Por Mario López M.

A pesar de los años, muchos de los que huyeron o se ocultaron para escapar de la justicia por sus crímenes de lesa humanidad, no han sido habidos. Una buena gestión de la Brigada de DDHH de la PDI, ha dado caza a muchos, pero varios emblemáticos asesinos, aún andan sueltos.

Varias son las trabas con las que deben lidiar día a día los familiares de las víctimas de las violaciones a los DDHH en nuestro país y sus abogados. Desde pactos de silencio hasta la presión de la derecha para echar tierra en el asunto.

Una de las más serias en los últimos tiempos, ha sido la fuga de los victimarios, una vez que se han dictado sentencias que los condenan. Solo la preparación de la Brigada de DDHH de la PDI., ha hecho imposible que algunos evadan sus responsabilidades, pero ni aún ellos cuando los criminales han huido del país.

¿Redes de protección?

Un caso emblemático de secuestradores, torturadores y asesinos que han cometido crímenes de lesa humanidad, y que se encuentran prófugos aún en el país, es la situación del apodado “Cachete Grande” el ex comandante de Carabineros Ricardo Lawrence Mires. Tres sentencias ejecutoriadas por torturas, ocho secuestros, cinco homicidios, dos homicidios calificados, decenas de desapariciones forzadas y una causa de apremios ilegítimos, figuran en su historial.

Blindaje familiar y de amigos, sin dudas, pero se sospecha que el manto de protección es más amplio que eso y, antecedentes, no faltan al momento de demostrar cómo verdaderas redes de protección operaron para ocultar prófugos o sacarlos del país desde que acabó la dictadura. Los casos del químico de la DINA, Eugenio Berríos, el “guatón” Osvaldo Romo y tantos más, dan cuenta cómo organizaciones vinculadas a los organismos de seguridad, brindaron medios, contactos y hasta documentos falsos para que no pudieran ser hallados por el brazo de la justicia. Temor a lo que sabían y podían contar, incluso llevó a asesinarlos, para que guardaran silencio.

Tal como informara Cambio21, desde una ONG dedicada a recibir dineros de militares activos y en retiro para la defensa de aquellos criminales juzgados por los tribunales por delitos de lesa humanidad, hasta una Multigremial encargada del lobby para abogar por la libertad de los que están presos o porque se dicten normas que los beneficien, además de velar porque su situación previsional no les sea afectada, son parte de los “apoyos” que reciben quienes secuestraron, violaron, torturaron, asesinaron e hicieron desaparecer a miles de compatriotas. Nada hace desechar que, en el ocultamiento de prófugos, algunos “camaradas” sigan solidarizando y prestando apoyos para que no sean habidos.

“Cachete grande”

Debe tratarse de uno de los más sanguinarios criminales que operaron bajo el amparo de la dictadura cívico-militar que asoló a nuestro país. No trepidó en masacrar mujeres embarazadas. Jorgelino Vergara, el “mocito” de Manuel Contreras, relató a Cambio21 lo que le tocó presenciar: “Reinalda Pereira, estaba embarazada, eso lo sabían los agentes y quienes la torturaron, tenía unos tres meses de embarazo esa pobre mujer, la mataron a golpes, esos fueron Lawrence y Barriga”, relató. Pereira tenía 29 años al momento de su desaparición y estaba embarazada de 5 meses. Militante comunista, la tecnóloga médica, fue detenida el 15 de diciembre de 1976. “La molieron a golpes”, nos dijo el mocito en voz baja.

Lawrence Mires, era uno de los jefes operativos de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina) y estuvo en los cuarteles Londres 38, José Domingo Cañas, Villa Grimaldi y el cuartel de exterminio Simón Bolívar. Hoy, este criminal encabeza el listado de la PDI sobre los condenados que están prófugos por casos de DDHH ocurridos durante la dictadura de Augusto Pinochet. Lleva años escondiéndose, a pesar de haber sido fotografiado en un cajero automático en la capital, no ha sido apresado.

De acuerdo a datos judiciales, Ricardo Laurence secuestró personalmente a personas a las cuales él mismo torturaría, asesinaría y haría desaparecer. Entre sus víctimas se cuenta la profesora Marta Ugarte, quien fuera posteriormente lanzada al mar. Ugarte llegaría a una playa en la quinta región, al soltarse las amarras de alambres con que había sido atada a un riel de ferrocarril. Su cuerpo, fue testimonio de la brutalidad de las torturas y del modo de asesinar.

Los “inextraditables”

1.- Michael Vernon Townley Welsch

Sicario de la Dina y en particular de Manuel Contreras, su director, es norteamericano de nacionalidad. Participó en múltiples muertes como consecuencia de su “habilidad” en el manejo de explosivos y elementos químicos. Gozaba de los favores y reconocimientos al más alto nivel de la dictadura de Pinochet y se vanagloriaba de su abanico de contactos con terroristas internacionales.

