Por Mario López M.
Mientras la única solución que encuentra el Ejecutivo para solucionar las decenas de incendios forestales en desarrollo en La Araucanía es “militarizar la zona”, la indignación por la falta de apoyo concreto aumenta en las comunas más afectadas.
En el extremo norte, el invierno altiplánico ha hecho estragos de proporciones, con grandes sectores sin agua por días, poblaciones arrasadas por el agua, varios muertos y Piñera sigue sin declarar estado de catástrofe. Autoridades y la gente, furiosas.
En Chile ya no son novedad los incendios forestales que, en estas épocas, desde el centro sur a La Araucanía, año a año arrasan con miles de hectáreas. Lo que sí es novedad, es que el gobierno responda no llevando ayuda a los sectores amagados o gestionando recursos internacionales técnicos y materiales para atender la emergencia, sino que llevando militares armados -no justamente de palas- a controlar eventuales “actos terroristas”.
Tampoco resulta novedoso, salvo esta vez por la virulencia, los estragos que ocasiona el invierno altiplánico en nuestra zona norte, sobre todo cordillerana. Este año, de manera particular, la naturaleza se ha ensañado desde Arica hasta Calama (y de paso en La Serena, con un fuerte sismo). El Ejecutivo no ha atinado, pese a los ruegos de la población y la demanda de las autoridades locales, incluso gobiernistas, que han acusado la “indolencia” de Piñera, que de manera tardía envió al subsecretario del Interior a “visitar la zona”.
El norte: entre la “discriminación y la indolencia”
“Por varios días ciudades como Calama no han tenido agua potable, con todos los riesgos y dramas que eso conlleva, familias que han debido esperar largos días para regresar desde Arica por las inundaciones en las quebradas, muchos pueblos han sido barridos por los ríos que caudalosamente traen las lluvias del invierno altiplánico. Qué decir de los caminos más al norte prácticamente cortados y con riesgos de derrumbe. ¿No ha sido suficiente el llanto de cientos de familias nortinas que han perdido su escasa agricultura de subsistencia y sus viviendas?”. El lamento-protesta pertenece al diputado Esteban Velásquez, quien hizo un dramático llamado al gobierno para que declare zona de catástrofe al norte andino.
La reacción del parlamentario de la Federación Regionalista Verde Social, fue en reacción a lo apresurado de La Moneda en declarar zona de catástrofe al sur del país por los incendios forestales: “Se recibe muy mal este tipo de diferencia y discriminación que hace el gobierno del presidente Piñera. A Chile lo pensamos y construimos todos. Le recuerdo al gobierno que desde este norte aportamos grandes divisas y recursos para sus fines, hoy le exigimos un trato justo: Declare a estos territorios zona de catástrofe, ya basta de indiferencia con esta tierra nortina”, concluyó. No faltó quién recordó que, en 2017, Piñera candidato, ante inundaciones de menor intensidad en la zona, se paseaba reclamando ayuda para el sector.
Incluso, la propia alcaldesa derechista de Antofagasta, Karen Rojo, se sumó a la protesta con un llamado vía Twitter: “Calama lluvias incesantes, 3 personas fallecidas, intermitencia en servicios básicos, desabastecimiento de agua, calles inundadas, sectores aislados, familias damnificadas y aún no se decreta Zona de Catástrofe. Sebastián Piñera, urge tomar medidas. Calama también es Chile”, escribió. Las redes sociales explotaron acusando al gobierno que “si fuera Santiago, correrían para ayudar”. Los desastres incluso alcanzaron a Codelco, donde un techo se desmoronó sobre comedores del personal, en ese momento sin trabajadores en su interior. Chuquicamata ha debido suspender las operaciones en la mina.
Arica con graves problemas
Grandes crecidas de los caudales de ríos, producto de las lluvias, han obligado a que miles de personas debieran ser evacuadas en la región del norte del país. La Oficina Nacional de Emergencias (ONEMI) dio cuenta de desprendimientos de rocas y cortes de caminos, incluso la carretera norte vio interrumpido el tránsito aislando el sector. El desborde del río Acha, provocó la evacuación del campamento Coraceros, cuyos habitantes fueron albergados en la Escuela D-4 República de Israel, de la comuna de Arica. Las febles casas fueron arrasadas por las aguas.
Otras 1200 personas también debieron ser evacuadas de la zona de Nueva Esperanza y trasladadas a albergues especialmente habilitados en las Escuelas D-4 y los gimnasios Epicentro 1 y Epicentro 2. “Los caudales del río Acha eran de 30 metros cúbicos por segundos y el río San José de 70 metros cúbicos por segundo; al límite para ser desbordados y causar daños en la población”, dijo lacónico el subsecretario Rodrigo Ubilla. Pero aparte de la descripción, hasta el cierre de esta edición, aparte de la visita del subsecretario, no se conocían medidas concretas de socorro al sector.
