Por Mario López M.

Se estima en unos 15 generales, tres de ellos ex comandantes en jefe de la institución y no menos de 50 los coroneles, involucrados sólo en una de las aristas, la de “Empresas de Turismo”. A eso deben sumarse los que ya están procesados o están siendo investigados en los casos “Milicogate”, y Fondo de Ayuda Mutua.

Fiestas, caballos, casinos, mujeres y regalos son solo algunos de los destinos del dinero sustraído al erario nacional o, dichos sin eufemismo, robado a todos los chilenos. En solo seis años, hay más de 1.500 viajes que usaron la martingala de los sobreprecios o excesos de equipajes.

El Ejército, atraviesa una de las peores etapas desde como tal desde la vuelta de la democracia en nuestro país. Antes de la dictadura, la vida de los hombres de armas era más bien desventajosa en materia de ingresos de los uniformados y escuálida, por decirlo de alguna manera, en material de guerra e infraestructura.

Con Pinochet, bastante mejoraron, comparativamente, los ingresos y estructuraron un sistema previsional al margen del de la civilidad que les augura una tasa de retorno bastante más que aceptable, si se mira el en relación a quienes están afiliados a alguna AFP. En infraestructura y material bélico también ganaron y mucho, siendo uno de los cuerpos armados mejor dotados de toda América.

Schneider: No siempre se ostentó

El penúltimo comandante en jefe del Ejército antes del golpe, René Schneider, que fuera asesinado por un grupo de ultraderecha para generar un caos que evitara que asumiera Salvador Allende, ya electo en 1970, llevaba una vida bastante sencilla, dada su investidura. Así lo recuerda su hijo homónimo a Cambio21: “Mi padre era sumamente austero, exageradamente austero, probo. Incluso como autoridad máxima del Ejército mantuvo esa actitud”.

René Schneider hijo, dice que “Recuerdo que al asumir le asignaron una casa enorme (la de los comandantes en jefe de calle Presidente Errázuriz). De inmediato dijo ‘a esta casa no me vengo porque era muy grande’ y optó por seguir viviendo en su casa de Sebastián Elcano. Al llegar de vuelta lo esperaban el mayordomo y 5 mozos, asignados por el Ejército. Lo consideró una exageración y rechazó tal número quedándose con un par de colaboradores, entre ellos choferes que se turnaban”, nos relata.

“Así era mi padre, jamás ostentó, ni fiestas ni nada. El puesto de comandante en jefe tiene que ser y también parecer. Es triste ver a un comandante en jefe o a una persona dando explicaciones, ya dar explicaciones es un tema que complica. Mi papá era súper estricto consigo mismo, él decía que era un hombre público, por lo que se debía a la ciudadanía y no tenía nada que ocultar, incluso en su patrimonio”, señala René Schneider, quien actualmente es un civil asignado al Ejército en labores administrativas.

Prats, la austeridad era el estilo

Para la hija del último comandante en jefe del Ejército en democracia, Carlos Prats, quien también fuera asesinado, esta vez por la DINA por órdenes de Pinochet, María Angélica, la vida de un comandante en jefe era austera. Así lo relató a cambio21: “En primer lugar me da una pena enorme de ver una institución que cambió tan radicalmente en tantos aspectos. Tenemos el cambio ético y moral del 73 y que redundaron en este otro tipo de cambio que es ético también”, señaló.

Para María Angélica Prats, “Naturalmente es sorprendente, impresionante, porque una de las conductas comunes y normales era el de entender que las personas del Ejército vivían un sistema de austeridad natural y que hasta con orgullo se vivía, porque había una sensación de servicio al Ejército sin sentido de aprovecharse de una institución o de una situación concreta con las platas que pasaban por las manos de las personas que estaban ahí, de modo que a una le sorprende un cambio tan radical en cuanto a necesidades de lucro y necesidades de vivencias tan extremas. También tiene que ver con lo que el país ha vivido, como ha cambiado. Antes del 73 el Ejército estaba incorporado a la civilidad y casi no existía conciencia de que era un valor, era no más, estaba allí y casi nadie reparaba en él”.

