Por Mario López M.
El convenio suscrito por Corfo y la empresa de Ponce Lerou, que entrega a esta última la explotación del litio hasta 2030, aumentando su cuota de explotación, trasgrede el carácter “no concesible” que el propio gobierno determinó hace dos años respecto del mineral que consideró estratégico.
Abogados iniciaron acciones administrativas para evitar que la Contraloría tome razón del espurio acuerdo. Tratándose del perdonazo judicial del Ministerio Público, están dispuestos a llegar al Tribunal Constitucional e incluso a promover acusación constitucional en contra del propio fiscal Jorge Abbott.
No solo eso. Denuncian que para permitir el negocio del yerno de Pinochet con China se confabularon “coincidentemente” el término del arbitraje y la salida alternativa que el fiscal Pablo Gómez entregó a Soquimich, por la cual no se le perseguirá penalmente a cambio de una dádiva al Estado.
Primero fue la salida alternativa a Soquimich –que constituye un verdadero “desistimiento de la acción penal en contra de la empresa”-, que el fiscal Pablo Gómez ingresó al Octavo Juzgado de Garantía entre Pascua y Año Nuevo, literalmente, cuando todo el mundo andaba preocupado de otras cosas.
A reglón seguido, en el marco de la visita del Papa se dio un segundo episodio a lo menos “sospechoso”: Corfo y SQM llegaban a un acuerdo poniendo fin a un arbitraje de años en donde no solo “solucionaron sus diferencias”, sino que además sirvió para que a Julio Ponce Lerou le llegaran de manera anticipada los “tiempos mejores”, pues terminó amarrando un contrato de concesión hasta 2030 y aumentando las cuotas de explotación del litio en crudo, sin valor agregado alguno.
Las reservas de litio en Chile representan el cincuenta y siete por ciento de las existentes a nivel mundial del elemento químico, de acuerdo con cifras entregadas por el Servicio Geológico de los Estados Unidos.
En qué quedamos, ¿es o no concesible?
A inicios de 2016, en febrero, el Gobierno anunciaba con bombos y platillos la ejecución de una política de Estado respecto del litio. En ella se ratificaba su carácter estratégico y no concesible. De hecho, la facultad de celebrar contratos especiales de operación a su respecto con terceros por parte del Estado se le resguarda en la Constitución y en la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras de manera exclusiva y excluyente al Presidente de la República, por lo que el vicepresidente de Corfo, Eduardo Bitrán, carecería de facultades constitucionales y legales para el acuerdo con SQM.
El convenio le otorga a SQM nuevos beneficios, entre ellos expandir su producción, cuadriplicándose para 2025. Así, el convenio establece una cuota nueva total a 2030 de 349.553 toneladas de Litio Metálico Equivalente (LME), el que se viene a sumar con el remanente de la antigua autorización para llegar aproximadamente a unos 2,2 millones de toneladas de carbonato de litio equivalente. Las ganancias proyectadas son de siete mil millones de dólares; por el convenio del fiscal Gómez SQM pagará a Chile 3,5 millones de dólares.
“Nuestra institucionalidad es de cartón”, afirma el abogado Mauricio Daza a Cambio21, criticando el doble estándar que lleva al Estado a cuestionar judicialmente a SQM por su rol en actos de corrupción a políticos y, por otra parte, en sede administrativa llega a acuerdos que le permiten a la empresa de Ponce Lerou seguir enriqueciéndose a costa del mismo Estado.
“La institucionalidad chilena cuando es puesta a prueba no da el ancho y al final termina torciéndose el principio de igualdad ante la ley para impedir que algunas personas enfrenten procesos judiciales y se pueda descubrir la verdad de los sucedido en casos en que hay atentados a la fe pública e impide que se puedan producir condenas ejemplares”, dice el profesional.
“Ese ‘arreglín’ entre Corfo y SQM por el que le entrega la concesión a esta última de nuestros recursos naturales y el litio, que además es fundamental y estratégico, hasta el año 2030, es una vergüenza nacional que pretende justificarse bajo el ‘chamullo’ de que Ponce Lerou o su hermano ya no estarán en el directorio, como si eso importara”, recalca a Cambio21 la recién electa diputada comunista Carmen Hertz.
“Mientras no recuperemos los recursos naturales seguiremos siendo una economía atrasada, porque una economía que solo exporta materia prima sin valor agregado alguno es una economía atrasada”, sostiene la parlamentaria que asume en marzo.
