Oh I'm just counting

Reportaje Cambio21: ¿Qué hacer con los militares violadores de derechos humanos presos en Punta Peuco? Dos de ellos murieron de cáncer la semana pasada

  • 20 July 2019

Fotos: Torres Silva, Krassnoff, Corbalán y Herrera

Por Teresa Frías K.

 
En el penal hay condenados por tortura, desaparición y los peores crímenes cometidos en la dictadura.
Miguel Krassnoff es uno de los que está en Punta Peuco cumpliendo una condena por cerca de 500 años.
 
El único ex gendarme condenado en Punta Peuco, Orlando Manzo Durán, falleció la semana pasada producto de un cáncer. Ocurrió dos horas antes que otro reo del penal, el sargento del Ejército Raúl Zapata, muriera de la misma enfermedad.
 
Ambos tenían 85 años.
El primero estaba condenado a seis años de presidio efectivo desde agosto de 2014 por el secuestro de Muriel Duckendorff en Cuatro Álamos, donde había sido jefe. Y el segundo, como coautor del homicidio calificado del militante comunista Gilberto González de la Torre, hecho ocurrido en enero de 1974.
 
En el último año y medio han muerto en total 15 reos en el penal: Armando Cabrera Aguilar, exagente CNI (1 de noviembre de 2018); Leónidas Bustos San Juan, ex suboficial de Carabineros (12/ 7/ 2018); René Cardemil, ex coronel de Ejército (7/4/ 2018), y Freddy Ruiz Bunguer, ex general FACh (8/3/2018).
 
Lo mismo, Risiere Altez España, ex subcomisario de Investigaciones (8/8/2018); Pedro Hormazábal Fuentes, ex sargento segundo de Carabineros (9/9/2018); Carlos López Tapia, ex coronel de Ejército (15/11/2018); Sergio Arredondo González, ex coronel de Ejército (22/8/2018); Humberto Quiñones Marín, ex suboficial mayor de Carabineros (27/10/2018), Guillermo González Betancourt; ex coronel de Carabineros (30/4/2019); Hernán Portillo Aranda, ex suboficial de Ejército (8/4/2019), José Guzmán Sandoval; ex sargento segundo de Carabineros (20/4/2019), y Edgar Benjamín Ceballos Jones, ex coronel FACh (27/2/2019).

La complejidad de Punta Peuco

El tema es especialmente complejo porque divide. Están quienes rechazan cualquier iniciativa que pueda incluir a los condenados por violaciones de los derechos humanos, y los que buscan una salida para que los condenados mayores de 80 años no sigan muriendo encarcelados, independientemente de los delitos y aludiendo a razones humanitarias.
Es así, como cuando en enero de este año el Ministerio de Justicia presentó ante el Congreso el proyecto de Ley Humanitaria, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, afirmó que el proyecto es "casi ofensivo" porque está más preocupado por los criminales que por los familiares de los desaparecidos. Mientras que el senador socialista Juan Pablo Letelier sostuvo que "no vamos a apoyar normas que en el fondo sean para abrir un boquerón a la impunidad".

"El Carapálida": El jefe de Cuatro Álamos

Orlando José Manzo Durán era el jefe de Cuatro Álamos, lugar de transición entre Villa Grimaldi y Tres Álamos, donde se estaba en libre plática.
A pesar de que se suponía, era éste un lugar para reponerse de las torturas y no llegar en tan malas condiciones al lugar donde se recuperaba la vida, muchas personas fueron sacadas de allí a un destino desconocido del que nunca más volvieron: Es el caso de Jacqueline Binfa, Carmen Bueno y Muriel Dockendorf, entre muchas otras.
De este lugar salió para siempre "Mauro", un guardia que vigilaba a los presos con quienes tenía una actitud humanitaria. "Mauro", que resultó ser Carlos Carrasco Matus, está desaparecido.

Nada de eso era desconocido para el teniente Manzo, que en calidad de funcionario de la DINA tenía una perfecta connivencia con la Villa Grimaldi. Los prisioneros lo conocían como "El Carapálida", por su tez como pantruca y los guardias como "Lucero".

