La defensa del Presidente Piñera solicitó a la Corte Suprema rechazar la petición que le hizo a esta última el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, en el marco de la indagatoria por presuntas deficiencias detectadas en la forma de contabilizar al número de personas fallecidas durante la pandemia.
El persecutor llegó hace unas semanas hasta el máximo tribunal para que este resolviera la entrega de correos electrónicos de dos ex autoridades y una actual funcionaria, la cual fue rechazada por el ministro de Salud, Enrique Paris.
De acuerdo a Armendáriz, el secretario de Estado se "opuso" de manera infundada a la orden entregada por un el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, la que permitía la entrada e incautación de los mails del ex ministro del Minsal Jaime Mañalich, su ex jefa de gabinete Iziar Linazasoro, y la actual subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza.
El ministro, en tanto, envió una carta a Armendáriz indicando que la entrega de información reservada podría afectar la seguridad nacional, lo cual ratificó ante la Suprema centrándose en el resguardo de datos sobre compra de insumos. Aseguró que la solicitud del Ministerio Público "resulta indiscriminada, imprecisa y de un alcance excesivo", y que el ente persecutor "derechamente ha entorpecido la actuación del ministerio que dirijo".
En las últimas horas los representantes del Mandatario -Samuel Donoso-, del exministro de Salud Mañalich -Gabriel Zaliasnik-, y de los subsecretarios de la cartera Paula Daza y Arturo Zúñiga -Eduardo Riquelme- se hicieron parte y entregaron su respaldo a Paris, pidiendo a la Suprema no entregar la información.
"Dicha resolución es infundada, carece de sustento legal, y además, acoge una solicitud que esgrimió antecedentes insuficientes para decretar una gravosa diligencia intrusiva, pues no se realizó en la resolución impugnada el adecuado test de proporcionalidad exigido, ni tampoco dicha diligencia resulta necesaria para el éxito de la investigación".
"Dicha resolución es infundada, carece de sustento legal, y además, acoge una solicitud que esgrimió antecedentes insuficientes para decretar una gravosa diligencia intrusiva, pues no se realizó en la resolución impugnada el adecuado test de proporcionalidad exigido, ni tampoco dicha diligencia resulta necesaria para el éxito de la investigación", manifestaron.
Además pusieron en duda el criterio del juez que resolvió autorizar la medida intrusiva, sosteniendo que "los presupuestos fácticos que el Ministerio Público provee como sustento son meras elucubraciones. Se trata de especulaciones sobre manejo de la crisis sanitaria".
