Foto: Exdiputado presidente de Comisión Defensa Jaime Pilowsky

Por Mario López M.

Se trata de 22 mil millones de pesos que se suman a los ya defraudados $26 mil millones, en el mayor desfalco de la historia democrática de Chile. Los justificaron para utilizarlos en “la contención del conflicto chileno-mapuche”. Los hechos de violencia siguieron sucediendo, solo que de la mano de autoatentados y montajes.

“Conflicto étnico” se llama la glosa que dio origen a una nueva arista del Pacogate y que revela supuestos viáticos por casi $22 mil millones, elevando el fraude fiscal a más de 46 mil millones de pesos.

Durante la gestión del hoy formalizado y recluido general Flavio Echeverría, ex jefe de la Dirección de Finanzas de Carabineros, y en plena primera administración de Sebastián Piñera, sospechosas solicitudes de reasignaciones y millonarios aumentos de presupuesto para viáticos por el ítem que presuponía utilizarse en la contención del conflicto chileno-mapuche han dado paso a la investigación de hechos criminales por parte del Ministerio Público y funcionarios de la Contraloría General de la República.

El nombre de Echeverría ha vuelto a ponerse sobre el tapete por el particular ítem “conflicto étnico”, que luego pasaría a llamarse “Viáticos por medidas cautelares de protección”, para ocultar la glosa. Varios documentos “reservados” emanados de la dirección de finanzas de Carabineros y que aparecen firmados por él demostraron que el uniformado solicitó aumentos en viáticos por $21.978.886.000, solo en cuatro años, sin ningún control de su justificación ni de su gasto.

El ex diputado DC Jaime Pilowsky (en la foto), encabezó la investigación en la Cámara de Diputados por el fraude en Carabineros y hoy insta al Ministerio Público a investigar estas nuevas irregularidades. “Hay un número importante de oficios, del general Echeverría, particularmente, a la dirección de presupuesto y la suma total revela montos bastante relevantes”, acusa.

En conversación con Cambio21 el abogado y ex parlamentario abordó el tema poniendo el énfasis en la ausencia de control.

-A usted le correspondió, siendo diputado, conocer el trabajo de la Comisión Investigadora del denominado “caso Pacogate”. En ella, una arista casi tan grande como el fraude original, ha comenzado a investigarse por la Contraloría y el Ministerio Público. ¿Qué se supo de esto, en aquella época?

-Por lo general las investigaciones de fraudes tienen un efecto “bola de nieve”; se parte investigando determinadas irregularidades lo que provoca el descubrimiento de acciones ilícitas en otras áreas.

El foco principal de la Comisión era el fraude “original” que operaba desde la Dirección de Finanzas, a través de transferencias electrónicas desde cuentas bancarias institucionales a cuentas de funcionarios, por montos adulterados, y que, previa comisión para el dueño de la cuenta, eran repartidos entre la “jerarquía de esta mafia”. Sin embargo, durante el funcionamiento de la Comisión fuimos recibiendo antecedentes de otras irregularidades, como el mal uso de los gastos de representación, de los gastos reservados, de los desahucios, sobreprecios en licitaciones, que hoy están siendo investigadas por el Ministerio Público.

En lo específico, con posterioridad a nuestro informe recibí antecedentes relacionados con suplementos presupuestarios para viáticos en la Región de la Araucanía. Solicité información a Carabineros y no obtuve respuesta antes de dejar el cargo.

-Llama la atención en los “reajustes” o adecuaciones presupuestarias de los viáticos que año a año crecían de manera increíble. ¿Quién controlaba o a quién le correspondía controlar la necesidad del gasto y su rendición?

-Un ex general director señaló en la Comisión Investigadora “que existía una cultura del control deficiente y de fácil vulneración”. No había matrices de riesgos, los que controlaban y los controlados eran del mismo escalafón y estaban bajo el mismo mando del general de la Dirección de Finanzas. Sin eufemismos, a mi juicio, no existía control. 

-Pareciera que, durante años, Carabineros controlaba a Carabineros, ante el beneplácito o la desidia de las autoridades civiles, sea Contraloría o el Ministerio de Defensa y eventualmente Hacienda. ¿Cuál es la responsabilidad de las instituciones civiles en este fraude?

-Los actos de corrupción al interior de las Fuerzas Armadas y Carabineros son multicausales, pero fundamentalmente se pueden destacar la falta de control tanto interno como de los organismos externos: Ministerio y Contraloría General de la República.

El actual contralor Jorge Bermúdez nos da luces sobre esta situación cuando expresa que una de las causas del fraude fue “la deferencia con las Instituciones de FFAA y de Orden”. Si la Contraloría hubiese actuado en tiempo y forma, los fraudes al interior de estas instituciones se podrían haber detectado con anticipación y, por cierto, haber evitado que se extendieran en el tiempo.

La “deferencia” con las FFAA y Carabineros de las autoridades de la Contraloría de la época le han costado muchos recursos al fisco. No debemos olvidar la “anulación” de un sumario que había iniciado la Contraloría precisamente en la Dirección de Finanzas. A mi juicio, no corresponde “atender en forma especial” las peticiones de generales de las instituciones a las que había que fiscalizar.

Por otra parte, los ministerios de los cuales ha dependido Carabineros: de Defensa y del Interior y Seguridad Pública, “renunciaron” a establecer sistemas para controlar a la Institución policial.

