Por Mario López M.

Un debate lleno de falacias que apuntan más a aparentar que a solucionar el grave problema de la violencia en nuestro país y no solo en la educación, se ha tomado la pauta en los últimos días.

Desde el gobierno y el oficialismo se presiona por aprobar la iniciativa de La Moneda aprovechando la imagen de victimización de un video entregado a medias. El Senado, por su parte, lo declaró inconstitucional.

El Ejecutivo, en un manejo mediático bastante censurable, trató de pasar gato por liebre en el Congreso para aprobar una normativa que busca sancionar a estudiantes que sean acusados de actos violentos, dotando a los directores y rectores de mayores facultades y reduciendo drásticamente los plazos de los afectados para recurrir de la medida.

Los vicios de inconstitucionalidad

Bajo la premisa de “o se está con los violentistas o se aprueba el proyecto”, desde el gobierno y el oficialismo presionó a la oposición para que diera luz verde a la iniciativa presidencial. La Sala del Senado optó por mandatar a la Comisión de Constitucionalidad de la Cámara Alta para que se pronunciara a cerca de la constitucionalidad de “Aula Segura”.

La Comisión citó un arcoíris de cuatro constitucionalistas. El mayor ripio que percibían era la disminución en el plazo para recurrir en contra de una medida de expulsión por parte del estudiante que fuera sancionado por los hechos descritos en el proyecto. Los cuatro, de manera unánime, estuvieron por afirmar que el proyecto adolecía de vicios de inconstitucionalidad.

El presidente de la Comisión, senador Francisco Huenchumilla, dijo al respecto: “lo que se ha dicho es que este proyecto quebrantaba las normas del debido proceso y toda persona que es acusada de cualquier delito en Chile tiene derecho a las garantías que establece la Constitución. Vale decir, un proceso previo racional y justo”.

Para el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, “por la gravedad del problema (violencia en contra de profesores), es que consideramos que la respuesta del Gobierno es tan pobre”.

“Se requiere más que una expulsión más rápida y que, además, está tan mal hecha que ha sido cuestionada por especialistas. Con una norma tan genérica, tan poco elaborada y donde lo que se hace es poner dos días de plazo para una apelación, lo más probable es que los casos se judicialicen y que el alumno vuelva al colegio con orden judicial, más empoderado”, advirtió.

La mirada parcial

Ya rechazado el proyecto que el Ejecutivo estimaba pasaría sin problemas por el clima de violencia difundido por los medios, donde unos profesores fueron rociados con bencina por pseudos alumnos -criminales- disfrazados con delantales blancos y encapuchados, se generó otro hecho que revitalizó la presión hacia el Parlamento. Un video difundido copiosamente por el alcalde de Santiago mostraba a un carabinero de Fuerzas Especiales violentamente agredido de pies y puños por un grupo descontrolado de estudiantes del Instituto Nacional Barros Arana.

No pasó un día cuando la “puesta en escena” se fue disipando. El hecho violento existió y no tiene fundamento alguno, desde luego, pero no se había mostrado toda la secuencia, que era bastante más larga que solo la agresión al uniformado. El resto de la cinta mostraba al mismo policía golpeando en el suelo a un muchacho a quien se arrastraba para llevarlo detenido. Otro video de instantes antes mostraba a un grupo de carabineros de FFEE golpeando a un estudiante al que se arrastró por el pelo hacia un carro policial.

No faltó quien representó en redes sociales imágenes de oportunidades anteriores, donde FFEE al interior del mismo establecimiento había golpeado indiscriminadamente a alumnos, profesores y a quien se les cruzara en el camino. Los padres y apoderados del INBA reclamaron que las imágenes eran sesgadas, que el hecho había ocurrido bastante tiempo antes de la fecha en que se exhibió y que se estaba utilizando con fines políticos, sin atender al fondo del asunto, causando daño a la imagen del establecimiento. Hasta el general Director de Carabineros, Hermes Soto, se mandó una frase para el bronce: “golpear a un carabinero, es golpear a Chile”, enfatizó.