El “negocio tras el negocio”
Además de las graves denuncias acerca de la entrega de soberanía mediante la concesión de recursos naturales estratégicos del país, otro aspecto ha pasado casi inadvertido. Al terminarse en menos de un mes las dos acciones judiciales que el Estado de Chile mantenía con SQM, Julio Ponce Lerou -aunque se le pida no integrar el directorio de la compañía e incluso se solicite que salga su hermano, que representaba sus intereses-, puede negociar abiertamente la propiedad de la empresa con China, incluidas las concesiones que posee.
El abogado y académico Roberto Mayorga explica a Cambio21 que ahora se da una situación perfecta para el ex yerno de Pinochet, porque antes no podía operar libremente en China dados los dos juicios que mantenía con el Estado de Chile: uno, el arbitraje, que terminó beneficiándolo al entregarle una mayor cuota de explotación hasta 2030 en el cuestionado acuerdo con Corfo –la Contraloría aún no ejecuta la Toma de Razón-, y segundo, el del Octavo. Juzgado de Garantía, en el cual ahora el fiscal Gómez terminó dándole salida alternativa a SQM y con ello le allanó el camino a los negocios de Ponce Lerou. Sacándose los juicios de encima, ahora puede, por ejemplo, vender libremente a China sus acciones”.
“Las denuncias, en ambos casos, son muy graves y se les está echando tierra encima. No se pueden paralizar las investigaciones hasta que no se aclaren las imputaciones sobre las cuales existen presunciones más que fundadas. Existe falta de transparencia, pues SQM ha permeado la democracia mediante el financiamiento ilegal de la política, ha afectado al orden público, a su autonomía y armonía de funcionamiento. Aquí Corfo se ha asociado con una empresa prontuariada, criminalizada”, agrega.
Remover a Gómez
“Ha llegado la hora de la prueba de la blancura”, plantea Mayorga, uno de los patrocinantes de acciones administrativas y judiciales que intentan evitar la impunidad a SQM y, de paso, detener la concesión del litio a SQM. “O se es transparente o no se es transparente. Esta salida alternativa que entrega el fiscal Pablo Gómez a SQM a cambio de una suma ridícula de dinero que la empresa ‘le regala’ al Estado olvidando los delitos de corrupción en que dicha empresa ha incurrido, es una vulneración de la Constitución y del orden público. Esa es justamente una de las causas graves que ha afectado a nuestra democracia, con desprestigio de la política y sus instituciones”.
Ello llevó al profesional y a Juan Pablo de la Torre, presidente de la Feusach, junto con otros abogados, a presentar una denuncia en contra de Gómez ante el Fiscal Nacional. En ella “se solicita se instruya un sumario inmediato en contra del fiscal, a fin de removerlo o aplicarle las sanciones que estrictamente correspondan en derecho, por existir negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones al desconocer, no hacer valer, incumplir y/o transgredir gravemente, culpable o dolosamente -según se determine-, la Constitución de la República de Chile en el caso SQM”.
No solo eso, piden además la “suspensión inmediata del fiscal Gómez en sus funciones, como medida preventiva, en conformidad a la ley y el retiro inmediato por parte del Ministerio Público, ante el Octavo Juzgado de Garantía de la Región Metropolitana, de la solicitud de suspender el juicio en contra de SQM a cambio del mero pago de una multa, efectuada por el referido fiscal Gómez, por ser contrario a derecho y vulnerar la Constitución”.
“Caiga quien caiga, incluido Abbott de estar involucrado”
Roberto Mayorga afirma que “la solicitud elevada al Ministerio Público es para que requiera al juzgado suspender de inmediato el procedimiento, en lo que se refiere a una salida alternativa en beneficio de Soquimich y proceder por el contrario a sustanciarlo conforme al artículo 19, Numerales 21, 15 y 7, letra g), de la Constitución Política de Chile, que prohíben la existencia de sociedades que atenten en contra del Orden Público, prescribiendo la confiscación de sus bienes, sin autorizar ningún tipo de salida alternativa”. Añade que todos los antecedentes –muchos de los cuales ni siquiera se han investigado-, apuntan a que la empresa de Ponce Lerou ha incurrido en estos graves ilícitos.
Corfo cuestionó a SQM porque no le estaba pagando las cifras reales de lo que exportaba. Por eso en noviembre de 2016 la Superintendencia de Medio Ambiente formuló cargos contra la empresa, pues entre 2013 y 2015 extrajo salmuera por sobre lo autorizado. No solo eso, entregó información incompleta sobre la extracción de agua dulce, presentó planes de contingencia deficientes, contribuyó a la afectación de las variables de PH y salinidad del suelo y modificó las variables consideradas en los planes de contingencia sin la autorización pertinente.
