Por Mario López M.

Tampoco dijo que era senador al momento de estos hechos y que votó favorablemente la ley que amplió a indefinido el plazo para usar estos beneficios, de los que también lucraron Délano y Ponce Lerou.

La molestia de Sebastián Piñera al ser interpelado acerca de las empresas zombies que compró a partir de 1990 con el único fin de burlar impuestos, era evidente. No solo trató de defenderse sino que además atacó a los periodistas que lo interrogaban sobre por qué adquirió estos cascarones si no era para eludir los tributos.

Pero claro, entre tanta interrupción del mismo Piñera que no dejaba hilvanar las preguntas y los salvavidas desesperados que le lanzaban Catalina Parot y Fernando Villegas, varias cosas quedaron fuera de la discusión, tan o más graves que lo que pudieron reprocharle.

Escarbando en “cementerios”

Entre los 80 y los 90 dos hechos marcaron la economía nacional. Una, la profunda crisis que llevó a la quiebra o desmantelamiento de empresas de grupos económicos que generaron una tremenda pérdida que debió absorber el Estado, y otra, la incipiente era dorada de la economía nacional que llevó a algunos a denominar al país los “jaguares de América”.

Empresarios que en los 90 tenían inmensas utilidades no encontraron nada mejor que escarbar entre los muertos (sociedades en quiebra y con grandes deudas) y adquirirlas para usar esas pérdidas y así eliminar las utilidades propias y no pagar tributos. ¿Legal? Puede ser bastante discutible, pero desde un punto de vista ético se le quitaba a los más vulnerables la posibilidad de un Estado con más recursos pudiera paliar en parte, mediante beneficios sociales, sus inmensas e insatisfechas necesidades de salud, jubilaciones, seguridad, educación etc.

Las empresas zombies eran compañías que preferentemente pertenecían a los holding de Javier Vial y Manuel Cruzat (este último socio de Sebastián Piñera y formalizado junto a Santiago Valdés, administrador de campaña y de Bancard, del candidato derechista por las fraudulentas operaciones forwards). Se trata de empresas que perdieron todos sus recursos, que los pagó el Estado finalmente, pues no son dineros que hayan perdido Cruzat o Vial precisamente, y esas empresas quedaron a nivel tributario con un  registro muy importante de pérdidas.

La operación “Doctor Mortis”

Quien da inicio a esta triquiñuela es justamente Sebastián Piñera, por entonces senador de la República, quien comienza a aplicarla a partir de los 90. Otros, como Carlos “choclo” Délano o Carlos Lavín, lo harán más tarde, al inicio de los 2000 y aún más atrasado llega Julio Ponce Lerou en 2014, oportunidad en que la Corte Suprema deja de permitir estos “portonazos” en contra  del Estado y de todos los chilenos.

Fue justamente en los 90 que grandes empresarios como Piñera, Délano, Lavín y Luksic, entre otros, empiezan a obtener enormes utilidades en sus propias empresas. Era tanta la plata que ganaban que los impuestos que tenían que pagar no eran menores y buscaron la manera de evitar pagarlos. Entonces se les ocurre recurrir a la compra de esas empresas quebradas (que tenían cero activos, cero trabajadores, ninguna maquinaria o bienes en general, salvo las deudas, que además estaban prescritas) y las fusionan con las suyas.

En aquel entonces las pérdidas se podían hacer valer hasta por cuatro años. En los 90 cambia la norma y se amplía el plazo de manera indefinida. Y vaya sorpresa, Sebastián Piñera, que en ese momento era senador de RN, votó a favor de esta ampliación para poder usar esas pérdidas de arrastre de manera indefinida en sus propias empresas y la de sus amigos.

Cómo se benefició Piñera

El ahora candidato derechista y entonces senador compró cinco empresas. Una de ellas, por ejemplo, tenía una pérdida acumulada de 44 mil millones de pesos. Procedió a fusionarla con Bancard, que tenía en ese mismo momento utilidades por 39 mil millones, de tal manera que la utilidad que tenía Bancard desaparece por arte de magia y le queda un remanente para seguir usándolo en el periodo tributario siguiente. No habiendo utilidades, no hay impuesto que pagar.

Si no pagó esos tributos, entonces los ahorró y ese ahorro se transformó en nuevos negocios, compra de acciones, sacar dinero al extranjero, adquirir empresas, etcétera. Eso para Piñera, porque para el Estado y para usted, que dejó de recibir los impuestos, hubo menos carabineros en las calles, más listas de espera en hospitales, menos educación gratuita y de calidad, peores pensiones… a qué seguir.