Se le vincula a crímenes producto de bombas y del gas sarín en Chile y el extranjero. Entre ellos las muertes de Orlando Letelier, del general Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert (las cuales confesó), Pablo Neruda (lo relaciona el chofer del poeta), el diplomático español Carmelo Soria, el periodista Eugenio Lira Massi (lo vinculan testigos que lo vieron saliendo de su departamento después de ser asesinado) y muchas otras.

El abogado Francisco Ugaz, quien fuera jefe del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, señaló a Cambio21 que “respecto a Michael Townley, quien se encuentra bajo un programa especial de protección en estados Unidos por su cooperación que ayudó al esclarecimiento del asesinato del excanciller Orlando Letelier, queremos que la inmunidad solo se aplique respecto de la causa aquella y no de los demás crímenes en que habría participado”.

2.- Armando Fernández Larios

Este oficial (r) del Ejército optó voluntariamente por partir a Estados Unidos y entregarse a esa justicia por su vinculación con el crimen de Orlando Letelier. No es el único delito que se le conoce. Se trata de los más sanguinarios partícipes en la llamada Caravana de la Muerte, que asoló al país después del golpe dejando una reguera de muertes y dolor. 13 crímenes de autoría directa se le imputan. El “mocito”, relató a Cambio21 que vio personalmente a Fernández Larios masacrar con corvo a un detenido en el cuartel Simón Bolívar, borracho y drogado, solo por diversión.

Norteamericano de nacimiento pues su padre estaba comisionado en Washington en su calidad de oficial de Ejército. Realizó cursos en la Escuela de las Américas, en Panamá y tuvo participación el día del golpe de Estado en el asalto al Palacio La Moneda.  Fue parte del atentado que costó la vida del general Carlos Prats y su esposa en Buenos Aires. Varios otros asesinatos se le atribuyen. Fue sentenciado a 7 años de prisión en Estados Unidos y salió libre por “buena conducta” solo 5 meses después de la condena. Se pidió sin éxito su extradición por el caso del crimen del dirigente de Cobrechuqui, David Silberman Gurovich. Hoy se intenta nuevamente que sea extraditado al país para ser juzgado.

3.- Pedro Pablo Barrientos Núñez

Se trata del asesino del cantautor chileno Víctor Jara. El coronel (r) del Ejército chileno vive en Estados Unidos y la justicia norteamericana decidió juzgar allá al prófugo criminal, pero en materia civil. La acusación es por tortura y ejecución extrajudicial del malogrado artista nacional.

El juez Roy Dalton rechazó la solicitud de Barrientos que se opuso a la demanda que interpusieron Joan Jara, viuda del cantautor, y sus hijas Armanda y Manuela. La condena civil fue millonaria. Se sometió voluntariamente a un “detector de mentiras”, que manejó en todo momento, pero a pesar de ello, sin ser concluyentes, las pruebas demostraron más de un 90% de factibilidad de que mentía.

4.- Adriana Elcira Rivas González, la “Chani”

Secretaria de Manuel Contreras el jefe de la Dina, ingresó a esta en 1974 llegando a ser una activa agente de la temida Brigada Lautaro en la condición de suboficial de la Armada. Se encuentra radicada en Australia hacia donde huyó en 1978, radicándose en ese país. En 2006 regresó a Chile siendo detenida por su responsabilidad en el llamado Caso Conferencia, operación destinada a desmantelar al Partido Comunista y que costó la vida de varios de sus dirigentes.

Fue procesada en 2007 como responsable entre otras de la muerte del dirigente Víctor Díaz. Obtuvo libertad condicional tras tres meses de reclusión. A pesar de estar con orden de arraigo, se fugó vía Argentina con destino Australia, lugar donde se encuentra en la actualidad. Se rumorea que era una de las amantes de Contreras.

En entrevistas la ex agente ha defendido el actuar de la represión, la tortura y la muerte de adversarios a Pinochet. Se vanagloria de haber sido aquellos sus “mejores años de juventud”.  Rivas ha declarado que las torturas durante la dictadura eran “un secreto a voces” y las calificó de técnica “necesaria para quebrantar a la gente”. Sobre los detenidos desaparecidos ha dicho que el destino de las más de 1.000 víctimas es algo que nunca se sabrá: “Si está muerto, está muerto. ¿Dónde están? No se sabe”, dijo, mostrando un desparpajo sin igual.

Las desvergonzadas declaraciones de Rivas llevaron a conocer el lugar donde se ocultaba y a solicitar su extradición, la que se encuentra pendiente de resolver por la justicia australiana. Se le acusa de torturar personalmente a detenidos.

