#Crónica realizada antes de la muerte de Torres Silva

Por Alfredo Peña y Mario López

"Por orden del Presidente (Piñera), dice el documento firmado por Hernán Larraín, ministro, de Justicia.

El formulario que presentamos en exclusiva y que lo puede leer más abajo y que lleva el número 24 de Gendarmería de Chile, de fecha 10 de mayo de 2021, da cuenta que el Decreto Exento del Ministerio de Justicia y “Derechos Humanos”, suscrito por el ministro del ramo, Hernán Larraín y del subsecretario Sebastián Agüero, del mismo día, había conmutado la pena de presidio por la de arresto domiciliario total a Juan Fernando Torres Silva, ex duro fiscal militar, que persiguió violentamente a la resistencia y oposición en contra de la dictadura de Augusto Pinochet, llegando incluso, personalmente a dirigir cruentos interrogatorios y torturas de presos y presas políticos.

Piñera y su ministro de Justicia, argumentaron razones humanitarias, atendidos los antecedentes médicos que dan cuenta del estado de “moribundo clínicamente”, del otrora reemplazante del "Mamo" Contreras en Punta Peuco por su rango de general de Justicia. 

El decreto de gobierno detalla cada una de las patologías que se argumenta sufre Torres Silva, así como anticipa un desenlace en un plazo breve, que “debiera conducir a su fallecimiento”. La más grave enfermedad que tiene Torres en la actualidad es un cáncer a la próstata con metástasis.

El mismo decreto, ordena a Gendarmería supervisar el cumplimiento de la pena, lo que produjo una ácida reacción de esta entidad, la que argumentó no contar con personal para dedicarle una exclusiva vigilancia al condenado por graves violaciones a los DDHH en su domicilio, durante el tiempo que permaneciera con vida.

"Un bruto y gozador de las torturas"

Organizaciones de DDHH protestaron por la medida de conmutación de la pena del exfiscal militar de Pinochet, considerando que se violan normas internacionales que prohíben cualquier tipo de indultos, amnistías e incluso beneficios
intracarcelarios a los criminales de lesa humanidad.

En ámbitos judiciales se entendió la “conmutación de pena”, como un resquicio legal para liberar a Torres.
El también conocido como el “tétrico Torres”, enfrentaba una primera condena como encubridor por el crimen del líder sindical Tucapel Jiménez, en que se le sancionó penalmente con 800 días de pena remitida y una segunda sentencia firme dictada en su contra por asociación ilícita, y por la que fue condenado en el asesinato del exagente y químico de la DINA, CNI y DINE Eugenio Berríos, en que se le aplicó 10 años y un día de presidio efectivo.

Berrios fue el que creó el químico que le inyectaron al Presidente Frei Montalva, que lo llevó a la muerte. El exagente fue asesinado en Uruguay por oficiales del Ejército chileno que lo sacaron del país en forma ilegal y luego otros viajaron especialmente a asesinarlo.

Varias son las historias macabras y anécdotas que se relatan de este personaje. Desde luego su “carrera” militar no está exenta de sobresaltos, polémicas y abusos. También de oposición en su contra al interior del propio Ejército y de sus pares en la “justicia” militar, quienes resistieron su meteórica arremetida hasta llegar al grado de general y como tal
auditor del Ejército, sin ni siquiera contar con los requisitos para ello.

El estudiante sempiterno

Torres egresó de derecho en 1965 pero solo se tituló en 1974, ya instalada la dictadura

Claro que su carrera universitaria comenzó en los inicios de los 50… Un estudiante sempiterno. Al titularse ya pertenecía al Ejército, al que ingresó el año 1969. “Gustaba de la sensación de poder que da el uso de armas”, confiesa a Cambio21 un colega de universidad.

Para llegar a Fiscal y Auditor General del Ejército, logró que rodaran muchas cabezas, pero siempre fue respaldado por Pinochet. Exigió por escrito que la Corte Suprema y demás autoridades que lo llamaran “Su Señoría.”

La “hoja de vida” de Torres depara sorpresas, como las anotaciones del periodo agosto 1974 – julio 1975, donde se destaca que ocupó los puestos de fiscal militar y “Profesor del Curso ESP-OL. 7c. ‘Especialista en Inteligencia’ (Avanzado)”. También consigna que el 28 de junio de 1979 el entonces coronel Jorge Zincke Quiroz asegura que al fiscal “le correspondió integrar una comisión dispuesta por S.E el Presidente de la República para la redacción de
la Ley del Deporte y asesorar en las leyes laborales en el comité de la H. Junta de Gobierno”.

Fue el propio Pinochet quien ordenó dejar por escrito las felicitaciones por el trabajo desarrollado por el fiscal.
Muchas otras anotaciones adornan su historia, la misma que hoy le sirve de prontuario en su contra, por los múltiples abusos que cometió, según declaran quienes fueron interrogados o procesados por él: “Auditor de la comandancia en jefe del Ejército; Representante del Ejército ante la Secretaría Legislativa de la Honorable Junta de Gobierno; Integrante permanente del Comité de Auditoría de Justicia Militar; Fiscal ad hoc causa internación ilegal de armas; Atentado a S.E. el Presidente de la República; Proceso homicidio carabinero Vásquez Tobar; Secuestro Teniente Coronel Carlos Carreño; y Ministro Integrante Ilustrísima Corte Marcial”.

Brutal interrogador

Persiguió a la Vicaría de la Solidaridad llegando a amenazar con encarcelar a los propios Cardenales Silva Henríquez y Juan Francisco Fresno por varios casos, entre ellos, el de la Panadería Lautaro. Sin embargo, la “hoja de vida” nada dice que en esas causas y otras que personalmente supervisaba, él era parte de los interrogadores, en oportunidades solo se paseaba a las espaldas del torturado haciéndose notar para intimidarlo, en otras amenazaba directamente haciendo ostentación de su poder o armas y en otras torturando directamente, como aseguran quienes lo acusan de haber sido sus víctimas. Incluso a mujeres...

Torres, encabezó junto a otros militares de alto rango, los llamados “pactos de silencio”.
Quienes no los respetaban o se sospechaba que no lo harían, sufrían las consecuencias que experimentaron el químico de la DINA Eugenio Berríos, entre otros.

Nuevamente la impunidad se impone en materia de DDHH. Torres queda libre, sin haber entregado ningún antecedente que permitiera saber el destino de miles de compatriotas asesinados y hechos desaparecer por la dictadura.