Por Mario López M.

Se avizora dura la batalla que deberá dar el Ejecutivo si pretende imponer el fin de la inclusión, en materia educacional. Expertos aseguran que no se da a elegir a las familias o a los estudiantes, sino que, a los colegios, al momento de seleccionar. También se puso en riesgo la gratuidad a 18 mil alumnos ante el TC.

Retroceder a la selección académica, sin ningún antecedente que lo justifique, salvo el sesgo neoliberal que prioriza en la competencia por sobre la igualdad, conlleva a “renunciar a una verdadera educación de calidad y a la construcción de un país más justo”, denuncian académicos.

A Piñera se le “cayó” el pendrive: sin ningún pudor reconoció que en realidad no importan ni los estudiantes ni los padres, sino que asegurarles a los empresarios educativos el continuar con el lucro. “Las políticas públicas no pueden confundirse con intereses económicos”, le contestó Ossandón.

No contentos con criticar, frente a cada problema que atraviesa el gobierno a la administración pasada de la Presidenta Michelle Bachelet, se han propuesto desmantelar algunas de las reformas íconos que buscaban cambiarle la cara a la educación chilena y lograr, no solo mayor calidad en la educación, sino que también equilibrar la cancha de las desigualdades.

La educación fue el gran dolor de cabeza de la primera administración de Piñera, que debió enfrentar fuertes movilizaciones sociales que perseguían justamente los cambios que hoy se pretenden destruir.

Ya lo había dicho Piñera con anterioridad, “la educación -para él-, es un bien de consumo”. Ahora lo ratifica, dicha iniciativa “da más libertad y flexibilidad para los que están en la industria de la educación de nuestros niños y jóvenes puedan desarrollar con mayor libertad y flexibilidad sus proyectos educativos”, dejando, de paso, abierta la puerta para reinstalar el copago, cuando señaló que “permitirá que padres y apoderados puedan hacer aportes”.

Desde la cornisa de la provocación

La administración actual de Sebastián Piñera, desde luego ha debido enfrentar, por errores propios, grandes dificultades que tienen tambaleando a más de un ministro y a un gobierno prácticamente paralizado y contestatario, con un claro toque de populismo y extrema derecha. Ello también se ha manifestado en materia educacional.

Cabe recordar que la designación de un ministro que no creía en la gratuidad ni en ninguna de las políticas que debía implementar, además de poseer un escaso sentido del servicio público, terminaron provocando el primer cambio de gabinete con Gerardo Varela fuera, a solo meses de iniciado el gobierno.

No ha sido lo único, también se ha pretendido criminalizar al movimiento estudiantil mediante las normas sancionatorias conocidas como “Aula Segura”. Ahora, en un momento de extrema debilidad del Ejecutivo, se pretende acabar con la inclusión y se pone en riesgo la gratuidad, al recurrir el gobierno al Tribunal Constitucional reclamando la glosa del Fondo Solidario, que dejaría a más de 18 mil alumnos sin el beneficio.

Complicado panorama que puede hacer despertar en marzo al movimiento estudiantil, hoy dormido y de vacaciones.

Inclusión v/s segregación

El proyecto del gobierno, busca restituir la selección de estudiantes en los colegios públicos, revirtiendo así una política implementada por su antecesora Michelle Bachelet. El proyecto de ley “es parte de un programa de gobierno que busca fortalecer el derecho preferente de los padres a elegir la educación de sus hijos y devolverles su derecho a libre y voluntariamente poder aportar a la educación de sus hijos”, dijo Piñera, al comunicar la iniciativa.

La denominada “Ley de Inclusión” que fuera aprobada por el gobierno de Bachelet, buscaba terminar con la selección de estudiantes en colegios públicos y, gradualmente, con el aporte económico de los padres en colegios que reciben recursos del Estado. Ella fue parte de una profunda reforma educativa para terminar con uno de los sistemas educativos más desiguales del mundo. La ley de Inclusión estableció un sistema aleatorio para la selección de estudiantes, en base a una cartilla de postulación. La iniciativa no rige los colegios privados, que mantienen sus pruebas de selección incluso desde prebásica.

El mayor problema se produce en los establecimientos denominados de excelencia y de alto rendimiento. Ahora, en materia de admisión escolar, se permitirá “a los establecimientos educacionales de alta exigencia académica que, a partir de séptimo básico, puedan incorporar el mérito y el esfuerzo como parte del criterio de selección”.  Desde Educación 2020, evalúan que los cambios que impulsa Piñera, “van contra el espíritu de la Ley de Inclusión” y “significan un retroceso hacia un sistema más desigual y segregador”. La entidad asegura que el SAE “ha presentado buenos resultados en términos de asignación”, pues más del 80% ha sido admitido en un colegio de su preferencia. Por lo que, a su juicio, la idea de modificarlo “más parece un capricho ideológico del Gobierno que ajustes necesarios al sistema”.

