Piñera: Los nuevos antecedentes que la fiscalía y tribunales no se pueden negar a investigar

Por Mario López M. El caso Dominga rompe todos los estándares éticos y hasta jurídicos en el país. Instituciones como el SII, el Ministerio Público y tribunales ponen en juego su credibilidad.

Por Mario López M.

Los hechos resultan tan groseros como evidentes, pero organismos públicos se niegan a indagar. “Servilismo ante el poder económico”, acusa diputada Girardi. Comisión de la Cámara denuncia: Piñera está involucrado”.

La Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados sobre eventuales irregularidades, errores o vicios en actuaciones de funcionarios públicos en relación al proyecto minero Dominga, en la Región de Coquimbo, llegó a una conclusión que reabre el flanco sensible de la falta de transparencia del expresidente y hoy candidato Sebastián Piñera.

Según sus antecedentes, existen presunciones fundadas de que el entonces presidente y hoy candidato de la derecha  buscó ayudar a Dominga en agosto de 2010, cuando, saltándose la institucionalidad ambiental, canceló la construcción de la central termoeléctrica Barrancones, siendo él en ese instante, propietario de la sociedad.

A menos de una semana de que el tribunal de Garantía cerrara las puertas a investigar los ilícitos a solicitud de la fiscalía, los parlamentarios, a pesar de todos los límites y cortapisas que les puso el Servicio de Impuestos Internos para entregar información, ponen en el tapete la cuestionada participación de Piñera que deja en entredicho  las negociaciones incompatibles y el conflicto de interés que le afecta y que mientras no está a firme la resolución del juez de garantía, lo mantiene en calidad de imputado.

¿Algo más que irregularidades?

“Hoy por ley se tienen que evaluar aquellos proyectos que existen y que cuentan con Resolución de Calificación Ambiental (RCA), para ver los impactos sinérgicos que tienen. Este contempla además de la Minera Dominga, una desaladora y un puerto en el sector, y todo el impacto de ellos no fueron evaluados por el Servicio de Evaluación Ambiental”, explica a Cambio21 la diputada Cristina Girardi (PPD), quien integró la señalada Comisión Investigadora.

La zona donde está enclavada la minera, el puerto proyectado y la desaladora, cuyas salmueras se van a volver a verter al mar, es un espacio rico en vida, único en el mundo, donde coexisten especies en peligro de extinción y por lo mismo muy vulnerable. “Está declarada como Patrimonio de la Biodiversidad y no debiera ser tocada”, agrega. Todo el impacto no fue evaluado debidamente. “Esto, que es un acuerdo suscrito por el Estado de Chile, un acuerdo internacional, tampoco fue evaluado en el proyecto”, ratifica la parlamentaria.

“Además se debe considerar que cuando los proyectos provocan impactos en más de una región, no pueden ser evaluados en solo una de ellas, sino que a nivel nacional y en este caso tenía impacto en dos, Coquimbo y Atacama, la primera no evaluada a pesar del requerimiento expreso del Alcalde de Freirina”, aclara Girardi.

El informe del impacto ambiental adolecía de la información necesaria para evaluar lo que allí se estaba intentando desarrollar, debiendo ser rechazado, asegura la diputada. “Claramente los que estaban a cargo de dirigir este proceso, específicamente el encargado regional del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA),  es un personaje que trabajó para la empresa y no para  la institucionalidad que tendría que representar”, acusa.

“Servilismo del SII”

La integrante de la Comisión Investigadora reconoce que “solicitamos al Servicio de Impuestos Internos (SII) una serie de informaciones respecto de todo el proceso de inversión y de los propietarios de ellas, y que relación había de Dominga con Piñera y con (Pablo) Wagner”, subsecretario de Minería del gobierno del exmandatario y que se encuentra formalizado por diversos delitos. Entre los que se investigan está el cohecho recibido desde Dominga y Penta, cuyo nexo en la propiedad es el empresario Carlos “choclo” Délano, socio del exmandatario. La gestión no tuvo éxito, pues el SII se escudó en la existencia de una investigación pendiente para negar los antecedentes. “Claramente esto es muy sospechoso, esperamos que los tribunales den mucha más luces”, asevera Girardi.

“Nos parece lamentable –que el tribunal, a solicitud del Ministerio Público, se haya negado a investigar-, porque esto da cuenta del triste país que tenemos, donde toda nuestra institucionalidad protege de manera brutal los intereses y los negocios de los privados, a toda costa y sin ningún reparo ni ningún pudor. Eso es lo más triste”, plantea la diputada PPD.

De hecho, reclama, toda la institucionalidad encargada de prevenir el impacto ambiental en la zona renunció a las herramientas con que contaba para resguardar los derechos de la ciudadanía y del medio, altamente vulnerable, para terminar ayudando a que se autorizara un proyecto como este.