Trataba mal a todo el mundo, a gritos, con sorna, y hay acusaciones de violación en su contra por parte de algunas detenidas. A quien quería escucharlo, Manzo informaba que era oficial de Gendarmería, en comisión de servicio en la Dina. Efectivamente, fue repuesto en el servicio y apareció en sus nóminas al menos hasta 1989.
 
En enero de 2006, fue cuando el Ministro Alejandro Solís encausó en calidad de autores a una nueve ex miembros del organismo represivo de la dictadura militar en calidad de autores de la desaparición de la asistente social Jackeline Binfa y el veterinario Jorge D'Orival, ambas registradas en 1974. El juez ordenó la detención de dos encausados.


El juez ordenó además la detención inmediata de Ciro Torres y Orlando Manzo, pues todos los demás inculpados están en prisión, condenados o procesados en otros casos de violaciones de los derechos humanos.

¿Punta Peuco: Una cárcel o un hotel?

Para el abogado de derechos humanos, Nelson Caucoto, “tienen  que cumplir sus penas (los condenados de Punta Peuco), no hay vuelta, ellos huyeron de la justicia durante 30 años, la justicia no consuela por tener una avanzada edad, además quieren que los dejan libres”.

En cuanto a la idea del cierre de Punta Peuco, dijo que “ese es una deuda pendiente de los gobiernos democráticos el de cerrar Punta Peuco, y obviamente va a seguir siendo una espina clavada en la sociedad chilena el que tengamos una cárcel segregada especial para los militares quienes debieran estar en una cárcel común”.

Por último, Caucoto puntualizó a Cambio21 que “tienen una cárcel segregada, y tienen  derechos que no tienen otros presos en otras cárceles, entonces me parece una desigualdad ante la ley la situación de estas personas, y desde ahí que se ha hablado para que no exista (Punta Peuco).

En la vereda del frente, Raúl Meza, abogado de los detenidos en Punta Peuco aseguró que “en Chile se están violando los derechos humanos de reos de avanzada edad con enfermedades terminales que mueren encarcelados en el penal de Punta Peuco. Los dos reos que fallecieron recientemente padecían cánceres terminales y no se les concedió el indulto presidencial para morir con dignidad junto a sus seres queridos, infringiéndose de esta manera la Convención Interamericana sobre protección de los derechos humanos de las personas mayores suscrita por el Estado Chileno el año 2017.
 
Con estas dos muertes que solo se separaron por tres horas, ya van 15 reos ancianos con enfermedades terminales muertos durante este gobierno, muchos de ellos solicitaron el indulto presidencial pero se les ha negó el beneficio reiteradamente”.
 
“Sebastián Piñera se ha transformado en el cómplice pasivo del dolor que están viviendo las familias de estos valientes soldados que están condenados a morir en la cárcel, traicionando la promesa que hizo durante su campaña presidencial a la familia militar”, puntualizó el presidente (P) Fuerza Nacional (Partido Político en Formación).
 
Agregando que “”no esperamos absolutamente nada de este gobierno en beneficio de aquellos internos de Punta Peuco pero ya vendrán los tiempos mejores para estos valientes soldados que entregaron su vida y su libertad por servir a su patria”.
 
Además Meza, dijo a Cambio21 que “los familiares de las víctimas de DDHH desconocen absolutamente las condiciones en que cumplen condena los internos de Punta Peuco y Colina 1, especialmente aquellos que padecen enfermedades crónicas y terminales, es verdaderamente inhumano, y una clara transgresión de los Derechos Humanos, lo que sufren estos internos, todos mayormente de la tercera edad, cuando son trasladados durante horas y por más de 100 kilómetros de ida y regreso de los centros hospitalarios, en condiciones infrahumanas de hacinamiento y rebotando en el interior de los camiones de Gendarmería”
 
Sobre un eventual cierre de Punta Peuco, Meza dijo que “yo me quedo con las palabras del Ministro de Justicia Hernán Larraín, quien manifestó el año pasado que durante este gobierno no está contemplado cerrar el penal de Punta Peuco, sin embargo, de Sebastián Piñera se puede esperar cualquier cosa, especialmente considerando ese temor reverencial que le tiene a la extrema izquierda”.
 