El profesional asegura que “no es una casualidad que cuando el Papa está en Chile se firma este acuerdo entre Corfo y SQM, entre gallos y medianoche, y lo anuncian solo cinco días antes. Aquí hay cosas que no se han dicho. Sabemos que el 100% del litio se exporta a China”, pero lo que eleva las sospechas es el secreto a voces que existe en oriente respecto de que SQM sería socia encubierta de China en el procesamiento del litio, esto es, la obtención de valor agregado y eso no se aprovecha acá y esos impuestos no se pagan acá”.
Es más, asegura el profesional que están dispuestos a llegar al Tribunal Constitucional “en caso necesario, para solicitarle su veredicto para que resuelva la inaplicabilidad de las normas de la Ley 20.393 sobre salida alternativa impetradas por el fiscal Gómez, por ser contrarias e incompatibles con los preceptos constitucionales”.
Y hay más: “de llegar a determinarse que no solo Gómez, sino que el mismo Fiscal Nacional está coludido en esto, buscaremos el apoyo de 10 diputados para acusarlo constitucionalmente”, remata el académico.
Los profesionales también han recurrido ante el Contralor General de la República, solicitándole que se abstenga de tomar razón del acuerdo entre Corfo y SQM, amparados en que es improcedente que el Estado llegue a acuerdos con una empresa sometida a procesos (formalizada) por graves ilícitos. También han recurrido ante el propio vicepresidente de Corfo, Eduardo Bitrán, y al mismo árbitro del diferendo Corfo SQM, Humberto Humeres, dándole cuenta de las gestiones que se encuentran pendientes y que inhibirían el acuerdo.
También recurrieron al Consejo de Defensa del Estado, institución que ya dio su beneplácito al acuerdo. También se le pide se oponga al “perdonazo” penal a SQM que le entregó el fiscal Gómez con el respaldo del propio Fiscal Nacional, Jorge Abbott.
“Estatizar SQM”
El acuerdo Corfo-SQM y el perdonazo del fiscal Gómez a Soquimich dan cuenta de una pésima señal en la línea de poner fin a la corrupción. No solamente no se resguardó el interés de Chile respecto de sus recursos naturales, sino que además se renunció a castigar a una de las empresas que alimentaron de manera grosera a la corrupción, inoculando dinero a políticos y funcionarios públicos para recibir de vuelta “favores políticos”. En vez de eso, se le premia.
Por ello la proposición de los abogados democratacristianos Hernán Bosselin y Ramón Briones de estatizar SQM no parece alejada de sentido común: “Esta sanción que proponemos es la única que podrá comenzar a restablecer la confianza en la política, en el Parlamento y en el Poder Ejecutivo, por cuanto las otras medidas que se han propuesto no tienen la fuerza y el contenido para inhibir al poder económico de intervenir e influir en el mundo político”, sostienen.
“Soquimich no es hoy en modo alguno un socio aceptable para el Estado de Chile y eso es incuestionable (…) La expropiación que se propone es una forma drástica y proporcional de reaccionar ante la corrupción de la política y romper derechamente el nudo gordiano que hay entre el dinero y la política. Con dicha expropiación seguramente ninguna otra empresa volverá a desarrollar conductas destinadas a influir indebidamente en el centro neurálgico de la República. Asimismo, es la única medida que evita mezclar a todo el sector privado con las prácticas reñidas con la democracia y una economía sana y competitiva”, rematan los abogados.
“Este acuerdo es una vergüenza, se le está permitiendo a una empresa involucrada en casos de corrupción ganar millones de dólares” dice Myriam Verdugo, presidenta de la Democracia Cristiana, a Cambio21, y de paso hace un sincero mea culpa como partido: “le debemos primero una disculpa al país por haber visto pasar ‘el caso Soquimich’ por nuestras narices y no haber actuado o manifestado. Después a nuestros camaradas Nolberto Díaz, secretario general de la CUT, y Hernán Bosselin y Ramón Briones que de manera persistente y documentada nos alertaron sobre las consecuencias del actuar de Corfo y no los escuchamos. De nuevo el país se equivoca por acción u omisión, dejando en manos extranjeras nuestra riqueza”.
“Este es un tema muy grave, porque es el tema de los recursos naturales, como el litio, el cobre, que ha sido prácticamente privatizado en virtud de la ley de concesiones. Es en definitiva la Constitución la que ha permitido esto, entregar los recursos naturales, que es seguir cediendo soberanía. El uso y abuso de extracción de recursos naturales por parte de privados es lo que ha conformado una ‘elite rentista’ que está sentada arriba de los recursos naturales y que exporta piedra. Ella es la que manda en este país y fundamentalmente las mineras, que tienen cooptados a una gran cantidad de dirigentes políticos”, denuncia Carmen Hertz, para quien “la madre de todas las batallas es el cambio constitucional, porque esta Constitución fue hecha para que nada cambiara”.
Roberto Mayorga Fiscal Gómez