El alcalde de Arica, exigió al gobierno que declare zona de catástrofe en la región. El jefe comunal señaló que el daño de las lluvias y desbordes, no sólo en las viviendas y enseres de las familias afectadas, junto a los daños y cortes sufridos en carreteras y caminos, sino que también en la producción agrícola, una de las principales economías de Arica. Gerardo Espíndola, la autoridad edilicia, señaló que “nos encontramos con parceleros que perdieron sus cultivos a punto para la cosecha, que a priori calculan como promedio por persona hasta 20 millones de pesos en daño, sumando inversión y ganancia pérdida”. Por su parte el diputado Vlado Mirosevic (FA), criticó el centralismo: “Si lo que está pasando en Arica y Parinacota pasara con el desborde del río Mapocho, otro gallo cantaría”.
Guillier: Alerta roja no basta
El senador por Antofagasta, Alejandro Guillier señaló a nuestro medio que la alerta roja decretada por la Intendencia no es suficiente y que es el gobierno central el que debe evaluar la catástrofe que se vive en Calama y los poblados cercanos. “Sé que el Presidente viajará a nuestra zona en las próximas horas, por eso le he pedido que declare la zona de catástrofe. Es la hora en que todos estemos unidos para superar la emergencia en la zona”, señaló, reiterando que debe declararse cuanto antes como “zona de catástrofe” la Provincia del Loa, debido a las intensas precipitaciones en zonas cordilleranas, inundaciones, corte de caminos y peligro de derrumbes que afectan a la zona.
Guillier dijo que “tuve la oportunidad de estar en terreno martes y miércoles y vi lo complicada que está la situación. Calama Durante varios días sin agua, le reparten la mitad del día a una mitad y la mitad a la otra y la verdad es que el despliegue del gobierno podría ser mejor y más rápido. Los funcionarios están haciendo todos sus esfuerzos, pero la ayuda va lenta. Está lloviendo intensamente y el cauce del río amenaza con desbordarse. Necesitamos que declare ya zona de catástrofe en la Provincia del Loa, para que el gobierno pueda responder con más recursos y personal”.
“Las autoridades reconocen que las precipitaciones continuaran, son a baja altura, diferente de lo que ocurre tradicionalmente con el invierno boliviano y por tanto dañan más (…) La intendencia decretó alerta roja, que es lo que puede hacer, porque tenemos a amenaza del desborde de ríos y quebradas con el consecuente peligro para la población. Pero es el gobierno central el que debe evaluar la verdadera catástrofe que estamos viviendo.
El Sur: Aprovechamiento político, no soluciones.
Al menos dos personas muertas, ambos adultos mayores de la comuna de Cholchol, junto a decenas de focos que han consumido miles de hectáreas en el sector, acompañado ello de altas temperaturas, han caracterizado este verano 2019. Otro “incendio” que subyace en la zona, es el llamado “conflicto Mapuche”, que ha cobrado varias vidas y cuya solución, está cada vez más lejos tras la negativa del gobierno de entender que se trata de una cuestión más allá de lo policial.
En cuanto al desastre natural, hasta el momento operan en la zona 15 helicópteros y 9 aviones combatiendo el fuego, 26 brigadas de Conaf y 6 brigadas forestales del Ejército. Sin embargo, el aporte ha sido local, pues la autoridad central ha estado ausente, más allá del discurso y una “televisiva” reunión de Piñera -que interrumpió su mes de vacaciones- para enterarse de qué se trataba el asunto, muy preocupado que se le quemaba un cerro a los pies de su casa en el lago Caburga, donde disparó con todo contra los “extremistas”, apuntando al conflicto étnico en el sector.
“Necesitamos ayuda urgente”. De esa manera en redes sociales los vecinos de sectores amagados por las llamas reclaman el escaso apoyo del gobierno ante emergencia. Decenas de focos de incendios forestales continúan sin poder ser controlados, alcanzando en diversos lugares a inmuebles, instalaciones sociales e incluso establecimientos educacionales. Así, por ejemplo, unas de las áreas más afectadas, Carahue, exigían que no se dejara sola a la alcaldía y que el gobierno -y la prensa-, no se preocuparan tanto de Venezuela: “No es Venezuela, pero se está quemando la Araucanía”, era la tendencia en los tweets. No basta el decreto de alerta roja para la Provincia de Cautín, vecinos y habitantes de Carahue han reiterado el llamado de ayuda a las autoridades.
Incluso el alcalde UDI de Cochrane, Ariel Ulloa, acusó al gobierno de llegar tarde y mal a solucionar el tema de los incendios.
