Por Mario López M.

“Siente que no hay justicia ni para su hija ni para ella”, dijo la abuela materna en conversación con Cambio21. Hoy, tras meses desaparecidas, madre e hija se resisten a la resolución que pone en peligro el interés superior de la niña.

Hechos de abusos sexuales atribuidos al progenitor, que la fiscalía y peritos estiman que resultan verosímiles en el relato de la niña, han sido desestimados por la jueza, que cree que la madre inoculó a la hija para separarla del padre.

Durante meses Cambio21 ha estado investigando una causa en materia de familia que tiene hoy a la madre y a su hija inubicables. La progenitora se encuentra en rebeldía de cumplir una orden judicial que la obliga a entregar a la niña al padre, que está imputado por abusos sexuales en su contra y cuya formalización ha sido solicitada.

El juego del lobo

Tras la primera vez que la niña alojó donde su padre la madre   –nunca él ha vivido con ella-, observó conductas inhabituales en su hija, como al bañarla. Se negaba que le asearan la zona genital. “Le preguntó: ¿hija, por qué te duele? ¿Qué pasó? ‘Es que el papá me toca ahí (vagina) con un palito negro’ (…)  ‘El papá me pellizca las piernas y me toca ahí (vagina)´”, le confidenció la niña, lo que más tarde sería reiterado ante la fiscal y otros funcionarios. Pero la jueza de familia no le cree.

“La niña señala que su papá se disfraza de lobo, como en el contexto de la Caperucita Roja, señala algunos detalles del disfraz, del lugar donde está guardado, un armario de la pieza del papá que vive con la abuela paterna de la niña y luego de disfrazarse de lobo le pondría un palito negro en su vagina y otras veces el dedo y tocaciones y cosas de ese tipo”.

El relato pertenece a la abogada de familia y representante de la madre y los intereses de la niña, Clara Salgado Menchaca, quien dialogó con Cambio21. A ella y al equipo de profesionales que recién se integró a la causa les cuesta creer la denegación de justicia.

Y los derechos del niño, ¿qué?

Una jueza de familia en Santiago optó por no cautelar los derechos de la niña como le había sido sugerido por la fiscal adjunta en materia penal,  que le planteó vía oficio que “se han detectado antecedentes para presumir una eventual vulneración de derechos de la menor (…) víctima de abuso sexual de menor de 14 años, por parte de su padre, asociada a que en entrevista sostenida a solas con la Fiscal Adjunta que suscribe refiere de manera clara y explícita que el padre le ha tocado su zona genital”.

¿La razón? La misma del grupo de magistradas que han adoptado teorías de moda que, pretendiendo igualar los derechos de los progenitores, han descuidado el bien jurídico esencial en juego: el bienestar, la seguridad, integridad física y síquica de la niña, su interés superior.

No solo eso, la jueza aseguró en la sentencia que la madre estaba influyendo negativamente en el relato de la niña, por lo que cuestionó sus capacidades parentales ordenando la entrega de su hija, justamente al padre, presunto agresor sexual. La mujer optó por proteger a su hija, aunque eso le significara estar rebelde y hasta ser detenida. La Corte de Apelaciones se apresta al cierre de esta edición a revisar el escandaloso fallo.

Usted, ¿qué haría?

Como madre, ¿qué hubiera hecho usted en las circunstancias que debió enfrentar la mamá?, le consultamos a la abogada. “Lo mismo que ella. Quizás tengo un poco más de elementos de juicio, más conocimiento de lo que puede pasar, por lo tanto podría haber tomado algunos resguardos en relación, por ejemplo, a hacer que mi abogado hubiera denunciado cuando el padre iba a buscar a la niña horas antes de lo que le correspondía, haber hecho las constancias y el abogado haberlas puesto en conocimiento del tribunal”, dice.

Justamente no hacerlo permitió al padre ser él quien reclamara que la niña no estaba disponible cuando la pasaba a buscar, lo que a la mamá le jugó en contra, por aparecer incumpliendo. Una jugada que debió preverse.