“Mi recuerdo era una familia con muy buen pasar, pero muy austera y con permanentes situaciones de ahorro, de restricciones, de inhibiciones de algunas cosas que hubiéramos querido hacer, paseos, etcétera, porque no estaban simplemente a nuestro alcance. La vida diaria era muy austera, las compras mensuales eran sobrias, pero se vivía con normalidad y con mucha conciencia de que había que ser moderados, porque uno sentía presión económica en muchos sentidos y aspectos que nosotras como jóvenes hubiéramos querido hacer más actividades, pero no se podían hacer y ya, se tenía conciencia de eso, de los límites, porque no era posible dados los ingresos”.

Qué pasó después

Es evidente que al asumir el poder la dictadura, las condiciones cambiaron y muy radicalmente. Nadie tenía poder de control respecto al dictador y sus decisiones en materia económica con los dineros que se allegaron al Ejército. Si bien la Ley del cobre es anterior a la dictadura, los cambios que esta hizo en ella, incluso con asignaciones secretas hasta muy avanzada la democracia, fueron absolutamente arbitrarias y permitieron que no solo el dictador se enriqueciera. El caso Riggs dejó de manifiesto cómo se manejaban los fondos públicos en beneficios personales.

Para Schneider, con Pinochet “lamentablemente para las FFAA fue nefasto, pues retrocedió en lo que estamos conversando (vicios), sobre todo porque no había control, sino que autocontrol, pasaron problemas y hoy día nos acostumbramos a vicios y a cosas que a lo mejor no estaban presentes antes. Lo que entonces era normal hacerlo, hoy día ya no es normal. Esto sucede en la Iglesia Católica, los partidos políticos, ¿dónde están los líderes hoy, nadie mete las manos al fuego por ellos?”, señala.

En la misma línea María Angélica Prats se lamenta: “Desde el 73 en adelante uno vio como personas del Ejército se enriquecían, por lo que no sé si allí fue donde se instaló una forma de ser ajena a la historia del Ejército y que esa desviación se ha mantenido y que se hizo normal y que hoy, afortunadamente, nos tiene sorprendidos y estamos criticando. Desde Pinochet, en esos tiempos en que se enriqueció de mala manera, eso se habrá instalado, me imagino, para todos los generales, los coroneles y así para quienes eran sargentos y suboficiales lo habrán visto, por lo que es una degradación moral que se instaló desde allí, desde Pinochet en adelante y de él hacia abajo”, asegura.

Ex comandantes bajo sospecha

Pero al parecer la degradación no solo se dio en la institución armada solo en dictadura o mientras se mantuvo a cargo el dictador, incluso en democracia las malas “costumbres” continuaron sin control y la civilidad no detectó o no quiso controlar esos abusos, que al país le han costado miles de millones de pesos. La situación que afecta al general Juan Miguel Fuente-Alba, de acuerdo a un informe de la PDI, al menos en materia de dineros y viajes, estaría bajo sospecha.

El informe elaborado por la Brigada de Delitos Funcionarios de la PDI (Bridef) que fuera solicitado por el fiscal José Morales, que investiga algunas aristas del “Pacogate”, da cuenta que los últimos cuatro comandantes en jefe del Ejército, sin incluir al actual general Ricardo Martínez Menanteau, actualmente a cargo del Ejército, recibían mensualmente, mientras estaban en sus cargos, $10 millones para los gastos de la casa fiscal que la misma institución les asignaba en virtud de sus cargos. La nueva arista nace de la investigación por caso de enriquecimiento ilícito del general (r) Fuente-Alba, todo ello en el marco de los fraudes ocurridos en el Ejército.

Los cuatro ex comandantes en jefe del Ejército mencionados que habrían recibido estos dineros serían además de Fuente-Alba, los generales (r) Juan Emilio Cheyre, Oscar Izurieta y Humberto Oviedo. A ello debe sumarse una denuncia larvada hecha por el mismo Fuente-Alba a la ministra en visita Romy Rutherford, a quien le confesó que parte de los dineros reservados que habría desviado, habrían sido entregados en efectivo en sobres a los excomandantes, para mejorar su calidad de vida ayudándoles en sus gastos. Los gastos reservados en el Ejército, superan los $2 mil millones y debieran gastarse en materias de seguridad nacional e inteligencia.