5.- Harmutt Hopp

Fue el brazo derecho de Paul Schäefer, el hombre que por más de cuatro décadas comandó la secta de Colonia Dignidad, donde se abusó de menores, se traficó armas y se torturó e hizo desaparecer a opositores a Pinochet. En ese lugar se adoctrinaban los que fueran los fundadores de la UDI. El médico, que fuera procesado por el ministro Jorge Zepeda huyó a Alemania donde se encuentra actualmente. Se sospecha de una red de protección que permitió su salida del país y por ello se cuestionó a Rodrigo Hinzpeter quien era por ese entonces ministro del Interior de Sebastián Piñera. 

A Hopp se le acusa de ser cómplice y encubridor de diversos crímenes cometidos en Colonia Dignidad e incluso se le vincula con los millonarios fondos clandestinos jamás recuperados que administraba a nombre de Paul Schäefer. También se le imputa por su manejo de toxinas y su estrecha relación con los médicos de la UC que realizaron la autopsia secreta a Eduardo Frei: Helmar Rosenberg y Sergio González, actualmente acusados del magnicidio del ex Presidente.

6.- Albert Schreiber Rauschenberger

Es otro de los principales jefes de la asociación ilícita criminal que existía en Colonia Dignidad. Huyó de Chile en 2003, cuando era buscado por los tribunales y las policías. En su contra existe pedido de extradición a petición del ministro Jorge Zepeda. Se le imputa ser el nexo de Colonia Dignidad con la DINA y el operador en los negocios de esta organización con el traficante internacional de armas Gerhard Martins.

La causa del ministro Zepeda da cuenta que Schreiber tendría conocimiento del destino de decenas de prisioneros actualmente desaparecidos que habrían pasado por Colonia Dignidad. También se le sindica por la suerte corrida de aquellos cuyos cuerpos fueron exhumados en 1978 y que fueron quemados con fósforo químico en ese lugar. Era el coordinador financiero internacional de la Colonia Dignidad.

7.- Reinhard Döring

Era el operador de la máquina excavadora usada en Colonia Dignidad para realizar las exhumaciones de los cuerpos de detenidos desaparecidos, que habían sido enterrados de manera ilegal en el interior del recinto. El objeto era borrar evidencias y para ello los restos removidos eran posteriormente incinerados. También fue parte de quienes ocultaron las armas que mantenían de manera ilícita los colonos.

Se le acusa de haber tenido directa participación en el secuestro y posterior desaparición de Juan Maino Canales el 26 de mayo de 1976, desconociéndose desde entonces su paradero. También se le imputa haber actuado en la desaparición de Antonio Elizondo Ormaechea. Se encuentra en Alemania y a su respecto también hay solicitud de extradición pendiente.

8.- Walter Klug Rivera

Era un oficial (r) del Ejército que fue parte del Servicio de Inteligencia Militar (SIM). También fue jefe del campo de prisioneros de los Ángeles, donde se le conoció por su ferocidad en el maltrato a prisioneros. Visitaba constantemente la cárcel buscando detenidos para trasladarlos al regimiento, donde eran torturados, asesinados y desaparecidos.

En octubre de 2013, fue condenado a 10 años y 1 día de presidio, sin beneficios, por los delitos de homicidio calificado en contra de Juan Miguel Yáñez Franco; César Augusto Flores Baeza; Víctor Jerez Meza; Mario Belmar Soto; Mario Samuel Olivares Pérez; Juan Eladio Ulloa Pino y Víctor Adolfo Ulloa Pino, y los delitos de secuestro calificado de José Abel Coronado Astudillo; Abel José Carrasco Vargas; Alamiro Segundo Santana Figueroa; Luis Leopoldo Sepúlveda Núñez; Plutarco Coussy Benavides; Wilfredo Hernán Quiroz Pereira; Exequiel del Carmen Verdejo;  Domingo Norambuena Inostroza; Luis Eduardo Vergara Corso; Benjamín Antonio Orrego Lillo; José Oscar Badilla García; Manuel Antonio Aguilera; Manuel Sepúlveda Cerda y Bernardo Samuel Meza Rubilar.

Las víctimas por las cuales fue condenado, eran 23 trabajadores de las centrales hidroeléctricas El Toro y El Abanico en 1973. Es investigado además, en numerosas otras causas.

9.- Carlos Minoletti Arriagada

Este ex oficial del Ejército fue condenado por homicidio en el episodio Calama de la Caravana de la Muerte. Se encuentra en Estados Unidos con una solicitud de extradición en curso.

“Los múltiples antecedentes consignados por el tribunal instructor permiten tener por establecidas presunciones suficientes para afirmar que al requerido le cupo participación culpable en los hechos investigados en la causa, los cuales se perpetraron en la ciudad de Calama, Chile; se trata de un delito común, no político”, señala la sentencia que pide sea entregado a nuestro país. En ella se especifica que los hechos no están prescritos ya que son delitos de lesa humanidad.