-Cuando existe el descrédito que hay hoy respecto de las instituciones en nuestro país, políticas, uniformadas, judiciales, Ministerio Público, religiosas, empresariales e incluso quienes deben controlar, la Contraloría aparece en un conflicto intestino, donde se ha vinculado a la subcontralora con el caso pacogate, que investigaba. La pregunta es, ¿Vislumbra salida? ¿Cuál?

- Cuando uno tiene un cargo público debe dejar al lado lo personal y pensar en el bien de la institución en la cual sirvo. Creo que el contralor y la subcontralora son excelentes profesionales, con vocación de servicio público y, dada la relevante función que realizan, sabrán poner el interés del Estado sobre lo personal.

Aprovechando la pregunta, me atrevo a dar un “aviso de utilidad pública”. Es fundamental repensar la actual estructura y funcionamiento de la Contraloría. Una Contraloría moderna, garantizadora de los derechos de las personas, eficiente y que entregue certezas jurídicas, debiera estar dirigida por un Consejo Superior, a semejanza del Consejo de Defensa del Estado o del Consejo para la Transparencia, con los debidos ajustes. También debiera separarse la función de examen de cuentas del juzgamiento de las mismas, ya que claramente no puede cumplir el rol del Tribunal de Cuentas si se quiere respetar el principio constitucional del debido proceso. No resulta lógico que sea juez y parte en esta materia.

-Usted catalogó, en su oportunidad, que el “pacogate” es “una máquina de oficiales para corromperse”. ¿Qué tan extendida estaba o está, esa corrupción en la institución?

-La labor de Carabineros requiere un fuerte compromiso y vocación. Desarrollan una y labor difícil y la mayoría lo hace apegado a la normativa y a la probidad.

Con todo, a mi juicio, Carabineros está en crisis. Son demasiados los “hechos aislados” para no pensar que hay causas estructurales que deben ser atacadas, entre ellas una heredada “excesiva autonomía”.

A los casos que hemos comentado, vinculados a temas de fraudes y malversaciones, debemos agregar que durante 2018 se produjeron dos casos muy graves: alteración de pruebas en el marco de la Operación Huracán, y ahora último el asesinato de Camilo Catrillanca. Todo ello refleja una laxitud ética al interior de la institución y la falta de efectivos y rigurosos controles, fundamentalmente del poder civil.

-¿Cuáles fueron los resultados que usted alcanzó a conocer siendo diputado acerca de la disminución de hechos ilícitos producto de los mayores gastos? Porque de acuerdo con la subsecretaría de Prevención del Delito, son escasos.

-Creo que los gobiernos (y también el Congreso) no han sido capaces de establecer mecanismos de evaluación y rendición de cuenta. Esa excesiva autonomía a la que hemos hecho alusión nos llevó a entregar más recursos sin exigir resultados de manera clara y rigurosa. Un ejemplo de aquello fue lo que se conoció como “carabineros fantasmas”.  Todos los candidatos prometían en sus campañas aumento de la dotación policial, medida que se cumplía enviando un proyecto de ley para aprobar ese incremento. En la práctica, y recién el año pasado, en sesión de la comisión investigadora nos enteramos que de la dotación de 65 mil carabineros habían más de 6.800 vacantes.

En conclusión, lo que hace bajar los delitos es el trabajo coordinado, eficiente e integral entre los distintos organismos. No se trata se trata sólo de más recursos.

-¿Por qué no se ha llegado a los máximos cargos en las sanciones? Hasta el momento solo han resultado investigados y judicializados personal de Finanzas, Legal e Inspectoría General de las instituciones, no así los generales directores o comandantes en jefe. ¿No será que el hilo se sigue cortando por lo más delgado?

-Las investigaciones de fraude en Carabineros y en Ejército con los fondos de la Ley del Cobre aún no terminan. El Ministerio Público, con diversos fiscales, y la Ministra en Visita (en el caso del Fraude en el Ejército), se encuentran avanzando en sus procesos. Todos están realizando un tremendo trabajo que espero termine con los culpables con fuertes sanciones.

Con todo, creo que conviene recordar que hay varios generales en retiro actualmente formalizados o procesados, según el caso. El grado y las estrellas no deben influir para aplicar las penas.

-Pasando a otro tema, usted renunció a postularse al Parlamento en 2017. ¿Cómo ve la política desde fuera del escenario?

-A pesar de lo que pueden pensar los ciudadanos, el trabajo del parlamentario es bien intenso y tiene un costo familiar poco conocido. Mi hija Mikaela respondía en su colegio que no le gustaba que su papá fuera diputado porque “no ven a sus hijos”. Durante este año, he podido hacer tareas con ella, lo que es invaluable.

La política la veo con preocupación. La desconfianza y el descrédito hacia las instituciones puede tener un mal resultado. Lamentablemente, no veo esa política que soñé: la que lideraba (ahora vale más la encuesta), la que promovía el diálogo y la propuesta (ahora para tener prensa es mejor declararse pinochetista), la que hablaba con la verdad (y no con la información falsa). Los políticos tenemos una gran responsabilidad en la actual situación. Y aunque sea impopular también los medios de comunicación. Presenté más de 15 proyectos que se convirtieron en ley y salían en pequeñas notas de prensa. Pegar un combo, reírse de una diputada mapuche, decir que eres Pinochetista o cualquier burrada del estilo, es más “noticia” que resaltar buenos proyectos de ley.  La consecuencia es que quien lee o ve estas “noticias” nos mete a todos en un mismo saco. Se trata de un pésimo incentivo y termina degradando la política.

-¿Piensa volver a la política activa?

-Nunca digas “nunca”. Pero, por ahora, quiero ver crecer a mi hija que tiene 10 años.