Senadores de oposición señalan que la Corfo que dirige el ex secretario general de la UDI Pablo Terrazas -que también fue candidato a diputado derrotado en Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura en la última elección- no solo modificó el contrato original del proceso licitatorio con posterioridad a las presentaciones de las entidades postulantes, y con posterioridad a las evaluaciones, sino que –además- cambió los montos establecidos inicialmente para implementar el Instituto de Tecnologías Limpias (ITL) en Antofagasta que fue adjudicado a un consorcio estadounidense que tiene el apoyo de universidades ligadas a personeros de la derecha como la Universidad San Sebastián, la Universidad del Desarrollo y la Universidad Autonóma.

 

Los senadores Yasna Provoste (DC), Guido Girardi (PPD) y Carlos Montes (PS), entregaron nuevos antecedentes al Contralor de la República, Jorge Bermúdez, para agregar a la presentación del pasado 11 de enero, en que solicitan se investigue el proceso de asignación de US$ 193 millones -el monto más alto destinado a ciencia- para implementar el Instituto de Tecnología Limpias (ITL) a un consorcio extranjero en desmedro de las universidades chilenas. 

En el documento, los firmantes piden al ente fiscalizador disponer una investigación sumaria, decretando desde su inicio la suspensión del proceso de adjudicación que se encuentra en tramitación, con el fin de que los plazos -que están corriendo según lo resuelto por el Consejo de Corfo y las notificaciones que ya se han llevado a cabo- no sigan avanzado y posibiliten llevar sin complicaciones la indagación. 

 

 

Al respecto, la senadora Yasna Provoste explicó que parte de las irregularidades del proceso licitatorio de la Corfo se evidencia en los antecedentes que se han ido liberando con posterioridad a la decisión que tomó el Consejo de la corporación Estatal, descrita en el Acta del pasado 4 de enero de 2021, en la que se señala una modificación en la cláusula Décimo Quinta del contrato original efectuada en diciembre de 2020. 

 

Es decir -acusa la legisladora- “después de que se había realizado todo el proceso de convocatoria, que habían sido evaluadas las iniciativas; solo en diciembre del año 2020 la Corfo modifica la cláusula décimo quinta del contrato, que es parte integrante de las bases de licitación; hecho que -en nuestra opinión- raya en un acto doloso, porque esta modificación no fue conocida por quienes se presentaron en 2018 en este proceso licitatorio. A nuestro juicio, se acredita de manera evidente que este cambio en la cláusula cambió también el objeto en la licitación”. 

 

Asimismo, la congresista DC añadió que lo anterior, permitió –además- cambiar los montos establecidos inicialmente para implementar el Instituto de Tecnologías Limpias en Antofagasta. 

“Esto solo lo conocimos ahora que se han liberado información parcial de este proceso. Recordemos que el contrato original de la Corfo establecía que para este Instituto se iba a poner a disposición un poco más de $193 millones de dólares; sin embargo -a partir de los antecedentes que hemos entregado al Contralor- la Corfo lo que hace es modificar estos montos, estableciendo un máximo de un poco más de $142 millones de dólares, por lo cual ellos se dejan una cantidad de recursos de libre disposición que no sabemos a dónde van a ser finalmente destinados”.

 

Además, la integrante de la Comisión de Minería de la Cámara Alta indicó que lo razonable para el país y su desarrollo, es que el Instituto de Tecnologías Limpias y estos recursos -que surgen del acuerdo entre el Gobierno y la empresa SQM- estuviesen destinados al propósito de apoyar a nuestras universidades nacionales en el desarrollo de más ciencia e innovación, pero también a apoyar a los territorios, y eso claramente no estuvo en la mirada de la Corfo”. 

 

Por su parte, el senador Guido Girardi manifestó que “hay una falacia de Corfo al pretender no ir a la Contraloría porque serían recursos privados. Estos son recursos públicos porque es parte de un convenio firmado por contratos de arrendamiento. Hay visiones ideológicas, este mecanismo fue ideado en el Gobierno de la Presidenta Bachelet para fortalecer el ecosistema de ciencia chileno, no el norteamericano y sus empresas, fue hecho para Chile”.

 

En la misma línea, el presidente de la Comisión del Futuro añadió que el fondo asignado al ITL “son recursos públicos porque surgen de un contrato de arrendamiento que no es voluntario. El litio le pertenece a toda la sociedad chilena y el Estado hace una concesión y un contrato de arrendamiento para prolongar la concesión y a cambio de eso SQM debe entrega estos recursos que no es un regalo, no es una dadiva (…) si lo fuera, los podría directamente haber asignado SQM, pero se entregan a través de un instrumento gubernamental y de un concurso porque son recursos públicos, no es un favor”.

Finalmente, Girardi señaló no compartir la visión del Presidente Piñera -que dijo que se utilizan recursos privados- y agregó que “nosotros creemos que el futuro de Chile es de los chilenos y chilenas, no se puede externalizar, y es fundamental que tengamos capacidades propias de nuestras universidades -públicas y privadas-, pero que sean propias”.