Capricho ideológico

No se dieron a conocer por parte del actual gobierno, las razones fácticas -si es que existen-, que aconsejaban el cambio. Luego, aparece de manifiesto que se trata de una opción ideológica en la que cree firmemente la derecha. “Defender el mérito es defender la competencia y los privilegios”, le dijo la directora de Política Educativa de Educación 2020, Nicole Cisternas, quien cuestionó que tras el cambio que el Gobierno pretende en el Sistema de Admisión Escolar “hay una idea distinta de lo que entendemos por educación“, argumentando que “defender el mérito es defender la competencia y los privilegios, tras eso está la idea de que solo algunos merecen ser premiados, cuando se sabe que el mérito está asociado al nivel socioeconómico“.

Unos 20 académicos y expertos en educación, entre ellos entre Abraham Magendzo, premio nacional de Educación y Francisco Javier Gil, ex vicerrector de la Universidad de Santiago y creador del sistema de ranking de notas, cuestionaron que “Como país debemos ser más responsables y fundamentar los cambios en evidencia: ¿se justifica una reforma pensando en el caso a caso y no en el más de 80% de estudiantes que hoy quedan admitidos en el colegio de su preferencia? Los anuncios respecto de reponer porcentajes de selección por rendimiento, discrecionalidad de las escuelas y vulnerabilidad representan un serio retroceso en términos de inclusión”, señalaron.

Para los expertos, “Volver a la selección académica es renunciar a una verdadera educación de calidad y a la construcción de un país más justo, pues la evidencia muestra que esta medida no se traduce en mejor educación y además aumenta la segregación (…) los cambios no deben ir en contra del sentido principal del sistema: avanzar a un modelo educativo menos segregado y más inclusivo (…) el proyecto de ley no tiene como propósito desestimar el esfuerzo de estudiantes y sus familias. Este se puede reconocer y premiar de muchas formas, pero en un país altamente segmentado como Chile, no es más justo dar preferencias a quienes previamente han tenido la posibilidad de aprender más. La educación no es un premio, es un derecho de todas y todos los niños”, puntualizaron.

Para la directora de Política Educacional de Educación 2020, “parece irresponsable querer deshacer acuerdos país sin evidencia. Es decir, se ha demostrado que más del 80% de los estudiantes queda en una de sus preferencias. Cuando se compara con otros sistemas como en Nueva York, Boston, Ámsterdam, se demuestra que estamos de manera adecuada con los estándares internacionales, entonces no se justifica querer hacer una reforma contra los principios del sistema. La Ley de Inclusión era un proceso necesario. Chile es clasificado como uno de los países más segregados a nivel mundial en términos de educación, y la causa tiene que ver con el copago, el lucro y la selección, tres ámbitos respecto a los cuales la Ley de Inclusión se hace cargo”, dijo Cisternas.

No era ¿los niños primero?

Para el diputado de Revolución Democrática, Miguel Crispi, la Ley de Admisión Escolar establece que “Son solo algunos ‘niños primero'”. Para el parlamentario del Frente Amplio, la propuesta de Piñera busca “fortalecer el derecho de las escuelas a decidir, no de los niños o sus familias”, calificando de “ficticio” y “mentiroso” el proceder de La Moneda al apuntar al “mérito” para justificar la reposición de la selección. Desde ya anunció el parlamentario que “nosotros (Frente Amplio) no vamos a estar disponibles y vamos a trabajar para que no se haga un retroceso”, dijo.

Según Crispi, “La comunidad internacional entiende que la educación no es un espacio para la selección, sino que es un espacio para la inclusión. Y en eso me llama la atención este gran discurso de ‘los niños primeros’. Bueno, son algunos niños primero, porque son los que tienen más capital cultural los que van a rendir mejor en una prueba”, señaló, al tiempo que vaticinó que la iniciativa del gobierno “se va a caer muy fácilmente y va a tener enormes dificultades en la Comisión de Educación de avanzar”.

Por su parte, la diputada y ex dirigenta estudiantil, Camila Vallejo, dijo que “Esta idea de la meritocracia es una mentira. Nosotros tenemos un país desigual, tenemos un país con tanta brecha socioeconómica y cultural que es muy difícil que opere realmente la meritocracia. Es una falacia el señalar como ‘Admisión Justa’, ya que busca nuevamente restablecer la injusticia de un modelo segregador, exitista, donde sólo los ‘más capaces y mejores’ pueden elegir y donde los colegios además eligen a las familias o a los niños que son más exitosos en el proceso educativo”, señaló la parlamentaria del PC.