De capitán a paje

No solo se han vinculado nombres de los excomandantes en jefe ligados a temas de oscuros o dudosos manejos financieros con fondos fiscales, lo que deberá acreditarse en las investigaciones y ratificarse en los juicios si se da lugar a ello, también el cuerpo de generales ha estado en el tapete e incluso militares de menor graduación. El propio ex tesorero general del Ejército, coronel Clovis Montero, confesó que, de las platas asignadas por ley al Ejército, se desviaban dinero en lujos y gustos caros: “Se gastaron la plata en casinos, propiedades, caballos y fiestas”, reconoció.

Entre el año 2000 y 2015 el Estado de Chile destinó 20 mil millones de dólares a la compra de armas. ¿Qué parte de dichos fondos fueron defraudados? Dado el hermetismo que rodea el uso y destino de los fondos por razones de “seguridad nacional”, es probable que nunca se sepa, sin embargo, baste un botón de muestra. Solo uno de los involucrados en el fraude denominado “Milicogate”, el cabo Juan Carlos Cruz, reconoció que entre 2008 y 2014 gastó 2.400 millones de pesos en el casino Monticello en las máquinas tragamonedas. Además de viajar, comprar un caballo, “enchular” a su mujer y todo ello con dineros provenientes de los Fondos Reservados del Cobre. Una vez preso construyó un gimnasio al interior del ex penal Cordillera, y nadie dijo nada.

El defenestrado general Héctor Ureta, uno de quienes ha sido involucrado en el affaire, denunció en un correo electrónico, que en el Ejército “existía una red de individuos que desde diferentes lugares entregaban facturas (ideológicamente falsas) al personal del Comando de Apoyo a la Fuerza”. El CAF es la unidad que tiene a cargo a cargo la tramitación de los pagos con fondos de la Ley Reservada del Cobre y que dirigía Clovis Montero. “Otro aspecto que deseo dejar claro es que estos hechos fueron descubiertos de una manera totalmente fortuita, totalmente por casualidad, mientras se realizaba un trabajo sobre las actas de recepción de los documentos contables y no por un control”, señaló Ureta.

Fuente-Alba es el niño símbolo

La ministra en visita Romy Rutherford, sometió a proceso a Fuente-Alba, como autor del delito reiterado de malversación de caudales públicos, por un monto aproximado de 3.500 millones de pesos. Ordenó el embargo de bienes hasta ese monto y lo dejó en prisión preventiva, la que la Corte Marcial ratificó por unanimidad, incluidos claro, los votos militares (3) y civiles (2). Así, Fuente-Alba es el tercer ex jefe del Ejército en enfrentar a la Justicia, después de Augusto Pinochet y Juan Emilio Cheyre. Pero al parecer, no será el último.

Los casos en que aparece involucrado y que a su respecto se investigan, son el fraude al fisco con la Ley Reservada del Cobre, el aumento abultado de su patrimonio sin justificación y la malversación con pasajes y viáticos. De paso el lavado de activos. El retirado general, a asegurado públicamente que él no se ha enriquecido a costa del Ejército y por supuesto de todo Chile, pues ha asegurado, su patrimonio provendría de sus buenos negocios inmobiliarios y no de manejos turbios, sin embargo, a la jueza le “admitió”, según esta señala, haber usado gastos reservados para fines personales, como viajes y fiestas.

Fuente-Alba era de gustos caros, como ha quedado demostrado en el proceso, pues de los gastos reservados desviaba fondos para pagar no solo los servicios básicos de su casa, como agua, luz, gas, internet o servicio doméstico, sino que además en regalos para las visitas, regalos de cumpleaños, regalos para los nietos, champaña, lujosas fiestas y hasta le alcanzaba para financiar peluquería, sastrería y compras en el supermercado. Y desde luego mantener la flota de autos de alta gama que gusta de poseer -independiente que ello también se investiga, pues al parecer estaría asociado a lavado de dinero-.

Ya no solo derechos humanos

Por años, más de un millar de militares han debido comparecer ante la justicia por causas asociadas a derechos humanos. Pero desde hace algunos años, el foco que los lleva a estrados ha estado asociado a casos de corrupción. En esta nueva veta, Cientos de excomandantes en jefe, generales, coroneles y capitanes están bajo la mira de la justicia y no pocos formalizados.