Piñera y sus amigos se vistieron, cual noche de Halloween, con el cadáver de empresas muertas en los años 80. ¿Y cuánto valían estas? En los hechos, nada, pero como se trata de contubernios entre estos empresarios se determinó un precio menor por las pérdidas, pues eran tan altas las ganancias por los impuestos que se dejaron de pagar que valía la pena. Al fusionar estas empresas muertas con las vivas, que sí daban utilidades, las primeras se alimentaron de las segundas, extinguiendo las utilidades, que fueron a parar a los bolsillos de Piñera y sus boys.

¿Y qué hacía el SII en el intertanto?

El Servicio de Impuestos Internos durante los 90 no estaba en condiciones de pesquisar esta mariguanza, no tenía ni la capacidad ni la preparación de sus cuadros investigativos o fiscalizadores ni la voluntad de meterse en líos, siguiendo la política que se aplicaba en la dictadura, en que era mejor no entrometerse en estos ni en otros temas en que estaban presentes los poderosos, los de charreteras y los de billeteras.

Recién en 2001 el SII crea una unidad que comienza a investigar el comportamiento de los grandes contribuyentes y ya al 2004 esta manera de eludir los impuestos, que rayaba en la evasión, había llegado a cifras tales que era un escándalo, por lo que el Servicio tomó el toro por las astas y comenzó a investigar a estos grandes contribuyentes que habían generado una enorme pérdida para el Fisco.

Pero las insistencias por usar triquiñuela no terminó al ingresar el SII al ruedo, pues los empresarios que fueron descubiertos en estas andanzas comenzaron a recurrir a tribunales, los que, para variar, tampoco estaban preparados ni entendían cómo operaban estos depredadores de los tributos y finanzas públicas. En 2014 una sentencia que afectó a una zombie de Ponce Lerou puso fin a la jugarreta.

El chiste de la prescripción

Cuando el Servicio de Impuestos Internos metió mano y trató de parar este abuso, comenzó a girar los cobros de impuestos que se habían defraudado o dejado de pagar. Los que se metieron más tarde a la fiesta debieron pagar por llegar atrasados a la bacanal. Sebastián Piñera, el que había estado desde el inicio de esta historia, solo fue sorprendido “con una caja de zapatos en la mano, el resto de la tienda que se había llevado para la casa estaba prescrita.

Al momento de practicarse en sui contra los giros, la inmensa mayoría de las pérdidas que había fusionado con las utilidades cuyos impuestos dejó de pagar ya habían prescrito, por lo que solo pagó una baja cantidad de impuestos ($260 millones de la época) cuando en realidad debía pagar doscientas veces más que eso. En otras palabras, cuando llegaron los carabineros ya el “portonazo” se había terminado.

Veamos el negocio. Piñera por una de las empresas zombies pagó 900 millones de pesos y al Estado, cuando lo sorprendieron, otros 260 millones de pesos. En total pagó $1.160 millones. A él le reportó ahorrarse utilidades por $44.000 millones e impuestos sobre dichas utilidades por cerca de $4 mil millones. Negocio redondo gracias al gentil auspicio de Chile. ¿Legal? ¿Ético? Juzgue usted.

Las otras movidas que se callaron

“Muchas empresas en esa época lo hacían”, dijo el ex abogado de Augusto Pinochet y actual defensor de Piñera, Fernando Barros, en relación a la compra de las denominadas empresas zombies, las que registraban millonarias pérdidas y que Barros llama de manera eufemística: “correcciones monetarias”.

Piñera tomaba cada una de las empresa zombies que adquiría, las fusionaba con las sanas, eliminaba las utilidades, no pagaba los impuestos y luego de serles útiles las usaba para otros negocios, como el caso de Inversiones Bancard Limitada, que nace de un cascarón, que a su vez absorbería a Inversiones Santa Cecilia S.A., Inversiones Libardón S.A. e Inversiones y Asesorías Santa Magdalena S.A.

A la zombie, la empresa que financieramente tenía cero, pero que tributariamente tenía una deuda de $44 mil millones, la hizo más tarde adquirir un capital social de $19.579.195.511. Las cinco empresas le sirvieron para el mismo fin.

