Foto: Piñera y el ex fiscal Carlos Gajardo

Por Mario López M.

Hace solo unas semanas se supo de grabaciones en poder de un exejecutivo de la Bolsa, que daban cuenta que Sebastián Piñera al momento de comprar acciones de LAN, estaba usando información privilegiada a sabiendas y que la víctima sería un fondo norteamericano. Las acciones penales por ese delito, no están prescritas allí.

Un ex accionista, Jorge Said Yarur, sumó a los exfiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena para querellarse criminalmente en EEUU en contra de la ex administración de LAN, entre los cuales está el jefe de Estado. Ya existe una acción abierta en su contra en ese país donde arriesga penas de cárcel, de acreditarse el delito.

Varias aristas se abrieron o reabrieron en estos días como consecuencia de conocerse que existirían en poder de Francisco Armenet, ex ejecutivo de BanChile, corredores de Bolsa, grabaciones que comprometerían directamente a Sebastián Piñera, en su calidad de empresario y director de LAN -hoy Latam-, en una operación ocurrida en 2006, cuando el actual Primer Mandatario compró seis millones de acciones de esa línea aérea, manejando información que ningún otro accionista disponía y en grave perjuicio del vendedor, quien habría recibido una feroz pérdida pecuniaria en virtud de este hecho.

iñera, en ese entonces director de LAN, habría aprobado los estados de resultados que daban cuenta del crecimiento del valor bursátil de las acciones de esa compañía y, apenas terminado el directorio, procedió de inmediato a comprar, usando esa información privilegiada, acciones a su nombre con un crédito del propio Banco Chile. La operación le reportó inmensas ganancias, proporcionales a los perjuicios a los demás accionistas y al propio fondo estadounidense que enajenó las acciones.

Nacen nuevas acciones en contra de Piñera

Ya es sabido que, en nuestro país, Piñera fue sancionado por la Superintendencia de Valores, en razón de no haberse abstenido de comprar, conociendo información sustancial. Trescientos sesenta y dos mil dólares de la época, fue la condena que no cuestionó, para evitar que existiera en su contra acciones judiciales como sí aconteció con su socio en la operación Ignacio Cueto. Nadie escuchó o se hizo cargo de las grabaciones que tenía en su poder Armanet y por ello no se le pudo condenar por “uso de información privilegiada”, sino que solo por “no abstenerse de comprar”, sutileza que evitó sanciones más severas en su contra.

Las acciones civiles y penales en nuestro país, se encuentran prescritas y, especialistas estiman improbable que se pueda reabrir el caso que lo sancionó en 2007, a pesar de los nuevos antecedentes. No sucede lo mismo en Estados Unidos, lugar donde el caso prescribe a los 20 años, por lo que estaría vigente. 

Por estos delitos, “En EEUU tú te vas preso. Las penas van a depender del caso. Un caso muy famoso es el de Martha Stewart, que estuvo 5 meses en la cárcel, tampoco es que se vayan por 70 años. Si esa sanción fuera creíble en Chile cambia bastante la situación de funcionamiento del mercado”, dijo el exsuperintendente de Valores, Guillermo Larraín, quien tuvo a su cargo el caso Piñera.

Apenas se supo de la existencia de las grabaciones y su tenedor dio a entender que en ellas se acredita que Piñera fue advertido de que de comprar estaba incurriendo en un ilícito y aún así lo hizo, las antenas se dispararon en dirección a Estados Unidos. Allí la Securities and Exchange Commission (SEC) ya conoce una acción referida a estos hechos y cuya existencia se había logrado mantener en secreto. El 18 de octubre pasado, una querella rol TCR1508345790497, ingresaba a la norteamericana SEC, denunciando a Piñera por la operación que reputan fraudulenta en la compra de acciones.

La poco conocida querella

La acción de denuncia ingresada y vigente, da cuenta cómo Piñera, media hora después de participar en la reunión de directorio de LAN –donde se revelaron los estados financieros de la compañía y sus planes para el año siguiente–, llamó a la corredora BanChile para comprar un paquete de acciones que estaba a la venta, operación que le provocó un enriquecimiento indebido.