Aunque es enfático al asegurar que “el Penal de Punta Peuco jamás ha sido una cárcel de lujo o de 5 estrellas, es simplemente una cárcel como cualquier cárcel común de este país, con una diferencia fundamental que es un penal en que los reos cumplen sus condenas con dignidad y en un entorno de disciplina, respeto y camaradería ya que no hay delincuentes sino hombres de armas”.


El recinto de Punta Peuco

Fue creado en 1995 por el presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, ya que en ese entonces se necesitaba un lugar para que cumplieran su condena los implicados en el caso Letelier, el general en retiro Manuel Contreras y el brigadier Pedro Espinoza.
 
​El Decreto 580 del 14 de junio de 1995, que crea el recinto, fue firmado por la entonces ministra de Justicia Soledad Alvear, sin embargo, ello correspondía al ministro de Obras Públicas de ese entonces, Ricardo Lagos, quien se opuso al proyecto y presentó su renuncia al presidente, la que finalmente no fue aceptada.

En 2004 fue creado el Centro de Cumplimiento Penitenciario Cordillera, con el fin de descomprimir el Penal de Punta Peuco, siendo varios de sus reclusos derivados al nuevo penal.

Sin embargo, el 29 de septiembre de 2013 fue cerrado el Penal Cordillera por el entonces presidente Sebastián Piñera, y los condenados que habitaban ese recinto fueron trasladados nuevamente a Punta Peuco.

El primer condenado en ingresar a Punta Peuco fue Miguel Estay Reyno, alias “El Fanta”, quien cumple cadena perpetua desde el año 2000 por el Caso Degollados, además de las penas de 10 años, 5 años y un día y dos condenas por 541 días. El ex militante del Partido Comunista quien se convirtió en integrante del Comando Conjunto pudo acceder desde el año 2012 a beneficios penitenciarios, siéndole rechazados desde ese momento tanto la libertad condicional como el arresto domiciliario.

En la lista hay varios nombres destacados y otros que no son de renombre, pero que igualmente cometieron crímenes en el periodo de la dictadura:

Fernando Torres Silva: Uno de los hombres fuertes de la dictadura, fue uno de los oficiales de Justicia del Ejército designado para participar en los Consejos de Guerra instaurados inmediatamente después del Golpe de Estado. Terminada esa función, fue contratado como asesor presidencial y jefe de la Secretaría de Legislación del Diego Portales. Se desempeñó como Fiscal y Auditor General del Ejército, teniendo a su cargo los principales casos relacionados con grupos de izquierda que operaron en contra del régimen militar.

El otrora fiscal Torres se caracterizó por sus abusos en la aplicación de leyes contra los detenidos, determinó incomunicaciones prolongadas e arbitrarias más allá de lo permitido por la ley, permitió que agentes de la CNI golpearan y maltrataran a detenidos en “su” Fiscalía, cuando estos se negaban a cooperar.

El 21 de Noviembre del 2000, la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones confirma el procesamiento del ex Fiscal torres como encubridor del homicidio de Tucapel Jiménez, hecho ocurrido el 25 de febrero de 1982

Eugenio Covarrubias: fue Director de la Dirección de Inteligencia Nacional del Ejército (DINE) durante la dictadura militar y Director de la Escuela de Suboficiales ubicada en Av. Rinconada de Maipú s/n, Maipú de 1986-1987.

En agosto de 2010  fue condenado 3 años y un día e inhabilitación perpetua por secuestro y 541 días, más inhabilitación perpetua, por asociación ilícita. Esto fue por su parte en el secuestro del ex agente de la DINA, el químico Eugenio Berrios Sagredo, ocurrido en 1995 en Uruguay.