Los retiros que se ocultaron

Bancard, que se favoreció de las pérdidas de los cascarones y de las “correcciones monetarias” que artificialmente las hacían crecer, presentó 44 mil millones de pesos negativos. Aun así, entre 1997 y 1999 tanto Piñera como su familia efectuaron “retiros” (a cuenta de utilidades que supuestamente no existían) desde Inversiones Bancard Ltda. por un total de $91.084.276.251. Leyó bien. A todo lo anterior hay que sumar noventa y un mil ochenta y cuatro millones doscientos setenta y seis mil doscientos cincuenta y un pesos que retiró a cuenta de lo que iba a ganar la empresa.

La trampita era que la ley no cobraba impuestos por esos retiros excesivos sino hasta que se generen nuevamente utilidades en la empresa. Luego, si mañosamente se mantienen en el tiempo pérdidas simuladas o reales, jamás se pagarán los tributos retirados de manera excesiva y que se encuentran devengados.

¿Pagaron Piñera y sus familiares impuestos por esos millonarios retiros? No existen registros, tampoco respuestas. Lo adeudado nunca se pagará, pues prescribió la obligación de hacerlo. Un dato adicional: la sociedad Inversiones Bancard Limitada fue absorbida en 2014 por otra empresa de Piñera, Los Andes Limitada, haciendo desaparecer todo vestigio del cascarón. ¿Ahora entiende por qué Piñera se molesta cuando le preguntan por esto?

La escala de la “virtud” política…

Andrés Chadwick, el escudero de Piñera, refutó las acusaciones a las empresas zombies argumentando que se deben a “una campaña contra el (ex) presidente Piñera”, y que “todo fue de acuerdo a la ley vigente en su momento, un beneficio del cual hicieron uso muchas empresas”. Las pérdidas fiscales por estas operaciones, según los periodistas Jorge Rojas y Juan Andrés Guzmán, autores del libro “Empresarios zombis”, pudo superar con creces el billón de pesos.

“¿En qué sentido la prodigiosa habilidad para hacer fintas contables y comprar empresas desprovistas de toda actividad, simples cascarones, para disfrazar la propia prosperidad y así rebajar impuestos podría ser útil en el gobierno de un país?”, se preguntó al respecto el columnista Carlos Peña, concluyendo que, a su juicio, “la escala de la virtud política, no es equivalente a la escala de la riqueza (…) uno de los deberes de un gobierno (…) es el de recaudar impuestos, es decir, obtener coercitivamente renta de los ciudadanos para financiar bienes públicos. Usted puede discutir si el deber del gobierno es promover la igualdad o la eficiencia o cualquiera otra cosa. Lo que nadie discute es que una de las tareas básicas del Estado es recaudar impuestos y de esa forma financiar bienes que los particulares”.

Piñera cuenta, de acuerdo con sus dichos, con cientos de asesores en materia financiera. Ellos descubrieron la martingala de las llamadas empresas “zombies”, cascarones sin bienes pero con cuantiosas deudas, quebradas y que solo sirvieron para rebajar su carga impositiva. ¿Elusión o evasión? Fina diferencia que se genera en una tierra de nadie producto de una manida interpretación de la ley.

Entre 1995 y 2004 Piñera usó y abusó de esta vía para rebajar impuestos adquiriendo sociedades de ese tipo. En ese mismo periodo era senador por Santiago Oriente y presidente de Renovación Nacional. Dentro de aquellas más importantes que le sirvieron para no pagar impuestos se encuentra la Compañía de Desarrollo Industrial, adquirida en 1994 a través de Editorial Los Andes y por un monto de $817,5 millones ($817.495.956). La deuda arrastrada era de 44 mil millones de pesos. A ella se le llamaría más tarde Inversiones Bancard Limitada.

Luego esa empresa zombi absorbió a Inversiones y Asesorías Santa Magdalena S.A., Inversiones Libardón S.A. e Inversiones Santa Cecilia S.A., quedando con un capital social de $19.579.195.511.

Con la gracia desaparecieron o se dejaron de pagar, entre 1998 y 2000, más de $40 mil millones al Estado. Según análisis del SII, $12.465 millones correspondían a capital perdido, mientras que el resto se trataba de una “corrección monetaria”.

De pasada, la familia Piñera hizo “retiros” por $91 mil millones entre 1997 y 1999, pese a que durante ese periodo declaró pérdidas ante el SII. Pasados los cuatro años sin tener utilidades, los retiros efectuados en exceso quedaron sin pagar impuestos.