“Para el tribunal la madre está rebelde, con arraigo y con una orden amplia de investigar junto a una orden de entrega inmediata de la niña que no se ha cumplido, pero no existe una orden de arresto por desacato, aún, pero sí se han despachado órdenes de apremio en contra de ella. Si fuera habida, la niña sería entregada al padre y ella enviada a terapia siquiátrica y sicológica y hasta que ello no se cumpla –no tiene plazo-, ella no puede ver a su hija. Además de absurda, esa sentencia está mal dictaminada, porque debiera establecer un plazo, porque no podemos dejar la relación de una madre con una hija sujeta a una condición”, relata la profesional.

“Lo que correspondía era que la jueza suspendiera el derecho a relación directa y regular con respecto al padre (visitas)  y luego de algún tiempo –de acuerdo a qué se resolviera en materia penal-, determinara un régimen supervisado y acotado, sin pernoctación de ninguna manera y ojalá con un tercero que pudiera cuidar a la niña”, asegura la profesional.

¿Otra vez se portó mal?

En las declaraciones de la menor aparece la figura de su abuela paterna en la segunda denuncia de abuso. En ese entonces las visitas eran con ella o con alguno de los hermanos del padre. En el relato de la niña ella cuenta que la mujer sale a comprar empanadas y en ese intertanto el papá malo la lleva a la pieza, se viste de lobo, etcétera. Cuando regresa la abuela le pregunta al verla asustada ‘¿otra vez se portó mal tu papá?’, dando a entender que no desconoce que sí hay situaciones extrañas.

“En materia penal la fiscal se encuentra tomando declaraciones a nuevos testigos. Uno de ellos es una persona que presenció las declaraciones de la niña y, aunque no sabemos qué pudo apreciar de ellas en esa entrevista, de seguro su aporte será muy importante. En materia de familia la jueza ha hecho caso omiso a la medida cautelar solicitada por la fiscalía, bajo el argumento que la niña está sobre intervenida”, afirma Clara Salgado. 

“En materia penal sabemos que prima el principio de inocencia y, por lo tanto, los tribunales van a ocupar todo lo que esté a su mano para acreditar el hecho punible, el grado de la participación y  la eventual pena que tendría que aplicar. En casos de abusos (sexuales) sabemos que no quedan rastros, por lo tanto no hay huellas y por lo ello para ese tipo de casos el estándar probatorio es muy difícil de cumplir”, asegura.

Errores y horrores judiciales

“En el juzgado de familia se han cometido errores garrafales porque se ha aplicado, por la jueza, un criterio propio de materia penal, la presunción de inocencia del  imputado, y no el que debe regir en materia de familia y sobre todo tratándose de los derechos del niño, cuyos  intereses superiores deben ser lo primero, lo segundo y lo tercero. La magistrada se ha ido por las nuevas tendencias legislativas que van por el lado de los derechos del padre o del cuidado compartido. Ellas están bien en general, pero no tienen que ver con este caso en particular, porque este padre está denunciado por haber abusado sexualmente de su hija ya en dos oportunidades”, reitera la abogada Salgado.

Añade que  “no se le ha respetado el derecho a la mamá y, peor aún, la sentencia que dictó la magistrada privó a la madre denunciante del cuidado personal y además de tener un régimen de relación directa y regular o de visitas, como se conoce habitualmente. Es decir, llega al punto en que la deja sin contacto con su hija, que tiene casi seis años y nunca ha pernoctado con su padre, salvo una o dos noches en toda su vida, O sea, está desconectando  a una niña que ha estado siempre con su madre para entregársela a un señor que prácticamente no conoce…”

“Las mujeres mienten”

Esa parece ser la tendencia que muestran muchas juezas de familia al momento de evaluar las denuncias de abusos sexuales cometidos por un progenitor contra una hija o hijo. Es cierto que pueden existir casos de manipulación, pero las estadísticas muestran de manera miserable que los abusos sexuales mayoritariamente se cometen en el ámbito familiar y que el 82% de ellos son cometidos por padres o convivientes. Pero para esta magistrada, como otras, aquello no importa.