En noviembre de 2011, durante la investigación por el homicidio del ciudadano y diplomático español Carmelo Soria Espinoza, la Corte de Apelaciones de Santiago lo condenó a tres años de presidio por su responsabilidad y autor de asociación ilícita.

 Miguel Krassnoff  Martchenko: Brigadier del Ejército de Chile, participó en el asalto a la casa presidencial de Tomás Moro durante el golpe de Estado de 1973 que derrocó al presidente Salvador Allende y, posteriormente, en diversas misiones, como miembro designado de la policía secreta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) de la dictadura militar del general Pinochet (1973-1990).
Por las anteriores causas fue acusado y condenado en numerosos casos de violación de los derechos humanos, específicamente de secuestro y desaparición de personas, ocurridos principalmente entre 1974 y 1976. Krassnoff es uno de los militares con más condenas en Chile, totalizando 20 ratificadas por la Corte Suprema de Chile, y que sumaban, más de 450 años de cárcel.

Álvaro Corvalán: Militar retirado con el grado de mayor, perteneciente a la  CNI, organismo asociado a la represión política y tortura durante la dictadura encabezada por Augusto Pinochet entre 1973 y 1990. ​ Cumple condena por violación a los derechos humanos en el Penal de Punta Peuco.
Está procesado por otros casos como la Operación Albania. Y por los asesinatos del periodista José Carrasco, del publicista Abraham Muskablit, del pintor Felipe Rivera y del arquitecto Gastón Vidaurrázaga. También fue procesado por quiebra fraudulenta de la empresa de transportes "Santa Bárbara" y se le vinculó con la muerte de Aurelio Sichel, en el caso de la financiera informal "La Cutufa".


Raúl Iturriaga Neuman: Fue mayor general del Ejército y director asistente de la DINA, la policía secreta bajo la dictadura de Augusto Pinochet. El 11 de junio de 2007, Iturriaga se rebeló contra la condena de prisión de 10 años dictada por el juez Alejandro Solís (que la Corte Suprema redujo a 5 años) por el secuestro del miembro del MIR, Luis San Martín, desaparecido el 17 de diciembre de 1974.

En septiembre de 2018 fue condenado a 17 años de presidio efectivo, junto a Christoph Willeke Flöel, por secuestro calificado de siete personas y por homicidio calificado de cinco más.

Hernán Ramírez Hald: El ex director del Comando de Industrias Militares e Ingeniería, Hernán Ramírez Hald, miembro del alto mando del Ejército, fue sometido a proceso en calidad de cómplice del crimen del líder sindical. En Noviembre el 2000 fue sometido a proceso por complicidad en el homicidio del presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), Tucapel Jiménez ocurrido el 25 de febrero de 1982.

 Carlos Herrera Jiménez: Está cumpliendo condena de Presidio Perpetuo por su responsabilidad en los hechos investigados en las causas acumuladas. Fue agente de la CNI. Participó en las sesiones de torturas que causaron la muerte del transportista Mario Fernández López, quien fue detenido por 4 agentes de la CNI, en su domicilio en la ciudad de Ovalle. Posteriormente fue conducido al cuartel CNI de La Serena "Casa de Piedra”.

El 25 de Febrero de 1982 participó en el homicidio del presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (Anef) Tucapel Jiménez.

Miguel Estay Reyno: , civil, ex-militante del partido comunista que se transformó en torturador y asesino; agente del Comando Conjunto. Fue detenido el 20 de diciembre de 1992 al arribar a Chile expulsado desde Paraguay.
Participó en el secuestro y degollamiento en 1985 de Manuel Guerrero, José Manuel Parada y Santiago Nattino. En la referida causa, Miguel Estay Reyno tenía encargatorias de reo, por ser autor del delito de ilegítima privación de libertad del arquitecto Ramón Arriagada Escalante, en febrero de 1985; por ser co-autor del delito de secuestro de un grupo de profesores de la AGECH en marzo de 1985; y por ser presunto autor de los delitos de secuestro y homicidio de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino. Por otra parte, en el 5° Juzgado del Crimen de Santiago, estaba encargado reo en una causa por usurpación de persona y por presunta falsificación de instrumento público.