La cuestión de fondo

Más allá de la discusión mediática, porque ya está bueno que se deje de legislar de manera contestataria, cada vez que pasa algo la respuesta es una ley, sin que se haya legislado de manera preventiva; sobre todo cuando los hechos se vienen repitiendo hace tiempo ya, debe ponerse el énfasis en la violencia. La institucional y la puntual y atender a los hechos que las crean y no solo a sus consecuencias.

Para la vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), Amanda Luna, el proyecto de ley impulsado por el gobierno, que apunta a la expulsión de estudiantes que cometan graves hechos de violencia en sus colegios, “para nosotros no es una medida nueva, ya que existen leyes que criminalizan las acciones de jóvenes y niños. Vemos los casos ocurridos en el Sename, donde tanto empresarios como políticos se han encargado de tratar a los niños de este país insistiendo en ideas represivas y descartando cualquier tipo de debate público”.

El presidente del gremio de profesores, reclacó que Aula Segura “es un proyecto efectista que persigue una motivación comunicacional. Frente a la evidencia de que está mal redactado, aparece una ofensiva comunicacional de que son delincuentes y manzanas podridas”.

El dirigente recomendó al Gobierno “cuidar el lenguaje” ya que cuando “hablan de sacar a las manzanas podridas o tratan a los alumnos de delincuentes, estamos viendo un estilo Bolsonaro. Se necesita un proyecto mucho más conectado con la realidad escolar cotidiana”, dijo, al paso que agregó que era necesario además que asuma “la convivencia de manera integral”.

El gobierno insiste

“Que el Gobierno no se siga equivocando, porque el problema fue que este proyecto está mal hecho. La ministra tiene que reconocer que tiene que hacer mejor la pega. Este proyecto quebranta las normas de debido proceso y cualquier persona que sea acusada de un delito en Chile, tiene derecho a las garantías constitucionales y a un proceso previo racional y justo”, afirmó el senador Huenchumilla.

Apenas se supo que el proyecto había sido declarado inconstitucional, la ministra de Educación, Marcela Cubillos, dijo que introduciría una indicación que apuntaría a “que el alumno tenga un plazo previo para hacer sus descargos”, haciéndose cargo de una de las más fuertes críticas a la iniciativa gubernamental.

En Interior, Andrés Chadwick, reclamó por el rechazo: “Necesitamos esa ley, no seguir demorando un trámite de un proyecto tan necesario para dar seguridad y tranquilidad a todas las familias y, muy especialmente, a los estudiantes de los liceos públicos que sufren por la actitud de estos supuestos compañeros, que más que estudiantes son delincuentes. Cómo va a ser posible que un estudiante que comete esos actos delictuales, que son graves actos de violencia, pueda seguir ahí mismo como si nada hubiese pasado”, dijo.

Gato por liebre

“Para mi sorpresa, el video era del 2 de octubre, siendo revelado recién transcurridos nueve días, donde tampoco se nos informa si se detuvo o no a los responsables de la agresión y, además, a esto cabe agregar que, pese a que el Gobierno utilizó los videos para emplazar a la oposición a su aprobación, este tipo de agresiones no están contempladas en el proyecto como causal de expulsión, es decir, no tiene relación alguna con los hechos que vimos. ¿Por qué ha sido criticado entonces por especialistas si persigue tan noble causa como erradicar la violencia en las escuelas?”, se pregunta el abogado Rafael Ferrada, jefe de la Brigada de Abogados Socialistas.

“Porque la notificación de expulsión no exige una acreditación rigurosa de las conductas que se le imputan al estudiante, vulnerando consigo la presunción de inocencia, lo que, de ser mal utilizado, puede servir para la persecución de dirigentes movilizados. Porque no se le otorga un plazo de respuesta al expulsado, ya que los cargos o acusaciones que se realizan son a su vez la sentencia que permite su expulsión. Porque el plazo breve de reconsideración no permite una adecuada defensa, como última instancia”, se responde.

“La gravedad de las falencias que tiene este proyecto -recalca Ferrada-, significaría que en el futuro sería puesto en cuestionamiento constantemente ante las Cortes y el Tribunal Constitucional, por lo cual no tendría ninguna aplicación práctica en los términos que se encuentra formulado hoy”, concluye el jurista.

