Por Mario López M.

Defensor público denunció que persecutores excedieron facultades: “a partir de un informe particular” investigan masiva e indiscriminadamente “sin indicios previos de participación en el delito de fraude al fisco”, dijo. “Absolutamente desproporcionado”, ratificó presidente del Senado.

La cuestionada intervención del Fiscal Manuel Guerra dio paso a un serio conflicto entre órganos de Estado, interviniendo de paso en la campaña presidencial y mostrando un desigual trato. En casos graves asociados a otro candidato, se apresuró en exculparlo sin investigar.

Denuncias periodísticas de plagio en la Cámara Alta, presuntamente realizado por profesionales e institutos que acompañan la labor de los legisladores, generaron un fuerte conflicto entre dos órganos del Estado, al Senado y el Ministerio Público. Lo anterior se originó cuando el fiscal Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, personificó la voluntad de investigar a un senador por un eventual fraude al fisco, lo que se leyó como injerencia política en pleno periodo de elecciones y siendo tal parlamentario un candidato a la Presidencia de la República.

Curioso, cuando el mismo persecutor y referido a casos más graves de uso de información privilegiada y negociación incompatible imputados a otro candidato a la Primera Magistratura, en tres oportunidades y sin mediar motivo alguno, se apresuró a exculpar al referido candidato y, aún más, se negó a investigar correos de este o de su familia que pudieran involucrarlo en el caso que se le imputaba.

Uso y abuso del persecutor

Ello no implica que la justicia no investigue un eventual delito de plagio o de fraude al fisco, pero eso debe enmarcarse dentro del orden jurisdiccional y no por arbitrariedad personal. Por ello las palabras del defensor regional Metropolitano Norte,  Carlos Mora Jano, resultan atingentes: “Todo sistema procesal penal moderno y democrático se sustenta sobre la base de que el ente persecutor debe investigar hechos y no personas. Al respecto, el último oficio dirigido al Senado por la Fiscalía Metropolitana Oriente constituye un hito preocupante”, escribió en una carta al El Mercurio.

A su juicio, “en este caso, los fiscales han ejercido sus facultades exclusivas de investigación no solo respecto de hechos determinados -como mandatan los artículos números 1 de su Ley Orgánica Constitucional y 3 del Código Procesal Penal-, sino respecto de un grupo de personas consideradas sospechosas, cual pesca de arrastre. Cuesta entender que, a partir de un informe particular, hoy los fiscales inicien una investigación masiva e indiscriminada que afecta a otras personas sin indicios previos de participación en el delito de fraude al fisco”.

El defensor público se manifestó preocupado por “lo que puede transformarse en el inicio de una nueva etapa, que los penalistas llaman derecho penal de autor, y que trastocaría garantías y equilibrios fundamentales del sistema procesal penal, sin mencionar las dudas que despertaría sobre la eficiencia en el gasto de los recursos destinados a la persecución penal.”.

Lo que se debe investigar

La cultura de la trampa no es solo progresiva, sino que además generalizada. Con origen en el colegio y hasta con la existencia de páginas web que invitan a hacer “la tarea fácil”, es habitual en universidades, donde “el rincón del vago” ofrece trabajos a medida y en empresas, donde informes suelen ser copiados indiscriminadamente, ciertos de la falta de tiempo de las jefaturas para contrastar la información, lo que asegura impunidad. Más que una “fuente de inspiración”, el copy-paste es derechamente una apropiación del esfuerzo de otros en beneficio propio.

Copiar y pegar sin mencionar la fuente es un delito, plagio, esto es, “copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias”, infraccionándose el derecho de autor. Si además el documento que se produce como consecuencia de esta copia es pagado con fondos fiscales, estamos frente a un delito de fraude al fisco. En los casos que se investigan, en la Cámara de Diputados y ahora el Senado, se trataría de dineros públicos destinados a asesorías parlamentarias. Se agrava la situación por el velo de sospecha, si las mentadas asesorías son verbales.