La fiscalía ha recibido más de 12 mil denuncias de abusos sexuales contra menores en los últimos cinco años. Y eso equivale, según estudios, a no más del 30% de los casos que ocurren, pero que no se denuncian. Cifras intolerables que se han ido incrementando año a año, lo que acredita que las madres no se están quedando calladas. Que se están atreviendo a denunciar y eso significa que el tema se ha visibilizado más. Sin embargo, acciones como la de ciertos magistrados, de familia y del crimen, no van en esa dirección y agreden a las madres con las dudas y la presunción de mentir.

“La excusa de la jueza para actuar como lo hizo fue la aplicación del famoso ‘Síndrome de Alienación Parental (SAP). La jueza quiere representar que la madre está ejerciendo un SAP respecto del padre, acusándola de haber obstaculizado las visitas, que no ha permitido que el padre pueda mantener contacto con la niña. En eso se ha centrado. Quiere hacer una novedosa sentencia en que intenta instaurar este Síndrome de Alienación Parental,  que tiene bastante resistencia a nivel mundial. Esto es lo que creo que la jueza ha tratado de establecer como jurisprudencia con este tema”, indica Salgado.

“No hay justicia”

“Este señor no es que en una oportunidad se disfrazó de lobo en un contexto que aparece de la nada, es un señor que ya tenía varios antecedentes que están ya en la causa penal con una serie de declaraciones de testigos que dan cuenta de hechos concretos, de conductas morbosas u obscenas y en público, asociadas a hechos de connotación sexual”, dice la abogada dando cuenta del relato de testigos y lo que se evidencia en sede penal.

Cambio21 pudo apreciar cómo la familia de la niña, los abuelos maternos, la hermana y hermano no conciben cómo, tras hacer una denuncia que buscaba protegerla, que era pedirle a los tribunales que investigaran y resolvieran darle protección, terminen persiguiendo a la madre, castigándolos a ellos y sobre todo entregando la niña al presunto abusador, como estiman una fiscal y pericias. Les cuesta creer en una justicia como esta. Es la misma realidad, agravada quizá por la inseguridad del paradero de su hija y nieta, la misma que viven miles de mujeres en Chile hoy.

“Somos un equipo que ha asumido la defensa. Estamos con la esperanza que se entienda que el interés de la niña está por sobre todo. No será fácil, pero creemos en la justicia”, reflexionan los profesionales.

“Si eventualmente existiera denegación de justicia en Chile, aunque no lo hemos explorado aún, es posible que la causa llegue a tribunales internacionales, pero insisto, creemos en la justicia en nuestro país, estamos ilusionados, pero de ser necesario recomendaría a los abuelos y a la madre para recurrir a esos tribunales”, recalca la abogada.

Foto: Abogada Clara Salgado

¿Los pobres, pueden esperar?

Existen miles de denuncias de abusos sexuales en contra de menores, la mayoría de ellas cometidas en familias vulnerables económicamente. Ellas recurren al Centro de Medidas Cautelares, un organismo claramente sobrepasado y que no funciona. Si no hay dinero, pareciera que no hay justicia.

“Por consistencia moral los abogados debemos hacer que esa gente acceda a la justicia, los abogados debieran entregar parte de su tiempo para atender estos casos sin que sea el dinero el único motor del trabajo”, afirma Clara Salgado.

“Es terrible la situación de las familias que no disponen de medios para una defensa adecuada en casos tan dramáticos como este. Trabajé en la Corporación de Asistencia Judicial, por lo tanto conozco el sufrimiento de esa gente que no tiene acceso a la justicia. No siempre son atendidos por los mismos estudiantes en práctica, atiende uno y al juicio va otro, lo que complica compenetrarse en los casos. La CAJ cuenta con modestos medios para atender una gran demanda de casos, por eso llamo a los abogados a hacer Pro Bono (servicio público), para atender estos casos de extrema justicia, proporcionalmente”, propone la profesional.

“Son muchos los casos de este tipo que han ido aflorando, entre otros gracias a Cambio21, que ha puesto el tema en el tapete. Alguien debe hacer algo y pareciera que el Congreso es parte de esa solución. Son al final temas de DDHH”, concluye Clara Salgado.