El “paracetamol”

Así calificó el proyecto de ley la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara Baja, la diputada Cristina Girardi (PPD). Ello “porque solo quedamos en la superficie del tema y no se resuelven los problemas de fondo echando a un alumno”.

Agregó que “también me llegan videos de carabineros golpeando a alumnos, alumnos golpeando a carabineros. Eso demuestra una sociedad violenta y es parte del análisis que hay que hacer porque uno tiene que condenar la violencia de donde sea”,.

Para la ex dirigenta estudiantil y actual la diputada comunista Camila Vallejo, “los hechos de violencia que están viviendo las comunidades educativas son graves y necesitan propuestas y soluciones reales, no cuñas comunicacionales. Por lo tanto, lo que necesitamos del gobierno es que presente proyectos que sean serios, que sean estudiados, que sean constitucionales y que no solamente sean eslogan”.

“Necesitamos que el Ejecutivo nos acompañe en la tramitación de un proyecto que hemos presentado y que aborda el tema de la violencia de una manera real e integral, como lo han dicho expertos en materia de convivencia escolar que vienen trabajando hace más de 10 años este tema. De manera que pedimos que el Ejecutivo haga bien su pega y que se pueda sumar a un trabajo que ya hemos venido desarrollando en la Cámara de Diputados, que es el proyecto de Escuelas sin Violencia sobre convivencia democrática, que ha sido respaldado por las organizaciones representativas de las comunidades educativas y también por los expertos”, concluyó la diputada Vallejo.

La violencia: una cuestión de fondo

Para la senadora Yasna Provoste (DC), “ningún ciudadano puede ser de segunda categoría por ser estudiante”. Explicó además las razones del actuar inconstitucional del Ejecutivo en el proyecto Aula Segura: “Me llama la atención el esfuerzo que han hecho durante estos días por tratar de hacer de una decisión que tomó la sala de forma unánime, una situación diferente. Nosotros dijimos hace dos semanas que teníamos serias dudas de que este proyecto cumpliera con las garantías constitucionales”.

“Después de esta resolución tan clara de la comisión de Constitución, podríamos haber ido al Tribunal Constitucional. Sin embargo, creemos primero que es necesario erradicar situaciones de violencia de los establecimientos educacionales, pero también queremos que sea una oportunidad para debatir los temas de convivencia escolar desde una mirada mucho más amplia”, recalcó.

“Ningún ciudadano puede ser de segunda categoría por ser estudiante. En las regiones no vemos los chicos de overoles, pero hay situaciones de violencia que afectan los aprendizajes y, por lo tanto, queremos que estos temas estén presentes”, dijo.

Se está desperdiciando la oportunidad

Al dirigente de la Pymes, Roberto Fantuzzi, le “preocupa que nos concentramos en las consecuencias de la ‘agresividad’ y no las razones que la producen. Partiendo de una educación de mala calidad, poco integradora o padres con muchos problemas como cesantía crónica o alcoholismo, etcétera”.

Coincidente con lo afirmado por la alcaldesa de Peñalolén, la abogada Carolina Leitao (DC), para quien “claramente, nadie que lance una molotov en el colegio o rocíe combustible a un profesor o a cualquier integrante de la comunidad escolar está defendiendo la calidad de la educación”.

“Visto así, el proyecto parece hacerse cargo de un fenómeno real, donde la violencia amenaza con imponerse como método para enfrentar las diferencias, con lo que el proyecto del Gobierno parecía ir en la dirección correcta, no obstante el rechazo que tuvo en la Comisión de Constitución del Senado. Sin embargo -agregó-, a mi juicio no sólo se trata de una reacción desesperada frente a hechos deleznables, sino que además se está perdiendo la oportunidad de discutir un tema y entregar herramientas más eficientes a hechos que afectan la convivencia diaria. Se está tratando de legislar sobre la excepción, grave, por cierto, pero no sobre lo que realmente impactaría en las comunidades educativas y que hoy los agobia”, concluyó.