En particular, la investigación debe orientarse a establecer el hecho que se estima constitutivo de delito, no lanzarse a ciegas a ver si se descubre uno, pues al final termina haciéndose “necesario” descubrir algo para justificar la investigación y ello es abusivo y raya en lo ilegal. “Es de esperarse que esta investigación de la Fiscalía Metropolitana Oriente respecto del Senado con sede en Valparaíso se limite a hechos determinados y no nos cabe duda de que los tribunales de justicia así lo entenderán bajo una lógica no inquisitiva. El proceso penal no puede convertirse en una mera cacería de brujas o una salida a pescar”, concluyó Mora.

La difícil tarea de ser independientes

El parlamentario que participa en una comisión determinada que estudia en detalle un proyecto de ley, está en pleno conocimiento de las materias de que trata y adopta desde luego una posición que orientará su voto en sala. El problema radica para los otros parlamentarios, la gran mayoría, que solo conocen el proyecto durante el proceso de discusión de este en la sala. Por ello se apoyan en asesorías, de profesionales e instituciones, algunas ligadas a corrientes o partidos políticos, otras de la envergadura de la Biblioteca Nacional, etcétera.

También se produce una diferencia, al momento de tener acceso a la información acerca de lo que ocurre en cada comisión legislativa, entre los parlamentarios que pertenecen a partidos políticos y aquellos que actúan como independientes, sobre todo tomando en consideración que existen más de treinta comisiones por Cámara. La situación la describe bien el senador  (Ind.) Carlos Bianchi, quien explica que quienes son parte de un partido político pueden formar “comités” que se reparten la asistencia a comisiones, mientras que los que no representan a ninguna colectividad dependen más de los asesores, ya que “no nos podemos multiplicar”.

“Tratamos de asistir al máximo de comisiones y cuando no podemos asistir a algunas, pedimos los informes (…) Estos informes se le piden a la secretaría de la comisión o se envía a algún asesor para que vaya esa comisión y luego nos trae la información de lo que se ha discutido allí (…) Los partidos políticos, como tienen un comité más extenso, se distribuyen en las distintas comisiones. Pero ellos además tienen los institutos y a través de estos se encargan los trabajos. El senador independiente no trabaja con institutos, trabaja con asesores personales o externos, mientras los partidos lo que hacen es trabajar con institutos y cuyos integrantes van y asisten a las distintas comisiones”, dijo el parlamentario a Emol.

Nadie está sobre la ley

El particular episodio originado por Guerra, (en la foto) y que fue respaldado –una vez más- por el Fiscal Nacional, ha sido la defensa corporativa que despertó el anuncio de investigación entre los senadores y ello ocurrió de manera transversal. Sin perjuicio de que el senador Alejandro Guillier pidió por escrito al Senado que se entregaran a la fiscalía todos los antecedentes de asesorías externas pagadas por él, desde la testera de la corporación y desde diferentes bancadas, manifestaron la oposición a entregar antecedentes fue unánime.

¿Por qué ese rechazo? ¿Será porque todos temen que al ser investigados se descubra que presentan informes pagados cuyos dineros fueron desviados a otros fines? ¿O será porque están ciertos que esta vez el fiscal Guerra fue muy lejos y con ello se abre una peligrosa judicialización de la política, donde el Ministerio Público (otrora la institución reconocida como la más seria de nuestra institucionalidad) use y abuse de su poder para subir o bajar autoridades o candidatos?

Interrogantes que por ahora están en desarrollo y que eventualmente deberán resolver los tribunales, si el conflicto escala a esos niveles. Es cierto que Guerra –ya desencadenado el conflicto-, morigeró sus dichos aclarando que sus palabras anunciando investigaciones criminales y determinados delitos respecto de un caso en particular, en realidad se referían a ilícitos que pudieran descubrirse.

Aun así, nadie está sobre la ley, ni los senadores que puedan negarse a ser investigados por hechos que pudieran afectarles, ni un persecutor que maneja sus poderes arbitrariamente. El Estado de Derecho también se construye –o destruye- con actitudes como estas.

El rol de los “asesores”

Quien encarga una asesoría espera que él o los profesionales tras ella realicen un trabajo serio, de creación o recopilación, según sea el caso, sustentado y respaldado por las fuentes en que se basa. No resulta común que el que encargó el trabajo se dedique a cotejar si este ha sido plagiado o no; sería un sin sentido, para eso mejor hacerlo él mismo, solo que en los casos de parlamentarios resultaría sencillamente imposible de ejecutar, más si son lobos solitarios, como los independientes.