La vuelta del “lucro” en la educación

En junio de 2011, Sebastián Piñera en su primer mandato, dijo que la educación era “un bien de consumo”, abogando por una “interconexión” entre el sector educativo y el mundo empresarial, pues también hay “un componente de inversión”.

Ocho más tarde y en su segunda administración, vuelve a tropezar con la misma piedra y asegura que, el proyecto del gobierno, “Admisión justa”, lo que busca es “dar más libertad y flexibilidad a los que están en la industria de la educación de los niños y jóvenes, y más libertad y flexibilidad para que puedan desarrollar sus proyectos educativos”.

Es decir, el énfasis, no está como se dijo en un principio, en el derecho a decidir de estudiantes o padres de familia, sino que, en los dueños de colegios, que así podrán, vía selección, dar énfasis a un modelo más lucrativo, sin atender al interés social o a la educación como un derecho. Tanto así, que aseguró que la iniciativa “permitirá que padres y apoderados puedan hacer aportes para mejorar la calidad de la educación de sus hijos”. En otras palabras, mejor educación es sinónimo de mayor capacidad de pago.

Las duras reacciones

Para el senador de RN, Manuel José Ossandón, los dichos del Presidente, son inaceptables: “Las políticas públicas no pueden confundirse con intereses económicos”, dijo, y agregó que, “La ecuación siempre debe ser al revés; formemos buenos alumnos para tener un mejor país”, espetó el senador por la Región Metropolitana y quien hasta ahora había sido obsecuente con las políticas de Piñera.

Varios fueron los parlamentarios y personalidades que fustigaron los dichos economicistas de Piñera, entre ellos, los senadores de oposición que son parte integrante de la Comisión de Educación de la Cámara Alta, Yasna Provoste (DC), Jaime Quintana (PPD) y Juan Ignacio Latorre (RD), quienes criticaron las palabras del gobernante de derecha. 

“Esa es la diferencia entre ustedes y nosotros, Presidente Sebastián Piñera. Concebir la educación como una industria es concebirla como un negocio. Para nosotros, la educación es un derecho y un instrumento de justicia social, no un bien de consumo”, le representó la senadora DC Yasna Provoste, que además fue ministra de Educación en el primer Gobierno de Bachelet.

En la misma línea, el senador Jaime Quintana, ironizó con los dichos de Piñera: “yo agradezco la sinceridad del Presidente, porque nos aclara cuál es el fondo del proyecto: otorgarle más libertad a los colegios para elegir a sus estudiantes, y en ningún caso a las familias para elegir el colegio de sus hijos. A confesión de parte, relevo de prueba”.

Por su parte, el senador Latorre dijo que las palabras de Piñera “nos dejan en claro que sigue entendiendo la educación como un bien de consumo y no como un derecho. Su propuesta le quita el derecho y la libertad a las familias de escoger el colegio donde estudiar, para que ahora sea la escuela la que decida quién puede y no puede entrar a ella, perdiendo el foco al segregar nuevamente, en vez de fortalecer la Educación Pública”, espetó.

El diputado Gabriel Boric, manifestó que “el Presidente Piñera acaba de afirmar que su proyecto de contra reforma para reponer selección en liceos e incluso el copago da más libertad a los que están en la ‘industria de la Educación'. No más preguntas su señoría”, concluyó. A su vez el senador y excandidato presidencial Alejandro Guillier, dijo a Cambio21, que el Jefe de Estado “al reconocer que para él la Educación es una industria, está develando su verdadera intención detrás de la selección. Su proyecto busca favorecer el negocio y no a las familias chilenas”.

El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, calificó los dichos de Piñera de “brutal”, rechazando absolutamente sus dichos: “Nos parece brutal que un país esté desarrollando sus política educacional para favorecer a la industria educativa y no como corresponde, a los estudiantes y las familias chilenas, llamando de paso al Parlamento para que rechace el proyecto, pidiendo de paso a la ciudadanía y los movimientos sociales estar alertas y movilizarse en contra de la iniciativa gubernamental. “No es verdad que las familias podrán elegir los colegios que quieren, pues serán los sostenedores los que van a elegir los estudiantes que quieren”, remató

La gratuidad en veremos

La idea del “mercado educativo”, que en su oportunidad sostuvo el propio Sebastián Piñera, quien calificó a la educación como “un bien de consumo”, revive la idea del lucro y la competencia.

De hecho, el proyecto y el actuar del gobierno apuntan a otro de los pilares de la reforma educacional implementado por el gobierno de Michelle Bachelet, el que había establecido, además, la gratuidad para los estudiantes más pobres a nivel universitario, que hoy beneficia a cerca del 60% de los alumnos de menores recursos.