Como se recordará, aún permanecen bajo investigación y apareciendo nuevos involucrados, en los casos “Milicogate”, el llamado “Empresas de Turismo” (donde “cortaban la cola en acuerdo con algunas agencias, cambiando destinos o devolviendo los pasajes) y FAM (Fondo Ayuda Mutua) en Aysén, donde son varios los miles de millones de pesos que aparecen defraudados al Fisco por parte de uniformados. Por primera vez en la historia, casi la mitad de los generales, 21 de 46, fueron pasados a retiro, como una medida de depuración del Ejército, que al parecer no fue suficiente, a la luz de los hechos.

Eso habla de verdadera crisis dentro del Ejército, pero para el actual comandante en jefe, general Ricardo Martínez, cuyo periodo no pudo investigar la PDI en relación al uso de fondos reservados y la arista “empresas de turismo”, afirma que, “hoy tenemos problemas, pero no estamos en crisis”. Claro que no fue eso lo que dijo cuando se le grabara el discurso que hizo ante cientos de oficiales en que reconoció varias prácticas ilegales e irregularidades al interior de su institución, tales como venta de armas a narcotraficantes y delincuentes, etc., llegando incluso a involucrar a otras ramas castrenses.

Y faltan más

En la misma oportunidad Ricardo Martínez afirmó que “Un ejército sin disciplina es una horda de gente muy peligrosa”. Y sabe de lo que habla, tanto, que él mismo reconoce una serie de graves problemas de ética y legalidad que aquejan al Ejército: “Los últimos siete meses para mí no han sido fáciles. Tener que enfrentar cada cosa… Y vienen más. Está el caso del FAM (Fondo de Ayuda Mutua), el del Milicogate que uno no sabe hasta dónde llega. Todo está activo…”, se quejó ante los oficiales.

“Estamos haciendo todo lo humanamente posible con la Contraloría General de la República, y en eso me he empleado yo también, para que se entienda el contexto de lo que eran los viajes de la Academia de Guerra y de la Academia Politécnica, de manera tal que no se lleven a cabo o no se realicen estos juicios de cuenta (...) Yo lo conversé con el contralor, el contralor entendió las razones, pero parece que alguien se opuso”, dijo. Esta es justamente la arista que más complica a buena parte de los altos mandos, incluso el propio caso de la hermana Martínez, Leticia, quien una dura objeción de Contraloría y un juicio de cuentas, la coronel (r) Martínez reintegrar $10.654.944.

Martínez reconoce que las anomalías -por llamarlas de algún modo-, también se extienden a otras ramas castrenses: “¿Es posible encontrar situaciones similares en las otras instituciones? Respuesta, sí. Lo que pasa es que estamos siendo investigados nosotros”. Aunque una vez que se hicieron públicas sus declaraciones morigeró sus dichos. La franqueza llegó a tanto, que reconoció que “La verdad es que es insostenible un sistema previsional como el que tenemos, no con la realidad del país (...) Uno tiene que ser estratega. El bien a cautelar son las pensiones. Las pensiones es algo que hay que cuidar con dientes y muelas, si es necesario alargar la carrera militar, para que prevalezca la esencia de las pensiones nuestras, hay que hacerlo”, confesó.

Ejército se lava las manos

Mediante un comunicado interno del Ejército dirigido a sus efectivos, y a raíz de los últimos hechos judiciales en los que se han visto involucrados ex comandantes en jefe de la rama castrense, se aseguró que las responsabilidades son individuales y no alcanzan a la institución. También las defensas, señaló.

El pronunciamiento se originó como consecuencia del procesamiento del exjefe de la institución, Juan Miguel Fuente-Alba, por malversación de caudales públicos, y por el caso del también general (r) Juan Emilio Cheyre, condenado por complicidad en homicidios de la Caravana de la Muerte y procesado como autor de apremios ilegítimos.