La acción habría sido ejecutada por el vendedor de las acciones, engañado en su precio, que sería el fondo de inversión Fidelity, uno de los más poderosos de Estados Unidos. También se especula que HBK, un fondo con sede en Texas, dirigido por Carlisle Wysong, habría sido el directamente perjudicado. Como sea, están establecidos dos hechos que confieren competencia a los órganos fiscalizadores y tribunales norteamericanos. El primero, que la operación se hizo en paralelo en las Bolsas de Chile y Estados Unidos, y lo segundo es que la víctima es de esa última nacionalidad, motivo por el cual la SEC puede intervenir, como lo está haciendo.

En todo caso, la denunciante no es la única que optó por recurrir ante la SEC.  Apenas conocida la existencia de las grabaciones, parlamentarios opositores demandaron al gobierno y a Piñera en particular, que pusiera en conocimiento público su contenido. También parlamentarios como la diputada Karol Cariola, anunciaron que oficiarían a la SEC para poner los nuevos antecedentes a su disposición. El senador Alejandro Navarro señaló que “he anunciado que voy a concurrir a la SEC para entregar los antecedentes en un proceso que está abierto en contra del presidente Sebastián Piñera desde el año 2006, cuando con información privilegiada, siendo accionista y miembro del directorio de LAN, compró un paquete de 6 millones de acciones antes que el mercado financiero lo supiera”, dijo.

Los indesmentibles hechos

“Como lo demuestra la sanción de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) contra Sebastián Piñera, los hechos revelados en el proceso de investigación establecen que el 24 de julio de 2006, a las 10.00 horas, se inició una reunión de la Junta de LAN con la presencia de Sebastián Piñera. Durante esa reunión de la Junta, se aprobaron los Estados Financieros de la compañía hasta el 30 de junio de 2006. Además, se acordó repartir un dividendo provisional de US $ 0,15071 por acción de la serie única, con cargo a las ganancias del año fiscal 2006. Otro tema de interés discutido durante la reunión de la Junta fue la adquisición de aviones Airbus A319. Cuatro aviones de este tipo se consideraron para 2006, totalizando 32 nuevos aviones en el período 2006, 2007 y 2008. La reunión de la Junta concluyó a las 15.30 horas, como se establece en el Acta de la Junta Ordinaria Nº 295”, relata la denuncia ante la SEC.

“Inversiones Santa Cecilia, representada por Sebastián Piñera, e Inversiones Mineras del Mar Cantábrico, propiedad de Juan José Cueto, compraron acciones de la corporación LAN. Inversiones Santa Cecilia adquirió 3.000.000 de acciones, mientras que Inversiones Mineras del Mar Cantábrico, adquirió 250.000 acciones”, según la denuncia, un minuto antes de las 16:00 horas del 24 de julio, se registró la compra de las acciones por las que Piñera pagó US$18 millones, con dineros provenientes de un préstamo del Banco de Chile.

El enriquecimiento logrado por Piñera en esta pasada, se generó al comprar acciones que costaban $3.280 cada una y que se incrementaron hasta llegar a $3.520 por acción, al conocerse los estados financieros entregados a la Superintendencia de Valores luego -los que Piñera ya conocía porque los había aprobado antes de comprar-. En los siguientes días, al enterarse el mercado que Piñera había ingresado con fuerza a LAN, aumentaría el valor de las acciones. 

Gajardo y Norambuena, viejos conocidos

Pero si ya lo anterior le ha quitado el sueño al mismo Piñera y a varios de sus adláteres en La Moneda, una nueva arista vino a encender las alarmas.  El antiguo accionista minoritario de LAN, Jorge Said Yarur, quien ya ha demandado y se ha querellado contra la aerolínea por el episodio “coimas en Argentina”, optó por iniciar una ofensiva penal ante la propia SEC por el affaire de la compra de acciones.

Para ello contrató a dos severos ex persecutores y viejos conocidos de Sebastián Piñera, a quien le tocó investigar en otras causas antes de salir de la Fiscalía, ante el desacuerdo con la superioridad del Ministerio Público, que optó por echar tierra en los casos de corrupción que Gajardo y Norambuena, entre otros, habían investigado. Piñera ha sido “cliente” de la fiscalía en los casos de financiamiento ilegal de la política, donde varias de sus empresas y sus más cercanos colaboradores aparecieron involucrados -incluso su mano derecha en Bancard fue formalizado-. También se le investigó por los casos Exalmar y Dominga, todos desechados por la dupla de los fiscales Manuel Guerra y Jorge Abbott, lo que generó el quiebre que hoy tiene a ambos abogados ejerciendo liberalmente la profesión.

