Durante esta jornada, el fiscal Jaime Retamal formalizó y envió a presión preventiva al recién retirado exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Juan Antonio Poblete Méndez y al general (R) Schafik Nasal Lázaro, (en la foto) ex jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército, DINE, por los delitos falsificación de instrumentos públicos e interceptación de comunicaciones telefónicas privadas ejecutadas en contra de periodistas y ex militares que denunciaron corrupción al interior de la institución castrense, en el marco de la llamada "Operación Topógrafo”.

El 7° Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva a los imputados como autores de 12 delitos de interceptación ilícita de comunicaciones y 7 delitos de falsificación de instrumento público.

En la audiencia de formalización que se extendió por más de ocho horas, en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, la fiscalía acusó a los imputados de realizar, durante el año 2017 y 2018, interceptación telefónicas en contra de siete personas, entre las cuales se encuentra el periodista Mauricio Weibel y el capitán del Ejército Rafael Harvey. También fue "pinchado" el fono celular del periodista de TVN, Santiago Pavlovic y otros seis profesionales de la prensa. Todos investigaba el fraude del Ejército conocido como el "milicogate"

En la oportunidad, el fiscal Retamal señaló que se interceptaron comunicaciones fuera de los márgenes permitidos por la Ley de Inteligencia, maniobras ilegales que habrían sido ejecutadas por la DINE y  autorizadas por el Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Antonio Poblete Méndez, foto abajo.

En ese sentido, Retamal indicó que “no se trató de casos vinculados a actividades de inteligencia y contra inteligencia. No correspondió a casos que tuvieran por objeto resguardar la seguridad nacional y proteger al Estado de Chile y sus habitantes de las amenazas de terrorismo, crimen organizado y narcotráfico. Tampoco se trató de medidas de inteligencia que tuvieran por objeto detectar, neutralizar y contrarrestar las acciones de grupos terroristas nacionales o internacionales”. 

En la oportunidad, el abogado Francisco Ugás Tapia, representante de Rafael Harvey, manifestó que dicha operación vulneró la intimidad del militar y violación de su privacidad lo que constituye un ataque manifiesto a su persona para inventarle nuevos cargos y reprimirlo por sus constantes denuncias de corrupción al interior del Ejército. 

Ugás, además, denunció que en la época en que se llevó a cabo la interceptación de las comunicaciones telefónicas en perjuicio de Harvey,  éste junto a su grupo de abogados se encontraba desarrollando su estrategia de defensa judicial, en el marco de la causa seguida en su contra por el presunto delito de sedición impropia, por el cual fue procesado, acusado y condenado por sentencia definitiva de primera instancia, y luego, absuelto de todo cargo por decisión definitiva de término. Asimismo, en la misma época, se estaba tramitando ante el Ministerio de Defensa Nacional, el retiro absoluto de la institución de nuestro representado.

“Amparándose en la Ley de Inteligencia, la utilizaron para vulnerar derechos fundamentales de los afectados, lo cual constituye una situación de extrema gravedad”, señaló el abogado. 

El Ministerio Público solicitó prisión preventiva para los dos formalizados  atendida la gravedad de los delitos y el peligro de fuga.  Solicitud a la que adhirieron todos los intervinientes.