El documento, que se hizo llegar vía correo electrónico a los funcionarios del Ejército, señala que “la institución, conociendo los antecedentes difundidos, se encuentra analizándolos y a la espera de disponer de la información oficial, a fin de poder emitir un pronunciamiento público, basado en las resoluciones que se adopten en cada tribunal competente, manteniendo el respeto y apego a las decisiones del poder judicial, como corresponde a su deber constitucional”.

Pero agregan algo más: “la institución cree en el deber que le asiste a cualquier persona que ostente un cargo, de responder por su gestión, política o judicialmente según sea el caso, lo que es propio al ejercicio de sus funciones. De esta responsabilidad, no están exentas las personas que han ejercido el cargo de Comandante en Jefe, por lo tanto, ante un cuestionamiento judicial, corresponde a dicha autoridad asumir siempre sus responsabilidades sobre el período en que ejerció su cargo”, negando de esa forma cualquier defensa corporativa.

Sobre el mal uso de los gastos reservados, le “presta ropa” al actual comandante en jefe de la rama castrense, Ricardo Martínez Menanteau: “Es del caso precisar que los recursos asignados para gastos reservados, están destinados para el cumplimiento de las tareas públicas relativas a seguridad y en el caso particular de la Institución, en actividades de inteligencia, contrainteligencia y seguridad militar, siendo de responsabilidad de cada Comandante en Jefe en ejercicio, disponer del uso de éstos conforme a lo que establece la Ley N° 19.863”, plantea.

No se queda ahí, pues agrega que “en relación a lo anterior y en lo que compete a la responsabilidad del uso de los recursos de gastos reservados del actual Comandante en Jefe, se debe señalar que el empleo de estos fondos públicos asignados, han sido exclusivamente utilizados para los fines que están destinados, cuyo administrador es el Director de Inteligencia del Ejército (DINE)”, agregando que Martínez Menanteau “reafirma su compromiso al cumplimiento de las misiones constitucionales que le asisten y manifiesta su rechazo, a cualquier acto que contradiga el cumplimiento a las normativas y leyes vigentes, como también a cualquier comportamiento reñido a los principios que deben regir el ejercicio de la profesión militar”.

La martingala de los pasajes truchos

Se trata de la última arista que tiene a los altos mandos del Ejército con una espada de Damocles sobre sus cabezas. La arista denominada “Empresas de Turismo”, por la investigación, que busca determinar cuántos y quiénes pidieron reembolsos fraudulentos. De hecho, la jueza Romy Rutherford ya pidió información de los viajes realizados en los últimos 10 años por 46 generales, entre los cuales se encuentra el propio Martínez Menanteau. Son miles de millones de pesos defraudados al fisco mediante un espurio procedimiento.

El Ejército compraba pasajes de avión a agencias de viajes para oficiales en comisión de servicio en el extranjero, generalmente los más caros, que eran entregados materialmente a generales, coroneles y otros uniformados. Algunos de estos -que es lo que está determinando la jueza-, contactaban a la empresa turística para “modificar” el destino original del pasaje e incluso su valor, lo que les dejaba un diferencial en su favor que recibían en efectivo. Pero no se quedaban allí, pues los pasajes se encarecían al adquirirlos el Ejército con “sobrepeso”, que luego se les devolvía a los militares involucrados.

Así, se financiaban verdaderos tours de placer por Estados Unidos, Punta Cana en Jamaica, Brasil y muchos otros lugares paradisiacos, incluida Venecia en un 14 de febrero visitada por el “romántico” Fuente-Alba y su esposa con cargo al Ejército y con viáticos. Los uniformados viajaban con sus familias y todo gracias al gentil auspicio de esta rama castrense. Los reembolsos eran ciertamente millonarios y no eran reintegrados a la institución. Los reembolsos por “sobre peso”, son un descubrimiento judicial de reciente data, que demuestra el ingenio en los fraudes. Nadie fiscalizaba o quería fiscalizar.

De hecho, cayó no solo Fuente-Alba por este caso, también el general (R) Werther Araya ya se encontraba formalizado y ahora cayó el jefe de finanzas del Ejército, en ese período, el general (R) Jozo Santic Palomino.