La diferencia para Said Yarur esta vez no solo la hacen solo los dos abogados, sino que además un hecho no menor. Francisco Armanet, el que ya se reunió con el ex accionista de LAN y querellante. Armanet, tiene en su poder las comprometedoras cintas. Según fuentes citadas por La Tercera, comparten el interés de “abogar por un mercado transparente y en el cual quienes cometan actos ilícitos se hagan responsables”. Armanet ya advirtió que estaba dispuesto a entregar las cintas si la SEC se lo solicitaba, al momento de calificar a “quien utiliza información privilegiada en beneficio propio, por ejemplo, comprando acciones, desde un punto de vista económico está robando, donde el ladrón es el que compra y la víctima es el que vende”, dijo.

Las confesiones de Piñera

Sebastián Piñera reconoció ante la Superintendencia, cuando fue investigado, dos hechos que hoy resultan relevantes, desde un punto de vista legal. El primero, que como legislador conoció y participó de la redacción legal que le prohibía usar información privilegiada. El segundo, que conoció en la Junta de Accionistas de LAN, información sustancial que nadie más conocía, salvo los que participaron de la reunión y que, con esa información, optó por comprar las acciones. Ello, aunque trate de bajarle el perfil diciendo que en su oportunidad no le pareció ilícito.

El ahora jefe de Estado dijo que “Cuando se realizó la transacción, no consulté la opinión legal de ningún abogado porque estaba familiarizado con la ley de valores, porque había participado en su preparación y aprobación en el Congreso y debido a mi participación activa en el mercado de valores. En vista de lo anterior, llegué a la conclusión de que esta operación era completamente legal y legítima, ya que no involucraba información privilegiada”, manifestó, aunque la Superintendencia no opinó lo mismo y lo sancionó.

Luego agregaría una verdadera confesión: “Me di cuenta de ellos (los informes de estados de resultados que elevarían el valor accionario), durante la reunión de la junta, porque en la LAN cuando se tiene que proporcionar FECUS (información financiera), es el comité de miembros independientes de la junta el primero en conocerlos y, posteriormente, ese documento se proporciona a la junta. Algunos ejecutivos de LAN que participan en las reuniones de la junta se dan cuenta de la información junto con los miembros”, reconoció el actual Mandatario.

Lo anterior, sumado a la existencia de las grabaciones -que según quien las ha escuchado, serían explícitas y darían cuenta que Piñera actuó a sabiendas de la infracción-, llevan a concluir que esta vez el jefe de Estado deberá a lo menos, buscar una salida negociada, al estilo Soquimich o del ex socio del mismo Piñera, Juan Bilbao. Las grabaciones marcan un antes y un después en la causa, pues su importancia radica en que abre las puertas a la intervención de la SEC, debido al daño que esta venta podría haber causado a la fe pública, bien jurídico celosamente protegido en Estados Unidos y a la víctima, tanto como al Mercado de Valores de Nueva York.

Por ahora la SEC en Estados Unidos está reuniendo antecedentes, tanto los ya requeridos por ese órgano fiscalizador a entidades nacionales y extranjeras, cuanto los que se han ido aportando por las víctimas y otras personas y organismos. Hay quienes aseguran que las grabaciones ya están en poder de la SEC, razón por la que Armanet habría aparecido “de la nada” dando a conocer su existencia, lo que no muchos entendieron por qué lo hacía. También aseguran las mismas fuentes que previo al reciente viaje de Piñera a Estados Unidos, se le recomendó no hacerlo, dado lo peligroso que podía resultar el que la SEC lo requiriera estando en ese país. Piñera arriesga penas de cárcel de acreditarse el delito.

De llegar solo a conocerse el contenido de la grabación, el riesgo para Piñera es enorme, pues patente está el caso “Kioto”, en que la opinión pública cuestionó más el tono que el contenido. En este caso podría acontecer lo mismo y el Presidente, tan preocupado de las redes sociales, imagina el “linchamiento” de que sería objeto. Lo único claro es que, de actuar la SEC con seriedad, de nada le servirá a Piñera la “banderita” que le mostró a Donald Trump en la Casa Blanca, donde aparecía nuestro emblema nacional siendo un apéndice en una burdamente manipulada bandera norteamericana.