Por Mario López M.

El sistema ya no da para más. Se sabía que era un negocio para quienes administran sus fondos previsionales, pero había alguien más detrás del tema: las compañías de seguros son dueñas de la mayoría de las administradoras. Entre unas y otras se llevan 1 de cada 3 pesos cotizados. Un negociado que llegó a los tribunales.

El 70% de las pensiones del sistema privado son anticipadas. Las compañías de seguros y no las AFP están financiándolas. Con Provida queda patente cómo retrasan los retiros por invalidez para generar más utilidades. La mitad de las mujeres jubiladas en febrero 2018 no percibe más de $ 27.163 mensuales.

Ante la Fiscalía Nacional Económica escaló la grave denuncia hecha por una trabajadora de la AFP Provida, respaldada por una serie de documentos que dan cuenta de instrucciones provenientes de niveles gerenciales, por la cual, por años, se les impuso a los trabajadores de esa entidad, metas para rebajar las jubilaciones por pensiones de invalidez.

Las mentadas instrucciones apuntaban a que se debía, por cualquier medio, boicotear la posibilidad de que el afiliado que sufriera una situación de invalidez o incapacidad anticipada para el trabajo, pudiera jubilarse. Desde razones administrativas -exigir más requisitos- hasta sugerencias de que disfrutaran de licencias por el máximo de tiempo, eran parte de la trama. Los trabajadores (sucursales) que cumplían metas de rebajas de jubilados inválidos, recibía incentivos económicos, cerrando el círculo de un inmoral, ilegal e inhumano procedimiento.  

El SIS, lo que los seguros no quieren pagar

El requerimiento presentado ante la Fiscalía Nacional Económica por la fundación Valídame, recoge el testimonio de una empleada de Provida, Alejandra Vidal, quien reveló y documentó con correos electrónicos de sus superiores, que existe un procedimiento denominado “control de siniestralidad”, cuyo único fin es obstaculizar las solicitudes de pensión por “invalidez”, para mantener el índice de pago de estos beneficios artificialmente bajo y naturalmente beneficiar vía mayor ahorro a la AFP y a la compañía de seguros tras su propiedad, al aumentar sus ganancias.

El seguro de invalidez y sobrevivencia (SIS), corresponde a un porcentaje de la renta imponible del trabajador, valor que actualmente alcanza a un 1,53 por ciento. Respecto de los trabajadores dependientes, el cargo de pagar esa cantidad es del empleador. Tal como señala The Clinic, medio que hiciera la denuncia, “si se compara con el porcentaje cotizado (un diez por ciento del sueldo), se descubre que en realidad las aseguradoras se llevan un cuantioso 15 por ciento sobre el monto que mes a mes aportan los trabajadores a las AFP”.

El SIS debiera cubrir la eventualidad de que un trabajador o trabajadora sufra una enfermedad invalidante que les impida seguir ejerciendo, total o parcialmente sus labores, o en la eventualidad de que el afiliado muera antes de jubilar, caso en el cual los beneficiarios son, en distintos porcentajes, la viuda y sus hijos. A diferencia de una jubilación normal, en que los porcentajes son paupérrimos y además se dividen según la expectativa de vida del cotizante, lo que lo rebaja en el tiempo aún más, el de invalidez es fijo y se mantiene de por vida y alcanza entre el 60 y 70% del último sueldo.  Y si usted jubila muy anticipadamente y sus fondos acumulados no alcanzan, entonces deberán pagar las compañías de seguros. Y ojo, son ellas las que están detrás del negocio, porque son las verdaderas duelas de las AFP.

Es decir, el negocio de las AFP y de las compañías de seguros tras ellas, es evidente. Mientras más se restringe que personas inválidas puedan jubilar anticipadamente, más ahorro para la compañía de seguros que debiera cubrir el porcentaje del sueldo 60 a 70% del cotizante jubilado antes de tiempo. Ese mismo trabajador, de jubilar, la mujer a los 60 años o el hombre a los 65 años, tras cotizar por más de treinta años, hoy no tendría una expectativa de recibir más allá del 35% de su última remuneración. Al impedir que se genere la jubilación anticipada, la ganancia mes a mes para las AFP y sobre todo para las compañías de seguros, es abismante.