Hasta este instante, por la arista “empresas de turismo” ya fueron procesados o están en la mira de la justicia, el general Fuente-Alba, el general John Griffiths, el general Werther Araya, y los coroneles Fredis Jara, Rodolfo Hidalgo, Juan Cornejo, Sergio Vásquez e Iván Faber.

Entre las empresas involucradas, se encuentra las agencias de viajes “Turavión”, “Latrach”, “Tupper Viajes”, “Costanera Limitada” y “Cocha”. Según el abogado Luis Valentín Ferrada, quien representa a uno de los imputados, el coronel Sergio Vásquez, “Entre 2009 y 2015 salieron fuera del país 1.503 soldados: 348 viajes corresponden a generales, 892 a coroneles, y más de 300 suboficiales y clases. Este número es exacto, porque está extraído de los decretos supremos que en cada caso los revisé, firma el ministro de Defensa por orden del Presidente, disponiendo las comisiones de servicio en el exterior”, dijo.

Asimismo el profesional agregó que “Todas estas personas han ocupado exactamente el mismo sistema que hoy se reprocha (reembolsos, pagos de “exceso de pasajes”, asignación de pasajes a familiares, itinerarios a lugares de recreación…) porque era la única forma de operar (…) todos (contaban) con el mismo pasaje en Economy One Way, que era un cupo para los efectos de las tarifas y que cada una de estas personas negociaba después con la agencia de turismo, que eran licitadas por el Ejército, para precisamente mover todo este sistema”.

En el caso de del ex general Griffiths, la jueza determinó que se habría defraudado al Fisco por la suma de $44 millones 600 mil, por la vía de la martingala de los diferenciales de viajes y pasajes. Se estima que no son menos de 15 los generales involucrados, a los que se suman unos 50 coroneles en estos reembolsos fraudulentos, pasajes piratas o pagos de supuesto “exceso de equipaje”.

Desde la recuperación de la democracia, han sido seis los comandantes en jefe del Ejército que han ejercido sus mandatos en periodos de cuatro años. De los seis, tres se han enfrentado a procesos judiciales, por casos de derechos humanos o corrupción. De los tres restantes, uno se encuentra fallecido y los otros dos están en la mira de la justicia. Un triste panorama.

Pinochet enfrentó causas de DDHH y de corrupción, como el caso Riggs. Juan Emilio Cheyre enfrenta casos de DDHH. Juan Miguel Fuente-Alba, enfrenta casos de corrupción y los generales Óscar Izurieta y Humberto Oviedo, han sido parte de las investigaciones por el mal uso de los gastos reservados y el caso de los pasajes al exterior.

El primero de ellos Augusto Pinochet, quien ostentó el cargo desde 1973 cuando protagonizó el golpe de estado que lo llevó al poder durante 17 años.

Una alta estabilidad en la jefatura de la principal rama de las fuerzas armadas chilena, la que cuenta con otra constante: los problemas legales de sus comandantes en jefe, sea por temas de corrupción o de violaciones a los derechos humanos, o ambas.

Esto se da en una trayectoria histórica de un Ejército liderado por Pinochet, quien durante la transición logró en buena medida proteger la institución del escrutinio civil, tanto respecto a causas de derechos humanos, como luego frente a casos de abierta corrupción, tendiendo sobre ella un manto de impunidad. Hasta hace poco.

De momento, solo se salvan dos ex comandantes que no han caído en procesos judiciales: Ricardo Izurieta y Óscar Izurieta, quienes ejercieron el cargo entre 1998 y 2002 y entre 2006 y 2010, respectivamente.

Fuentealba

El caso más reciente es el del excomandante en jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba quien este miércoles confesó ante la ministra Romy Rutherford cómo gastó cerca de $3.500 millones de gastos reservados del Ejército para fines personales.

Fuente-Alba, quien ejerciera el cargo durante el periodo comprendido entre el año 2010 y 2014, se encuentra hoy detenido en el Regimiento de Policía Militar en Peñalolén bajo el cargo de malversación de caudales públicos, luego de que la Corte Marcial rechazara el recurso de amparo tramitado por sus abogados y negara su libertad su libertad este 21 de febrero.

