Toda una polémica ha desatado el nuevo proyecto de ley que enviará el Gobierno al Congreso sobre el control preventivo de identidad. La iniciativa busca otorgarles mayores atribuciones a los organismos policiales. Están los que quieren proteger a los niños y no tratarlos como delincuentes a todos y los que como el diputado Gonzalo Fuenzalida (RN) que dice que “no todos los menores de edad son blancas palomas”. También hay quienes dicen que, en vez de perder tiempo en discutir, si se rebaja o no la edad a 14 años debieran ocupar ese tiempo en encontrar soluciones al problema de fondo como es la delincuencia y desarrollar un fuerte compromiso social porque los temas son muchos.
Sin duda que una de las reacciones más polémicas vino de parte del diputado Fuenzalida, quien publicó en su cuenta de Twitter un dibujo en que aparece un niño con antifaz y la leyenda “no todos los menores de edad son blancas palomas”.
El parlamentario señaló que “es una verdad que es fuerte, pero es la verdad. Lamentablemente, hay menores de edad que cometen delitos. El año pasado fueron detenidos 40 mil menores entre 14 y 18 años y por lo mismo hay que controlarlo (…) Muchos de ellos están prófugos de la justicia y por lo mismo es una herramienta que sirve para controlar”.
Además, la idea es que del control mismo, exista la facultad de revisar mochilas, bolsos, bananos, e incluso, se pueda detener a menores de edad por actitudes sospechosas ante una posible falta o delito. Estas son las medidas que se buscan impulsar para fortalecer a Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI).
Resistencia al proyecto
La resistencia al proyecto ha crecido con los días y también llegó la hora de las definiciones. Luego de asumir sus funciones, el nuevo presidente del Senado, Jaime Quintana (PPD) y el vicepresidente Alfonso de Urresti (PS), se reunieron con Sebastián Piñera, ocasión en que le expresaron sus reparos al proyecto de ley de control preventivo de identidad.
Medida que aseguraron, "no es oportuna", a la vez que significaría "un retroceso" en materia de infancia. Pronto el propio Mandatario confirmó que la iniciativa será presentada en esta semana, incluyendo la ampliación de la medida para mayores de 14 años.
El senador Quintana indicó que "esa voluntad auténtica y genuina que el Presidente ha manifestado en orden a resolver los temas de infancia, se puede ver alterada con la propuesta de un control preventivo de identidad".
El legislador PPD detalló que "analizamos incluso estadísticas respecto de la inconveniencia de plantearse un proyecto tal cual como se ha mencionado. Más aún cuando somos los primeros en reconocer que hay una voluntad auténtica del Gobierno de avanzar en materia de infancia vulnerada y esto puede afectar ese avance".
A su juicio, "esta iniciativa del Gobierno contraviene abiertamente lo que es la Convención de Derechos del Niño (…) Creo que el Gobierno entra en un terreno peligroso si va a persistir", añadiendo que cuando se trate de problemas que impactan en los chilenos, la idea es que "no pongan por delante el olfato comunicacional y si pongan por delante el interés de resolver los problemas que afectan a los chilenos".
En tanto, el Gobierno justifica con cifras el fijar en 14 años control preventivo de identidad para menores. Una de las mayores interrogantes que existían sobre esta materia era si los menores serían objeto de estos controles desde los 14 años o desde los 16 años. Las dudas fueron despejadas por Piñera, quien a través de la red social Twitter indicó que “enviaremos al Congreso (el) control preventivo de identidad, para fortalecer calle segura y que Carabineros pueda pedir cédula de identidad, identificación escolar, de transporte o huellas dactilares a mayores de 14 años, y también registrar contenidos (de) mochilas y autos cuando corresponda”.
La propuesta del Ejecutivo, ya había generado resistencia por algunos actores relacionadas a esta materia. Patricia Muñoz, Defensora de la Niñez, había señalado que durante los últimos tres años se ha registrado una baja sostenida en la cantidad de menores infractores de ley, entre 14 años y 17 años, acumulando una caída del 31% a nivel nacional. “Por eso la propuesta es aún más incoherente, ya que no se sostiene en la evidencia”, indicó.
Chadwick y las cifras
Al ministro del Interior, Andrés Chadwick, le correspondió detallar la propuesta del Ejecutivo y dio a conocer las cifras con que justifican la iniciativa.
“Buscamos que el control de identidad preventiva permita que los policías hagan un registro de vestimentas y accesorios, como por ejemplo mochilas o bolsos, y que se pueda registrar automóviles. También que se pueda controlar la identidad de mayores de 14 años, porque hay una participación importante de jóvenes en delitos”, indicó.
Chadwick respaldó dicha afirmación en cifras asociadas a delitos cometidos por menores. “En el 29% del robo de vehículos participan menores de edad y en un 22,8% en los robos con violencia e intimidación. Y en el caso de tenencia o porte de armas, el año pasado aumentó en un 46%. No podemos ni debemos quedarnos sin hacer nada frente a esta realidad”.