Y de acuerdo al ex Canciller y presidente del PPD, Heraldo Muñoz, el “Gobierno y Chile Vamos quieren dejar sin gratuidad a más de 18 mil estudiantes universitarios, al bloquear en el Tribunal Constitucional el uso de las platas del Fondo Solidario. Se busca radicalizar un problema que tenía solución”, señaló.

Para la senadora DC Yasna Provoste, el Tribunal Constitucional “aseguró el negocio de la banca y perjudicó a los estudiantes”, con el fallo que prohibió a las universidades del Consejo de Rectores (Cruch) usar los excedentes del Fondo Solidario en fines que no sean instrumentos financieros. “Acogiendo la solicitud de los diputados de Chile Vamos que fueron derrotados democráticamente en el Congreso Nacional, el Tribunal Constitucional asegura el negocio a la banca y perjudica a los estudiantes de Chile”, recalcó Provoste.

Aseguró que el fallo “no es más que una decisión que sabíamos de antemano. La derecha transformó en costumbre recurrir al TC para revertir sus derrotas democráticas en el Congreso y el Tribunal Constitucional aceptó esta lógica y perdió toda legitimidad ciudadana. Los resultados se saben de antemano porque la mayoría conservadora se impone y nada importan los argumentos jurídicos. Cuando se discutió la Ley de Presupuesto 2019 planteamos una indicación que permitiera a las universidades del Consejo de Rectores utilizar hasta un 30% de los excedentes del Fondo Solidario del Crédito Universitario para poder mejorar la infraestructura educacional, y para poder apoyar a los estudiantes a través del programa de becas y créditos”.

“Las universidades del Cruch están obligadas a depositar estos excedentes en instrumentos financieros, en depósitos, recibiendo una mínima tasa de interés de los bancos, sin embargo, las mismas universidades tienen que concurrir a esos bancos para obtener financiamiento y mejorar la infraestructura que permita ampliar la matrícula, pagando altas tasas de interés”.

Preguntas sin respuesta de la ministra

Una madre de una pequeña con Síndrome de Down, encaró a la ministra Marcela Cubillos en redes sociales con una serie de preguntas, que la secretaria de Estado no respondió, pero que dejan abierta una puerta de segregación dolorosa. La periodista Claudia Aldana le preguntó a Cubillos: “qué pasa con las personas como mi hija Fátima en este proyecto de reforma que presentan”.

Cuatro fueron las interrogantes, precedidas con un recordatorio a Cubillos: “Ella tiene Síndrome de Down y como ella nacen 21 mil niños con esta condición genética al año. ¿Han contemplado cupos de inclusión?”, le preguntó. No fue lo único, pues también le interpeló consultando “¿Cómo se mide el mérito para una persona con discapacidad cognitiva? Ella pasó a tercero básico, con promedio 6,7 pero tiene un Curriculum adaptado y un aula de apoyo. ¿Va a tener cabida ella y todas las personas con Síndrome de Down en las salas?”, cuestionó.

La periodista, preguntó: “¿Qué entienden ustedes por educación inclusiva? ¿Cómo podemos esperar que luego mi hija y los niños como ella puedan tener oportunidades laborales reales y aptas a sus capacidades? ¿Cómo enseñamos empatía, segregando en las aulas de clase? ¿Han pensado qué va a pasar ministra cuando estos 21 mil niños con Síndrome de Down al año en Chile pidan su cupo en un colegio? Pregunto con real preocupación. Porque la educación es un derecho para todos. Y creo que los niños como mi hija se les quedan fuera”.

No ha sido la única interpelación que recibió la ministra Cubillos. El docente, Rodrigo Salinas, quien fuera profesor de los hijos de la ministra, le recordó a esta que ninguno de ellos tuvo buenas notas en el colegio: “Yo fui profesor de dos de sus hijos, ministra. Grandes muchachos, con opinión, valores, ideas...pero no con muy buenas notas. Ellos no habrían podido ingresar a un colegio público de ‘excelencia’ según su criterio. La admisión es discriminación. Las notas no lo son todo”, le dijo a la titular de Educación.

Por su parte la ministra respondió por la misma vía: “Profesor, quizás no hubieran entrado y es justo porque ese cupo sería de alguien con más mérito académico. ¿Hablemos entre adultos? Yo quizás habría entrado. 6,9 NEM, puntaje nacional PAA matemáticas y profesores que siempre respetaron a todos sus estudiantes”, ironizó.

Salinas volvió a la carga: “¿Y no ve la injusticia en ello, ministra? Yo sí. En la educación pública deben compartir los puntajes nacionales como usted y los que son del montón, como yo. Así Chile crece verdaderamente en justicia y no en slogans”. No hubo réplica, esta vez.