Descubierto el copy-paste, como sucedió ya en la investigación en curso en la Cámara de Diputados, la actitud del parlamentario aludido debe ser categórica, como ocurrió en el caso de la diputada Camila Vallejo, quien efectuó un rápido y sincero reconocimiento tras contratar al Instituto de Ciencias Alejandro Lipschut (ICAL) asesorías que cayeron en copy-paste. “Me fallaron, me hago cargo y decidí terminar el contrato”, anunció la legisladora comunista, expresando su voluntad de pagar con su dieta parlamentaria el dinero que se fue en estos informes plagiados.

Complicada ha resultado la intervención de institutos y fundaciones asociados a partidos políticos en la ejecución de estos trabajos, porque dan pie a sospechar que el verdadero destino de los fondos es distinto de la “función de apoyo al trabajo parlamentario, para contribuir a la certeza del actuar legislativo, disminuir la brecha de disponibilidad de información y análisis entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, y respaldar el protagonismo internacional del Congreso Nacional de Chile en los foros inter-parlamentarios”, como plantea el portal de la Biblioteca Nacional.

Investigaciones periodísticas dan cuenta que la UDI, por ejemplo, gastó $199 millones en informes, de los cuales más de $190 millones fueron a parar a la Fundación Jaime Guzmán, desprendiéndose del análisis de dichas asesorías que copió informes de la propia Cámara, replicó varios de la misma Fundación e incluso un informe fue copiado casi íntegro desde una página web.

Renovación Nacional, por su parte, pagó asesorías por 105 millones al Instituto Libertad, el que incluyó, sin citar, datos obtenidos de fuentes abiertas, tales como la propia Cámara Baja, el Banco Central o el INE.

 ICAL, asociada al PC, también habría incurrido en tales acciones contrarias a la probidad, tal como ocurre con casi todos los partidos políticos.

Quién es quién en el plagio

¿De quién es la responsabilidad de un hecho de esta naturaleza? Habría que contextualizar en la situación del profesor respecto de su alumno, por ejemplo. Si aprueba un trabajo sin medio para percatarse del copy-paste, ¿podría acusarse al maestro por el hecho de su estudiante? Similar situación ocurre con el trabajo parlamentario. Si el diputado o senador encarga un determinado informe a un asesor o institución y este, engañando a su mandante, realiza una copia de textos sin citarlos, asumiéndolos como propios, ¿ello hace responsable al parlamentario, incluso penalmente?

Entonces, ¿cuándo habría responsabilidad del parlamentario que encargó el trabajo? Cuando a sabiendas que el informe es una copia solo para cumplir la formalidad, participa del destino o beneficio de los fondos obtenidos por él, sea que se destinan a otros fines los dineros, por ejemplo a campañas políticas o al partido al que pertenece, o bien porque solo buscaban beneficiarlo a él o a un tercero para pagar favores políticos. Es lo más cercano a las boletas o facturas ideológicamente falsas, solo que en este caso el informe es una burda copia para dar la apariencia que el trabajo sí se hizo, apropiándose de fondos públicos.

Distinto es el trabajo que compila lo que pasa en las comisiones legislativas para dar luces a los parlamentarios acerca de qué se ha discutido o concluido allí. Se trata de citas textuales que no intentan hacerse valer como propias de parte de quien informa, no existe a su respecto el dolo (la voluntad deliberada de cometer un delito, a sabiendas de su carácter delictivo y del daño que puede causar). Ello es muy distinto al plagio, que se ha imputado con demasiada liberalidad y sin acotar a casos concretos con responsabilidades determinadas.

En tal sentido se interpretan las palabras del Presidente del Senado, Andrés Zaldívar (DC), al comunicar por oficio al Fiscal Nacional, Jorge Abbott, que no entregará la información solicitada para la investigación aludiendo a que se trata de una acción “absolutamente desproporcionada” y que “excede ampliamente las facultades y potestades de quien ejerce la persecución penal” y además “crea un manto de sospecha sobre la actividad de los parlamentarios, que atenta seriamente sobre el principio de no culpabilidad”.