Desde gobierno precisaron que las cifras corresponden a estadísticas de la Subsecretaría de la Prevención del Delito.
En esta línea, los números que maneja el Ejecutivo arrojan que el año pasado fueron detenidos 2.198 menores por asaltos y otros 850 por robos por sorpresa, más conocidos como “lanzazos”.
El titular de Interior agregó que “el año pasado se realizaron aproximadamente 4 millones de controles de identidad y se lograron casi 100 mil detenciones, de acuerdo a las informaciones de Carabineros y la PDI. Solo hubo 39 denuncias por procedimientos irregulares”.
Dos motivos para lanzar el proyecto
El senador (PPD) Felipe Harboe precisó a Cambio21 que “El gobierno podrá usar las encuestas que quieran, podrán intentar acorralarnos comunicacionalmente, pero que encontrarán por lo menos en mí, alguien que está dispuesto a perder votos, pero hacer lo correcto por el país. A mi juicio no hay piso político en el Congreso para aprobar un control de identidad de esta naturaleza. Yo por lo menos no me voy a prestar para permitir que se revise a todos los jóvenes de Chile porque hay un grupo minoritario que está cometiendo delitos y la policía no es capaz de identificarlos y detenerlos”
En su opinión “el sentido que tuvo este anuncio es recuperar el electorado que hoy día está evaluando mal la gestión del gobierno en la lucha contra la delincuencia. Intentar evitar que la ultraderecha lo supere por el lado con una medida más conservadora que esta y también hacerse cargo de la demanda ciudadana por mejorar las políticas de seguridad”.
Añadió que “evidentemente es un acto comunicacional destinado a hacerse cargo de un tema demandado por la ciudadanía, pero con una medida que es completamente efectista y no tiene ningún tipo de evidencia. Creo que el populismo llegó a La Moneda, evidentemente porque cuando él señala que la mayoría de la gente apoya esta medida puede ser, probablemente la mayoría de las personas apoya reponer la pena de muerte, pero eso no significa que sea correcto”
“Probablemente la mayoría de las personas apoyan eliminar al gobierno y a los políticos y al Parlamento, pero eso no es lo correcto para el país. Un gobernante, un estadista tiene que ser capaz de plantear propuestas de país basadas en evidencia en lo que es correcto para el país y no necesariamente lo que le dice la mayoría de los ciudadanos o las encuestas. Quien gobierna en base a las encuestas, en la jerga política, se les llama populistas y creo que el populismo que estaba golpeando la puerta, La Moneda le abrió la puerta”.
El senador cree que “evidentemente tenemos un problema serio de definición de la políticas de seguridad porque el control de identidad preventivo para mayores de 14 años, no es otra cosa que un subsidio al mal trabajo policial porque si yo quiero que tengamos menos menores delinquiendo, mejoremos las políticas sociales, pero si así y todo tenemos delincuentes juveniles, bueno, lo que corresponde es estar fichando a todos los jóvenes sino que la policía con capacidad investigativa y prevención sea capaz de identificarlos, de detenerlos, lograr los medios de prueba para que sean condenados, pero si esas tres condiciones no son capaces de hacerlas la policía por qué los vamos a subsidiar con un control de identidad para todos los jóvenes de Chile. No me parece que sea justo”
Recordó que “de los cuatro controles de identidad que se hicieron durante el año 2018 solo el 2,3% de ellos terminó en alguna detención, pero no sabemos si esa detención fue porque la persona estaba cometiendo un delito, porque estaba siendo citada a un tribunal como testigo, como imputado o si era por consumo de alcohol en la vía pública, no lo sabemos. Entonces, cuando el 2,3% es por detención y no hay evidencia de que un porcentaje considerable de esos detenidos sea formalizado por un delito, la verdad es que así no se puede legislar. Chile debe recuperar la calidad de sus políticas públicas y legislar sobre una base de evidencias y no de encuestas”
Lucía Dammert socióloga y experta en seguridad en América Latina se refirió a la medida que busca bajar la edad de control a 14 años y comentó al respecto que “Lamentablemente vamos a pasarnos horas discutiendo sobre algo que no sirve en vez de empezar a hablar de políticas públicas que sí sirven, como modificar las policías”
La experta se preguntó, dado que los recursos para luchar contra el crimen son limitados “¿vale la pena concentrarlos acá?, y la respuesta es no. Cada vez menos jóvenes delinquen pero sí las bandas y esas que requieren otro tipo de investigación policial además con policías en barrios complejos que establezcan relación con la ciudadanía”.
Dammert además aseguró que el control de identidad preventivo “No es efectivo. No hay ningún país que demuestre que parar a los policías en una esquina permita controlar ni prevenir el delito efectivamente. Puede establecer contactos, pero no necesariamente trae frutos”.