A tribunales los boletos

La Fundación Valídame, encabezada por Juan Carlos Pizarro, puso los antecedentes de la denuncia en poder de la Fiscalía Nacional Económica, dirigida a su vez por Mario Ybar a principios del mes pasado. El oficio da cuenta de haberse “tomado conocimiento de hechos que revisten la connotación de ilícitos, en carácter reiterado, antecedentes que ponemos en conocimiento de los organismos pertinentes a contar de esta fecha (8 de agosto)”. Se suman a este requerimiento rol 80.783, una serie de Recursos de Protección presentados por ahora en las Cortes de Apelaciones de Concepción y La Serena, y de otros por presentarse, según informó la Coordinadora Nacional de Trabajadores y Trabajadoras NO+AFP.

El oficio señala de manera categórica que se “han recibido antecedentes del manejo interno de la AFP más grande de Chile, correspondientes al período 2008-2009, es decir, pre y post Reforma Previsional de 2008; que sustentan que al menos AFP PROVIDA S.A ha instruido mediante prácticas permanentes, el control de Siniestralidad de sus afiliados (…) Tal es así que, según antecedentes adjuntos, llevan estadísticas a nivel nacional de los solicitantes de calificaciones de invalidez, por sucursal, con tabla comparativa por meses y años anteriores, imponiéndoles topes del número de solicitudes que se podrían cursar, donde los únicos beneficiados eran supuestamente otras empresas, es decir, las compañías de seguros”.

Además de los correos con instrucciones superiores de Provida que dan cuenta del vil procedimiento, se incluyen las declaraciones de la denunciante, Alejandra Vidal, empleada de Provida desde 1993 y quien era la encargada del área de Beneficios de la aseguradora en la fecha de los hechos denunciados, en Concepción. Ella afirma que “Entre los años 2008-2009 estuve a cargo de la invalidez en AFP Provida S.A en la ciudad de Concepción. En ese período teníamos instrucciones de frenar las solicitudes de invalidez cubiertas. Lo anterior para bajar la siniestralidad de las compañías aseguradoras. Era tanta la presión por no suscribir las calificaciones que nos medían semanalmente a través de estadísticas destacando en rojo las agencias que no cumplían”.

A ella, como a las demás sucursales del país, se le ordenó “frenar las solicitudes de invalidez cubiertas” y el periodo fue bastante más extenso que los años señalados, diría más tarde en otra declaración jurada. Serán los tribunales los que deberán determinar el mérito de las graves acusaciones y el destino que deberá afrontar la mencionada AFP -y sin perjuicio que debiera darse paso a investigar a todos los incumbentes del mercado-. Por de pronto, las reacciones han comenzado a generarse.

“Institucionalidad corrupta”

Luis Mesina, dirigente de la organización No+AFP, una vez conocida la denuncia dijo estar “conmovido por la estrategia para negar pensiones de invalidez a personas enfermas. Aunque nada puede sorprendernos a estas alturas del partido. Llevamos treinta y siete años en que las AFP, una industria concebida para capturar el ahorro de los trabajadores y trabajadoras, son puestas al servicio de negocios y no del pago de pensiones. Han incurrido sistemáticamente en prácticas que son contrarias a nuestros intereses”.

De acuerdo a lo señalado por el dirigente social, “eso sucede porque las comisiones médicas, son financiadas por la Superintendencia de Pensiones y oh, sorpresa, son además financiadas por la Asociación de AFP. Es decir, por los mismos que nos han estafado por 37 años. Es una práctica absolutamente reñida con la moral, práctica que lejos de apoyar la vida, está patrocinando la muerte de nuestros compatriotas, en condiciones de absoluta indignidad”.

“Estamos frente a una institucionalidad que patrocina una moral corrupta, que patrocina el delito, que patrocina abiertamente la estafa como método de capturar a trabajadores que están afiliados. Por eso el llamado a funar a esta AFP que es absolutamente inmoral, indecente y donde es menester que la autoridad la intervenga, para que definitivamente desaparezca del sistema. Mientras sigan existiendo las AFP, no habrá solución a las pensiones miserables e indignas que gana la gran mayoría de los chilenos”, remató Mesina, quien convocó a Chile a marchar el próximo 24 de octubre, para poner fin a estas “prácticas realmente criminales”, señaló.