“Esto demuestra cómo se inclina la institucionalidad de manera servil ante el poder económico”, asegura Girardi acerca del rol que cupo en la negativa de entrega de la información del SII a la Cámara. “Por ello nosotros planteamos en la Comisión que existen antecedentes, dudas fundadas, como para vincular a Piñera en este caso, su inversión y relación con el proyecto en la región”, lo que estaría así consignado en las conclusiones.  “Lo del SII es peor que la complicidad, hay un servilismo absoluto, son esclavos y son serviles al poder económico”, remata.

Piñera el “ambientalista”

“En agosto (2010) deja sin efecto Barrancones (la empresa franco-belga) para que ingresara Dominga, esa era claramente la jugada, ‘yo me visto de ambientalista, dejo sin efecto Barrancones y le doy lugar a un proyecto del cual soy parte’, sin decirlo”, asegura la parlamentaria que seguramente pensó Piñera.

El caso Dominga, arista de la causa Exalmar, no fue investigado en una de las últimas acciones que se llevan adelante en contra de Piñera en vía criminal y que hoy se encuentra en la Corte de Apelaciones. Ahí se le acusa que, siendo Presidente de la República, negoció y logró -vía una insólita llamada telefónica-, la bajada de la central termoeléctrica Barrancones, siendo él y su familia los principales accionistas de un negocio que buscaba instalarse en su reemplazo, la minera Andes Iron (matriz de la minera Dominga), de la que fue socio hasta diciembre de 2010, según sus dichos y las escrituras que dan cuenta de ello.

También se le imputa que funcionarios de su confianza han sido formalizados por cohecho al haber beneficiado justamente a la minera que era de su propiedad, como el caso del exsubsecretario Pablo Wagner, cuestión que se indagó en la arista Penta. Por último se le acusa de haber usado información privilegiada, lo que le permitió negociar con ventajas y siendo tales negociaciones incompatibles para un funcionario público, más aún para el Presidente de la República. 

Pablo Wagner declaró en esta arista y, aunque confesó haberse reunido con los agentes del negocio que interesaba a Piñera, dijo que nunca supo que era él quien estaba detrás y que tampoco supo que Carlos “choclo” Délano era quien aparecía como dueño de la empresa. Raro, cuando era este el que termina pagándole por años coimas que buscaban favorecer, justamente, a Dominga, según se colige en la causa Penta donde está formalizado por cohecho, delitos tributarios y otros ilícitos relacionados con su exjefe. ¿También se cerrará esta causa?

La intrincada madeja

 “El señor Piñera actuó como Presidente de la República beneficiándose él personalmente y  su familia directa con información que podía tener en su calidad de Presidente por sus subordinados (…) en este caso, con información privilegiada respecto al impacto ambiental. Esto necesariamente llevó a subir el precio de la participación y se vendió a mejores condiciones. Acá se está evidentemente usando todos los recursos de la administración para beneficiar intereses privados. El beneficio económico fue evidente”, apunta la querella.

¿Cómo llegó Piñera a ser parte de Dominga y, siendo Presidente, se benefició del affaire Barrancones? Habría que atenerse al circuito de empresas que  maneja fuera del país, en paraísos fiscales, para tratar de entender cuáles fueron sus movidas. El Fondo de Inversiones Privadas Mediterráneo, en el cual aparece como controladora Bancard International Investments, de su propiedad, controlaba a su vez y desde 2009 a Minería Activa Uno SpA, la misma sociedad del negocio de la minera Dominga.

A comienzos de 2009, Administradora Bancorp S.A. realizó, para Mediterráneo Fondo de Inversión Privado, una inversión en Minería Activa Uno SpA, como parte de sus inversiones en capital de riesgo y, en este caso particular, orientada a promover la inversión y desarrollar una industria relevante para nuestro país como es la minería. La inversión en Minería Activa Uno SpA se comprometió y materializó a comienzos de 2009, previo a la constitución de los fideicomisos ciegos voluntarios por parte de Bancard Inversiones Ltda. e Inversiones Santa Cecilia S.A., fideicomiso que no alcanzó a la inversión en Dominga, “porque se trataba de una inversión de capital de riesgo en una sociedad que no era anónima ni estaba listada en la bolsa local”, dicen desde el entorno de Piñera.

Tal como plantean desde el círculo del exmandatario, “Mediterráneo Fondo de Inversión Privado no participa ni directa ni indirectamente en Dominga desde diciembre de 2010 y, por tanto, no participaba en dicho proyecto cuando se inició la tramitación de permisos ambientales ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) o cualquier otro organismo estatal”. 

Es cierto, desde diciembre de 2010, pero los hechos que se imputan al expresidente datan de agosto de ese año, cuando ya era Presidente y seguía siendo socio de Dominga y le benefició al sacar a Barrancones, sin dejar en claro cuál era su interés en ello y cómo terminó beneficiándole.

