿Quiénes debían llevar los saldos de los decretos de la demanda estratégica en el CAF? ¿Quiénes debían llevar los consolidados (balances generales) que permitieran saber que año a año faltaban fondos?
El modo de operar
Para Ureta, “las facturas ideológicamente falsas aparecían en el CAF sin tener un oficio conductor de alguna unidad, por tanto era muy fácil advertir que no eran imputables a alguna unidad”.
Según el general, para evitar ser descubiertos los gastos eran cargados a un ítem llamado “compensación presupuestaria, una especie de préstamo desde el presupuesto corriente (…) Fue de estas compensaciones principalmente desde donde se pagaron las facturas ideológicamente falsas. No fue del Mantenimiento del Potencial Bélico administrado por la División de Mantenimiento”, concluyó.
Si bien a él personalmente no se le ha imputado beneficio personal, sí se le imputó haber permitido el fraude.
El coronel (r) Clovis Montero, confeso de los hechos, reconoció que entre enero y marzo de 2014 “Cruz me manifestó que la División de Mantenimiento (a cargo del general Ureta) necesitaba sacar unos dineros para unos gastos”. Y la manera de hacerlo era mediante la emisión de facturas ideológicamente falsas que consiguieron con la empresa Frasim, dirigida por Francisco Huincahue, las que ingresaban en el sistema y generaban las órdenes de pago que emitía la propia División a cargo de Ureta, para luego enviarlas a Tesorería del Ejército, donde se pagaban y donde se encontraba a cargo el mismo Montero.
Como se recordará, el 7° Juzgado de Garantía de Santiago obtuvo la condena a cinco años de libertad vigilada intensiva y el pago de una millonaria multa a cuatro ex proveedores del Ejército por el delito de fraude al Fisco. La fiscal de alta complejidad Centro-Norte, Ximena Chong, acusó a Raúl Fuente Quintanilla y su hijo, César Fuentes Campusano, y a Francisco Huincahue y Pedro Salinas.
Chong acreditó que los civiles se confabularon con exfuncionarios del Ejército para simular la entrega de servicios y pertrechos para obtener, de manera ilegal, fondos de la Ley Reservada del Cobre. El fraude se estimó en más de $7 mil millones. Los dineros llegaban a los civiles que luego entregaban su parte a los militares involucrados.
Militar que denunció a Ureta demandó al Ejército
Entre las aristas de este caso aparece una demanda laboral por “vulneración de derechos fundamentales” que interpuso el cabo Sergio Tudesca ante el Primer Juzgado del Trabajo, acusando que tras su denuncia habría sido perseguido tras dejar al descubierto eventuales delitos en licitaciones realizadas por la División de Mantenimiento de la institución, bajo la cual sucedió el fraude y a cargo de Ureta.
En su libelo denuncia que fue sancionado el día en que declaró como testigo en el caso “Milicogate”. Hostigamiento y acoso del mando militar son los fundamentos del cabo primero.
La jueza titular, Carmen Correa Valenzuela, se declaró incompetente para conocer el fondo de la presentación, desestimando pronunciamientos realizados por el máximo tribunal del país que han aceptado la vía de tutela para funcionarios públicos. Más allá de eso, Tudesca deja en el tapete que fueron altos oficiales del Ejército los que le impidieron “denunciar actos administrativos irregulares”, humillándolo frente a los demás soldados, sometiéndolo a interrogatorios sobre su comportamiento y dichos y obligándolo a desempeñar funciones mientras cumplía con una licencia médica.
De resultar ciertas, las aseveraciones contenidas en la demanda son de extrema gravedad desde el punto de vista de la impunidad.
Tudesca afirma que los líos que lo enfrentaron a Ureta comenzaron luego de “tomar conocimiento de hechos constitutivos de corrupción”. La situación se habría agravado cuando un proveedor reclamó ante la Contraloría del Ejército por “un proceso licitatorio que se encontraba viciado”. El general habría acusado públicamente que la denuncia era producto de una filtración al interior de su unidad, advirtiendo que “buscarían al responsable”.
El 2 de junio de 2015, Tudesca interpuso otra acción, esta vez ante la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, donde estampó una denuncia en la que pidió “que se investigaran los hechos relacionados con licitaciones” en la División. Según el cabo primero, debió retractarse tras la aplicación de “medidas coercitivas” por parte del alto mando.
Justicia militar, la mirada “distinta”
Como consecuencia del caso “Milicogate”, la Corte Suprema designó en carácter exclusivo a la ministra Romy Rutherford a cargo de la Corte Marcial. El ministro en visita Omar Astudillo, en septiembre de 2016 había dictado un procesamiento en contra de tres generales (r): Antonio Cordero Kehr, Jorge Salas Kurte y Miguel Muñoz Farías. Los tres tuvieron bajo su cargo el Comando de Apoyo a la Fuerza, CAF, donde se focaliza el millonario fraude.
Astudillo ordenó su reclusión en el Batallón de Policía Militar en la comuna de Peñalolén, dejando en claro que se les imputaba el delito contemplado en el Código de Justicia Militar de “incumplimiento de deberes militares” y que ello –por ahora-, no implicaba imputarles enriquecimiento ilícito con los montos defraudados.
De acuerdo con lo resuelto en esa oportunidad, los entonces procesados no habían cumplido con el más mínimo deber de controlar que los subordinados bajo su mando no utilizaran mecanismos dolosos mediante licitaciones y adquisiciones fraudulentas y emisión de facturas ideológicamente falsas, que implicó millonarios pagos ilícitos.
Tres meses después, en enero de 2017, la Justicia Militar cambió de parecer y revocó el procesamiento de los tres generales. Votaron a favor de liberarlos la ministra Dobra Lusic (presidenta), el coronel Ricardo Coronado (Ejército), el general Juan Hargous (FACh) y el general Juan Carlos Gutiérrez. El único voto disidente estuvo a cargo del ministro Juan Manuel Muñoz. Los tres quedaron sin imputaciones criminales, por lo que se presume su inocencia penal.
Tras cuatro años, esta causa está recién en proceso de imputaciones criminales, lejos de acusaciones o sentencias. Entre los investigados se encuentra el ex comandante en jefe Juan Miguel Fuentealba (que se cambió el apellido a Fuente-Alba). Los dineros nunca aparecieron y, salvo Ureta, hasta ahora el hilo se ha cortado por lo más delgado.
Así como el “Pacogate”, esta versión del Ejército enfrenta a altos mandos que no controlan o, si lo realizan, hacen vista gorda. Lo terrible es imaginar que más que ineficiencia haya participación en los ilícitos. ¿O somos muy mal pensados?