El negocio de las AFP y de los seguros  

Se ha logrado determinar que las AFP han descontado en comisiones un peso de cada cinco cotizados por los afiliados. Sin embargo, recientes estudios han demostrado que, entre las AFP y las compañías de seguros que se encuentran tras ellas, se han embolsado -a costa de los afiliados-, uno de cada tres pesos cotizados en el sistema. Si se tiene claro lo anterior, que era un reflejo a lo acontecido al momento en que comienza la denuncia en contra de Provida a fines de 2006 y principios del 2007, se puede establecer que las AFP pagaron en total 163 mil pensiones de vejez o las que se llamarían normales.

A esa misma fecha, las pensiones anticipadas (y otros beneficios), sumaban 443 mil, bastante más que las primeras, por lo que en este caso eran las compañías de seguros y no las AFP las que debían “ponerse”.  Los mismos antecedentes acreditan que cerca del 70% de las pensiones que se entregan en el sistema privado son anticipadas. En otras palabras, hoy son las compañías de seguros y no las AFP las que las están financiando. Por ello las aseguradoras exigen a las AFP que bajen los índices de retiros anticipados, no les conviene.

¿Y cuál es el negocio entonces? Las compañías de seguro son las que se llevan la mayor parte de las comisiones, primas y otros ítems cobradas por el sistema a los afiliados. Tomemos el mismo periodo en análisis anterior correspondiente a las fechas en que al menos Provida comienza con la martingala de atrasar la fecha de jubilaciones anticipadas. Entre 1982 y 2006 los afiliados aportaron un total de 27,3 billones de pesos en cotizaciones obligatorias y 2,9 billones en otros aportes netos, mientras los pensionados por el sistema privado percibieron en el mismo periodo, beneficios por 4,4 billones de las AFP, y adicionalmente 5,4 billones en pensiones vitalicias pagadas por las compañías de seguros.

El Fisco por su parte aportó al sistema en el periodo en análisis, 6,1 billones de pesos en bonos de reconocimiento y subsidios de pensiones mínimas. Y aquí viene el negocio de las AFP y los seguros. Estos números permiten concluir que existió un saldo neto de 9,3 billones de pesos en beneficio de las aseguradoras, de las cuales las AFP se llevaron 4 billones y las compañías de seguros los restantes 5,3 billones de pesos.

Siguiendo en el mismo periodo analizado, las AFP devengaron por concepto de comisiones de sus cotizantes 5,9 billones de pesos entre 1982 y 2006, lo que equivale al 21,1% del total de cotizaciones obligatorias en el mismo período. Esta cifra incluye las comisiones de administración de las propias AFP, y las primas de seguros de invalidez y sobrevivencia, que contratan por cuenta de los afiliados con compañías de seguros relacionadas con el negocio.

¿Y los afiliados?

Las AFP administran actualmente más de $ 210.000.000.000 de dólares desde el inicio del sistema en 1981. Han cobrado altas comisiones compartidas con los seguros. Qué duda cabe que las AFP han fracasado como supuesto servicio a la Seguridad social. Cerca del 70% de los jubilados hoy percibe menos del ingreso mínimo, y si vamos a los que se consideran “retiros programados”, cerca del 90% recibe menos de 180 mil pesos mensuales.

Bastante distinto a las utilidades recibidas por las administradoras y las compañías de seguros detrás de ellas. Fíjese que solo tres compañías de seguro estadounidenses, Metlife, Prudential y Financial, controlan más del 72% de esos activos, que son equivalentes a más del 50% del PIB de Chile. De acuerdo con el Decreto Ley N°3.500 de 1980, las AFP son “empresas privadas con fines de lucro” y monopólicas, pues son las únicas que pueden hacerse cargo de administrar el 10% obligatorio de cotización para ahorro previsional al que están obligados en Chile los trabajadores dependientes.

En nuestro país la gran mayoría de los jubilados recibe en promedio unos 132.258 pesos mensuales, equivalentes a unos 200 dólares. Y eso que las cifras oficiales ubicaban la línea de pobreza para una persona en 155.623 pesos, 244 dólares  en 2017.

Este 2018 va de mal en peor. Del total de los nuevos pensionados en febrero de este año (10.198), el promedio de ingresos fue de $160.658 mensuales y en donde las mujeres reciben menos que los hombres. Y eso es el promedio, porque de las 5.667 mujeres jubiladas en ese periodo, la mitad de ellas no percibe más de $ 27.163 mensuales, según Fundación Sol, dato que se colige además de las información entregada por la Superintendencia de Pensiones.