El excomandante utilizó los fondos fiscales para adquirir propiedades como una parcela en Chicureo, avaluada en $500 millones y a la cual mandó a hacerle un jardín que tuvo un costo cercano a los $40 millones. Por otro lado, financió viajes personales para él y su esposa Anita Pinochet, y otros familiares, siempre en vuelos de primera clase. Además, se constata su gusto por los autos de lujo, registrando autos de marcas como Audi y Mercedes Benz.

Cheyre

Juan Emilio Cheyre fue el mandamás del Ejército entre el 2002 y 2006 y actualmente está siendo procesado por su participación en la Caravana de la Muerte. Operación de la Junta Militar que durante los primeros meses de dictadura recorrió Chile, asesinando a cerca de 96 personas, entre ellas dirigentes sociales, obreros y estudiantes simpatizantes de la Unidad Popular.  

Cheyre fue procesado por el juez Vicente Hormazábal, quien el pasado once de febrero decretó su libertad bajo fianza por el delito de encubrimiento en 15 homicidios cometidos durante la Carava de la Muerte. Esté además de declararse inocente de los crímenes que se le imputan, anunció que apelará al fallo del ministro Mario Carroza.

Cheyre también es investigado por la tortura de 24 personas en el Regimiento Arica de La Serena.

Oviedo

Paralelamente, Humberto Oviedo, excomandante en jefe entre los años 2014 y 2018, está siendo procesado por el Caso Pasajes, mismo caso por el que fue detenido Fuente-Alba. Oviedo es acusado de utilizar dineros de los gastos reservados de la institución para realizar viajes junto a su esposa.

Por este motivo fue citado a declarar en calidad de imputado por la ministra Rutherford, en diciembre del año pasado, hasta el momento no se ha decretado ninguna medida cautelar contra Oviedo.

Escuela Pinochet

Sin embargo, los crímenes cometidos por los ex comandantes anterior<mente mencionados son pocos frente a los perpetrados por el fallecido dictador Augusto Pinochet. Sin embargo, a pesar de los procesos en su contra, Pinochet sólo pasó 503 días privado de libertad, entre octubre de 1998 y marzo del 2000.

El entonces senador vitalicio, se encontraba en Londres para someterse a una cirugía de columna. El líder de la dictadura militar pensó que contaba con la inmunidad diplomática correspondiente a su cargo, pero sus delitos eran más graves, por lo que detención sentó un precedente jurídico internacional sobre la persecución de violadores de los derechos humanos.

En concreto, su viaje a Londres representó una circunstancia propicia para el juez español Baltazar Garzón, quien emitió la orden de captura internacional y extradición en su contra, por los delitos cometidos en el marco de la Operación Cóndor, en la cual las dictaduras latinoamericanas organizaron razias de exterminio de sus opositores.

Debido a esta gestión, el 16 de octubre de 1998 fue detenido en The London Clinic.

Sin embargo, en enero del 2000 y tras ser sometido a exámenes que determinaron que su estado de salud no permitía su extradición a España, el juez Jack Straw liberó a Pinochet por razones humanitarias.

En mayo del 2000 la Corte de Apelaciones de Santiago aprobó el desafuero de Augusto Pinochet como senador vitalicio, abriendo la posibilidad de ser investigado por la justicia chilena, lo que fue parte de los acuerdos con los ingleses para su liberación.

Una vez de vuelta en Chile, el ex comandante en jefe del Ejército fue procesado por 18 secuestros calificados y 57 homicidios, por la Operación Cóndor, el asesinato del general Prats y el Caso Riggs, este último de corrupción. Pero nunca recibió una condena efectiva, sólo arresto domiciliario o libertad bajo fianza, debido a su supuesto deteriorado estado mental.

Además de los crímenes de lesa humanidad, Pinochet tuvo un amplio prontuario en temas de corrupción y malversación de fondos públicos, cometidos durante la dictadura. Entre ellos se puede mencionar Cema Chile, la institución liderada por su esposa Lucía Hiriart, la que se hizo de un gran caudal de propiedades que pasaron al patrimonio de la pareja, o los Pinocheques, un caso de corrupción en el que estuvo envuelto Augusto Pinochet Hiriart, hijo mayor de la pareja, en unos pagos completamente injustificados por parte del Ejército, los que nunca se investigaron, en el marco de la transición