En octubre de 1995 la Corte Suprema confirmó la condena a cadena perpetua  más una pena de cinco años y un día y dos de 541 días de prisión.


Manuel Provis Carrasco: perteneció a la Brigada Caupolicán. A fines de 1977 le propuso a la ex agente Alejandra Marcia Merino, conocida como "La flaca Alejandra" por sus ex compañeros del MIR que para no tener problemas en el futuro, muriera legalmente y cambiara de rostro e identidad. Para facilitar la medida, conversó con quien había sido jefe de la mujer, el coronel Rolf Wenderoth, instándolo a que le costeara una operación de cirugía plástica en la Clínica Santa María. Provis continuó en tareas represivas y fue comandante del cuartel de CNI, de calle Borgoño. A fin de 1989 regresa de un viaje profesional que hace a Israel. Hasta 1991 era teniente coronel en la BIE (Brigada de inteligencia del Ejército), lugar desde el que, en 1989 ofreció trabajo a Luz Arce.

Juan Morales Salgado: Agente de la DINA, fue procesado como coautor del secuestro calificado y el homicidio calificado de Víctor Díaz López, Calle Conferencia, entre abril y agosto de 1976, Santiago. Procesado como coautor de 6 secuestros calificados, caso “Los 13”, diciembre de 1976. Participó de 1 secuestro, como coautor de 1 homicidio calificado y como coautor de asociación ilícita de Manuel Jesús Leyton Robles (Agente DINA a la fecha de su homicidio), en marzo de 1977, Santiago. 

Además fue autor de 3 secuestros calificados. (Daniel Palma Robledo, Manuel Guillermo Recabarren González y Manuel Segundo Recabarren Rojas, abril de 1976, Santiago.  Y de otros secuestros más.

Pedro Espinoza Bravo: Miembro del Ejército de Chile, participó en la DINA. Fue condenado por su participación en el asesinato de Orlando Letelier​ y en la Caravana de la Muerte. Inculpado del asesinato de Charles Horman y Frank Teruggi.

 José Zara Holger: Fue condenado en junio de 2010 por el asesinato del general y excomandante en Jefe del Ejército Carlos Prats y su esposa en Buenos Aires en 1974.

Saltó a la fama cuando en 1988, días antes del plebiscito nacional chileno ofreció al General Pinochet los corvos acerados de su ejército,  haciendo un gesto físico y político amenazante hacia los opositores de la dictadura militar.

Hugo Salas Wenzel: general de división (r) del Ejército de Chile, que cometió violaciones de derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet. Fue juzgado y condenado a cadena perpetua en agosto de 20071​ por su participación en la llamada Operación Albania.
Durante ella, en 1987 perecieron 12 miembros del opositor Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR). Fue el primer exoficial mayor condenado a cadena perpetua por su actuación durante la dictadura militar en los años 1980.

Carlos Romero Múñoz: Estuvo en el episodio San Javier, una localidad situada a 275

kilómetros al sur de Santiago, donde el 2 de octubre de 1973 los miembros de la comitiva encabezada por Arellano Stark sacaron de la cárcel y asesinaron a cuatro presos políticos. Fue sentenciado a seis años de prisión efectiva (sin beneficios).

La "Caravana de la Muerte" dejó, entre octubre y noviembre de 1973, una secuela de asesinatos de norte a sur de Chile, en un recorrido ordenado por el propio Augusto Pinochet, que nombró a Arellano Stark su "oficial delegado".

Fernando Laureani Maturana: Era conocido por guardias y prisioneros de Villa Grimaldi, como "teniente Pablito". Fue comandante de una agrupación operativa de la DINA. Extraditable

Teniente del Ejército, quien dirigió la Agrupación Vampiro (compuesta de seis agentes) dentro de la Brigada "Caupolicán" de la DINA. Acusado de la desaparición de los hermanos Andrónico Antequera.

 

Notas Relacionadas