El que calla, no otorga

En sus declaraciones de patrimonio de 2010 y 2014, al inicio y fin de su gobierno, aclaran cuáles son sus dos matrices de negocio: Bancard Inversiones Limitada e Inversiones Bancorp Limitada. De ambas sociedades pendía un conglomerado de empresas que varió durante los cuatro años de su mandato, como también lo hizo su riqueza en dicho periodo, pasando de US$1.000 millones a US$2.700 en solo cuatro años de Presidente. Bancard Inversiones Limitada participaba en cerca de 18 sociedades en 2010.  En ese año, Bancorp Limitada controlaba Inversiones Santa Cecilia S.A., la que, a su vez, era dueña del 99% de Administradora Bancorp S.A.

Sin embargo su declaración de 2014 ya no consigna a esta última empresa. Ello es importante, porque los vehículos de negocios que en los últimos años más han operado, según registros públicos, son Bancard International Investments, una sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas en 1997, y Mediterráneo Fondo Privado de Inversión (FIP), un instrumento creado a fines de la década del 2000 y gestionado por Administradora Bancorp S.A. Ninguna de la dos sociedades figuran en la declaración patrimonial que el 12 de marzo de 2014 entregó a Contraloría. Mediterráneo es la puerta de entrada a Dominga.

Bancorp también aparece mencionada en la polémica por su participación en Minera Dominga, claro que el vehículo que utilizaron era el que usaban para invertir en el extranjero: Mediterráneo Fondo de Inversión Privado. Fue a través de ese FIP que, al menos desde abril de 2009, tenían la posición predominante en Minería Activa Uno SpA, sociedad que cuando se creó Minera Andes Iron, se adjudicó el 99,9% de la propiedad. ¿Socios? Délano y Piñera.

Así, siendo Presidente de la República, personalmente y en un hecho inédito, rompiendo toda la institucionalidad del país, tomó el teléfono y desafectó a la termoeléctrica Barrancones del proyecto que más tarde vendrían a ocupar Andes Iron y su propio interés, Dominga. Él negoció las condiciones e indemnizaciones a la empresa franco-belga para que se retirara y le dejara el camino libre a la que ahora se sabe era su empresa. Tenía un secreto interés económico en la operación.

Sebastián Piñera participaba en ese tiempo en la propiedad del FIP Mediterráneo y la sociedad que lo gestionaba a través de Inversiones Odisea, otras de sus empresas en el extranjero con dineros provenientes de paraísos fiscales, de los que no pagan impuestos. Él concurrió en diciembre de 2010, ya siendo Presidente, representado por Nicolás Noguera, su mano derecha en Bancorp y en Minería Activa Uno SpA, controlada por el FIP, en la venta a Délano del total del proyecto.

Él era Presidente cuando de manera expedita y cuestionada se aprobaron los trámites administrativos de medio ambiente  para que pudiera instalarse Dominga. Como dijo el expresidente Ricardo Lagos… “lo demás, es música”.

¿Sorpresa? Pilar Molina, otra vez desde las tinieblas

Tratándose de un contubernio, el nombre de la periodista de extrema derecha Pilar Molina no puede estar ausente. Cuando aún no se apaga el incendio que provocara su cuestionada intervención en contra del senador Manuel José Ossandón, acusándolo falsamente por unas boletas falsas, volvemos a toparnos con ella en el caso del asesinato del Presidente Frei.

Fue interrogada por el tribunal en 2010, por haber entregado a los médicos Fernando Orrego y Enrique Paris un CD que contenía los periciales toxicológicos del Médico Legal y Anátomo Patológico realizados a los restos del ex Presidente, los que hasta esa fecha estaban misteriosamente desaparecidos y se presumía habían sido sustraídos por la CNI. ¿Qué hacía ella con esos documentos? Se trata de otra de sus “fuentes” de turbio origen.

Estos hechos se suman a los protagonizados en otras ocasiones. Uno, también ligado a Piñera, fue el “kiotazo”. Molina era panelista del programa “A eso de”, que diera a conocer el contenido de la cinta en donde se pretendía atacar a Matthei. Molina en aquella oportunidad y en solidaridad con Piñera, renunció al programa que dirigía el publicista Jaime Celedón.

Como periodista trabajó en El Mercurio junto a Agustín Edwards, mientras su marido, Felipe Montero, oficiaba de alcalde designado por Pinochet en la comuna de Lo Prado. Pilar Molina Armas resulta también ser familiar de Cecilia Morel, pues es hija del empresario Germán Molina Morel, cuya constructora tuvo sus mejores años a fines de la dictadura con el nombre de “Molina Morel”. La periodista que ha sido representante de la UDI en cargos públicos, como TVN, es prima en segundo grado de la ex primera dama.

Su joyita en esta oportunidad fue su crítica a la Democracia Cristiana por “entusiasmarse” con el procesamiento que dictaría el juez Alejandro Madrid por el crimen del ex Presidente Eduardo Frei Montalva.

En el programa En Buen Chileno de Canal 13, la panelista aseguró que “el ministro insiste en que ha (Frei) sido envenenado sin decir dónde, cómo, cuándo y por qué”. Luego añadió que “aquí no hay nada probado, no hay ninguna vinculación ni prueba expresa de cómo lo hicieron ni por qué“.

La prensa de derecha ha evitado, de manera cómplice, referirse al caso.