Además aseguró que no es justo, “porque las policías en general, tienden a concentrarse en ciertas zonas y barrios, lo que hace que se controle a ciertos muchachos”
Dammert criticó abiertamente el debate al decir que “si vamos a legislar en lo que es llamativo para la población, partamos por cerrar el Congreso. Esto no es el circo romano y parte importante de la labor política es entregar un debate alturado”, agregando que “no hay claridad si los datos sirven para decir que los controles de identidad sirven de algo, salvo que encuentran a gente que no ha pagado multas. Pero efectivamente es mucho mejor buscarlo en la casa y hacer un trabajo de inteligencia más que tener a Carabineros controlando gente (…) no es que estemos en contra de los controles, estamos a favor, pero en los basados en evidencia, que sirvan. El ministro entrega datos que no nos permite avanzar”.
Desde el lado de la academia, el director del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile y experto en seguridad ciudadana, Hugo Frühling, reiteró su oposición a la ley de control de identidad actual, la cual es contraria -aseguró- a modernizar a la policía y mejorar su efectividad.
“No hay ninguna evaluación eterna respecto a lo que ha sucedido con esta aplicación de la ley, no hay manera de asignar la información vía resultados efectivos. La reinstalación de un debate respecto al control de identidad es una pérdida de energía y del rumbo modernizador que había anunciado el gobierno”, indicó Frühling.
Para el académico, la aparición de este proyecto resulta otra evidencia de que la Comisión de Seguridad no ha sido clara. Cabe resaltar, además, que esta modificación aparece a solo unos meses de que Carabineros enfrentara una crisis luego del asesinato de Camilo Catrillanca, la cual terminó con diversos cambios en su interna.
Justamente por esta razón, Frühling consideró que este cambio no obedece a un diseño estratégico, sino más bien a una respuesta inmediata a los sectores que consideran que el aumento de la delincuencia es producto de la falta de atribuciones de Carabineros.
Medidas efectistas
“Las políticas de seguridad requieren avance de largo plazo y hay un código penal que está en discusión y que enfrenta el tema de las penas, pero esto no se resuelve de un día para otro. En consecuencia, como los gobiernos son cortos, muchas veces quieren cerrar ventanas para la crítica, mediante medidas efectistas”, enfatizó el académico.
Sobre los riesgos a los que la ciudadanía se enfrentaría de aprobarse esta modificación, el experto indicó que ni siquiera hoy se tiene claro cómo funcionan los controles de identidad y si ya se detienen a menores de edad. Todo esto, porque sus datos no son comunicados al Ministerio Público.
Finalmente, Frühling mencionó un episodio ocurrido en una comisaría de Cañete en la que los carabineros debían obtener una cuota mínima de partes. La pregunta que planteó el experto fue si es que existe alguna garantía de que este tipo de mecanismos se apliquen también con este tipo de leyes.
Para el experto en seguridad y profesor de la Universidad de Santiago, Jorge Araya, la idea resulta “impracticable” en términos operativos e, incluso, un “peligro” ya que, explica, los menores en general no tienen la costumbre de portar su identificación al momento de salir al espacio público.
Finalmente, el especialista reconoce que el Gobierno está intentando dar señales de preocupación sobre la seguridad ciudadana en el país, pero considera que la eventual iniciativa no constituye la forma adecuada de hacerlo.
El senador de Renovación Nacional, Andrés Allamand, insistió en que el proyecto tendrá dificultades para ser sacado adelante en el parlamento. “Estoy seguro de que esto de los 14 años no va a pasar del Congreso, y creo que va a enturbiar la tramitación legislativa del resto de las medidas”, refiriéndose a la edad mínima.
“Ante un país que demanda permanentemente mayor seguridad y políticas eficaces en esta materia, me parecería un error negarme a la posibilidad de extender el control preventivo de identidad a jóvenes que sí tienen responsabilidad penal”, señaló la diputada Marcela Sabat (RN).
La polémica legislación que busca ampliar el control preventivo de identidad a mayores de 14 años ha generado las críticas de expertos y de la oposición. Es así como se sumó un nuevo actor en contra del proyecto de ley que impulsa el gobierno de Piñera, luego de que el vocero de la Corte Suprema advirtiera al gobierno de “no pasar por encima” de las legislaciones vigentes sobre el tema.
El ministro Lamberto Cisternas, señaló que existen convenciones internacionales y en la propia legislación chilena que regulan lo referido a menores de edad, por lo que le pidió al gobierno “no pasar por encima” de estas.
“Todo el tema que se refiere a los menores está regulado por convenciones internacionales y por nuestra propia legislación, entonces probablemente será necesario cuidar que no se pase por encima de esa legislación, partiendo de la base que ella tiene por objeto de que los menores fundamentalmente caminen hacia la rehabilitación y no hacia la prisión o hacia la condena”, señaló Cisternas