Aprovechamiento: militarizar La Araucanía
A pesar de desmentirlo, la crisis provocada por los incendios, más que soluciones consistentes en ayuda a los damnificados o apoyo concreto en la extinción de las llamas, sirvió al Ejecutivo para llevar adelante un plan de militarización del lugar, varias veces anunciado por personeros de gobierno y de derecha, incluso demandado por sectores empresariales de la zona.
Cuando Piñera “interrumpió” sus vacaciones, los vecinos afectados o amenazados por las llamas, esperaban anuncios de reconstrucción o apoyo por parte del gobierno. No fue así, la respuesta apuntó a los presuntos “terroristas” detrás de los siniestros. Ello, aunque hasta hoy no hay ninguna denuncia “concreta” en tribunales que de cuenta de tales grupos. Menos se sabe su origen, pero habría que ser muy ingenuos para no percatarse que se está, una vez más, criminalizando a todo el pueblo Mapuche.
El Gobierno de Piñera, ha aprovechado la coyuntura, para enviar al Ejército a La Araucanía, de paso, la región más pobre del país. La forma jurídica es la declaración del “estado de excepción” en esa parte del sur de Chile, ello, a raíz de los incendios forestales. Mandar militares ante emergencias no es exclusivo de este gobierno, por cierto, bienvenida la ayuda si se trata de que concurran armados de palas y herramientas. Pero en este caso, no ha sido así, incluso no se ha descartado el uso de armas de guerra en contra de fantasmales terroristas no identificados, por parte de las autoridades militares designadas en la zona, lo que ha sido duramente criticado por las comunidades Mapuche.
Balas, no palas
Claro fue el nuevo jefe de Defensa Nacional, designado por el gobierno en La Araucanía, quien de entrada no descartó el uso de armas de fuego para “protección de brigadistas”, dijo. Hasta este momento no se ha conocido que personas o grupos organizados hayan atentado en contra de brigadistas en los lugares afectados, impidiendo su trabajo. Parece extraño que gente que basa su visión del mundo y su cultura ancestral en torno a la tierra, sea justamente la que atente contra sus propios sembradíos o plantaciones. Pero para el gobierno, hay extremistas tras los incendios. Ubilla lo ratificó directamente al acusar, sin fundamento a la causa mapuche tras los siniestros.
Por ello no extrañó que el general de Brigada del Ejército, Rodrigo Pino, nuevo mandamás en la zona, afirmara que, “si en la necesidad de salvaguardar la integridad física de las brigadas de incendios forestales se tuviera que hacer uso de armas de fuego, indudablemente, conforme a lo que establece la ley y los reglamentos de las instituciones, ellos lo pueden hacer”. Declaraciones que, como se recordará, hicieran autoridades de gobierno al presentar el Comando Jungla en el sector de La Araucanía, lo que precedió el trágico desenlace del asesinato del comunero Camilo Catrillanca.
Basta recordar el impase del ministro Espina con el jefe militar en Concepción y al Intendente en la zona, a quienes desautorizó en la aplicación del toque de queda, o la prepotente parada de carros del ministro Chadwick al mismo Intendente Ulloa, a quien -en público-, le dijo que no se metiera en sus asuntos.
¿Asistir en la emergencia? ¿Ayudar a la población? No. Esa no es la misión de los militares en el sector. Así lo dejó en claro el intendente de la región, Jorge Atton, junto al uniformado, a quien presentó en el Regimiento Tucapel, en Temuco. Allí recalcó que “la función principal del jefe de la Defensa, es mantener el orden público”. Y en esa línea no se quedó corto al momento de recordar todas las atribuciones que tiene la autoridad en estado de excepción. Pino aseguró que las libertades constitucionales quedan a su arbitrio: “yo tengo a disposición tomar todas esas restricciones. Por ejemplo, si hay un incendio que se declara en una hora en donde eventualmente se dispuso un toque de queda. Este no viene al caso para esta emergencia y por el momento no se tiene prevista esa medida”.
Aucán Huilcamán, vocero del Consejo de Todas las Tierras, acusó que el gobierno encontró una manera para militarizar La Araucanía teniendo por excusa los incendios forestales: “con el estado de excepción, el Gobierno encontró una manera de militarizar la región donde habita el pueblo mapuche. Lo habían intentado con la Operación Huracán y con el cobarde asesinato de Camilo Catrillanca”, aseguró el dirigente mapuche, recordando la intervención del publicitado y más de tres veces negado, Comando jungla.
El líder mapuche dijo que el estado de excepción no resuelve el problema de fondo y el origen de los incendios: “El estado de excepción es una decisión de carácter bomberil del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, porque no resuelve las cuestiones de fondo, como es la vigencia del decreto 701 – que impulsó el desarrollo forestal a través de bonos-, mientras permanezca vigente, la región de La Araucanía estará en un contexto de amenaza permanente”, señaló refiriéndose a los beneficios extraordinarios que desde la dictadura subsidian a las grandes forestales.
